Resulta sorprendente que ya circulen peticiones para revocar a los alcaldes de las principales ciudades colombianas. Dos explicaciones sensatas para este descalabro político.
Clara Rocío Rodríguez Pico*
Revocatorias precoces
El pasado 22 de enero, a menos de un mes de su posesión, empezaron a circular peticiones para revocar a los alcaldes de Bogotá y de Medellín. Algunas de ellas llegaban al extremo de exigir su renuncia.
La primera observación que se puede hacer al respecto es obvia: estas peticiones son precoces porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para valorar la gestión de los alcaldes. En estos momentos, apenas están anunciando sus gabinetes y planeando la ejecución de su programa de gobierno. Ni siquiera ha empezado la discusión de su plan de desarrollo.
Entonces, ¿por qué aparecieron estas propuestas tan tempranamente? En este análisis, sugiero dos posibles explicaciones.
Primera explicación: incomprensión y desconocimiento
Los mecanismos propios de la democracia directa, como las consultas populares, los referendos o los plebiscitos pretenden garantizar que el ciudadano puede pronunciarse sobre alguna cuestión, decisión o norma. En contraste, la figura de la revocatoria busca dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular. Este funcionario cuenta con una legitimidad derivada del respaldo ciudadano que obtuvo en las urnas.
En principio, esta legitimidad podría acompañar al funcionario durante todo su período de gobierno (cuatro años, en el caso de Colombia), como ocurre en los cargos para los cuales no existe la figura de la revocatoria (ediles o comuneros, concejales, diputados, representantes a la cámara, senadores y presidente de la república). Como no existe la posibilidad de revocar su mandato, se espera que en la siguiente elección los ciudadanos premien a los buenos mandatarios reeligiéndolos o votando por candidatos que le apuesten a la continuidad de su gestión y castiguen a los malos mandatarios votando por candidatos de otros partidos.
Estas peticiones son precoces porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para valorar la gestión de los alcaldes
En el caso de los alcaldes y gobernadores para quienes sí existe esta figura, el gobernante debe ganar otro tipo de legitimidad, la resultante del rendimiento que muestre en su gestión y el cumplimiento de sus compromisos de campaña.
Para lograr un equilibrio entre la legitimidad de origen ganada en las elecciones y la legitimidad derivada del ejercicio gubernamental, existen unos procedimientos y requisitos que evitan que porcentajes muy bajos de ciudadanos revoquen al mandatario y a la voluntad popular expresada en el mandato que resultó vencedor en elecciones regulares.
Foto: Facebook Claudia López
Tanto López como Quintero se enfrentan a una ciudadanía que mide sus opiniones por medio de redes sociales.
Así pues, cualquier valoración del alcance de la gestión, tendiente a dar por terminada la autorización conferida en las urnas, está sujeta a ciertas reglas:
- No debe ser la primera opción, pues lo ideal es evitar cambios frecuentes de autoridades que ocasionen inestabilidad y polarización política. Nuestra propia experiencia muestra cómo, a pesar de que paulatinamente se han flexibilizado los requisitos, solo un alcalde ha logrado ser revocado.
- No aplica para funcionarios recién posesionados. De hecho, desde sus primeras reglamentaciones en el año 1994, la ley colombiana fijó un período de al menos un año, a partir del momento de la posesión del respectivo mandatario, para que se pueda empezar el proceso.
- Exige contrastar lo prometido y lo ejecutado. Aunque en la práctica este ejercicio ha resultado ambiguo, normativamente está supeditado a lo que se conoce como el mandato programático: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático” (Artículo 259 de la Constitución). Por su parte, la Ley 134 de 1994 especifica que las motivaciones de la revocatoria deberán referirse a insatisfacción general de la ciudadanía o al incumplimiento del programa de gobierno.
Lo más probable es que los promotores de las peticiones de revocatoria desconozcan por completo los procedimientos y requisitos del mecanismo que pretenden poner en marcha.
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Segunda explicación: intereses políticos
Claudia López resultó ganadora con el 35 por ciento de los votos y Daniel Quintero con el 38,5 por ciento. Los 1.108.541 votos de la primera y los 303.420 del segundo constituyen las mayores votaciones alcanzadas por un alcalde en las dos ciudades principales del país.
Aunque constituyen una votación histórica, estos números solo representan un poco más de la tercera parte de los votantes, lo cual implica que un número considerable de electores no quería que los actuales alcaldes llegaran al poder. Es muy probable que ese grupo de electores interprete la revocatoria como una posibilidad de compensar lo que no alcanzaron en las urnas.
Otros dos aspectos llaman la atención. En primer lugar, que el tema que agitó las propuestas de revocatoria se derivó de lo ocurrido en las marchas del 21 de enero y está vinculado al manejo del orden público, asunto sobre el cual sin duda existen posturas sumamente diferentes.
Algunos reclaman la desaparición del ESMAD, otros, en cambio, consideran que estas fuerzas antidisturbios son necesarias para contrarrestar los hechos violentos que se presentan en las manifestaciones. En los casos de las ciudades aludidas, los alcaldes propusieron ideas alternativas –bastante moderadas– para abordar esta situación (el protocolo de López) y dieron respuestas particulares frente a los hechos presentados (participar personalmente en la limpieza de los daños efectuados, en el caso de Quintero). Como era de esperarse, los ciudadanos que no comparten esta forma de manejar la seguridad y el orden público reaccionaron negativamente.
Foto: Facebook Alcaldía de Medellín
A sólo 22 días de mandato, los opositores de Quintero ya estaban pidiendo su revocatoria.
Lo más probable es que los promotores de las peticiones de revocatoria desconozcan por completo los procedimientos y requisitos del mecanismo
Es interesante que algunos paisas manifestaron por Twitter que temían que el desorden y la falta de autoridad de Quintero los llevara a parecerse a Bogotá. Esta declaración da para otro análisis, pero también nos invita a reconocer, en segundo lugar, que -independientemente de que la solicitud de la revocatoria haya sido inoportuna-, los alcaldes tendrán que enfrentar millares de opiniones y emociones –muchas sin fundamento– expresadas a través de las redes sociales. Estos mecanismos de comunicación y participación ciudadana harán que la legitimidad de origen que los mandatarios obtuvieron en las urnas sea puesta permanentemente en tela de juicio.
Como los ciudadanos, algunos líderes políticos criticaron la forma como los alcaldes manejaron las protestas, y aunque ninguno participó abiertamente en la conversación sobre la revocatoria que tuvo lugar en Twitter, el alcalde Quintero afirmó que, en noviembre, le llegaron unos audios donde uno de sus ex contendores decía que iniciarían un proceso de deterioro de su administración tendiente a buscar su revocatoria.
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Esto sería sumamente negativo para la gobernabilidad y la estabilidad del país, pues implicaría que la oposición no está cumpliendo el papel que le otorga la democracia. Se trata, sin duda, de una práctica que debería evitarse en todo el país.
En este escenario, la ciudadanía tiene un papel fundamental, pues es ella quien puede retirar el mandato otorgado a un gobernante que incumple sus promesas.
Necesitamos que los colombianos aprendan los alcances y las limitaciones de este mecanismo para evitar que sea utilizado por motivaciones incorrectas.
*Profesor asociada e investigadora IEPRI Universidad Nacional de Colombia.
