Clara Rodríguez, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Ministerio del Interior

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Más allá de los remiendos que se han hecho al sistema electoral y de partidos, se necesitan reformas de fondo. ¿Pero cómo vencer las muchas resistencias que hasta ahora las han impedido?

Clara Rocío Rodríguez Pico*

Tres remiendos en lugar de una reforma

Esta semana el ministro de Interior, Alfonso Prada, radicó el proyecto de acto legislativo  para reformar el sistema político.

Cabe recordar que el anterior gobierno pasó sin pena ni gloria en materia de reformas políticas. Más allá del Código Electoral, que no sobrevivió al examen de la Corte Constitucional y se hundió por vicios de forma, no se aprobó ninguna ley o acto legislativo de importancia.

A pesar de este silencio legislativo, las altas cortes y las autoridades electorales tomaron decisiones que han afectado el funcionamiento del sistema político y que no encajan con la legislación preexistente. Conviene resaltar los tres cambios principales:

  1. En 2018 empezaron a darse coaliciones entre bancadas minoritarias en el Congreso y en corporaciones públicas subnacionales —asambleas, concejos y juntas administradoras locales— a través del litigio jurídico y sin normas claras que las regulen.
  2. La Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron personería jurídica a diversas bancadas políticas sobre la base de consideraciones distintas a cumplir con el umbral del 3 % que prevé la Constitución. Entre estas consideraciones figuran el haber sido parte de una coalición que logró presencia en el Congreso, la restitución de derechos conculcados por la violencia política o el uso de figuras como la escisión partidista.
  3. El reconocimiento, por parte de la Corte Constitucional y en respuesta a una acción de tutela, de las curules especiales de paz que las mayorías del anterior Congreso  no quisieron promulgar, pese a haber surtido todo su trámite.

Estos cambios parecen configurar una nueva situación caótica en materia partidista y electoral.

Un montón de propuestas

Quizás por ello el gobierno reformista de Petro y un Congreso en buena parte renovado, han propuesto múltiples iniciativas para resolver los principales problemas del sistema político colombiano. Una revisión general de lo que se ha radicado hasta el momento en el Senado permite resaltar las siguientes:

  • Proyectos orientadas a disminuir los privilegios de los congresistas, como el presentado por Cambio Radical para acortar el período de vacaciones —Proyecto de Acto Legislativo (PAL) 02 Senado—.
  • Proyectos para rediseñar la autoridad electoral —PAL 07 y 015 Senado— presentados por Humberto de La Calle y Ariel Ávila, respectivamente. Estos actos recogen propuestas de la Misión Electoral Especial para crear un tribunal o una corte electoral y redefinir los papeles del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.
  • Propuestas relacionadas con la modernización de las agrupaciones políticas, el sistema electoral y la apertura democrática, entre ellas las presentadas por los senadores Julián Gallo y otros congresistas de la bancada Comunes, además de Roy Barreras y del propio gobierno —PAL 06 Senado—.
  • Debates sobre si la función del Estado debe consistir en una financiación política total o predominante, sobre el voto obligatorio, sobre la disminución de la edad para ser representante a la Cámara o concejal, etc.
  • Por supuesto, no falta la referencia a la adopción de la lista cerrada que ha sido objeto de infructuosos intentos de trámite en los últimos años, dada la notable discrepancia entre la práctica política y la necesidad de organizar el sistema de partidos.
  • Otras iniciativas pretenden reformar el mecanismo de elección de altos dignatarios —PAL 05 Senado—.
  • Entre las iniciativas sobre el tema de género de la senadora María José Pizarro, se puede resaltar la que propone paridad en listas cerradas así como las medidas para atacar la violencia ejercida contra las mujeres que participan en política.
  • Finalmente, hay una propuesta avalada por el gobierno que, con algunas modificaciones, retoma el código electoral hundido.

A todas luces, la agenda es supremamente amplia. Por eso importa examinar la estrategia para sacar adelante la reforma y sugerir algunas reflexiones generales, más allá de profundizar en las propuestas específicas.

Un camino difícil

Muchas de estas iniciativas son necesarias para mejorar la democracia colombiana. Algunas  intentan desarrollar el punto 2 de Acuerdo de Paz , uno de los que menos avance ha mostrado hasta el momento. Otras responden a problemas concretos y a presiones ciudadanas que tienen que ser tomadas en cuenta.

Sin embargo, el trámite de estas reformas está en manos de políticos que pueden verse afectados por estos cambios, y por lo mismo suelen resistirse a hacerlos o a deformarlos de manera que acaben por favorecerlos.   Por eso preocupa su viabilidad y es crucial la estrategia para que las propuestas no se hundan por su propio peso y para que logren los cambios deseables.

Deben darse suficientes garantías para que la oposición y sectores que no se sienten representados por el actual gobierno de izquierda sientan que la reforma responde a problemas de fondo del país.

La reforma política en Colombia
Foto: Facebook: Ministerio del Interior Es evidente que la reforma política no es la prioridad del gobierno Petro, porque existen otras más urgentes para satisfacer las expectativas que despertó su victoria.
A lo anterior se suman las inercias y resistencias de otros sectores, como las organizaciones hoy encargadas de los asuntos electorales. Así mismo, bancadas de la oposición ya han expresado su temor de que algunas propuestas tengan como propósito asegurar la continuidad del actual gobierno.

Por último, es evidente que la reforma política no es la prioridad del gobierno Petro, porque existen otras más urgentes para satisfacer las expectativas que despertó su victoria. Esto a su vez se reflejó en el mensaje de urgencia para tramitar el Código Electoral, lo cual indica que esta pieza no se pensó como parte de una reforma integral. Por otra parte, el proyecto del ministro Prada no recoge iniciativas de origen parlamentario que ya se encuentran en trámite, ni incluye cambios constitucionales que habían sido anunciados por el propio gobierno.

Algunas recomendaciones estratégicas

Este panorama obliga a dar prioridad a las reformas más urgentes y encontrar un camino para sacarlas adelante.

Varios debates ciudadanos y audiencias públicas han dado cuenta de la necesidad de comenzar por la reforma de la autoridad electoral, de tal manera que otras reformas políticas o electorales y el mismo Código Electoral se adecuen al nuevo marco institucional. De lo contrario podrían presentarse otras incoherencias en las normas. Por eso no es conveniente dar mensaje de urgencia al Código Electoral.

La reforma a la arquitectura institucional es de gran importancia porque toca a los árbitros de la competencia política, quienes garantizan transparencia, equidad y justicia entre todos los participantes y garantizan la legitimidad de las elecciones, base de la democracia representativa.

En la actualidad, procesos jurídicos en materia electoral suelen tardar años, como ocurrió con el Partido Mira en 2018 cuando se le restituyeron tres curules que había ganado en el Senado en 2014.

Por su parte, se critica la composición partidista del CNE, que le resta imparcialidad y equidad frente al conjunto de bancadas y movimientos políticos, además de su falta autonomía y la imposibilidad para resolver asuntos que son de su competencia.

Mientras tanto, la Registraduría se percibe como una entidad sin mayor control, donde las decisiones se han ido concentrando en la figura del registrador, que ha subcontratado la mayor parte del proceso electoral y donde la transparencia  informativa se ha ido diluyendo.

El camino más indicado sería acumular iniciativas sobre un mismo tema para evitar la fragmentación que se observa, concentrando la atención de los legisladores y de la ciudadanía sobre los proyectos más importantes.

También importa trabajar en torno a las resistencias que se presentan en el Consejo de Estado, en su Sección Quinta, en el CNE y en la Registraduría, quienes ya han manifestado su interés en mantener la situación actual o en adoptar reformas menos sustantivas.

Así mismo, deben darse suficientes garantías para que la oposición y sectores que no se sienten representados por el actual gobierno de izquierda sientan que la reforma responde a problemas de fondo del país y no al empeño de dar continuidad al proyecto político actual.

Por último, este tipo de ejercicios de deliberación y trámite en el Congreso debería ir acompañado de una labor de pedagogía ciudadana que involucre los medios de comunicación y las redes sociales en un debate de gran importancia para la democracia en Colombia.

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Clara Rodríguez

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Clara Rodríguez

* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

Foto: Instituto distrital de participación - Por vicios de trámite, no pasó el nuevo Código electoral.

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El Congreso tramitó de afán un nuevo Código Electoral, que la Corte Constitucional tumbó por vicios de forma. Estos son los aprendizajes que nos deja la experiencia.

Clara Rocío Rodríguez Pico*

El Código que no fue

Lo que ha ocurrido con el nuevo Código Electoral es sorprendente:

  • El actual código, anterior a la Constitución de 1991, no pudo reformarse durante treinta años.
  • En 2020, por fin, el Congreso aprobó rápidamente un nuevo código, impulsado por el gobierno Duque. El trámite se hizo de afán y no se oyeron las alertas sobre posibles vicios de forma y de fondo.
  • En 2022, la Corte Constitucional declaró inexequible el nuevo código por vicios de trámite.

Más que analizar el contenido de la norma hundida, –lo cual se ha hecho en diversos medios, este artículo hace un recorrido por el camino que nos llevó a dónde estamos y propone algunas explicaciones de lo ocurrido.

Por qué fallaban los intentos

En 1991 se expidió una constitución innovadora, democrática y participativa, pero no fue posible tramitar una ley electoral que estuviera a tono con ese nuevo marco normativo. Por eso, las elecciones del país se han regido por el vetusto código  de 1979 y los ajustes compilados en el Decreto Ley 2241 de 1986. Ambas normas responden a las concepciones de la centenaria Constitución de 1886.

Pese a que en las tres últimas décadas se han hecho esfuerzos por cambiar el sistema político, ninguno de los intentos de expedir el nuevo código electoral tuvo éxito y, poco a poco, su adopción se convirtió en una prioridad para el país.

Una de las principales explicaciones para el hundimiento de las propuestas es la obligación de tramitar el código mediante una ley estatutaria, que por su rango es más exigente que otro tipo de leyes. A ello se suma que el Código debe abordar innumerables materias y compilar legislación electoral dispersa, con lo cual el trámite se hace engorroso y el debate necesita surtirse en unos plazos que no siempre logran cumplirse.

Adicionalmente, al contemplar asuntos sobre los que los congresistas se resisten a tranzar porque tocan sus intereses y la manera de mantenerse en la política, las iniciativas acaban siendo hundidas sin importar tiempo y el esfuerzo que se destinen.

El consenso apresurado

El gobierno Duque concentró los esfuerzos de la segunda parte de su período en esta iniciativa de Código Electoral y dejó de lado aquellas reformas políticas previstas en el Acuerdo de Paz.

Logró concitar un consenso importante, como demuestran las 18 instituciones o dependencias del orden nacional que aparecen en el proyecto de ley estatutaria como “autores y promotores de la iniciativa”, así como el conjunto amplio de colaboradores públicos y privados que se mencionan en los agradecimientos.

Este consenso, que, según la exposición de motivos del proyecto de ley, se había iniciado tres años atrás bajo el liderazgo del registrador nacional Alexander Vega y de la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, fue replicado en el Congreso.

Aunque el proyecto tenía varios aspectos positivos, también aumentaba el número de funcionarios de la Registraduría y es probable que se quisieran nombrar antes del fin del período de gobierno.

Pero el análisis y aprobación se hicieron en un breve período de menos de cuatro meses. Se utilizó apenas la mitad del tiempo disponible, pues se contaba con la segunda parte de la legislatura, entre marzo y junio de 2021. Para acelerar el trámite se acudió al estudio en comisiones conjuntas, votaciones en bloque y conciliación en sesiones extraordinarias, realizadas adicionalmente, de manera semipresencial.

Puede leer: El proyecto de código electoral: una reforma ambiciosa

¿Por qué el afán?

El gobierno tenía interés en aplicar el nuevo código en las elecciones de 2022. Además, aunque el proyecto tenía varios aspectos positivos, también aumentaba el número de funcionarios de la Registraduría y es probable que se quisieran nombrar antes del fin del período de gobierno.

El proyecto se aprobó haciendo caso omiso de los pronunciamientos de la oposición y de las advertencias sobre los vicios de forma que podría tener, lo cual se recoge bien en la entrevista de la W Radio a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) frente al fallo de la Corte. En palabras de Barrios, “lo sacaron a los trancazos, se hicieron tres advertencias sobre el impacto fiscal, necesidad de presencialidad y discusión en mayores tiempos para mejor discusión. Hay responsabilidad conjunta entre la Registraduría, el Ministerio del Interior y las mismas secretarias y presidencias del Congreso porque, no obstante esas advertencias, se sentía que tenían músculo suficiente para sacar adelante el Código Electoral en un tiempo muy corto”.

¿Cómo lograron tramitar una ley estatutaria en tan poco tiempo? El proceso se dio cuando el gobierno había dejado de lado su promesa de no recurrir a la “mermelada” y, para entonces, su coalición de apoyo constituía una maquinaria “bien aceitada”.

La decisión de la Corte Constitucional

Durante el proceso de revisión automática por parte de la Corte Constitucional, la Procuraduría y el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez Najar, solicitaron su estudio con carácter de urgencia. La mayor parte de los magistrados no aceptaron estos argumentos, que los pondrían a correr, sin razón justificada, en torno a un proyecto de interés del poder ejecutivo y buena parte del Congreso.

Varios afectados por el hundimiento de la norma, como las organizaciones de mujeres que lograron incluir artículos relacionados con la paridad y contra la violencia política, o la población LGTBI, han señalado elementos que podrían indicar hacia dónde deberíamos encaminarnos ahora.

Finalmente, en el marco de los plazos previstos, la decisión sobre el proyecto se conoció el 21 de abril, cuando seis magistrados anunciaron que la Corte declararía el Código Electoral inexequible por vicios de forma.

El magistrado Ibáñez, cuya ponencia fue derrotada, redactó un salvamento de voto con alusiones descalificantes a los argumentos de los magistrados que definieron el fallo, como se puede ver en los siguientes ejemplos:

  • “Ahora, más de una década después, cuando al fin el Congreso de la República cumplió con su deber constitucional, la respuesta de la Sala Plena fue declarar, sin razón válida alguna, como se ha demostrado, la inconstitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre Código Electoral”.
  • “La conducta del Congreso de la República de tramitar todo el Código Electoral como un proyecto de ley estatutaria (…) fue juzgada con la mayor severidad por la mayoría, sin norma constitucional que la respalde y solo como resultado de una respetuosa interpretación que no es posible compartir precisamente por adolecer, como queda demostrado, de sustento constitucional”.

Adicionalmente, el magistrado ha manifestado opiniones que parecen más políticas que constitucionales y que darían cuenta de una politización de la justicia, tal como muestran sus palabras en El Tiempo:

“Desde 1991 existe un déficit de regulación legal actualizada en lo que se refiere al sistema electoral y el país se mueve aún con un Código caduco y obsoleto (…)  postergar una armonización indispensable y urgente, que pretendía darse con el proyecto que la mayoría decidió declarar inconstitucional, tiene un impacto muy serio en el Estado Social y Democrático de Derecho, establecido en la Carta de 1991, e implica, de manera necesaria, mantener un régimen legal que no sólo carece de una respuesta adecuada a sus mandatos, sino que, además, perpetúa modelos que son abiertamente incapaces de realizarlos”.

Este tipo de afirmaciones son inusuales, en tanto las decisiones de la mayoría suelen ser aceptadas por todos los magistrados, así no se compartan. Los salvamentos de voto deberían ser suficientes para explicar las diferencias en el examen de la norma.

Si bien no conocemos la totalidad los argumentos de los magistrados que tumbaron el proyecto, no hay duda de que sus posturas estarán respaldadas por razones constitucionales. En este sentido, divisiones como la mencionada socavan la majestad de la Corte y la de quienes hacen este tipo de declaraciones que parecen, ellas sí, estar minando el Estado de derecho y llevándonos a preguntar si este tipo de cosas solo pasan Colombia.

El Nuevo Código electoral
Foto: Gobernación de Boyacá - Se debe presentar un nuevo proyecto de ley, que mejore aspectos que no fueron adecuadamente recogidos en este Código y defender los espacios ya ganados.

Le recomendamos: El proyecto de código electoral: ¿más tecnología que clientelismo?

¿Qué sigue?

Aunque aún no conocemos la sentencia, que deberá ser proyectada por el magistrado Alejandro Linares, el comunicado de la Corte señala que el conjunto de vicios de procedimiento confluye en un problema mayor: la ausencia de deliberación en el Congreso. Este no es un asunto que deba desdeñarse, pues el Código Electoral es la norma que regula la competencia por el poder político en Colombia.

Varios afectados por el hundimiento de la norma, como las organizaciones de mujeres que lograron incluir artículos relacionados con la paridad y contra la violencia política, o la población LGTBI, han señalado elementos que podrían indicar hacia dónde deberíamos encaminarnos ahora. Debe presentarse un nuevo proyecto de ley, que mejore aspectos que no fueron adecuadamente recogidos en este Código y defender los espacios ya ganados.

También es importante que esta norma se tramite al comienzo del próximo período presidencial y no al final, para evitar afanes como el que acabamos de vivir. En todo caso, se debe persistir en la renovación de este código, pero es necesario hacerlo de acuerdo con las formas y procedimientos legales, ahora más exigentes por disposición de la Corte Constitucional.

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Clara Rodríguez

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Clara Rodríguez

* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

Participación Bogotá A diferencia de países con una larga tradición en la participación directa de los ciudadanos en asuntos públicos, en Colombia solo con la Constitución Política de 1991 se abrió esta posibilidad.

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Clara Rodriguez

Que revocar a Duque, que derogar la JEP, que establecer la renta universal… Aunque solo hemos tenido un referendo nacional desde 1991, los políticos siguen promoviendo este mecanismo de participación. ¿Qué buscan?

Clara Rocío Rodríguez Pico*

Referendos aquí y allá

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos opacaron las otras votaciones que se llevaron a cabo ese mismo día.

En 32 estados, los ciudadanos votaron 124 referendos —38 de iniciativa ciudadana— sobre distintos temas, como la legalización de la marihuana, el aumento o la disminución de impuestos y la regulación del aborto.

Este panorama se repite en cada elección presidencial. Por ejemplo, en las elecciones que se llevaron a cabo hace cuatro años se celebraron 154 referendos, de los cuales 72 fueron de iniciativa ciudadana.

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en Colombia los referendos rara vez llegan a las urnas. Es decir, el problema no es la falta de participación de los votantes o la falta de popularidad de las iniciativas. La mayoría de los referendos que se anuncian en Colombia desaparecen disimuladamente del radar público mucho antes de que se rechacen o se aprueben.

Actualmente, en el país se promueven referendos para:

  • Reformar o suprimir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP);
  • Disminuir el número de congresistas y crear un Congreso de una sola cámara;
  • Permitir la revocatoria del mandato del presidente de la República;
  • Aumentar el ingreso solidario y crear una renta básica universal.

Pero si Colombia ha tenido una experiencia tan difícil con los referendos, ¿por qué se siguen promoviendo? ¿Será que alguna de estas iniciativas logrará, por fin, tener éxito?

Los referendos en Colombia

A diferencia de otros países que tienen una larga trayectoria en mecanismos de participación ciudadana, Colombia aceptó por primera vez la posibilidad de convocar referendos en la Constitución de 1991.

En la ley, el referendo se define como “la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente”.

El trámite de una iniciativa de este tipo puede durar entre 12 y 18 meses, dependiendo si lo propone el gobierno o la ciudadanía. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los referendos se quedan al inicio del proceso. La imagen 1 muestra las etapas que debe superar un referendo, desde que se inscribe la propuesta hasta que se vota.

Imagen 1. Hoja de ruta del referendo y razones de hundimiento de las iniciativas

Fuente: elaboración propia.

A nivel nacional, los colombianos solo han votado un referendo: el que en 2003 promovió el presidente Álvaro Uribe sobre diferentes temas electorales y políticos. El referendo que aprobó el Congreso contenía 19 preguntas, de las cuales:

  • cuatro fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional;
  • catorce fueron votadas favorablemente, pero no alcanzaron el umbral del 25 % que exige la ley para que su resultado sea válido;
  • solo una fue aprobada y alcanzó el umbral necesario.

Las demás iniciativas se han quedado “en el tintero” por diferentes motivos y en diferentes etapas: algunas propuestas de referendo son anunciadas en medios, pero ni siquiera se inscriben; otras se inscriben, pero se les vence el plazo para presentar las firmas exigidas, y otras simplemente no recogen la cantidad de firmas necesarias.

Entre las iniciativas que han superado esta fase inicial, resaltan las siguientes:

  • En 1997, un grupo de ciudadanos recogió más de 25.000 firmas para impedir la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones y Servicios Agregados de Manizales (Emtelsa). Sin embargo, el alcalde de la época decidió no convocar a votaciones.
  • En 2009, se promovió otro referendo, para autorizar la segunda reelección de Uribe. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible por temas sustanciales, y por irregularidades en su financiación y su trámite.
  • Varias iniciativas se han hundido en su trámite en el Congreso. Algunas de las más llamativas han buscado: reconocer el derecho al agua; castigar los delitos contra menores de edad, y prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Pese a esta especie de circulo vicioso que ha obstaculizado casi todos los referendos, los políticos de todas las orillas siguen proponiéndolos. ¿Lograrán cambiar la tendencia histórica?

Foto: Registraduría Nacional del estado Civil Lo que predomina son esfuerzos que no logran concretarse y que contribuyen a aumentar la frustración sobre el mecanismo.

Puede leer: El referendo en contra de la JEP o la resurrección de Uribe

¿Para qué proponer un referendo?

Como afirman algunos académicos, hoy la democracia directa está “patas arriba”: lejos de representar a la ciudadanía, los mecanismos de participación directa (como el referendo) están siendo instrumentalizados por los líderes políticos para lograr sus propios objetivos.

En el caso de Colombia, prácticamente todos los referendos que se promueven actualmente se han propuesto “desde arriba”, por congresistas o aspirantes a la presidencia. Sus iniciativas pueden parecer atractivas para algunos sectores ciudadanos, pero en vista de la historia política del país, es probable que ninguno prospere.

Además, surge una pregunta: ¿por qué los congresistas que impulsan estos referendos no tramitaron sus propuestas antes, a través de la vía legislativa que tienen a su alcance?

En realidad, la promoción de estos referendos es una antesala de la campaña electoral de 2022. En el actual gobierno, los uribistas ya habían intentado suprimir la JEP sin éxito, y en el primer gobierno de Uribe ya se había propuesto reducir el número de congresistas, aunque sin mayores esfuerzos.

En cuanto a la revocatoria del mandato presidencial, incluso si esta iniciativa se aprobara mediante referendo, la medida ya no afectaría al presidente Duque. Además, no es adecuado cambiar este tipo de reglas con nombre propio, como muchos dijeron cuando se tramitó el referendo de reelección de Uribe.

Adicionalmente, es probable que ninguno de los referendos que actualmente se promueven logre mayorías en el Congreso. También puede suceder que naufraguen ante la Corte Constitucional aquellos asuntos que tienen implicaciones presupuestales o fiscales –como la renta básica o el aumento del ingreso solidario–, pues así lo establece la Constitución.
La experiencia del plebiscito para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC muestra otras dificultades de la democracia directa. El plebiscito dejó insatisfechos tanto a los del “sí” como a los del “no”, y los políticos que impulsaron esta última opción sacaron grandes réditos electorales.

Todo lo anterior debería llevar a una reflexión sobre el uso instrumental de los mecanismos de participación ciudadana. Para no desgastar un sistema poco conocido y no alentar una radicalización política más alta, este tipo de herramientas deberían provenir de la ciudadanía y no de la clase política.

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Clara Rodríguez

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Clara Rodríguez

* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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Clara RodriguezResulta sorprendente que ya circulen peticiones para revocar a los alcaldes de las principales ciudades colombianas. Dos explicaciones sensatas para este descalabro político.

Clara Rocío Rodríguez Pico* Continue reading «Las revocatorias de Claudia López y Daniel Quintero: entre la ignorancia y el oportunismo»

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* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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  Clara RodriguezMientras que en Boyacá revocaron por primera vez a un alcalde, en Bogotá la revocatoria de Peñalosa se ve cada vez más lejana.

Clara Rocío Rodríguez*

Continue reading «Revocatoria del mandato en Colombia: señales contradictorias»

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* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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Clara Rodriguez Esta es la primera consulta popular nacional que tiene lugar en Colombia y que fue promovida “desde abajo”. Pero le falta el paso decisivo.

Clara Rocío Rodríguez*

Continue reading «Consulta anticorrupción: ¿el primer triunfo de la iniciativa ciudadana?»

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* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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Es común que los políticos que tienen miedo de perder hablen de fraude, pero este riesgo infortunadamente sí existe en Colombia. ¿Cómo impedir que este fantasma reaparezca en la segunda vuelta?

Clara Rocío Rodríguez Pico*

Continue reading «El peligro del fraude en la segunda vuelta»

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* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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Clara RodriguezTarjetones insuficientes, falta de pedagogía electoral y campañas poco exitosas: lo que nos dejó el domingo

Clara Rocío Rodríguez*

Continue reading «Elecciones del 11 de marzo: fallas e irregularidades»

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* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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Clara RodriguezEl Congreso soberano acabó por archivar un proyecto inconveniente. Perdimos la oportunidad para abrir y sanear la política en Colombia. Los congresistas hicieron gala de su mezquindad. Esto fue lo bueno, lo malo y lo feo de este episodio.

Clara Rocío Rodríguez*

Continue reading «El hundimiento de la reforma política: lo bueno, lo malo y lo feo»

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* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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Magistrados del CNE en su posesión. El presidente es Alexánder Vega, primero de izquierda a derecha

Clara RodriguezEste instrumento había sido criticado por su ineficacia. Y sin embargo ahora que está tomando fuerza hay que pensar en serio sobre los retos que implica esta figura, sobre las dificultades para regularla y sobre sus consecuencias para la gobernabilidad.

Clara Rocío Rodríguez*

Continue reading «La revocatoria del mandato, más allá del caso Peñalosa»

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* Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

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