Legislatura 2013-2014: siguen los cambios en la justicia - Razón Pública

Legislatura 2013-2014: siguen los cambios en la justicia

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María Paulina Domínguez

Ana María Ramos

Este año se hicieron reformas importantes en la administración de justicia, y otras más se proyectan para el próximo año. ¿Cuáles fueron los cambios y qué tanto ayudarán a mejorar nuestro desprestigiado sistema judicial?

María Paulina Domínguez Hernández*
– Ana María Ramos Serrano**

Un tiempo de reformas

Aunque el centro de atención para los medios y la ciudadanía en los últimos años ha sido la reforma constitucional a la justicia, también hay que tener en cuenta que desde hace una década se viene gestando en el Congreso una reforma silenciosa que ha cambiado en forma sustancial los códigos procesales, la estructura organizacional de algunas entidades y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Un recuento de esta historia está plasmado en un libro sobre las la última década de transformaciones en la justicia colombiana, publicado este año por la Corporación Excelencia en la Justicia.

Desde hace una década se viene gestando en el Congreso una reforma silenciosa que ha cambiado en forma sustancial los códigos procesales, la estructura organizacional de algunas entidades y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Por ejemplo, en los últimos tres períodos legislativos se registran reformas como la expedición del Código General del Proceso, la Ley de arbitraje nacional e internacional, la desmonopolización de la acción penal, el marco jurídico para la paz y la reforma al fuero penal militar -esta última declarada inexequible por la Corte Constitucional-.

Todo ello sin contar las constantes reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, de las que además no ha estado eximida ninguna de las legislaturas. Igualmente hacen parte de las reformas de los últimos años: los aumentos de penas para los delitos contra la administración pública, para las lesiones personales cometidas con ácido y para el porte de armas -entre otras-, la reducción de beneficios para las personas capturadas en flagrancia, y la creación del delito de discriminación racial.

Iniciativas legislativas en materia de justicia

Legislatura

2011-2012

2012-2013

2013-2014
(Primer período)

Proyectos radicados

87

126

73

Proyectos aprobados

14

21

9

Principales reformas aprobadas

Marco jurídico para la paz, Desmonopolización de la acción penal, Código General del Proceso, Estatuto de Arbitraje, Estatuto del Consumidor, reforma a la Ley de Justicia y Paz, Reforma Constitucional a la Justicia (objetada y archivada).

Fuero Penal Militar, facultades para la reestructuración de la Fiscalía, facultades para la reestructuración de la Defensoría del Pueblo, reforma al arancel judicial, Ley de garantías mobiliarias.

Reforma al Código Penitenciario y Carcelario, Código de Extinción de Dominio, regulación del incidente de impacto fiscal, sanciones a conductores embriagados, Defensa Técnica para miembros de la Fuerza Pública.

 

Las principales reformas del último año

El 16 de diciembre culminó el primer período de la última legislatura del Gobierno del presidente Santos. Aunque en materia de justicia este Gobierno ha tenido un ritmo más reposado y las reformas no han sido del mismo calado de las que se aprobaron en las precedentes, no por ello ha sido una legislatura irrelevante para la administración de justicia.

En total se registraron 73 proyectos sobre esta materia: 58 fueron de iniciativa parlamentaria, 10 de iniciativa gubernamental, y 5 fueron presentados por entidades de la Rama Judicial.

Origen de la iniciativas legislativas

Hasta el momento se han aprobado 9 de las iniciativas radicadas. Entre ellas se destaca la regulación del Acto Legislativo 03 de 2011 que introdujo el incidente de impacto fiscal que permite al procurador y a los ministros solicitarle a las altas cortes que modulen o difieran los efectos de sus decisiones, cuando con ellas se ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal.

 La iniciativa de regulación recibió fuertes críticas por parte de algunos congresistas, Asonal Judicial y académicos, quienes la consideraron un retroceso en la protección de los derechos fundamentales, entre otras cosas, porque permite que el incidente proceda en acciones de tutela.

Aunque en materia de justicia este Gobierno ha tenido un ritmo más reposado y las reformas no han sido del mismo calado de las que se aprobaron en las precedentes, no por ello ha sido una legislatura irrelevante para la administración de justicia.

Otro de los proyectos aprobados fue la reforma al Código Penitenciario y Carcelario cuyo principal objetivo era ayudar a aliviar el hacinamiento y la violación masiva de derechos humanos que se vive en las cárceles del país. Para ello se flexibilizaron los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria, a la suspensión condicional de la pena y a la libertad condicional, con lo que se espera que salgan de las cárceles aproximadamente 7.000 personas privadas la libertad.

Esta cifra, aunque importante, se queda corta frente a los 44.000 cupos que hacen falta para frenar el hacinamiento, que para noviembre llegó al 58,5 por ciento. Por esto, varios analistas han considerado que si bien es un logro haber sacado adelante esta reforma luego de varios intentos fallidos en legislaturas anteriores, sus estrategias fueron tímidas y poco innovadoras frente a la crisis que afronta el sistema.

Por otra parte, se aprobó el Código de Extinción de Dominio que unifica las normas y principios en la materia y simplifica el procedimiento, que actualmente dura un promedio de 7 años. Asimismo, establece que el 50 por ciento de los bienes objeto de extinción serán destinados a la Rama Judicial y otorga hasta un 6 por ciento de los bienes a las personas afectadas por esta acción que se acojan a sentencia anticipada y colaboren con la administración de justicia.

Esta última medida fue la que mayores críticas generó del proyecto, incluidas las del ministro de Justicia. Con todo, el Código ha sido recibido como una forma de lograr mayor agilidad y eficacia al momento de extraer de las organizaciones criminales los dineros obtenidos de actividades ilícitas.

Finalmente, se destaca el proyecto de ley de conductores embriagados con el que se incrementaron las penas para los homicidios y lesiones personales culposas y se aumentaron las multas para las personas que sean sorprendidas condiciendo bajo el influjo de sustancias psicoactivas.


En la primera legislatura de Santos se aprobó la
reforma al Código Penitenciario y Carcelario.
Foto: Inpec

Próximas reformas

Aunque el segundo período de la legislatura seguramente no tendrá mayores novedades por cuenta de la época electoral, posiblemente servirá para que terminen su trámite algunas de las iniciativas que ya han superado sus dos primeros debates en el Congreso. Tales serán los casos del proyecto sobre violencia sexual en el conflicto armado, el que crea el registro de deudores morosos de cuotas alimentarias y el que modifica el régimen de los jueces de paz.

Asimismo, este tiempo servirá para que termine de prepararse la reforma al sistema penal acusatorio en la que han venido trabajando la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia desde hace un año y que, según se anunció, será radicada en la legislatura 2014-2015.

Sin embargo, la que seguramente tendrá el papel protagónico será la reforma constitucional a la justicia. Esta deberá ocuparse de la transformación del desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura y de los perfiles y forma de elección de los magistrados de las altas cortes, pero también de los límites de los órganos de control y de la competencia para procesar penal, fiscal y disciplinariamente a los máximos funcionarios del Estado.

En estos temas se han evidenciado falta de claridad e inadecuados arreglos institucionales que han afectado la colaboración armónica entre los poderes y la ya golpeada confianza de los ciudadanos en la justicia.


Con el proyecto de ley de conductores embriagados
se incrementaron las penas para los homicidios 
y lesiones culposas además de incrementar el monto
de las multas a conductores alcoholizados.
Foto: Cesar Duque

Que no sean reformas de papel

Aunque no puede menospreciarse la importancia de las reformas, los esfuerzos legislativos podrían disolverse si no se corrigen las falencias que se han observado tanto en el trámite de las normas como en su implementación.

Con respecto a lo primero, urge comenzar a acompasar las reformas en torno a una política de Estado en materia de justicia, pues en ocasiones las iniciativas parecen más la reacción a problemas y escándalos coyunturales, que el avance hacia objetivos definidos y compartidos por las tres ramas del poder.

Esta desarticulación queda particularmente en evidencia en materia penal, en la que cursan simultáneamente proyectos de aumentos y rebajas de penas y en donde cada caso de connotación conduce a la invención de un nuevo delito. Todo esto al tiempo que se quieren liberar a las personas privadas de la libertad porque no hay cupos en las cárceles.

También será necesario que el Congreso y el Gobierno presten más atención a las observaciones planteadas por otros sectores del Estado y por la sociedad civil sobre los problemas de inconveniencia e inconstitucionalidad de las iniciativas.

La mayoría de las veces estas observaciones no se oyen o no se tienen en cuenta, lo que al final puede conducir a la inexequibildiad de las leyes, o a que deban expedirse normas posteriores que corrijan los defectos y efectos que dejaron las iniciativas aprobadas.

Aunque no puede menospreciarse la importancia de las reformas, los esfuerzos legislativos podrían disolverse si no se corrigen las falencias que se han observado tanto en el trámite de las normas como en su implementación.

De esta situación hay varios ejemplos: la Ley de arancel judicial expedida este año pretende corregir los errores de la regulación realizada en 2010; varias de las reformas al sistema acusatorio planteadas por la Fiscalía y de los ajustes incluidos en el Código de Extinción de Dominio buscan reversar el impacto negativo que dejó la Ley de Seguridad Ciudadana de 2011; y el proyecto de ley estatutaria sobre el derecho de petición radicado de 2011 es la consecuencia de la inexequbilidad por vicios de trámite que tuvo la regulación de este tema en la Ley 1437 de ese mismo año.

En lo que respecta a la implementación, ya se han advertido las deficiencias con las que cuenta el aparato judicial para poner en marcha las reformas que se han aprobado en los últimos años, que pasan por falencias presupuestales y una inadecuada planeación y gerencia. Esta experiencia, suficientemente evidenciada con la implementación del sistema penal acusatorio, parece estarse repitiendo con la implementación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De nada sirve que las normas establezcan la oralidad, el uso de tecnologías de información, o el derecho de los reclusos a tener baños y camas, si no se entregan los recursos necesarios para materializarlo. Pero tampoco sirve de nada entregar esos recursos si no existe un órgano capaz de administraros adecuadamente y de rendir cuentas sobre su gestión, como ha sido el caso del Consejo Superior de la Judicatura.

En síntesis, el tsunami reformista no es nuevo ni parece próximo a detenerse, pero su impacto en el mejoramiento de la calidad, la efectividad y la celeridad de la administración de justicia aún se encuentra en entredicho.

 

* Asistente de investigación de la Corporación Excelencia en la Justicia

** Consultora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
@cej_justicia

 

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Ana María Ramos

* Consultora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
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