La crisis

Hace exactamente un año, en octubre del 2021, se declaró calamidad pública por el “represamiento” de migrantes que acampaban en las playas de Necoclí, esperando la oportunidad para cruzar a Panamá y con destino final a Norteamérica.

En octubre de este año, los medios de comunicación volvieron a mostrar el mismo drama. Pero ¿qué ha cambiado en el último año?, ¿de qué manera podemos contextualizar lo que sucede en Necoclí y el Darién?

La Defensoría estimó que en el 2021 arribaron diariamente a Necoclí alrededor de 500 migrantes, la gran mayoría procedentes de Haití. Esta vez se trata en su mayoría  de venezolanos; se estiman que han migrado, a través del Darién, 107723 ciudadanos de este país, seguidos de 8579 haitianos, y de otros países de la región como Ecuador, Cuba, Colombia y Perú, así como del continente africano y del asiático.

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá registró 151572 migrantes que cruzaron la frontera con Colombia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022.

Pero ante el drama que significa migrar en el marco de la excepcionalidad y la violencia de las fronteras, es importante leer lo que ocurre en Necoclí, más que como espectáculo aislado, como un síntoma de la necropolítica de cierre de fronteras y del papel que han jugado Colombia y Panamá como países gendarmes de la frontera Sur de Estados Unidos. A través de la delegación de tareas propias del control migratorio, estos países cumplen el papel de Estados de contención, o lo que se conoce como “externalización de las fronteras”.

Los tres puntos de la crisis

1. Una crisis multidimensional en diferentes países (notablemente en Venezuela y Haití) y crisis emergentes que se han visto agravadas por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de covid-19.

Por la emergencia sanitaria causada por la covid-19 las fronteras se cerraron y las personas migrantes permanecieron confinadas durante meses en ciudades y países transitorios y cercos sanitarios, en el limbo socio jurídico y en condiciones económicas precarias.

Durante el 2019 entraron a Panamá 24000 migrantes desde la ruta del Darién, mientras que en 2020 la cifra cayó a 4.000. Sin embargo, el remonte de los años posteriores resulta del levantamiento de las medidas de confinamiento, lo cual pone de manifiesto que la pandemia exacerbó las desigualdades sociales. Esto es especialmente notorio en las mayores tasas de informalidad y desempleo que presentan las poblaciones migrantes en comparación con las nacionales.

Ello explica, en gran medida, que algunos migrantes que ya se habían instalado desde hace algunos años en los países de la región con economías emergentes, particularmente Chile y Brasil, hayan decidido migrar nuevamente, ahora para conseguir mejores condiciones en los países industrializados.

2. La selva del Darién se ha consolidado como un escenario de la excepcionalidad.

El Darién se enuncia ya como una de las rutas migratorias más peligrosas. Los riesgos propios de la selva espesa e inhóspita, la amplia presencia de sujetos armados que ejercen control sobre las rutas del narcotráfico y la emergencia de bandas criminales y redes de tráfico oportunistas que operan a través de puntos de asalto, ejerciendo diferentes tipos de violencias, aparecen como peligros y formas de gestión ilegal y paralegal de la movilidad humana.

Por su parte, la presencia del Estado colombiano en la zona se ha enfocado en las acciones de emergencia humanitaria, con protagonismo de la Defensoría del Pueblo, la Personería del municipio de Necoclí, el ICBF y organizaciones humanitarias.

El año pasado el plan de acción del Estado colombiano, que fue propuesto durante la visita del exministro de Defensa Diego Molano, se limitó a agilizar la salida de migrantes, mediante el apoyo logístico a una empresa de transportes, y a construir un nuevo embarcadero que sería controlado por la Armada Nacional y la Policía.

Esto indica que Colombia ha aceptado su papel como un país de tránsito cuya única responsabilidad consiste en acelerar el paso de migrantes mientras siguen exponiendo la vida de estos. Se estima que desde el 2018 han muerto un centenar de personas en la ruta del Darién; este es pues un espacio de la excepcionalidad, en donde el “dejar morir” opera como política de gobierno.

3. Nueva administración estadounidense, nuevas medidas, misma lógica de cierre de fronteras.

Las políticas migratorias se han enfocado en controlar los flujos migratorios con el aumento de dispositivos de seguridad y con las excusas de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico.

El proceso de criminalización e ilegalización que han experimentado las personas migrantes no es nuevo. Desde el año 2019 el gobierno de Panamá anunció la política de deportaciones para personas que se movilizan irregularmente.

Sin embargo, resulta novedoso el aumento de la inversión estadounidense que empieza a consolidar a Panamá y a Colombia como países estratégicos en el marco de la externalización y militarización de las fronteras, sumado a la amplia presencia de los agentes de cooperación para el desarrollo.

Frente a ello, la jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitó en días pasados el Darién panameño para coordinar las acciones con este gobierno. Como resultado de la negociación, se dio comienzo a la Operación Mercurio,  que incluye varias medidas para controlar la migración desde el enfoque de la seguridad y la militarización.

Para esto se espera crear 300 unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que sirvan de dispositivos de vigilancia. Además, fueron recibidas aeronaves donadas por el gobierno estadounidense para el  patrullaje marítimo.

La herencia de Trump

Esto coincide con la declaración del gobierno Biden este 12 de octubre, cuando anunció nuevas medidas dirigidas a ciudadanos venezolanos, que pretenden presentarse como “excepcionalidades humanitarias” a la aplicación del Protocolo de Protección al Migrante (PMP). Este Protocolo prevé la devolución de extranjeros que ingresan a Estados Unidos por vía terrestre; el Artículo 42, planteado por la pandemia, excluye la posibilidad de solicitar asilo en la frontera y permite las expulsiones aceleradas.

Antes que derogar estos instrumentos herederos del gobierno Trump, la administración Biden ha ampliado los mecanismos de desprotección y expulsión.

El nuevo paquete aspira, principalmente, a disuadir la inmigración, cerrando la puerta a aquellos migrantes que hubiesen transitado irregularmente por Panamá y México. Además, establece un sistema de cuotas para otorgar permisos previos de residencia a quienes lleguen por vía área y cuenten con un patrocinador en Estados Unidos.

Las políticas de contención y control migratorio han demostrado ser un fracaso para detener los movimientos a través de las fronteras. Las personas que huyen de condiciones precarias, y cuando su vida se encuentra amenazada, van a seguir viéndose obligadas a cruzar incluso por las rutas más peligrosas.

Deliberadamente, estas políticas han implicado desprotección y muerte en tanto ellas limitan las posibilidades de entrada legales y seguras. Así, lo que ocurre en el Darién es una muestra de los problemas profundos del régimen migratorio imperante.