Que revocar a Duque, que derogar la JEP, que establecer la renta universal… Aunque solo hemos tenido un referendo nacional desde 1991, los políticos siguen promoviendo este mecanismo de participación. ¿Qué buscan?
Clara Rocío Rodríguez Pico*
Referendos aquí y allá
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos opacaron las otras votaciones que se llevaron a cabo ese mismo día.
En 32 estados, los ciudadanos votaron 124 referendos —38 de iniciativa ciudadana— sobre distintos temas, como la legalización de la marihuana, el aumento o la disminución de impuestos y la regulación del aborto.
Este panorama se repite en cada elección presidencial. Por ejemplo, en las elecciones que se llevaron a cabo hace cuatro años se celebraron 154 referendos, de los cuales 72 fueron de iniciativa ciudadana.
A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en Colombia los referendos rara vez llegan a las urnas. Es decir, el problema no es la falta de participación de los votantes o la falta de popularidad de las iniciativas. La mayoría de los referendos que se anuncian en Colombia desaparecen disimuladamente del radar público mucho antes de que se rechacen o se aprueben.
Actualmente, en el país se promueven referendos para:
- Reformar o suprimir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP);
- Disminuir el número de congresistas y crear un Congreso de una sola cámara;
- Permitir la revocatoria del mandato del presidente de la República;
- Aumentar el ingreso solidario y crear una renta básica universal.
Pero si Colombia ha tenido una experiencia tan difícil con los referendos, ¿por qué se siguen promoviendo? ¿Será que alguna de estas iniciativas logrará, por fin, tener éxito?
Los referendos en Colombia
A diferencia de otros países que tienen una larga trayectoria en mecanismos de participación ciudadana, Colombia aceptó por primera vez la posibilidad de convocar referendos en la Constitución de 1991.
En la ley, el referendo se define como “la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente”.
El trámite de una iniciativa de este tipo puede durar entre 12 y 18 meses, dependiendo si lo propone el gobierno o la ciudadanía. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los referendos se quedan al inicio del proceso. La imagen 1 muestra las etapas que debe superar un referendo, desde que se inscribe la propuesta hasta que se vota.
Imagen 1. Hoja de ruta del referendo y razones de hundimiento de las iniciativas
Fuente: elaboración propia.
A nivel nacional, los colombianos solo han votado un referendo: el que en 2003 promovió el presidente Álvaro Uribe sobre diferentes temas electorales y políticos. El referendo que aprobó el Congreso contenía 19 preguntas, de las cuales:
- cuatro fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional;
- catorce fueron votadas favorablemente, pero no alcanzaron el umbral del 25 % que exige la ley para que su resultado sea válido;
- solo una fue aprobada y alcanzó el umbral necesario.
Las demás iniciativas se han quedado “en el tintero” por diferentes motivos y en diferentes etapas: algunas propuestas de referendo son anunciadas en medios, pero ni siquiera se inscriben; otras se inscriben, pero se les vence el plazo para presentar las firmas exigidas, y otras simplemente no recogen la cantidad de firmas necesarias.
Entre las iniciativas que han superado esta fase inicial, resaltan las siguientes:
- En 1997, un grupo de ciudadanos recogió más de 25.000 firmas para impedir la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones y Servicios Agregados de Manizales (Emtelsa). Sin embargo, el alcalde de la época decidió no convocar a votaciones.
- En 2009, se promovió otro referendo, para autorizar la segunda reelección de Uribe. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible por temas sustanciales, y por irregularidades en su financiación y su trámite.
- Varias iniciativas se han hundido en su trámite en el Congreso. Algunas de las más llamativas han buscado: reconocer el derecho al agua; castigar los delitos contra menores de edad, y prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Pese a esta especie de circulo vicioso que ha obstaculizado casi todos los referendos, los políticos de todas las orillas siguen proponiéndolos. ¿Lograrán cambiar la tendencia histórica?
¿Para qué proponer un referendo?
Como afirman algunos académicos, hoy la democracia directa está “patas arriba”: lejos de representar a la ciudadanía, los mecanismos de participación directa (como el referendo) están siendo instrumentalizados por los líderes políticos para lograr sus propios objetivos.
En el caso de Colombia, prácticamente todos los referendos que se promueven actualmente se han propuesto “desde arriba”, por congresistas o aspirantes a la presidencia. Sus iniciativas pueden parecer atractivas para algunos sectores ciudadanos, pero en vista de la historia política del país, es probable que ninguno prospere.
Además, surge una pregunta: ¿por qué los congresistas que impulsan estos referendos no tramitaron sus propuestas antes, a través de la vía legislativa que tienen a su alcance?
En realidad, la promoción de estos referendos es una antesala de la campaña electoral de 2022. En el actual gobierno, los uribistas ya habían intentado suprimir la JEP sin éxito, y en el primer gobierno de Uribe ya se había propuesto reducir el número de congresistas, aunque sin mayores esfuerzos.
En cuanto a la revocatoria del mandato presidencial, incluso si esta iniciativa se aprobara mediante referendo, la medida ya no afectaría al presidente Duque. Además, no es adecuado cambiar este tipo de reglas con nombre propio, como muchos dijeron cuando se tramitó el referendo de reelección de Uribe.
Adicionalmente, es probable que ninguno de los referendos que actualmente se promueven logre mayorías en el Congreso. También puede suceder que naufraguen ante la Corte Constitucional aquellos asuntos que tienen implicaciones presupuestales o fiscales –como la renta básica o el aumento del ingreso solidario–, pues así lo establece la Constitución.
La experiencia del plebiscito para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC muestra otras dificultades de la democracia directa. El plebiscito dejó insatisfechos tanto a los del “sí” como a los del “no”, y los políticos que impulsaron esta última opción sacaron grandes réditos electorales.
Todo lo anterior debería llevar a una reflexión sobre el uso instrumental de los mecanismos de participación ciudadana. Para no desgastar un sistema poco conocido y no alentar una radicalización política más alta, este tipo de herramientas deberían provenir de la ciudadanía y no de la clase política.
