En toda sociedad, la educación es asunto público y debe ser analizado por los ciudadanos con criterio independiente haciendo “uso público de su razón”. A los dos años del actual gobierno es pues necesario volver sobre la política de educación superior a partir de los contenidos que establece el Plan Nacional de Desarrollo.

Luis Enrique Orozco Silva*

Más allá de la retórica

La educación es un asunto público que debe ser analizado por los ciudadanos a través del “uso público de su razón”. De esta manera, se contribuye a que los gobiernos cumplan con eficiencia, efectividad y legitimidad las promesas hechas a los electores. Por este motivo, dos años después de la elección de Gustavo Petro, es necesario reflexionar sobre la política de educación superior a partir del Plan Nacional de Desarrollo. 

La globalización, la revolución en el campo de las comunicaciones y la conversión del conocimiento en fuerza productiva, hacen de la educación superior un factor estratégico para el desarrollo de los países.  

En Colombia, el reconocimiento anterior se manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en las últimas décadas, su contenido ha sido más retórico que real. De esta manera, es común encontrar formulaciones político-discursivas en forma de ley que no generan ningún impacto. 

Aunque sí se han incentivado algunos avances importantes, todavía hay muchos problemas en este nivel educativo: cobertura, calidad, pertinencia, equidad, inclusión. Solo con promulgar una ley, a pesar de sus intenciones, no se garantiza un impacto real en la política pública. 

Colombia, potencia mundial de la vida propone una serie de acciones a partir de la necesidad de un nuevo “contrato social”, que creará las condiciones para que el “derecho fundamental progresivo de la educación” no sea solo para la población más privilegiada. Su eje central será el aumento de la cobertura con equidad y la gratuidad. La anterior propuesta ya había sido estudiada en otros gobiernos y dio origen, por ejemplo, a la llamada “Revolución Educativa” entre 2000-2008. 

Específicamente, el gobierno propone incrementar la tasa de cobertura bruta de 54,92% en 2022 a 62% en el 2026. Para conseguirlo, propone mejorar el acceso, calidad y eficiencia de las instituciones del sector público para atender a la población más vulnerable en todos los niveles y modalidades (educación para el trabajo, pregrado, posgrado, educación técnica y tecnológica).

En este sentido, se buscará el trabajo conjunto con el SENA y contar con la formación que ofrecen las Fuerzas Armadas a su personal. También, para garantizar la creación de 500.00 nuevos cupos se abrirán universidades en las regiones más apartadas de los centros metropolitanos. Deberá cuidarse la permanencia y la graduación de los estudiantes al priorizar a quienes vengan de contextos vulnerables o sean víctimas del conflicto. 

Aún no se ha definido los costos de las estrategias precisas para asegurar, de modo verificable, que el aumento de la cobertura incluya: equidad, calidad, pertinencia, infraestructura física y tecnológica, talento humano y efectividad, en regiones apartadas como Guainía, Amazonas, Vaupés, Chocó y Arauca, entre otras. 

Otro proyecto que acompañará dicha propuesta es la creación de un voluntariado de 40.000 jóvenes estudiantes de nivel superior que ayudarán a los jóvenes de niveles más bajos. Será muy importante exigir que los currículos estén actualizados y contextualizados para fomentar una “educación para la paz y la ciudadanía global”.

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Sector público y privado

Estas acciones requieren la alineación de las instituciones con la política del gobierno, ya que impactan la autonomía académica consagrada en la Constitución del 1991 y desarrollada en la Ley 30 de 1992. Lo anterior sugiere la necesidad de una estrategia gubernamental para mejorar la calidad educativa tanto del sector público como del privado. Este último es el gran ausente en las líneas de acción del gobierno en materia de educación superior.

No solo se observa una falta de intervención gubernamental, sino que las declaraciones del actual ministro de Educación, también son equívocas. En una entrevista señaló la importancia de “quitarle a la universidad la orientación neoliberal”, que según el posee y que contribuye a la desigualdad estructural existente y que la educación deje de ser un negocio. Sin embargo, no es claro cómo se concretará dicha orientación ideológica sobre la que no hay unanimidad. ¿Lo correcto es lo que determine el actual gobierno?

En el Plan Nacional de Desarrollo se menciona el deseo de adelantar otras acciones relacionadas con la gestión del sector. Por una parte, la introducción del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en las estructuras curriculares de la educación superior; y por otra, la creación de un “Modelo de Educación Posmedia”, anteriormente conocido como “Sistema Nacional de Educación Terciaria” (SNET). Estas iniciativas buscan articular programas que puedan ser ofertados desde la educación media con otros que actualmente no pertenecen a ese ámbito como “Educación para el trabajo y el desarrollo humano” y “Formación para el trabajo”. Estas tareas requieren:

1. La colaboración y el fomento del gobierno a la voluntad de cambio de las instituciones del sector público y privado, respetando su autonomía.
2. Implementar un “Sistema dual de Educación Superior” para incidir en más territorios.
3. Reconceptualizar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES y CNA) y los procedimientos de validación de títulos actualmente vigentes.
4. Buscar una articulación entre la acción del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
5. Una reforma del ICETEX para quitarle su lógica bancaria en beneficio de los más vulnerables y fortalecer la intervención oportuna del Ministerio para tomar decisiones en materia de vigilancia y control.

Estas líneas de acción ya las identificaron otros gobiernos y las reiteraron los dos últimos ministros. No obstante, en los dos años transcurridos no hay un avance significativo a excepción de la creación del Plan de Apoyo para lograr una reducción en los créditos del ICETEX.

La ley estatutaria y la reforma a la Ley 30

El cambio más significativo desde el inicio del gobierno era la promesa de una Ley estatutaria que declararía el acceso a la educación como un derecho fundamental, cuyo ejercicio debe garantizar el Estado, y una reforma de la Ley 30 de 1992.

Sin embargo, el interés se centró en la discusión de la Ley estatutaria, dejando en la penumbra la reforma a la Ley 30. Todavía persiste el anuncio de introducir un nuevo proyecto con solo dos artículos sobre los mecanismos de financiamiento del sector oficial. El poder sindical prevaleció sobre la iniciativa gubernamental y hundió las propuestas.

En el momento, según el ministro del Interior, la educación no está en los cinco ejes de transformación que pretende el gobierno para la agenda legislativa.  

Las acciones están centradas en el sector oficial de la educación superior, lo cual significa un viraje respecto de la Ley 30 de 1992. Esta ley, cuyo objetivo es fomentar la calidad, reconoce el derecho tanto de los aspirantes a la educación como el de la creación de instituciones de educación superior privadas. El aporte de este sector en la historia del país ha sido y será fundamental. 

La educación superior sigue esperando un gobierno que implemente una “estrategia de choque”, con visión de largo plazo y competencia técnica, que promueva un avance importante en los indicadores relacionados con la educación superior.

Sin embargo, ha habido avances significativos a pesar del impacto de la pandemia y de los cambios en la estructura demográfica del país. Este último aspecto ha significado una reducción de la matrícula en ambos sectores. Por ejemplo, el tamaño de la matrícula total en educación superior en 2022 fue de 2.284.637, mientras que en 2010 fue de 1.489.885. 

La tasa bruta de cobertura para el año 2022 fue de 54,92% (incluyendo el aporte del SENA que corresponde al 10,53% del total de la matrícula). Se espera que esta cifra alcance el 62% al final del cuatrienio, pero sigue siendo inferior a la de países como Chile, Argentina o Uruguay. Además, la distribución de la cobertura es muy desigual dentro del territorio: Guajira 21,8%; San Andrés 20,5%; Guaviare 17,9% y Guainía 11,6%. 

El paso inmediato de los bachilleres a la educación superior es del 38% y la tasa de graduación por cohorte en el nivel universitario es del 40,6%. En el nivel tecnológico es del 34,6% y en el técnico, del 33%. En 2022, 300 instituciones atendieron la demanda de educación superior mediante 12.680 programas académicos: 4.945 en el sector público y 7.735 en el privado, lo cual demuestra la importancia del aporte del sector privado en el incremento de la tasa de cobertura y el acceso de los sectores de menores ingresos.

El punto clave para la política pública es entender que ampliar la cobertura no significa necesariamente lograr «equidad» sino «igualitarismo». La igualdad en el punto de partida no garantiza igualdad en los resultados. Preferir que la educación superior sea pública sin valorar el aporte del sector privado no la hace más eficaz ni garantiza que cumpla con los objetivos de igualdad de oportunidades.

Por otro lado, se considera que, de los 12.680 programas existentes en 2022 de pregrado, solo 8.341 han sido acreditados como de alta calidad. Además, de los 160.000 profesores universitarios actuales, solo 18.612 poseen el grado de doctor. Por lo tanto, es urgente no solo tomar acciones para sortear las dificultades actuales y enfrentar las urgencias diarias, sino también pensar en el futuro.

Este debate debe ser el preámbulo de toda política y debe trascender el silencio de las instituciones ante las medidas gubernamentales, la carencia de liderazgos en el sector, la introducción de la política de partidos en las instituciones, convencidos de que la calidad de la política pública depende de la calidad intelectual de quienes intervienen en su formulación.

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