En las elecciones de 2014 se juega más que la reelección del presidente: se está creando un partido–cartel dominante, que modifica las reglas de juego para impedir la competencia de minorías o grupos alternativos. Esa no es una garantía para la paz.
Clara Rocío Rodríguez*
En vías de extinción
Las reformas y los acontecimientos políticos de la última década han reducido dramáticamente el número de partidos y movimientos políticos en Colombia: de cerca de 80, actualmente solo 12 cuentan con personaría jurídica, obtenida por su presencia en el Senado o en circunscripciones especiales.
Además de proporcionarles financiación y acceso a los medios de comunicación, aquel reconocimiento legal los habilita para presentar candidatos y listas, como algunos lo hicieron en las elecciones presidenciales de 2010 y todos ellos en las territoriales de 2011.
Es apenas natural que estas organizaciones pretendan mantenerse en el juego político; más aun, es deseable que demuestren su vocación de permanencia, prolongándose más allá de sus dirigentes.
Pero cambios en la legislación aplicables en las elecciones de 2014 ponen en riesgo la continuidad de algunas de las fuerzas políticas reconocidas, precisamente aquellas que representan oposición, minorías u opciones alternativas dentro del sistema.
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Foto: World Bank Photo Collection |
Partidos y movimientos
Los partidos y movimientos actuales pueden clasificarse en cuatro grandes categorías:
1. El bipartidismo
A diferencia de lo ocurrido prácticamente en toda América Latina – y contra los vaticinios de muchos analistas – los tradicionales partidos Liberal y Conservador no solo se han mantenido vigentes, sino que siguen teniendo un papel destacado, aunque menor que el del pasado.
Mientras el Partido Liberal sobrevivió a 12 años en la oposición y hoy es pieza esencial en la coalición de gobierno, el Conservador ha mantenido — y en ocasiones ha mejorado- sus logros electorales, comportándose como un partido “profesional electoralista”.
2. Los transicionales
Esta categoría, propuesta por Francisco Gutiérrez[1], incluye a Cambio Radical y al Partido de la U, colectividades que — por razón de su origen — adoptan estos nombres para dar la imagen de independencia ante el elector, aunque sus representantes provienen y se formaron en los partidos tradicionales.
Estos dos son ganadores de los cambios recientes en las reglas de juego, pues captaron los votos perdidos por el bipartidismo. Pese a sus diferencias, ambos partidos transicionales enfrentan grandes retos en las próximas elecciones.
3. Partidos garantes de la representación en cuerpo ajeno
En esta categoría figuran las agrupaciones relacionadas de una u otra forma con la parapolítica y la ilegalidad:
– por un lado, el Partido de Integración Nacional (PIN), que heredó la personería jurídica de Convergencia Ciudadana y que acoge a otras fuerzas comprometidas;
– por otro lado, el Movimiento Político Afrovides y el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), ambas ganadoras en la circunscripción especial afrocolombiana; tanto en el Congreso como a nivel local, poseen una fuerza electoral nada despreciable.
4. Otros partidos
La última categoría comprende cinco partidos:
– El Polo Democrático Alternativo (PDA) derivado del intento tradicional de construir una tercería de izquierda en Colombia;
– La Alianza Social Independiente. (ASI) y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) como movimientos étnicos producto de la apuesta por el pluralismo de la Constitución de 1991;
– el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), expresión política del pluralismo religioso
– el partido Verde, que buscó ser alternativo.
La supervivencia de los “otros”
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Foto: Marcha Patriotica |
De cara a las elecciones del 2014, los partidos y movimientos políticos ubicados en la categorías de “otros” corren serios riesgos: el sistema electoral vigente no sólo ha hecho más difícil conservar sus curules, sino incluso sobrevivir en el futuro[2].
En el caso de las minorías étnicas, la situación parece haberse resuelto de manera favorable. Al revisar la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la Corte Constitucional había declarado inexequible un parágrafo sobre la participación étnica por la inexistencia de consulta previa, pero dejó vigente otro, que implicaba que ninguna organización con personería jurídica — incluyendo aquellas obtenidas por circunscripción especial, como la ASI y AICO — podrían presentar candidatos.
Pero el concepto reciente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado — en respuesta a la consulta elevada por el Ministerio del Interior — aclara la inconsistencia del artículo 28 de la Ley 1475[3]. El concepto no solo reconoce el papel de las organizaciones indígenas en materia de representación, sino que ratifica que pueden presentar listas y candidatos en la circunscripción especial y en circunscripciones ordinarias.
En el caso de las demás agrupaciones políticas — e incluso de otras, como el Movimiento Progresistas — el riesgo se deriva del aumento del umbral al 3 por ciento de los votos válidos obtenidos en el senado o en la cámara para 2014.
Si bien este tipo de barreras son usuales en los sistemas electorales y operan como filtros para premiar a los partidos más representativos, en el caso colombiano la obtención o mantenimiento de la personería jurídica quedó condicionada a superar el umbral.
El caso de Colombia es sui generis en Latinoamérica: es el único país donde se condiciona la existencia de la representación legal al peso parlamentario del partido, es decir, al porcentaje de votación obtenido a nivel nacional en elecciones para Congreso[4].
Sin importar la relevancia que una colectividad política pueda tener en el plano regional o incluso en elecciones presidenciales, si no alcanza el mencionado 3 por ciento puede verse abocada, por ejemplo, a una extraña situación como obtener algunas curules en la Cámara de Representantes — donde el umbral establecido es del 50 o el 30 del cociente electoral — pero perder la personería y la posibilidad de participar en contiendas futuras.
La semana anterior fue votado en último debate en el Congreso otra iniciativa para modificar el artículo 176 de la Constitución, que elimina la circunscripción de minorías políticas y aumenta en cambio la representación de los colombianos residentes en el exterior[5]. Esta otra modificación en las reglas de juego empezará a operar en las elecciones de 2014 e impedirá que la mayor de las minorías políticas pueda convertirse en opción importante, como ocurrió con el partido Opción Centro, luego protagonista del fenómeno de la Ola Verde.
Implicaciones de la desaparición de los otros partidos
Quizás con excepción de los partidos indígenas y del MIRA, podría argumentarse que ha sido su propia actuación lo que hoy los tiene al borde de desaparecer:
· el Polo ha sido afectado por los escándalos de corrupción de la administración de Samuel Moreno en Bogotá;
· el partido Verde ha sufrido divisiones internas.
Sin embargo — de no estar atada la personería jurídica a superar el umbral — estos partidos podrían ser castigados por el electorado en las urnas -como sucede en una democracia – sin tener que desmontar la organización política o extender el castigo a toda su representación territorial.
Este último aspecto es de gran importancia: la tendencia a reducir el número de partidos de alcance nacional no parece reproducirse en el nivel territorial, pues en algunos municipios y departamentos ha aumentado el número de opciones políticas.
La explicación de este fenómeno radica en que la lista única por partido hace que existan más interesados en presentar sus candidaturas que partidos o movimientos de cobertura nacional; adicionalmente el sistema electoral estaría premiando abiertamente a los partidos más afectados por vínculos con actores ilegales, a la vez que castigaría a los menos comprometidos.
Los acuerdos eventuales para facilitar la participación política de desmovilizados de las FARC podrían dar paso a otra paradoja: dejar ingresar al sistema político a quienes no le han jugado limpio a la democracia, al mismo tiempo que desaparecen aquellas expresiones surgidas en el marco del pluralismo reconocido constitucionalmente. El derecho a la participación y a la oposición política en Colombia, por fuera de los partidos gubernamentales, quedaría en entredicho.
Finalmente, habría que señalar el riesgo de crear una especie de nuevo frente nacional, esta vez conformado por agrupaciones políticas bipartidistas o sus derivados, de una parte, y de otra, por fuerzas políticas vinculadas con actores ilegales junto con los posibles representantes del uribismo. Indudablemente estos actores no representan todo el espectro político del país.
Adicionalmente, en el caso de un eventual acuerdo de paz, las fuerzas políticas mayoritarias se convertirían en un congreso constituyente encargado de concretar y poner en marcha los mecanismos de validación ciudadana de los acuerdos logrados en La Habana. De manera que la ratificación de los acuerdos de paz estaría atada al congreso electo en 2014.
La amenaza del cartel político
Las reformas políticas más recientes han tendido a configurar lo que en la teoría se denomina el partido–cartel[6]. De forma similar a los carteles económicos, los partidos–cartel utilizan su posición para mantenerse en el poder, impidiendo la aparición o el crecimiento de rivales más pequeños, mediante mecanismos como el umbral electoral o el manejo de las circunscripciones. De igual forma, los acuerdos establecidos entre los partidos en colusión contemplan el acceso tanto a la financiación del Estado como a los medios de comunicación. Cualquier parecido con la realidad colombiana no es pura coincidencia…
¿Qué hacer frente a la situación planteada y cómo resolver el dilema de cambiar las reglas de juego antes de la contienda electoral? De hecho, las reglas de juego vigentes no son inamovibles: la desaparición de la curul de minorías y otros ejemplos memorables como la reelección presidencial, el transfuguismo o la financiación estatal así lo prueban. Pero corresponde al gobierno y a los partidos mayoritarios ofrecer una salida al problema, y dados los plazos y las condiciones vigentes, esto parece cada vez menos viable.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y los partidos o movimientos amenazados lanzaron recientemente la “Mesa Nacional de Trabajo por el Pluralismo, los Derechos Políticos y la Democracia”.
Uno de sus retos es movilizar la opinión a favor de una idea: lo que está en juego no es el interés de algunas agrupaciones políticas y de sus líderes por conservar algún grado de representación, sino garantizar la supervivencia del pluralismo y del derecho a la participación política en Colombia.
* Ph.D en Ciencia Política, docente universitaria, coordinadora del Programa de Institucionalidad Política Democrática de Foro por Colombia.
[1] Gutiérrez, Francisco (2007).
¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia. 1958- 2002. Bogotá, Grupo Editorial Norma.
[2] Cambio Radical podría también tener este riesgo, pero más por el desinterés de Germán Vargas Lleras, su máximo líder, en la colectividad política y por la vinculación de algunos de sus grandes electores a investigaciones por parapolítica.
[3] Consejero ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo, abril 18 de 2013.
[4] Lo anterior puede verificarse en el “Estudio comparado de las Barreras o umbrales electorales implícitos o explícitos en el sistema electoral”, realizado por el Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario (PNUD, IDEA, 2008).
[5] Proyecto de acto legislativo 12 de 2012 senado, 116 de 2012 Cámara. http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=1699&p_numero=12&p_consec=35108 Consultado el 2 de junio de 2013.
[6] Ver: Rodríguez P., Clara Rocío (2011).
Partidos políticos y reforma política en Colombia: ¿hacía la cartelización del sistema? En Revista Controversia No. 196. Págs. 172-173.
