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¿El golpe de Estado de Ordóñez?

Escrito por Jorge Andrés Hernández
Alcalde Gustavo Petro

Alcalde Gustavo Petro

Jorge Andrés Hernández

La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el procurador general de la Nación, ha sido calificada por muchos  como un golpe de Estado. ¿Se le puede dar este calificativo desde el punto de vista constitucional, histórico y político?

Jorge Andrés Hernández*

Sobre los golpes de Estado

Henry Spencer acuñó una definición clásica de “golpe de Estado” en la célebre Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales: “un cambio de gobierno efectuado por los poseedores del poder estatal, en desafío a la legalidad constitucional”.

En estos casos, las normas constitucionales que consagran los procedimientos de elección y destitución de un mandatario popular –usualmente el presidente de la República- son vulneradas y reemplazadas de facto por la sustitución anómala y contraria al derecho del gobernante.

Hay golpes de Estado duros y blandos. Los primeros, trágicos y violentos, han quedado en la memoria colectiva de América Latina y del mundo: las fuerzas armadas (o un sector de ellas) derrocan por la fuerza al presidente elegido por vías democráticas y constitucionales.

Hay golpes de Estado duros y blandos.

No hay mejor ejemplo (ni más dramático) de este tipo que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas armadas chilenas bombardearon el Palacio de la Moneda, provocaron el suicido del presidente Allende y tomaron el poder.

Los segundos –los blandos-, incruentos, pueden ser ejecutados por acciones groseras como el allanamiento de la residencia presidencial de Manuel Zelaya, en Honduras (junio de 2009), y su posterior deportación ilegal a Costa Rica, sin disparar un tiro; o por maniobras más sutiles, aprovechando los espacios democráticos y constitucionales.

Este es el caso del ascenso de Hitler al poder en 1933, quien fue elegido canciller del Reich el 30 de enero de 1933 tras unas elecciones democráticas (1932), y comenzó un proceso de utilización de las normas constitucionales para destruir la democracia desde adentro.

Este proceso ha sido denominado por la historiografía constitucional y política como “la revolución legal del Tercer Reich”, en tanto se trata de un proceso de golpe de Estado con la utilización de instrumentos democráticos (elecciones) y constitucionales (estado de excepción). En últimas, en el caso alemán el derecho fue un instrumento estratégico para establecer una dictadura y dar apariencia de juridicidad a los mayores horrores del siglo XX.


El Ex Presidente, Mariano Ospina Pérez.
Foto:  Wikimedia Commons

Golpes de Estado en Colombia

En la ciencia política y en el constitucionalismo colombianos domina un lugar común sobre la existencia de golpes de Estado en la historia nacional: Colombia parece inmune a ellos. La idea se fundamenta en la inexistencia de golpes de Estado militares, tal como los conocemos en la historia latinoamericana.

Pero Colombia posee una tradición más sutil. Un país que cuida muy bien sus formas y se vanagloria de su historia civilista, constitucional, electoral y democrática ha desarrollado formas de golpe de Estado que los manuales (al uso) de Ciencia Política y Derecho Constitucional aún no comprenden ni pueden conceptualizar. Simplemente los ignoran.

El único golpe reconocido por consenso en la historiografía contemporánea es el llevado a cabo por Gustavo Rojas Pinilla en 1953, incruento y promovido por el notablato liberal y conservador.

En Colombia ha habido, no obstante, una sucesión de golpes de Estado (duros, blandos o apoyados en una juridicidad aparente):

– El cierre del Congreso en 1949 por parte de Mariano Ospina Pérez;

– La dictadura civil de Laureano Gómez, legitimada por unas elecciones unipartidistas;

– El Frente Nacional (que no reconocía los resultados electorales, pues los gobernantes habían sido predeterminados por el bipartidismo liberal-conservador);

– El estado de excepción cuasi-permanente que gobernó a Colombia entre 1949 y 1991, y que supera en tiempo al de cualquier dictadura militar latinoamericana;

– El desplazamiento del presidente civil durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.

En todos estos casos, alguno de los poseedores del poder estatal (presidente, fuerzas armadas) generó un cambio de Gobierno o de régimen, en abierto desafío a las normas constitucionales.

Fundamentos morales de los golpes

Pero Colombia posee una tradición más sutil. Un país que cuida muy bien sus formas y se vanagloria de su historia civilista, constitucional, electoral y democrática ha desarrollado formas de golpe de Estado que los manuales (al uso) de Ciencia Política y Derecho Constitucional aún no comprenden ni pueden conceptualizar. Simplemente los ignoran.

Como los golpistas no reconocen el orden constitucional, apelan por regla general a fundamentos morales que consideran superiores y anteriores a los valores y principios de la constitución. Los militares golpistas chilenos apelaron a la “chilenidad” y los argentinos a la “argentinidad”, a lo que unos y otros identificaban como valores de la tradición nacional amenazados por la izquierda, el liberalismo y la democracia.

El nacionalsocialismo apeló a la tierra y a la sangre, una mitificación de los valores ancestrales germánicos amenazados por la modernidad y la izquierda, el liberalismo y la democracia, el judaísmo y la voracidad capitalista arrasadora de la tradición.

En Colombia, dos ideas expresan la filosofía política y moral que subyace al pensamiento antidemocrático de ciertos sectores sociales y políticos golpistas, que se ha concretado en los momentos históricos antes mencionados:

1). La unanimidad moral del pueblo colombiano: Los líderes de los partidos Liberal y Conservador, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, firmaron en la localidad catalana y mediterránea de Sitges la famosa Declaración de Sitges, que concreta los acuerdos del denominado Frente Nacional, la impronta de la cultura política colombiana contemporánea. Lleras y Gómez dijeron representar lo que denominaron “la unanimidad moral del pueblo colombiano”, que se expresa jurídicamente en el preámbulo del Pacto de 1957:

“En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la Religión Católica Apostólica y Romana es la de la Nación y que como tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social.”

En efecto, hoy puede leerse en documentos de grupos como Restauración Nacional o Resistencia Católica, grupos afectos al procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, afirmaciones como la siguiente:

“Los colombianos estábamos unidos hasta que apareció la Logia Masónica a crear un germen de división simplemente fundado en la oposición a la idea católica. Todos los colombianos eran entonces católicos, todos sin excepción; hoy todavía nadie niega que la unanimidad moral de los colombianos es católica”.

2). El sagrado derecho a la continuidad: En una conferencia de 1957, en la Universidad Nacional de Colombia, Álvaro Gómez Hurtado planteó la justificación moral para la fundación del Frente Nacional. Gómez Hurtado apeló a una especie de orden natural que antecede a las normas jurídicas y políticas para justificar los acuerdos del Frente Nacional:

“El acierto de esta política consiste en que se aspira a garantizar el sagrado derecho a la continuidad, que es lo que inconscientemente anhela el pueblo colombiano y lo que exige su destino cultural.” Es decir, una continuidad prefijada de modo natural, no por cambios decididos por las mayorías populares, como reza en la teoría democrática.


Toma del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre
de 1973. 
Foto: Wikimedia Commons

El golpe de Ordoñez

El fallo de destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, es una expresión de lo que Otto Kirchheimer denominó justicia política, esto es, “el uso de procedimientos legales con fines políticos” o, en otras palabras, el uso de la ley para influenciar la lucha por el poder político.

En cierto sentido, podría argumentarse que toda justicia es política, pero la justicia pierde su especificidad normativa cuando se convierte en un instrumento para sustituir la voluntad popular.  

En el caso en cuestión, el asunto adquiere ribetes de golpe de Estado con manto de juridicidad: con el pretexto de sancionar una política pública, que ya demuestra una extralimitación en el poder disciplinario, un funcionario administrativo destituye y prescribe la muerte política a una autoridad pública que para él representa, como pocos en la vida política contemporánea, un desafío a la “unanimidad moral del pueblo colombiano” y al “sagrado derecho a la continuidad”.

En cierto sentido, podría argumentarse que toda justicia es política, pero la justicia pierde su especificidad normativa cuando se convierte en un instrumento para sustituir la voluntad popular.  

El fallo vulnera elementos esenciales del derecho moderno: el debido proceso, la doble instancia, el derecho a la defensa, la garantía de la imparcialidad del juez. Pero también vulnera buena parte de los valores constitucionales: sanciona a una política pública que sería la más razonable en un Estado Social de Derecho que protege a los más débiles y se consagra al interés general, elimina el principio democrático del Estado, destroza el principio de pesos y contrapesos que funda el Estado de Derecho, arrebata al presidente de la República sus competencias constitucionales y se erige en un poder supra-constitucional.

Ordoñez ha consumado un golpe de Estado en toda regla. Para preservar lo que considera valores fundamentales y superiores de la nación, ha sacrificado los valores constitucionales y políticos del Estado democrático de Derecho.

El procurador cree que la Constitución Política es una norma humana, demasiado humana, inferior en la jerarquía valorativa, que debe subordinarse a las normas divinas. Pero un Estado de Derecho moderno se basa en la sujeción a las normas que los humanos se dan a sí mismos, y a su norma más alta, la Constitución Política. El desenlace de esta anomalía jurídica tiene que derivar en la resolución de un dilema: o triunfa el golpe de Estado o triunfa el patriotismo constitucional.

 

*Abogado, licenciado en Filosofía y Letras, Ph.D. en Ciencia Política U. Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania). Asesor Alcaldía Mayor de Bogotá. Correo: andriushernandez@hotmail.com

 

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