De investigaciones y acusaciones: la necesidad del respeto a la integridad electoral

La polémica sobre las contrataciones de Thomas Greg and Sons y la logística electoral en Colombia reaviva debates clave sobre integridad democrática. ¿Dónde debe centrarse la discusión?

Las tensiones entre el Ejecutivo y la compañía Thomas Greg and Sons en torno al rol de esta última como contratista en sectores estratégicos del funcionamiento democrático: la identificación de la ciudadanía y la logística de las elecciones han pasado al complicado terreno de la discusión sobre la integridad electoral. Más allá de la legitimidad de las investigaciones o las preocupaciones de diversos sectores políticos, resulta necesario discutir las garantías necesarias de integridad electoral. 

Los hechos: la intervención de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha adelantado una serie de visitas de control a la Registraduría Nacional, tanto en marzo como noviembre, para investigar las condiciones de asignación de contratos para la organización de procesos electorales y la generación de las cédulas electrónicas a la firma Thomas Greg and Sons.

Estas visitas, acompañadas de amenazas de posibles sanciones a los funcionarios responsables de la contratación, se dan en un marco de tensiones entre el gobierno nacional y la compañía mencionada, por la polémica de la contratación de los pasaportes. Y, en general, de la denuncia constante, desde Presidencia, de la existencia de condiciones favorables a la presentación de únicos oferentes en las licitaciones ganadas por la compañía.

Las reacciones de la Registraduría, la Procuraduría y el mundo político, especialmente desde los sectores de oposición, no se han hecho esperar, más cuando en este caso lo que está de por medio es la garantía efectiva a la realización de los comicios electorales de 2026. En un contexto en que desde algunas voces, en mi concepto alarmistas, se ha querido acusar al Ejecutivo de buscar por medios no democráticos garantizar su continuidad más allá de su período constitucional.

No obstante, no deja de ser preocupante el tema por una serie de elementos. Por un lado, la existencia real de licitaciones de un único oferente en áreas estratégicas para el Estado como lo son los pasaportes y la logística electoral, lo que si bien puede responder a diversidad de factores, no deja de generar cuestionamientos sobre la eficiencia de tales procesos de asignación. Y, por otro, que la agenda de acción del sector descentralizado, al que pertenece la SIC, parezca dar prioridad a las preocupaciones de Presidencia. 

En este asunto se entrecruzan diversos problemas: la complejidad de la estructura formal de la contratación pública en Colombia versus la realidad de los oferentes especializados; la independencia de la estructura estatal versus la gobernabilidad presidencial, y, por último, la necesidad de discutir la integridad electoral en el sistema democrático colombiano. 

La integridad electoral 

La noción de integridad electoral refiere al uso de estándares globales para la realización de elecciones, aplicados durante todo el ciclo electoral (Monsivaís-Carrillo, 2022; Norris, 2014). Al abordar todo el proceso electoral, comprende un complejo marco de acciones que incluyen la composición de las autoridades electorales, la financiación de los partidos, las reglas de competencia, las redes de gobernanza electoral y las garantías de resultados transparentes, todo enmarcado en el fortalecimiento de la confianza ciudadana en los procesos electorales como principio rector. 

Así, al abordar la integridad electoral, se busca “la promoción de elecciones libres y justas; la promoción de organizaciones y administradores electorales independientes e imparciales; la promoción de la confianza pública en el proceso electoral a través de procedimientos abiertos y transparentes; la promoción de la participación de los ciudadanos, contendientes políticos y ONG no partidistas en el proceso electoral; el desarrollo de oficiales electorales profesionales con gran integridad, un gran sentido de servicio público y un compromiso con la democracia, y el compromiso de crear una cultura democrática y un clima en el que las elecciones se puedan desarrollar de manera pacífica” (Asociación de Autoridades Electorales Africanas, s.f.)

En Colombia, a diferencia de otros sistemas electorales de la región, las autoridades electorales no han sido objeto de críticas por su falta de transparencia, ni de manera general, por la falta de competitividad en las elecciones generales. Esta confianza en el proceso electoral es una de las salvaguardias con las que cuenta el sistema democrático nacional y que ha permitido tanto la ocurrencia de procesos de alternancia política como la supervivencia de nuestra frágil democracia en un contexto regional de regresiones autoritarias. 

Lo anterior, en un contexto colombiano marcado por la constante incidencia de la violencia política, las amenazas a los sufragantes y el control tácito de ciertos territorios por parte de actores armados ilegales, resulta un logro a destacar. Por esto, hechos en que la actuación de las autoridades públicas ponga en entredicho los procesos resultan complejos. 

Así, por ejemplo, dicha confianza se ha visto limitada tanto por hechos graves que han afectado, así sea temporalmente, la representación política y la calidad de los procesos electorales. Entre estos casos hay que resaltar, en particular, la pérdida y la posterior recuperación de los escaños del Partido Mira durante el período legislativo 2014-2018, la falta de tarjetas para las consultas interpartidarias presidenciales de 2018 y las fuertes diferencias finales entre el preconteo y el conteo oficial en las elecciones legislativas de 2022.  

Estos hechos, que resultan corregibles, han sido usados en el marco de las contiendas electorales por diversos actores políticos para poner en entredicho las garantías electorales de Colombia, al hacer afirmaciones desmesuradas. Así, por ejemplo, para 2018 era común en la esfera virtual la mención de la idea de un pacto entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, para “entregarle” la Presidencia como en una sucesión monárquica. En 2022, el actual mandatario denunció constantemente la falta de garantías para las elecciones presidenciales, y ahora, sectores de la oposición acusan al Gobierno de buscar por medios no electorales la “reelección” o la sucesión de Petro.

Que el Gobierno busque garantizar la transparencia en el proceso de contratación de la logística electoral no es necesariamente negativo, es una discusión necesaria para construir unas elecciones más transparentes y más eficientes, pero dicha meta no debe darse de espaldas a los demás actores del ciclo electoral para evitar suspicacias y, peor aún, minar la confianza ciudadana en las elecciones. 

Una discusión en sus justas proporciones 

La mejora continua del proceso electoral es una práctica necesaria para el cumplimiento de estándares mínimos de integridad electoral. Sin la necesidad de tener mecanismos legales o constitucionales como los usados por Panamá, en donde tras cada proceso electoral se debe presentar una propuesta de reforma política, es una buena práctica entrar en discusiones técnicas como la de la pluralidad de oferentes de la logística electoral. 

No obstante, para que se puedan dar las discusiones, reformas y transformaciones necesarias, es importante, por una parte, que el Ejecutivo sea más transparente en sus actuaciones e informe en el marco de sus obligaciones los sentidos de sus actos, y, por otra, que se cuente con el acompañamiento de los entes subsidiarios en este tipo de sucesos, como también con la gestación de espacios plurales de discusión con respaldo de actores como el Ministerio del Interior.

También, desde las oposiciones, mantener el debate en términos ponderados, y evitar alarmismos innecesarios, aun cuando sea como estrategia electoral, pues, a la larga, dichos relatos se vuelven incontrolables y pueden engendrar riesgos de retrocesos democráticos. En un contexto regional en donde los procesos electorales se ven cuestionados e incluso bajo amenaza directa, tal como parecen evidenciar los más recientes sucesos en torno al expresidente Bolsonaro en Brasil, la moderación debe primar sobre la estrategia electoral.

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