El continuado olvido del archipiélago de San Andrés - Razón Pública
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El continuado olvido del archipiélago de San Andrés

Escrito por Kent Francis
Embarcación olvidada

Embarcación olvidada

Kent FrancisUn repaso juicioso de la historia limítrofe, de la nueva demanda de Nicaragua, de la desatención de los derechos de los raizales y de su falta de voz en la defensa de Colombia que viene a confirmar el peligro de más pérdidas.

Kent Francis*

Una disputa de siglos

Colombia continental tiene una larga y especial relación con las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La gente que se asentó en  estas islas desde hace cuatro siglos interactuó por mucho tiempo con Jamaica y con otras islas del Caribe, al igual que con poblaciones de la costa de los países de Centroamérica, desde Belice hasta Panamá, pero muy especialmente con la costa de la Mosquitia, en la actual Nicaragua. 

Los habitantes ancestrales del archipiélago han tenido el creole y el inglés como lenguas maternas y el protestantismo cristiano como religión, con costumbres africanas, europeas y asiáticas en sus quehaceres, y muchos conocimientos sobre las artes de navegar, la marinería y la construcción de embarcaciones y viviendas con las maderas que la tierra da.

Estando bajo la jurisdicción de la Capitanía de Guatemala, en época de la colonia española, y siendo gobernador Thomas O´Neill, los pobladores de las islas, junto con los de la costa de Mosquitos, solicitan al rey ser segregados de las autoridades de Antigua para agregarse a la Nueva Granada, lo que se concedió con la Real Cédula del 30 de noviembre de 1803.

Los pobladores de las islas, solicitan al rey ser segregados de las autoridades de Antigua para agregarse a la Nueva Granada, lo que se concedió con la Real Cédula del 30 de noviembre de 1803.

El 23 de junio de 1822 los pobladores de estos territorios (las islas y una parte continental llamada Veraguas) se adhieren a la Gran Colombia, constituida un año antes en el Congreso de Cúcuta.

Sin embargo, a raíz de los intereses de otros países en un canal interoceánico, Nicaragua invadió la costa de la Mosquitia colombiana en 1894.

Posteriormente, Panamá se separó en 1903 y Colombia entregó el territorio y la gente asentada en la costa Caribe nicaragüense mediante el tratado Esguerra-Bárcenas, de 1928, sin recibir nada a cambio.

Dos años después, en el acta de canje de ratificación del anterior tratado, Nicaragua impuso como línea divisoria del territorio el meridiano 82 y se quedó con los cayos Misquitos en el norte, después de haberse apoderado de las islas Mangles o del Maíz.

Con el triunfo de la Revolución sandinista en 1979 comenzó una fuerte campaña nicaragüense por el control de este territorio; y en 2001 presentaron sus pretensiones ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual resolvió a fondo el pasado 19 de noviembre de 2012 a favor de Nicaragua.

Isla de Providencia en 1818.
​Isla de Providencia en 1818.
Foto: Wikimedia Commons

Sigue el pleito

El gobierno colombiano, ante la pérdida de la Zona Económica de Explotación Exclusiva, ha decidido intervenir con un programa de asistencia llamado Plan Archipiélago, que fue coordinado por el exministro de Hacienda Rudolf Hommes hasta hace un par de semanas.

Pero las definiciones sobre el mar del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aún están lejos de culminar. Por el contrario, la disputa se ha recrudecido recientemente por el trámite de una nueva demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por pretensiones de más derechos y un reconocimiento mayor de soberanía, que ahora incluiría la plataforma continental extendida, un área que parte desde las doscientas millas de distancia de la costa y se extiende hasta las trescientas cincuenta.

Por eso han ido y venido en los medios de comunicación declaraciones por parte de funcionarios de ambos países, con criterios de expertos y de muchos más neófitos.

Es comprensible que el tema se agudice ahora que se piensa en un canal por el territorio de Nicaragua. En el comercio global el transporte marítimo en transversal por el Canal de Panamá es insuficiente, por lo que uno más ancho, como el paso por Nicaragua, cambiaría drásticamente el panorama.

Este canal también impondría un paso obligado por el archipiélago, con todo lo que esto conlleva. Por eso duele tanto el fallo del 19 de noviembre de 2012 del Tribunal de La Haya.

Derechos del pueblo raizal

Se dijo en ese fallo que ninguna de las partes presentó argumentos sobre la dependencia alimentaria, económica y cultural de los pueblos ancestrales asentados en la zona, y que no se discutió el uso del mar por parte de los pueblos aborígenes y tribales presentes.

No me explico por qué no se ha escuchado en esta disputa al pueblo raizal, que debería hacer parte visible en este juego de intereses por los derechos de explotación económica sobre el mar de las islas.

Creo que la defensa del mar también debe apoyarse sobre derechos étnicos, que son fundamentales y figuran en el Convenio 169 de la Conferencia General de la OIT, adoptado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, así como en el Convenio Americano de Derechos Humanos y en las declaraciones de los derechos étnicos de las Naciones Unidas.

No me explico por qué no se ha escuchado en esta disputa al pueblo raizal, que debería hacer parte visible en este juego de intereses.

La soberanía colombiana sobre las islas y los accidentes geográficos que componen el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está reconocida en instrumentos válidos y en decisiones de los tribunales internacionales, pero no así las aguas que nos corresponden.

Además de las islas mayores, son colombianas las de Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Cayos Bolívar y Cayos Alburquerque.

Esos territorios constituyen en su mayoría atolones que son un conjunto de una o varias islas protegidas por arrecifes de coral, con laguna interior, con bancos y bajos que son criaderos nodrizas. A medida que van creciendo los peces y las especies en el mar, estas emigran a bancos y bajos en aguas más profundas que están localizadas más allá de las 12 millas del mar territorial. 

La zona contigua, que son 12 millas adicionales al mar territorial, es un área de patrullaje para la protección del país, pero allí no hay derechos sobre los recursos vivos y del fondo marino.

Con el fallo del Tribunal de La Haya de 2012, nuestros atolones que están en enclave no tienen zona económica exclusiva, o sea que peces por fuera del mar territorial están fuera del territorio. Por eso, los pescadores de las islas, acostumbrados por más de 200 años a pescar en sitios y espacios determinados, ya no tienen garantías.

Además, se dejaron de tener las áreas protegidas establecidas bajo la Reserva Mundial de la Bioesfera “Seaflower” por la Unesco, cuya jurisdicción y competencia eran ejercidas por Colombia para la sostenibilidad y protección de los recursos vivos en una gran extensión del mar entorno al archipiélago.

Por eso hay que reiniciar el proceso interrumpido por la Cancillería hace unos años para obtener por parte de las Naciones Unidos, por intermedio de la UNESCO, que esta Reserva Mundial de Bioesfera “Seaflower”, de 205 mil kilómetros cuadrados de mar en nuestro archipiélago colombiano, sea elevada a la categoría de Patrimonio de la Humanidad.

Sede de la Corte Internacional de Justicia en Holanda.
Sede de la Corte Internacional de Justicia en Holanda.
Foto: United Nations Photo

La pelea debe continuar

Después del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia visitó al secretario general de Naciones Unidas con una delegación del pueblo raizal de las islas, para destacar su existencia y, obviamente, para reclamar sus derechos ancestrales. Lo mismo aconteció ante la Alta Comisión de Derechos Humanos de  Naciones Unidas.

Creo que ese camino es el mejor para recuperar los derechos aborígenes y tribales sobre el mar de uso tradicional del pueblo raizal.

Por su parte el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en varias ocasiones ha manifestado el reconocimiento de los derechos a la pesca de los originarios del archipiélago.

Los isleños han solicitado muchas veces ser parte en la defensa del mar: cuatro días después de la demanda presentada el 6 de diciembre de 2001 se le pidió al presidente Andrés Pastrana incluir a alguien de las islas en el equipo que representó a Colombia ante el Tribunal de La Haya, solicitud reiterada por el representante de la Cámara por el departamento ese mismo mes, y por otros en los meses siguientes.

Sin embargo, ningún raizal ha conformado el equipo oficial colombiano para defender nuestros mares ante la Corte Internacional de Justicia.

Ellos hubieran podido dar testimonio de la existencia de un pueblo étnico reconocido por la Constitución colombiana, que posee derechos por el uso de un territorio como su hábitat por más de dos siglos, y que ha entablado con él una relación cultural, económica y alimentaria. Un pueblo que, organizado institucionalmente, puede ejercer esos derechos en procura de la defensa de su propia subsistencia y la perpetuación de su especie.

La renuncia del Rudolf Hommes, coordinador del Plan Archipiélago, ha despertado nuevamente el interés de los medios en los asuntos insulares, los cuales requieren un trato distinto del continental.

Es momento de reflexionar seria y profundamente para recobrar el amor patriótico de los abuelos, ahora perdido en sus descendientes, arrinconados y desplazados en su propia tierra.

 

*   Abogado de la Universidad Externado de Colombia,  primer gobernador del departamento en 1991,  embajador de Colombia ante varios gobiernos del Caribe. 

 

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