¿Qué tiene para decir el derecho a la salud? | Silva Serrano
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¿Qué tiene para decir el derecho a la salud?

Escrito por Silvia Serrano

El derecho a la salud es uno de los derechos humanos más importantes y los sistemas de salud son instrumentales para su realización. En esta columna hago el intento de sintetizar algunos contenidos y obligaciones que se derivan de este derecho – tal como se encuentra protegido en el derecho internacional – y que son relevantes para los procesos de concertación que, ojalá, inicien pronto.

El derecho a la salud tiene tres dimensiones. Una de autonomía (como el consentimiento informado), otra de prevención y otra prestacional (poder acceder a bienes y servicios de salud). Las tres están relacionadas y a veces es difícil trazar la línea entre ellas. Los sistemas de salud no pueden tener un fuerte énfasis en una en desmedro de las otras. Así, aunque el gobierno acierta en que el sistema no debe dedicarse sólo a brindar tratamientos, es necesario darle contenido concreto a lo que se entiende por prevención, diagnosticar bien cuáles son las falencias actuales y asegurar que, al mismo tiempo que se mejora la atención primaria, se mantenga el nivel alcanzado en cuanto a lo prestacional.

Ahora pasemos a los contenidos del derecho a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Disponibilidad significa que haya suficientes bienes y servicios de salud. Accesibilidad implica garantizar el acceso a esos bienes y servicios sin discriminación, de manera asequible, a distancias razonables y con la información necesaria. Aceptabilidad tiene que ver con aspectos como la pertinencia cultural o de género. Y calidad se refiere a la pertinencia científica, incluyendo personal capacitado y medicamentos y equipos científicamente aprobados.

Todos estos contenidos dependen en gran medida de los diseños de los sistemas de salud y de los recursos disponibles. Es decir, aunque hay unos pisos mínimos, la oferta puede variar de país a país. Destaco cuatro puntos sobre qué nos dicen estos contenidos en las elecciones relativas a los sistemas de salud.

Primero, es importante aclarar que el derecho internacional no ordena que los sistemas sean exclusivamente públicos. Los Estados tienen discrecionalidad y eso incluye la posible participación de actores privados. Eso sí, la participación de esos actores plantea riesgos y por eso el Estado no debe ceder ni un milímetro en la rectoría del sistema. El Estado debe usar su poder regulatorio (que en esta materia debe ser el más fuerte posible) y contar con mecanismos robustos de supervisión y fiscalización para que la satisfacción del derecho a la salud no se vea afectada por esos actores ni que éstos impacten negativamente en los recursos disponibles, por ejemplo, por ineficiencias o corrupción.

Ahora bien, la eventual decisión de disminuir o eliminar la participación de actores privados también tiene el otro lado de la moneda y es si el Estado, en todos sus niveles, está en condición de operativizar lo que hoy hacen esos actores. Si ese es el camino, hay que anticipar muy bien qué se necesita para asumir esta enorme responsabilidad atendiendo a las complejidades del aparataje estatal. En eso la experiencia comparada es clave.

Segundo, en cuanto a la disponibilidad y la accesibilidad, un tema que debe estar en el corazón del debate es cómo lograr que la reforma resuelva el que me atrevo a decir que es el gran fracaso del sistema actual: la disparidad territorial en el acceso a bienes y servicios de salud que afecta desproporcionadamente a grupos históricamente desaventajados. Esto incluye la atención primaria, pero no sólo eso.

Tercero, la asequibilidad económica no implica una obligación de gratuidad. Lo que exige es que el acceso a bienes y servicios de salud no dependa de la capacidad de pago. Esto apunta más bien a que el sistema debe estar regido por el principio de solidaridad. Y en eso el diseño en Colombia, al contar con un régimen contributivo y uno subsidiado, no es malo. Sin embargo, la reforma debe asegurarse de eliminar y prevenir a futuro las brechas entre ambos.

Cuarto, un tema central es el principio de no regresividad. Si bien el derecho a la salud es de realización progresiva, también impone unas obligaciones de carácter inmediato y una prohibición de retroceso injustificado. La reforma no puede resultar en una disminución de los niveles alcanzados que, en Colombia y gracias en gran medida a la Corte Constitucional, no es menor. No puede haber retroceso intencional en las normas que definan las reformas ni en la práctica por deficiencias en la implementación.

Y algunas cuestiones procedimentales. Es central dejar fuera de la mesa la excesiva cautela con lo técnico que, si bien no es un fin en sí mismo, es esencial. También es necesaria la mayor transparencia sobre conflictos de interés. Por último, esto no se resuelve con marchas ni invocando el mandato popular como un cheque en blanco. Es claro que se necesitan reformas, pero el cómo no se define con la X del tarjetón ni en las calles.

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