Con la llegada del virus, las sociedades latinoamericanas entraron en una crisis de hambre y de pobreza todavía más profunda. ¿Qué sigue para la región?
Fernando Guerra Rincón*
Problemas que ya existían
Cuando la COVID-19 llegó a América Latina, la región ya estaba devastada por la violencia, la desigualdad y los abusos del extractivismo.
Según datos del Banco Mundial, ocho de los diez países más desiguales del mundo están en América Latina. El 20% de la población concentra el 83% de la riqueza en la región. La mayoría de los países latinoamericanos tienen tasas elevadas de deserción escolar, precarias políticas de salud pública y altos índices de pobreza.
Por eso, la llegada del virus afectó a los países latinoamericanos con más fuerza que a otras regiones. Pero también dentro de nuestras sociedades, el virus atacó más gravemente a las personas más vulnerables: quienes no tienen una casa donde confinarse, no pueden seguir las recomendaciones sanitarias más básicas o se ven obligados a salir a trabajar.
Según un estudio de la Universidad de los Andes, una persona de estrato uno en Bogotá tiene diez veces más probabilidades de ser hospitalizada o fallecer por el virus y seis veces más probabilidades de llegar a una UCI que una persona de estrato seis. En ese sentido, no es casual que América Latina sea una de las regiones con el mayor número de muertos por COVID-19 en el mundo.
Ese círculo vicioso en el que la desigualdad, la pobreza y la muerte se alimentan mutuamente puede llevar a la región a límites insospechados y peligrosos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a finales de 2020, más de 230 millones de latinoamericanos serán pobres —el 37% de la población de la región— y más de 90 millones estarán en la pobreza extrema. Además, se estima que el PIB de la región caiga al menos un 9%.
Una región en crisis
En Colombia, cerca de la mitad de la población vive en la economía informal. En condiciones de pobreza, marginalidad y ausencia del Estado, ya somos el octavo país con más casos de COVID-19 y el cuarto con más casos nuevos en el mundo.
El resto de los países de la región también están en una situación crítica:
- En Chile, que aún no acaba de superar las multitudinarias protestas de 2019, las personas están volviendo a manifestarse en las calles;
- En algunas ciudades de Ecuador, hasta hace poco los cadáveres se amontonaban en las casas y en la vía pública;
- En Argentina, el gobierno no da abasto para alimentar a toda su población: según el ministro de Desarrollo Social, con la pandemia el número de personas que reciben asistencia alimentaria del gobierno ha aumentado en tres millones;
- En Brasil, las autoridades buscan a los jefes del narcotráfico para que les ayuden a contener el virus, y la pobreza sigue aumentando;
- En Centroamérica, el virus ha agravado la crisis de desplazamiento interno, ha aumentado la violencia y ha reducido la posibilidad de obtener protección de las autoridades;
- En Venezuela, solo el 13% de sus ciudadanos no se consideran pobres y el sistema nacional de salud está destruido. Según la ONU, millones de venezolanos no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica durante la pandemia.
A todo lo anterior se suma la indolencia de las élites. En mitad de la pandemia ha aumentado ostensiblemente la fuga de capitales: según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los inversionistas han retirado 83.000 millones de dólares de los mercados emergentes —muchos de ellos en América Latina—.
Lo que viene
En esta penosa coyuntura, los gobernantes latinoamericanos tienen que sacar recursos de donde no tienen para contener el virus y tratar de cumplir con sus demás obligaciones.
Tal vez el dogal al cuello más visible de nuestros países es su deuda externa, que se ha vuelto literalmente impagable. En tiempos de pandemia, los gobiernos se han visto obligados a invertir más recursos en pagar su deuda que en atender a la población.
En Colombia, por ejemplo, de los casi 314 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para 2021 se destinaron 75,8 billones para pagar esta deuda, mientras que en inversión se destinaron 53,08 billones. Como se ve, incluso durante la pandemia la deuda tiene prioridad sobre políticas contra la pobreza y la desigualdad.
Acosados por todos los sectores económicos, los gobiernos apurarán el regreso a las actividades productivas y pondrán en riesgo la salud de sus habitantes. Si la pandemia se extiende por más tiempo, como todo indica que sucederá, el hambre y la pobreza aumentarán todavía más y los gobiernos no tendrán cómo atender las necesidades de las personas y las empresas.
Todo lo anterior ha desnudado las enormes deficiencias de las economías latinoamericanas y la incapacidad de sus dirigentes para construir sociedades prósperas, amables e incluyentes.
Por eso, para las próximas pandemias que vienen en fila, es necesario hacer algunos ajustes, entre ellos:
- Devolver al Estado su papel central en la provisión de servicios públicos esenciales;
- Reformar el sistema financiero, ponerlo al servicio de los sectores productivos y alejarlo de la especulación y la financiarización;
- Y devolverle al campesinado una agricultura de base nacional, que les reembolse los ingresos perdidos en la absurda competencia internacional a la cual fueron sujetos.
