Lo de “bandas criminales” es apenas otra forma -y no inocente- de referirse a los paramilitares. Estas bandas son actores políticos en tanto siguen en busca del poder y en tanto ejercen el poder sobre vastos territorios. Pero la retórica oficial es un intento de ignorar esta amenaza, que ya se está sintiendo en vísperas de nuevas elecciones.
Jorge Andrés Hernández*
El poder de las palabras
En el retrato que ofrece George Orwell de una sociedad gobernada por un régimen totalitario, una herramienta fundamental de control es el lenguaje: la “Neolengua” inventada oficialmente en la distópica nación denominada Oceanía, pretende que los ciudadanos aprehendan el mundo a través del pensamiento único del Partido y del Estado[1].
Si la Ilustración kantiana pregona la capacidad de pensar creativamente por sí mismo, en Oceanía nadie debe pensar por sí mismo y de manera imaginativa. Lo que la realidad es viene dictado por el prisma de la propaganda oficial y su correspondiente lenguaje, no por lo que dictan los sentidos y la capacidad humana de reflexionar.
Carecemos aún de estudios rigurosos sobre la Neoretórica desarrollada bajo el pasado régimen colombiano, con su cúmulo de “neologismos” políticos y sociológicos: Estado comunitario, seguridad democrática, Estado de opinión, ley de justicia y paz, ministerio de la protección social.
Como en Oceanía, los términos parecen adquirir un significado contrario -o distinto – del que les atribuimos usualmente en el consenso lingüístico. Se utiliza la enorme carga emotiva asociada en el lenguaje común a tales términos, para denominar exactamente lo contrario: así, en Oceanía, el Ministerio de la Paz era el de la Guerra, el Ministerio de la Verdad se ocupaba de la Mentira.
A finales de su primer gobierno, el Caudillo parece haber pasado la prueba que el escritor estadounidense Scott Fitzgerald atribuye a una inteligencia de primer nivel, esto es, “la capacidad de sostener dos ideas opuestas a la vez y seguir manteniendo la habilidad de funcionar” [2].
Confirmando el dictum del asesor presidencial sobre la “inteligencia superior” del Caudillo, el presidente declaró (simultáneamente) de manera oficial la extinción de una especie política-armada, los paramilitares, y la emergencia de un nuevo grupo de forajidos, las bandas criminales (BACRIM) [3].
Una larga historia de forajidos armados
Las noticias del presidente dejaron un sabor agridulce, pero la críptica declaración pudo comprenderse como un nuevo capítulo en la larga historia de forajidos y grupos armados ilegales que pueblan la historia de Colombia.
En efecto, desde los tiempos coloniales, muchos territorios de lo que hoy llamamos Colombia han estado gobernados en la vida cotidiana por grupos armados ilegales. La debilidad del poder virreinal, y posteriormente, del poder estatal, se ha suplido con múltiples ejércitos armados. Los caciques locales y regionales han tenido siempre sus milicias privadas y la larga lista de guerras civiles del siglo XIX es un catálogo de pugnas armadas entre diversos ejércitos privados.
El siglo XX heredó las patologías decimonónicas: predominio de la justicia privada y de la autodefensa, ausencia de soberanía estatal en grandes zonas del territorio, fragmentación regional del poder, inconclusa integración nacional, guerra civil.
Una y otra vez, Colombia se ha convertido en un laboratorio mundial para los estudiosos de las distintas formas de violencia que ofrecen las sociedades humanas: las periódicas guerras civiles, la Violencia y el bandidaje de los años 40 y 50, las guerrillas que surgen en la década de los 60, el narcotráfico que surge en los 70, los paramilitares de los 80, las milicias populares y bandas barriales de los 80 y 90.
Ningún país latinoamericano condensa en su territorio la diversidad y la riqueza tipológica de los diversos grupos armados que habitan Colombia. Pero todo esto sería impensable sin ciertas condiciones de posibilidad:
- De un lado, un Estado que posee toda la simbología jurídica y discursiva moderna, pero que jamás ha podido controlar, ni siquiera razonablemente, sus territorios.
- De otro, el control territorial que ejercen estos grupos y su capacidad de obtener lealtad y aprobación (legitimidad) mediante estrategias de clientelismo político y social como formas sustitutivas del Estado central, notable por su ausencia en diversas localidades rurales y urbanas.
Las BACRIM ¿simplemente criminales?
Como ocurre cíclicamente en esta Nación, existe de nuevo un debate sobre la conveniencia o no de negociar con un (viejo) nuevo grupo armado, las “bandas criminales”, como han sido designadas por un lingüista poco creativo del antiguo régimen.
El debate de fondo trata, como en otras ocasiones, sobre el carácter político de las mencionadas organizaciones. En la lección de cartilla impartida por los altos funcionarios del viejo y del nuevo régimen, que piensan básicamente igual, se ha repetido hasta el cansancio que las bandas criminales, surgidas “aparentemente” de las viejas estructuras paramilitares, carecen de la ideología política de sus antecesores.
Si los paramilitares eran el motor de una lucha antisubversiva y decididamente anticomunista, las bandas criminales serían tan sólo una nueva derivación de grupos narcotraficantes, malignos y desalmados, que sólo adorarían al dios dinero.
Ser político es aspirar al poder
Si el carácter político se midiese por la ideología defendida, tendríamos que concluir que Colombia apenas tiene algún partido político. La ciencia política, en especial los estudiosos de los partidos, han desarrollado tipologías de partidos en el amplio espectro de las ideologías políticas, que van de la izquierda a la derecha.
Pero algunos politólogos han advertido que tales modelos no funcionan en buena parte de la América Latina, porque no es posible caracterizar la ideología de algunos partidos [4].
En efecto, el profesor de un curso universitario de Partidos Políticos Colombianos tendrá que hacer un enorme esfuerzo de creatividad y de imaginación para diferenciar ideológicamente el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal y Conservador, el PIN, el MIRA y el Partido Verde. Se trata de organizaciones estructuradas alrededor de un líder, de un caudillo o de un grupo de caciques, pero no de una ideología bien determinada.
¿Debemos concluir entonces que nuestros partidos no son políticos porque carecen de una ideología clara y diferenciable? Se trata de un debate largo en la politología colombiana, que no podemos repasar aquí. El carácter político de estas organizaciones viene dictado porque se han estructurado para acceder al poder local, regional o nacional. Es esto lo que les confiere su carácter político: la búsqueda del poder estatal, como ocurre con los partidos políticos de todo el mundo, con notables excepciones.
Sí son actores políticos
En el caso de las BACRIM o neoparamilitares, se trata de grupos armados que, además de ejercer diversas actividades ilegales, controlan zonas del territorio. Se trata de fuerzas armadas no estatales que tienen un indudable papel político en tales zonas y desarrollan de facto acciones estatales.
En la teoría del Estado moderno, que se remonta a Bodin, Hobbes, Jellinek y Weber, el Estado tiene la función de asegurar la paz y la seguridad mediante la violencia legalizada. Pero en Colombia, en zonas rurales apartadas o en barrios periféricos, tales funciones son ejercidas por las guerrillas, los paramilitares, las bandas armadas y diversos grupos de justicia privada.
Todos ellos son, de hecho, actores políticos que cumplen funciones estatales y actúan antes sus clientes como los clásicos caciques políticos de un Estado tercermundista: proveen a sus clientes de ciertos bienes y servicios (seguridad, protección, créditos, alimento, intermediación política y jurídica, empleos, obras), a cambio de lealtad política, información y diversos tipos de ayuda.
Del mismo modo, todos estos actores armados poseen la primera característica de todo actor y partido político: aspiran al poder local, regional o nacional. Si Pablo Escobar fue Representante a la Cámara por el Partido Liberal, los grupos paramilitares han ocupado buena parte del parlamento colombiano (y del Estado), los grupos guerrilleros declaran explícitamente que su objetivo es la toma del poder político y diversas bandas armadas intervienen de manera decidida en las competencias electorales.
Es el carácter político (no ideológico) de los (viejos) nuevos forajidos el que explica su papel cada vez más influyente. De cara a las próximas elecciones locales, repetirán lo que sus ascendientes han hecho: cooptar los espacios políticos de la administración pública, fortalecer su vocería en los espacios públicos, renovar y fortalecer su propuesta de negociación.
El Frankenstein de la lucha antisubversiva
En un célebre análisis, que sigue provocando escándalo, Carl Schmitt, considerado “el jurista de cabecera del Tercer Reich”, definió la esencia de la política como la distinción entre amigo y enemigo, que se manifiesta de manera extrema en la guerra [5].
La conceptualización schmittiana ha sido interpretada de muy diversos modos: en clave racial, nacionalista, ideológica. Pero también se ha dicho que es la respuesta conceptual del pensamiento conservador al desafío de la izquierda en el siglo XX, que pretende establecer una dictadura del proletariado.
Juan Rubini, politólogo y asesor de Salvatore Mancuso, afirmó alguna vez que los paramilitares “son el precio que paga Colombia por no haber tenido dictadura”. En efecto, las dictaduras militares latinoamericanas tuvieron la función histórica de eliminar el enemigo político (la izquierda) y asegurar un nuevo orden político y electoral que alejase el peligro de cualquier aventura socialista.
En Colombia, ese papel ha sido cumplido por el paramilitarismo, como lo reafirmó Mancuso en el Congreso de la República, el 28 de julio de 2004. En su discurso, Mancuso reafirmó “la defensa de las instituciones” (sic) en el templo de las leyes colombiano y el carácter antisubversivo del movimiento nacional de autodefensas.
En un informe que merece ser citado, Amnistía Internacional planteó en 2005 que la desmovilización de paramilitares en Medellín era una “farsa” y que ellos “siguen activos y ejerciendo un control férreo sobre muchos áreas de la ciudad” [6]. En efecto, hasta el día de hoy, más de 80 barrios son controlados por tales grupos armados, que suspenden de facto las garantías y los derechos constitucionales.
En su momento, el alcalde de la ciudad (hoy candidato a gobernador de Antioquia) y los corifeos intelectuales del régimen respondieron como hacen todas las figuras autoritarias del mundo (de izquierda y de derecha) cuando Amnistía Internacional revela verdades anti-estéticas: la organización con sede en Londres es cómplice de los enemigos de la ciudad y del país, de los anti-patriotas, mediante un informe que revela “vulgaridad académica” e “indecencia intelectual”.
En el discurso del antiguo régimen se hizo evidente la distinción entre los amigos y enemigos: si las FARC habían respondido con violencia a la oferta de paz en el Caguán y habían continuado con sus prácticas criminales, las acciones criminales de paramilitares desmovilizados eran desviaciones de algunos “muchachos”. Pero las “desviaciones” han llegado muy lejos.
Las BACRIM, engendro de la seguridad democrática
El profesor Mauricio Romero demuestra que el 47 por ciento de los homicidios ocurridos en el 2010 (más de 7.000) se debe a las BACRIM[7]. Siguen las muertes, la persecución y las amenazas contra los enemigos políticos, los “cómplices de la lucha subversiva”: sindicalistas, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, desplazados.
El debate actual entre uribistas y santistas es una cortina de humo. Los primeros argumentan que el crecimiento de las bandas revela el decaimiento de la política de seguridad. Los segundos, que es un problema de percepción. Pero unos y otros yerran.
Desde 2008 han aumentado las cifras de homicidios, en la mitad del segundo gobierno del Caudillo, como demuestra el artículo citado del profesor Romero. Si la política de seguridad hubiese sido sólida, ella no dependería de uno u otro gobernante, sino de la acción institucional de las fuerzas de seguridad y la justicia del Estado.
¿Fracasó entonces la “seguridad democrática”? No. Su objetivo era frenar el avance y reducir a las bandas armadas enemigas, las guerrillas, las que amenazan el statu quo y quieren convertir estas tierras en una nueva Cuba o Venezuela. El objetivo se cumplió con creces. Pero se creó y fortaleció un nuevo engendro, que respira por sí mismo y crece…
La Neoretórica funciona. Ya no se habla en los medios de comunicación de paramilitares, extinguidos por los poderes mágico-lingüísticos del régimen. Se piensa que si la palabra desaparece, desaparece el fenómeno que designa. El lenguaje aparece así, no como una manera de descubrir el mundo, sino de velarlo y ocultarlo. Pero esto no es Oceanía…
* Profesor de la Universidad de Antioquia.
andriushernandez@hotmail.com
Notas de pie de página
[1] George Orwell, 1984, Barcelona, Destino, 2007
[2] Francis Scott Fitzgerald, “The Crack-Up”, Esquire, marzo de 1936
[3] Orwell, ob. cit., por el contrario, define el doblepensar (doublethink) como una característica del pensamiento totalitario y no creativo: “hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas.” (p. 48)
[4] Cfr. Alan Ware, Partidos políticos y sistemas de partidos, Madrid, Istmo, 2004
[5] Carl Schmitt, El concepto de lo político, Madrid, Alianza, 1998.
[6] Amnistía Internacional, “Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?”, Londres, septiembre de 2005
[7] Mauricio Romero, “A diez años del inicio del Plan Colombia: Los herederos de la AUC, la geografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles”, en: Arcanos No. 16, abril de 2011.
