2011: se destapa la corrupción. El legado del Caudillo - Razón Pública
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2011: se destapa la corrupción. El legado del Caudillo

Escrito por Jorge Andrés Hernández
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Jorge-Andres-HernandezLa corrupción fue el personaje del año, pero en vez de un inventario de anécdotas, necesitamos entender lo que hay detrás de los escándalos: detrás está la sombra del Caudillo que, con el apoyo de las mayorías y enarbolando la bandera de luchar contra El Mal, se saltó las barreras de la ley y el Estado de Derecho. El daño es grave, pero hay una esperanza.

Jorge Andrés Hernández*

La resaca

La corrupción bien podría ser el personaje del año 2011. Cada día se ha ido destapando un nuevo escándalo; el presidente Santos en persona ha hecho varias de las más graves denuncias, y la opinión algo aturdida no sabe a quién culpar por los desaguisados.

Esa perplejidad de la opinión se debe sobre todo a dos razones: por una parte la popularidad inmensa que tuvo (y que en algunos círculos aún sigue teniendo) el presidente Álvaro Uribe; por otra parte la continuidad y la deuda de presumible gratitud que el presidente Santos tiene con su antecesor. Porque resulta que un inventario rápido basta para mostrar que los escándalos que de un tiempo a esta parte se han ido destapando tienen una raíz obvia en común: los 8 años del régimen de Uribe, que no dejaron una estela cada vez más visible de los peligros y de la falta de moderación de quien gobierna con poder desmesurado.

Y en efecto, las consecuencias de la corrupción desmedida se multiplicaron en el último año: feria de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes, interceptaciones ilegales y sicariato oficial en el DAS, falsas desmovilizaciones, Agro Ingreso Seguro, ex ministros a la cárcel, ex funcionarios prófugos de la justicia, desastre vial, licencias de minería y ambientales, desastre en la salud, cartel de la contratación y un largo etcétera.

El por qué

“Es difícil tener moderación, con poder tan desmesurado”, señala con lucidez Montaigne al referirse a la muy compleja tarea de quien quiere oficiar dignamente de rey, en uno de los Ensayos titulado “De los inconvenientes de la grandeza”[1]. En clave contemporánea y latinoamericana, ya que carecemos de reyes en un sentido formal, la reflexión de Montaigne podría aludir a los diversos caudillos, hombres fuertes e “insustituibles” que gobiernan en estos países y de los cuales no cabe esperar moderación.

El carácter del gobierno de Uribe permite entender su proclividad a la corrupción y a la ilegalidad. Con su genio sociológico, Max Weber explica las diversas formas de legitimidad sobre las que se basa la dominación política, esto es, los modos como los subordinados aceptan y reconocen el régimen que gobierna [1]: -La modernidad europea desarrolló una forma de legitimidad legal-racional, esto es, una forma de dominación política donde el derecho se ha establecido como norma respetada por todos, incluso por los gobernantes. -Pero el resto de la humanidad ha desarrollado formas de dominación tradicional y carismática. La legitimidad tradicional se basa en autoridades que ganan su reconocimiento por la inercia vinculada con tradiciones atávicas del patriarcado y que se consolidan mediante la rutina, mientras que la legitimidad carismática se basa en un gran jefe o líder, en quien los subordinados depositan dones y atributos divinos o sobrenaturales.

El Caudillo gobernó a Colombia sobre la base de una legitimidad carismática. Poseedor – para sus fervientes admiradores – de “una inteligencia superior” y de poderes sobrenaturales, desterró el Mal de las tierras colombianas por ocho años.

Los discursos de corte populista en los Consejos Comunales — auténticas misas o eucaristías — estaban cuidadosamente fundados en la autoridad divina, de la que El Caudillo era un simple mediador: se rezaba intensamente a la Virgen María y se utilizaban imágenes de la religiosidad popular, como el Padre Marianito. Se recordaba una y otra vez que las victorias contra el Mal, la Pobreza y la Desesperanza eran regalos trascendentes del Más Allá. Se sacralizaba la Patria.

Como bien señala Weber, la legitimidad carismática no está sujeta a leyes ni a reglamentos jurídicos abstractos, como sucede en el Estado de Derecho moderno, que se funda en la legitimidad legal-racional.

El líder carismático está poseído por una misión. Las leyes son obstáculos terrenales para el cumplimiento de tal misión, pero soslayables. Para Uribe y su pueblo, la Constitución y los elementos que la fundan — la separación de poderes y la garantía de los derechos fundamentales — eran trabas que los tinterillos vendidos establecían para entregar la Patria a los enemigos.

Con su discurso teológico-político, El Caudillo interpretó el Apocalipsis percibido por buena parte de la sociedad colombiana y radicalizó sus efectos, hasta el punto de ofrecerse como mediador para obtener una salvación y una redención que eliminase el Mal que acechaba al pueblo colombiano.

Estado de opinión, cómplices armados

En su desprecio por la legalidad, como todo líder carismático, el régimen de Uribe radicalizó el Estado dual que caracteriza la historia colombiana. No se trata de algo nuevo. Si en otros países latinoamericanos ha habido regímenes que claramente pueden calificarse de democráticos o de autoritarios, en Colombia se ha desarrollado un Estado que linda entre la competencia electoral y el fraude, entre la democracia constitucional (señalada por la Constitución) y el “estado de cosas inconstitucional” (de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional), entre la legalidad de un Estado de derecho y la ilegalidad de un Estado arbitrario o de opinión.

Como bien sabemos hoy, el proceso de elección de Uribe, así como los dos procesos de reelección, estuvieron caracterizados por el fraude, el apoyo de grupos armados (parapolítica), la compra de votos, el intercambio de bienes, servicios y prebendas. El líder carismático, gracias a su supuesta sapiencia y a su inteligencia superior, se siente legitimado para perseguir a sus opositores, porque cree encarnar los intereses superiores del pueblo colombiano.

Las dos sentencias condenatorias — disciplinaria y penal — contra Jorge Noguera, director del DAS y fiel escudero de El Caudillo, han revelado la dimensión de la ilegalidad del régimen. Como en la película que mejor retrata el autoritarismo de los países socialistas (La vida de los otros, de Florian Henkel von Donnersmarck), la agencia de seguridad nacional se convirtió en una central de espionaje y de persecución de los opositores al régimen, lo que incluía no sólo a dirigentes liberales y de izquierda, sino también a periodistas y profesores críticos y a ciertos magistrados de las Altas Cortes.

Pero si en la República Democrática Alemana (sic) se enviaba al exilio interno o se silenciaba con la degradación laboral a los opositores, la STASI tropical enviaba listados de los indeseables a los comandantes de la AUC y estos cómplices armados eliminaban físicamente a los enemigos de El Caudillo y, por ende, de la Patria.

De lobos y ovejas

En la tradición liberal, el mejor gobierno es aquel que se funda en el respeto a las leyes propio del Estado de Derecho, que los anglosajones denominan rule of law, esto es, el gobierno de las leyes, el imperio de la ley.

Es lo mismo que Weber denomina legitimidad legal-racional, donde las leyes gobiernan de veras, pues los mismos gobernantes deben sujetarse escrupulosamente a su dictamen. Por el contrario, el rule of men es el gobierno de simples hombres, que pretenden gobernar por encima de la constitución y de las leyes terrenales, fundándose en autoridades, normas o inteligencia superiores.

La corrupción desmedida del gobierno Uribe revela, como en otras latitudes, los peligros de caudillos y sátrapas tropicales. Sin embargo, la noción aquí defendida de Estado dual implica destacar esa otra cara del Estado, aquella que lucha por el constitucionalismo y la democracia liberal.

Si en 2005 sólo un magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería, salvó su voto y se opuso a la reelección de Uribe porque afectaba la separación de poderes, en 2009 la Corte aceptó los argumentos de 2005 y varió su jurisprudencia, con el fin de evitar “la prolongada concentración del poder”. Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia ha procesado diversas formas de ilegalidad incrustadas en el Congreso de la República, de manera inédita en la historia colombiana.

La conclusión parece así paradójica. El gobierno de Uribe ha dejado más corrupción que nunca. Pero también se han activado mecanismos, instituciones y una cultura jurídico-política que antes de 1991 eran apenas aspiraciones.

En la tradición de los nativos Cherokee pervive la idea de que en nosotros mismos habitan la oveja y el lobo, pero todo depende de a cuál alimentemos más. Del mismo modo, en la cultura política y jurídica colombiana habitan simultáneamente el anhelo de caudillos tropicales y de autoritarismo junto al anhelo de democracia y de respeto por las leyes.

Todo depende ahora de a cuál alimentemos más.

* Doctor en Ciencia Política de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania). Profesor Universidad de Antioquia.  Correo:  andriushernandez@hotmail.com 

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