Tres remiendos en lugar de una reforma

Esta semana el ministro de Interior, Alfonso Prada, radicó el proyecto de acto legislativo  para reformar el sistema político.

Cabe recordar que el anterior gobierno pasó sin pena ni gloria en materia de reformas políticas. Más allá del Código Electoral, que no sobrevivió al examen de la Corte Constitucional y se hundió por vicios de forma, no se aprobó ninguna ley o acto legislativo de importancia.

A pesar de este silencio legislativo, las altas cortes y las autoridades electorales tomaron decisiones que han afectado el funcionamiento del sistema político y que no encajan con la legislación preexistente. Conviene resaltar los tres cambios principales:

1. En 2018 empezaron a darse coaliciones entre bancadas minoritarias en el Congreso y en corporaciones públicas subnacionales —asambleas, concejos y juntas administradoras locales— a través del litigio jurídico y sin normas claras que las regulen.
2. La Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron personería jurídica a diversas bancadas políticas sobre la base de consideraciones distintas a cumplir con el umbral del 3 % que prevé la Constitución. Entre estas consideraciones figuran el haber sido parte de una coalición que logró presencia en el Congreso, la restitución de derechos conculcados por la violencia política o el uso de figuras como la escisión partidista.
3. El reconocimiento, por parte de la Corte Constitucional y en respuesta a una acción de tutela, de las curules especiales de paz que las mayorías del anterior Congreso  no quisieron promulgar, pese a haber surtido todo su trámite.

Estos cambios parecen configurar una nueva situación caótica en materia partidista y electoral.

Un montón de propuestas

Quizás por ello el gobierno reformista de Petro y un Congreso en buena parte renovado, han propuesto múltiples iniciativas para resolver los principales problemas del sistema político colombiano. Una revisión general de lo que se ha radicado hasta el momento en el Senado permite resaltar las siguientes:

• Proyectos orientadas a disminuir los privilegios de los congresistas, como el presentado por Cambio Radical para acortar el período de vacaciones —Proyecto de Acto Legislativo (PAL) 02 Senado—.
• Proyectos para rediseñar la autoridad electoral —PAL 07 y 015 Senado— presentados por Humberto de La Calle y Ariel Ávila, respectivamente. Estos actos recogen propuestas de la Misión Electoral Especial para crear un tribunal o una corte electoral y redefinir los papeles del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.
• Propuestas relacionadas con la modernización de las agrupaciones políticas, el sistema electoral y la apertura democrática, entre ellas las presentadas por los senadores Julián Gallo y otros congresistas de la bancada Comunes, además de Roy Barreras y del propio gobierno —PAL 06 Senado—.
• Debates sobre si la función del Estado debe consistir en una financiación política total o predominante, sobre el voto obligatorio, sobre la disminución de la edad para ser representante a la Cámara o concejal, etc.
• Por supuesto, no falta la referencia a la adopción de la lista cerrada que ha sido objeto de infructuosos intentos de trámite en los últimos años, dada la notable discrepancia entre la práctica política y la necesidad de organizar el sistema de partidos.
• Otras iniciativas pretenden reformar el mecanismo de elección de altos dignatarios —PAL 05 Senado—.
• Entre las iniciativas sobre el tema de género de la senadora María José Pizarro, se puede resaltar la que propone paridad en listas cerradas así como las medidas para atacar la violencia ejercida contra las mujeres que participan en política.
• Finalmente, hay una propuesta avalada por el gobierno que, con algunas modificaciones, retoma el código electoral hundido.

A todas luces, la agenda es supremamente amplia. Por eso importa examinar la estrategia para sacar adelante la reforma y sugerir algunas reflexiones generales, más allá de profundizar en las propuestas específicas.

Un camino difícil

Muchas de estas iniciativas son necesarias para mejorar la democracia colombiana. Algunas  intentan desarrollar el punto 2 de Acuerdo de Paz , uno de los que menos avance ha mostrado hasta el momento. Otras responden a problemas concretos y a presiones ciudadanas que tienen que ser tomadas en cuenta.

Sin embargo, el trámite de estas reformas está en manos de políticos que pueden verse afectados por estos cambios, y por lo mismo suelen resistirse a hacerlos o a deformarlos de manera que acaben por favorecerlos.   Por eso preocupa su viabilidad y es crucial la estrategia para que las propuestas no se hundan por su propio peso y para que logren los cambios deseables.

A lo anterior se suman las inercias y resistencias de otros sectores, como las organizaciones hoy encargadas de los asuntos electorales. Así mismo, bancadas de la oposición ya han expresado su temor de que algunas propuestas tengan como propósito asegurar la continuidad del actual gobierno.

Por último, es evidente que la reforma política no es la prioridad del gobierno Petro, porque existen otras más urgentes para satisfacer las expectativas que despertó su victoria. Esto a su vez se reflejó en el mensaje de urgencia para tramitar el Código Electoral, lo cual indica que esta pieza no se pensó como parte de una reforma integral. Por otra parte, el proyecto del ministro Prada no recoge iniciativas de origen parlamentario que ya se encuentran en trámite, ni incluye cambios constitucionales que habían sido anunciados por el propio gobierno.

Algunas recomendaciones estratégicas

Este panorama obliga a dar prioridad a las reformas más urgentes y encontrar un camino para sacarlas adelante.

Varios debates ciudadanos y audiencias públicas han dado cuenta de la necesidad de comenzar por la reforma de la autoridad electoral, de tal manera que otras reformas políticas o electorales y el mismo Código Electoral se adecuen al nuevo marco institucional. De lo contrario podrían presentarse otras incoherencias en las normas. Por eso no es conveniente dar mensaje de urgencia al Código Electoral.

La reforma a la arquitectura institucional es de gran importancia porque toca a los árbitros de la competencia política, quienes garantizan transparencia, equidad y justicia entre todos los participantes y garantizan la legitimidad de las elecciones, base de la democracia representativa.

En la actualidad, procesos jurídicos en materia electoral suelen tardar años, como ocurrió con el Partido Mira en 2018 cuando se le restituyeron tres curules que había ganado en el Senado en 2014.

Por su parte, se critica la composición partidista del CNE, que le resta imparcialidad y equidad frente al conjunto de bancadas y movimientos políticos, además de su falta autonomía y la imposibilidad para resolver asuntos que son de su competencia.

Mientras tanto, la Registraduría se percibe como una entidad sin mayor control, donde las decisiones se han ido concentrando en la figura del registrador, que ha subcontratado la mayor parte del proceso electoral y donde la transparencia  informativa se ha ido diluyendo.

El camino más indicado sería acumular iniciativas sobre un mismo tema para evitar la fragmentación que se observa, concentrando la atención de los legisladores y de la ciudadanía sobre los proyectos más importantes.

También importa trabajar en torno a las resistencias que se presentan en el Consejo de Estado, en su Sección Quinta, en el CNE y en la Registraduría, quienes ya han manifestado su interés en mantener la situación actual o en adoptar reformas menos sustantivas.

Así mismo, deben darse suficientes garantías para que la oposición y sectores que no se sienten representados por el actual gobierno de izquierda sientan que la reforma responde a problemas de fondo del país y no al empeño de dar continuidad al proyecto político actual.

Por último, este tipo de ejercicios de deliberación y trámite en el Congreso debería ir acompañado de una labor de pedagogía ciudadana que involucre los medios de comunicación y las redes sociales en un debate de gran importancia para la democracia en Colombia.