Petro y el derecho

La relación entre el presidente Petro y el derecho se está enredando. Esto viene pasando desde hace un tiempo, pero esta semana las tensiones empeoraron. Por un lado, a través de una – nueva – denuncia de un golpe de Estado en curso y, por otro, mediante el uso absurdo de la objeción de conciencia para intentar desacatar un fallo judicial.

Sobre el supuesto golpe de Estado, empecemos recordando que no es la primera vez que el presidente Petro alerta sobre un plan para tumbarlo. Hace unos meses lo hizo con un trino en varios idiomas, llamando a la comunidad internacional y a las “fuerzas progresistas” a defender el mandato popular. El tema revivió esta semana con el movimiento que hubo en cuanto a las posibles investigaciones de la financiación de su campaña. Esta columna no es sobre las controversias jurídicas en torno al fuero del presidente ni sobre las competencias del Consejo Nacional Electoral.

En términos generales, es posible que una entidad se atribuya facultades que no tiene o que, teniéndolas, existan elementos que pongan en duda la imparcialidad de una o varias de las personas que la componen. Pero eso no es un golpe de Estado. Para eso los sistemas jurídicos decentes prevén mecanismos de defensa que permiten tramitar y resolver esos reclamos por las vías institucionales. También es posible que ciertas entidades activen sus potestades de manera selectiva. Eso por supuesto que deslegitima a las instituciones y debería llevar a reflexiones y propuestas de transformación de los diseños institucionales que favorecen esos usos selectivos (como es el caso de la Procuraduría en Colombia). Pero eso tampoco es un golpe de Estado.

No soy ingenua. Ha habido casos en América Latina de destituciones muy sospechosas de presidentes/as, como los casos de Lugo en Paraguay y de Rousseff en Brasil. Pero hasta ahora lo que hay en Colombia es el posible inicio de unas investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial, los debates sobre el fuero del presidente Petro y sus implicaciones sobre las potestades del Consejo Nacional Electoral y el alegato del propio presidente de que no violó la ley.

Como dije antes, la cuestión del fuero debe ser resuelta por la vía institucional. Y que un presidente diga – como lo hizo Petro en estos días – que investigar si violó la ley “cuando no la violó” es un golpe de Estado, es una especie de petición de principio: “no me pueden investigar sobre si violé la ley, porque no la violé”. Bajo esa lógica, nadie puede ser investigado penalmente a menos que se sepa de antemano que es culpable.

En el estado actual de cosas, hablar de golpe de Estado no parece tener mayor sustento y es, en el mejor de los casos, prematuro. Además, con la denuncia ligera de golpe de Estado por temas que se pueden resolver por la vía institucional, lo que genera el presidente Petro es más duda sobre el tema que se quiere investigar y eso le juega en contra. No sobra decir que comparar esta situación con la de Chile en 1973 es un despropósito irrespetuoso con las víctimas del golpe militar de Pinochet.

El otro ejemplo de resistencia del presidente Petro al derecho, es la invocación de la objeción de conciencia para intentar flexibilizar el cumplimiento de una orden judicial de retractación de sus afirmaciones sobre Enrique Vargas Lleras. Un uso semejante de la objeción de conciencia no tiene sustento en el derecho nacional ni internacional.

Esta figura está limitada a situaciones muy puntuales en las que existe un conflicto profundo de conciencia que es de tal entidad que le permite a una persona eximirse del cumplimiento de leyes de aplicación general, como es el caso del servicio militar obligatorio. Además, cuando se permite, debe tener una serie de salvaguardas para no afectar los derechos de los demás, como en el caso del aborto. El presidente Petro propone un uso alegre de la objeción de conciencia que desnaturaliza la figura y que le permitiría a cualquier persona incumplir leyes o decisiones judiciales sólo porque no está de acuerdo con ellas.

Aunque distintos, ambos temas son un síntoma de lo mismo: el presidente Petro manda el mensaje de que el derecho es importante en la medida en que no lo investigue a él, no le imponga hacer cosas que no le gusten o no obstaculice el “mandato popular” que parece entender como sinónimo de lo que él quiere hacer y, especialmente, de la forma en que lo quiere hacer.