Revocatorias del mandato, consultas sobre asuntos de interés popular, pulsos entre gobierno y oposición, jugadas mal o bien disfrazadas de precandidatos a la Presidencia…No todo lo que brilla es oro.
Clara Rocío Rodríguez*
Se buscan firmas
Han sido anunciadas o se encuentran en proceso de ejecución un buen número de iniciativas que buscan conseguir las firmas de los ciudadanos para diversos fines, así:
- Una consulta contra la corrupción,
- La revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá y de otras autoridades territoriales,
- Una expresión masiva de la oposición al gobierno Santos, y
- Apoyo para inscribir a un candidato presidencial cuyo partido está en problemas.
Estas iniciativas son completamente distintas. Mientras la consulta contra la corrupción y la revocatoria del mandato de Peñalosa están debidamente formalizadas ante la Registraduría Nacional y siguen los procedimientos requeridos, la estrategia de recolección de firmas anunciada por el expresidente Uribe para hacer la oposición al gobierno no se ha materializado aún, como tampoco lo ha hecho la inscripción con firmas de la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras.
El tema de la corrupción ha sido recogido como bandera política por los verdes, por el Polo y por el uribismo.
Las dos primeras iniciativas —y probablemente la tercera, si se cristaliza— corresponden a mecanismos de la democracia directa, establecidos por primera vez en Colombia por la Constitución de 1991, desarrollados mediante las Leyes 134 y 131 de 1994, y modificados recientemente por el nuevo Estatuto de participación ciudadana (Ley 1757 de 2015).
Con excepción del cabildo abierto (que es una institución criolla) los mecanismos que adoptó la Constitución del 91 son cercanos a la democracia representativa, pues se trata de pronunciamientos ciudadanos acerca de los gobernantes o de sus decisiones, y su funcionamiento depende del sufragio y de la constatación de que el votante se encuentra incluido en el censo electoral.
La consulta de López
 Claudia López, promotora de recolección de firmas por sueldo de congresistas. Foto: Wikimedia Commons |
La consulta promovida por la senadora Claudia López y su partido Alianza Verde corresponde a ese tipo de pronunciamientos ciudadanos, aunque presenta dos particularidades de interés:
- Es la primera convocatoria de este género que tendría lugar a escala nacional, pues su uso se ha dado exclusivamente en las regiones.
- La iniciativa es promovida por un partido político, lo cual es novedoso porque la Ley anterior reservaba a los gobernantes nacionales, departamentales o municipales la potestad de consultar al pueblo sobre asuntos importantes en sus respectivas jurisdicciones.
Según el propio resumen del formato de recolección de firmas, la consulta de López pone a consideración de la ciudadanía “siete temas de trascendencia nacional con el propósito de que se adopten medidas a favor de la transparencia y en contra de la corrupción”, con preguntas orientadas a:
1) Reducir el salario de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado,
2) Establecer penas de cárcel y prohibición de contratar con el Estado a los corruptos,
3) Hacer que la contratación sea transparente en todos los niveles del gobierno,
4) Introducir los presupuestos participativos o donde la ciudadanía opina sobre la distribución del gasto público,
5) Ordenar que los congresistas rindan cuentas sobre su asistencia, votación y gestión,
6) Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio,
7) Fijar un tope máximo de tres períodos para los miembros de las corporaciones públicas.
Gobernantes en la mira
Por su parte, la revocatoria del mandato corresponde a la posibilidad —reciente en la teoría de la democracia— de que los ciudadanos evalúen durante su gestión a los gobernantes electos y estos puedan ser removidos del cargo si han incumplido el programa de gobierno o los compromisos de campaña.
En oposición a las concepciones elitistas de la democracia representativa -que restringían el control ciudadano a las meras elecciones- este mecanismo permitiría la participación a lo largo del mandato hasta llegar incluso a anular la autorización otorgada. Actualmente cursan en Bogotá, en otros 62 municipios y en dos departamentos (Quindío y Córdoba) iniciativas de revocatoria o que buscan apoyos de los ciudadanos insatisfechos con las gestiones de sus mandatarios.
En el caso de la revocatoria del alcalde Peñalosa se inscribieron cuatro comités promotores (uno se retiró), de los cuales, según información de prensa, solo dos se lanzaron a la calle a recoger firmas: Revoquemos a Peñalosa y Unidos Revocamos a Peñalosa.
Las firmas de la oposición
Por su parte, aunque la estrategia del Centro Democrático apenas ha sido anunciada y no se conocen sus avances concretos, aparentemente buscaría recolectar firmas para promover otro tipo de mecanismo: un referendo o a una iniciativa normativa para abolir o modificar algunos elementos del Acuerdo de La Habana o pronunciarse en torno a temas claves en la agenda, como la corrupción.
La senadora y hoy precandidata presidencial del uribismo, María del Rosario Guerra, sería la encargada de promover 15 normas sobre este tema que se impulsarían a través de firmas ciudadanas si no son aprobadas por el Congreso. La estrategia de la oposición estaría acompañada por la movilización en marchas callejeras como la anunciada para el próximo 1 de abril.
¿Estrategia de candidato?
A diferencia de los dispositivos anteriores, la eventual inscripción con firmas de la candidatura Vargas Lleras, no sería un mecanismo de democracia directa, sino un intento de presentarlo como candidato independiente mediante la figura de “grupos significativos de ciudadanos”, que la Constitución reserva para aquellos candidatos que no hagan parte de partidos o movimientos políticos.
Hay múltiples razones para considerar esta opción como poco viable y como francamente impresentable, tanto así que ella parece haber sido descartada por el partido Cambio Radical y por el propio interesado, porque nada sería tan absurdo como presentar a Vargas Lleras como un candidato “independiente”.
En Colombia la participación ciudadana directa ha producido más frustraciones que cambios tangibles en las administraciones.
La opción en realidad sería una forma de abandonar el barco de Cambio Radical en medio del desastre de los escándalos por los avales concedidos a candidatos y funcionarios controvertidos (en esta misma revista Javier Duque publicó recientemente una lista detallada de los escándalos asociados con este partido). Pero optar por la recolección de firmas podría implicar la pérdida del respaldo de los parlamentarios de Cambio Radical, así como la posibilidad de tener un partido para recibir o articular a otros sectores que quisieran apoyar a Vargas Lleras.
¿Democracia o intereses privados?
 Recolección de firmas en busca de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Las iniciativas reseñadas parecen mostrar un auge o una revitalización de la democracia participativa. ¿O más bien serían intentos amañados de buscar apoyos para otros fines?
Llama la atención que detrás de la consulta contra la corrupción y de la revocatoria del mandato no se encuentren ciudadanos sino organizaciones o movimientos de tipo político (Alianza Verde en el primer caso, y Progresistas, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Partido Comunista y Congreso de los Pueblos, en el segundo —aunque esta iniciativa está también liderada por organizaciones sociales y sindicatos—).
Aunque el patrocinio de una organización partidista no es negativo en sí mismo, resulta bastante claro que en este caso se trata del comienzo anticipado y medio disfrazado de la campaña electoral de 2018. La recolección de firmas es una medición de fuerzas de cara a la contienda electoral del próximo año y podría ser una base para montar la plataforma y orientar el debate político. Por ejemplo, el tema de la corrupción ha sido recogido como bandera política por los verdes, por el Polo y por el uribismo.
Sin obstar su carácter local, la revocatoria del mandato de Peñalosa, tan criticada como aplaudida, también ha sido asociada con la campaña electoral que viene, puesto que el éxito de la iniciativa o incluso las dificultades que ella ocasione a la gestión del alcalde pueden afectar las posibilidades del eventual candidato de Cambio Radical, partido que avaló a Peñalosa en su aspiración a la Alcaldía.
También se sabe que en vez de ser evaluaciones sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo respectivo, las revocatorias del mandato se han convertido en una herramienta que utilizan los opositores vencidos en las urnas para ejercer presión sobre el elegido. Por eso no es una simple coincidencia que la mayoría de las revocatorias sean presentadas en enero o febrero, exactamente un año después de la posesión de los mandatarios locales.
En Colombia la participación ciudadana directa ha producido más frustraciones que cambios tangibles en las administraciones. El balance no es el más satisfactorio después de 25 años de adoptados los mecanismos de democracia directa.
Por eso habría que exigir a quienes promueven estas iniciativas que sean responsables al apelar a ellas y esperar que los ciudadanos tengan la capacidad de distinguir si se trata de un ejercicio de participación genuina o de la simple instrumentalización de su firma y de su voto para intereses políticos de algún partido o corriente partidista.
* Docente investigadora IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
