El acuerdo con las FARC: ¿fase final de la transición política colombiana? - Razón Pública
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El acuerdo con las FARC: ¿fase final de la transición política colombiana?

Escrito por Jorge Andrés Hernández
Jorge Andrés Hernández

Jorge Andrés Hernández

Un grupo armado marxista-leninista acepta los principios de la democracia liberal. No es poca cosa. En cambio la derecha, con Uribe y Ordoñez, sigue quedando fuera del pacto constitucional.

Jorge Andrés Hernández*

Marcha oposición

 

La transición política

En los estudios de ciencia política contemporánea Colombia suele aparecer como “un caso límite” e inclasificable.

Desde hace más de medio siglo Colombia goza de elecciones ininterrumpidas y de gobiernos civiles (una rareza en América Latina) pero, al mismo tiempo, pocos la califican como una democracia plena. Las cifras sobre violación de derechos humanos superan en mucho a las de las peores dictaduras militares del continente y, sin embargo, no es razonable calificarla como una dictadura. Parece tener un poco de aquí y de allá pero, en cualquier caso, los modelos analíticos imperantes resultan precarios para enmarcar y definir su régimen político.

Se trata de un texto rico en la defensa de los principios y  los valores de la democracia liberal y una adhesión explícita y clara de un movimiento marxista-leninista o socialista a los principios básicos de la democracia procedimental.

Si en el conjunto de América Latina, la transición política de la dictadura a la democracia puede señalarse con claridad en un momento histórico específico, la fecha de la transición en Colombia es un asunto de debate interminable entre los estudiosos: A

· Algunos la establecen en 1958, tras la caída del general Rojas Pinilla y la posterior fundación del Frente Nacional.

· Otros, críticos de ese experimento que podría asimilarse a una especie de dictadura civil bipartidista, la sitúan en 1974, tras el fin de los términos de alternancia y turno en el poder entre liberales y conservadores.

· Muchos (los más) prefieren situar la transición política colombiana en 1991, con la nueva Constitución y la ampliación de espacios políticos y el fin del estado de excepción permanente.

· Y otros, una minoría, llegan a plantear que nunca ha habido una transición efectiva y real.

Humberto de la Calle
Delegado del Gobierno para los diálogos de paz, 
Humberto de la Calle Lombana.
Foto: Wikimedia Commons

No existe, en definitiva, un consenso sobre la transición política colombiana. Si en Argentina puede situarse en 1983 y en Chile en 1989, con la caída de las dictaduras y la celebración posterior de elecciones fundantes, en Colombia parece ser un proceso largo y tortuoso que aún no culmina. Pues si en aquellos países se hablaba con claridad de que existía una dictadura, los colombianos han vivido desde las primeras décadas del siglo XX con la autoglorificación onanista de que habitan “la democracia más antigua de América”, lo que Vernon Lee Fluharty, uno de los politólogos colombianistas más renombrados en la mitad del siglo XX, develó  como “la ficción genial de la democracia colombiana”. En otras palabras: si uno habita en una democracia paradisíaca, ¿para qué una transición política?

La existencia misma de las FARC – un grupo armado ilegal que controla zonas rurales del país y lleva décadas tratando de derrocar el régimen para dar paso a un modelo socialista- revela una anomalía política fundamental. Su existencia no puede deberse (sólo) a la maldad esencial de un grupo de colombianos y a su dogmatismo o fanatismos políticos. Algún fenómeno perturbador debe ocurrir en el régimen político colombiano para que sus compañeros de ideas venezolanos, al otro lado de la frontera, hayan llegado al poder por vías electorales y democráticas y aquí no hayan cesado de buscar (infructuosamente) el acceso al poder por la vía armada.

El acuerdo sobre participación política con las FARC

La oposición de derecha al pacto constitucional es desleal con las instituciones y con las normas que le han permitido gobernar, legislar y juzgar, y ha generado una “subversión desde adentro”, quizás más corrosiva.

Con fecha de 6 de noviembre, el gobierno nacional y las FARC expidieron un comunicado para informar de un acuerdo sobre participación política.

Pese a que el Procurador Alejandro Ordoñez declara que “no hay nada nuevo” y analistas políticos como Juanita León (en La Silla Vacía) afirman que “el texto del comunicado es un tanto vago”, unos y otros se equivocan. Se trata de un texto rico en la defensa de los principios y  los valores de la democracia liberal y una adhesión explícita y clara de un movimiento marxista-leninista o socialista a los principios básicos de la democracia procedimental. No es poca cosa.

En el comunicado se repasan, en efecto, los principios básicos y fundamentales de una democracia constitucional y liberal:

1. Participación política

2. Derechos y garantías para la oposición

3. Pluralismo

4. Inclusión política

5. Transparencia en los procesos electorales

6. Robustecimiento de una cultura política democrática

7. Garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica

8. Cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización

9. Garantías de derechos y libertades.

Ordóñez
El Procurador, Alejandro Ordóñez.
Foto: Procuraduría General de la Nación

Aquí tenemos, ni más ni menos, una versión de las dimensiones y de los criterios que establece Robert Dahl, el más grande teórico contemporáneo de la democracia liberal, sobre la poliarquía esto es, sobre las democracias realmente existentes. Quien esté familiarizado con su obra y, en el caso latinoamericano, con la de Guillermo O’Donnell (sobre todo en su idea de las “nuevas poliarquías”) comprenderá que este acuerdo es un repaso de los principios y valores esenciales de la democracia liberal, que ambos autores denominarán poliárquica, para diferenciarla de la democracia ideal, inalcanzable en el mundo político real.

De modo inequívoco, el comunicado revela la defensa de la democracia y la comprensión del proceso como una transición política: “la firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en que impere la democracia.” 

La izquierda armada colombiana, con el pronto ingreso del ELN a un proceso de diálogos, abandona discursivamente la rebelión y se integra al consenso constitucional. Se trata de algo novísimo en la historia política colombiana. El pacto constitucional de 1991 había sido retado por sus enemigos a la izquierda (FARC, ELN) y a la derecha (Pacto de Ralito, uribismo radical). Un feliz acuerdo con las FARC y con el ELN implicaría que los únicos enemigos del pacto constitucional se encontrarían en la derecha del espectro político colombiano, una situación inédita pero reveladora.

La oposición de Uribe y Ordoñez

El Pacto de Ralito, los gobiernos de Uribe (2002-2010) y la radical postura iusnaturalista del Procurador General de la Nación contra el derecho constitucional positivo y su jurisprudencia derivada, son fenómenos que delatan la amplia oposición de derecha al consenso constitucional de 1991, a sus valores e instituciones.

A diferencia de la subversión guerrillera, que ha ejercido su rebelión desde la ilegalidad y la vida social y política al margen de las instituciones, la oposición de derecha al pacto constitucional es desleal con las instituciones y con las normas que le han permitido gobernar, legislar y juzgar, y ha generado una “subversión desde adentro”, quizás más corrosiva y dañina para la democracia constitucional que la misma subversión de izquierda. Una cosa es que los enemigos habiten la casa de enfrente y, otra bien diferente, que se hayan tomado el propio hogar.

¿Por qué se opone Uribe al acuerdo de participación política con las FARC? 

· En primer lugar, Uribe ve con frustración que su delfín y heredero político, ahora archienemigo, está logrando lo que él se hubiese soñado: un pacto con todos los grupos ilegales. Lo intentó infructuosamente con los grupos guerrilleros y ahora contempla cómo su subestimado ministro Santos lo desplaza del futuro panteón de líderes históricos.

· En segundo lugar, el acuerdo supondría la derrota política del uribismo como proyecto político, pues sería el fin de su “caballito de batalla”, “la FAR”: si desaparece el enemigo político, el que lo alimenta y da vida, el uribismo está condenado a desaparecer.

· Y, en tercer lugar, el ingreso de las FARC a la arena política supone la normalización de la vida política colombiana y su ingreso a la política latinoamericana contemporánea. En dicho escenario, ya no sería improbable que el uribismo, condenado a la marginalidad política, contemplase con impotencia que el peor mundo posible es real: que la izquierda democrática llegase al poder nacional.

El Procurador General de la Nación y candidato presidencial del uribismo en 2018, Alejandro Ordoñez, tomista y lefevbrista radical, debe su lealtad a los poderes divinos y no a los terrenales y temporales pactos constitucionales. Si encarna ahora la máxima dirección del poder disciplinario, no debe pensarse que acata el orden constitucional y legal que ordenó cumplir en su posesión. Pues en su concepción iusnaturalista, el poder terrenal y humano debe sujetarse a los principios eternos e inmutables revelados por el Creador.

Si en su tesis de grado como abogado juró lealtad a la Virgen María y le pidió luz en la batalla misional contra el comunismo, ahora tiene la posibilidad de ser ese buen soldado de Cristo: oponerse con todas las fuerzas a la impía izquierda armada y eliminar a los que considera sus aliados ateos, Petro y su camada de compañeros irredentos.

El acuerdo de participación política con las FARC es un avance sustancial y significativo en la transición política colombiana pero desnuda, de otro lado, un último escollo por resolver: que el paramilitarismo, el uribismo y el fundamentalismo católico del Procurador se integren de manera plena al pacto constitucional de 1991 y abandonen la “subversión desde adentro”. En ese momento, Colombia habrá culminado su plena transición a la democracia.

* Ph.D. en Ciencia Política, asesor jurídico y político.
Correo: andriushernandez@hotmail.com

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