Debates sobre imparcialidad en casos de aborto en la Corte Constitucional
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Los debates sobre imparcialidad en los casos de aborto y qué esperar de nuestras cortes

Escrito por Silvia Serrano
el Aborto en la Corte Constitucional

La decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en Colombia se ha dilatado por diversos debates en torno a la imparcialidad judicial. ¿Qué problemas plantean los impedimentos y las recusaciones?

Silvia Serrano Guzmán*

En el marco de las demandas que conoce la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en Colombia se han presentado una serie de impedimentos y recusaciones.

Estas acciones han demorado las discusiones de fondo y, por lo tanto, las decisiones finales de la Corte. Además, vuelven a poner sobre la mesa la importancia de debatir sobre el alcance de la imparcialidad judicial y su relación con la libertad de expresión.

El principio de imparcialidad judicial tiene varias dimensiones y reviste un alto grado de complejidad, más aún cuando se lo analiza junto con la libertad de expresión. Por ello, es necesario tomarse en serio la cuestión, estudiar adecuadamente las preguntas que plantea cada asunto y pensar en las consecuencias de las respectivas decisiones.

Las situaciones del magistrado Linares, la magistrada Pardo, y el conjuez Henao son distintas y nos invitan a sincerarnos sobre lo que realmente queremos y esperamos de nuestras cortes.

Impedido por adelantar el sentido de su voto

El magistrado Alejandro Linares concedió una entrevista en la cual, entre otras cosas, dio a entender con razonable claridad cuál sería su voto. Esto, cuando las demandas ya estaban bajo conocimiento de la Corte. Después de esta entrevista, el magistrado decidió declararse impedido.

La pregunta que abre el caso Linares es: ¿cuál es el alcance de la libertad de expresión de jueces y juezas respecto de los procesos que ya están bajo su conocimiento?

Este impedimento ya fue aceptado, pero todavía no hay un documento público que exponga las razones. No obstante, su fundamento podría consistir en que, aunque los jueces y juezas son titulares del derecho a la libertad de expresión, es razonable que se les requiera cierta prudencia en el contexto de los procesos que estén bajo su conocimiento para resguardar su apariencia de imparcialidad.

Recusada e impedida por expresión de previo conflicto de conciencia

En el caso de la magistrada Cristina Pardo la situación es distinta. Aunque Pardo no había expresado conflicto para el estudio de las demandas, recientemente fue recusada por un acto realizado antes de ser magistrada.

Pardo manifestó conflicto de conciencia en el ejercicio de la función pública en el contexto del proceso de sanción de una ley relacionada con la implementación de la sentencia C-355/06 —que despenalizó el aborto en tres causales— expresando que estaba en desacuerdo con dicho fallo. Después de esta recusación, la magistrada se declaró impedida y su impedimento aún no ha sido resuelto.

Este impedimento plantea otro problema: si una magistrada actual objetó conciencia sobre un tema estrechamente ligado al que está llamada a analizar, pero en el pasado y en el ejercicio de otras funciones ¿esto puede ser considerado como una sospecha de falta de imparcialidad?

Aunque acudir a la objeción de conciencia en el contexto de la función judicial es altamente problemático, ese no es el tema al que está enfrentada la Corte ahora. Pardo no está objetando conciencia actualmente como magistrada, sino declarándose impedida en relación con un conflicto de conciencia expresado antes de su función actual. En las circunstancias concretas de su caso, la objeción de conciencia del pasado puede entenderse como un conflicto moral que va más allá de una divergencia u opinión jurídica. Ese conflicto sí puede entrar en tensión, al menos, con la apariencia de imparcialidad exigida a jueces y juezas.

Es importante aclarar que el problema no es que se haya manifestado a favor o en contra de una sentencia de la Corte Constitucional, sino las implicaciones del conflicto de conciencia previo. Un conflicto que tiene índole moral y que ella misma reconoció en el pasado.

Sobre su divergencia con la sentencia anterior, es perfectamente razonable que juristas que después se convierten en magistradas, tengan y expresen opiniones sobre sentencias de las altas cortes. Y esto nos lleva al caso de Juan Carlos Henao.

Recusado por opiniones emitidas en el pasado

En el caso del conjuez Juan Carlos Henao, el debate guarda importantes diferencias con los anteriores. Henao no se ha declarado impedido, sino que pesan sobre él una serie de recusaciones, algunas ya decididas. El punto de su caso es que antes de ser nombrado conjuez para el conocimiento del asunto en cuestión, Henao expresó públicamente su opinión a favor del aborto.

La pregunta que plantea esta recusación es otra: si los jueces y juezas tienen opiniones y las expresan antes de conocer un caso ¿quedan inhabilitados de conocer con imparcialidad un caso relacionado con dicha opinión?

Una interpretación equivocada de la imparcialidad en este caso también puede incidir en los procesos futuros de selección de magistrados, pues descalificaría a candidatos y candidatas con destacada trayectoria profesional por haber opinado en el pasado como juristas.

Esta pregunta es medular, pues es evidente que quienes ejercen una función judicial, como cualquier ser humano, tienen opiniones sobre la vida en sociedad y, por supuesto, opiniones jurídicas. La pregunta aquí, entonces, no es si los jueces y juezas tienen opiniones generales o jurídicas, salvo que quisiéramos personas no deliberantes ejerciendo la función judicial.

Al parecer, lo que sería problemático, según las críticas a Henao, es que haya expresado esas opiniones y la sociedad las conozca. Pero a diferencia de la situación de Linares, Henao expresó sus opiniones antes de ser nombrado conjuez para el caso.

el Aborto en la Corte Constitucional
Foto: Corte Suprema de Justicia - Haber expresado opiniones sobre un tema, no puede automáticamente inhabilitar a un juez a pronunciarse sobre ese tema en el futuro.

Sí, los jueces tienen opiniones

El caso de Henao es el de la gran mayoría de juristas que a lo largo de su vida académica o en el ejercicio de su profesión, expresan y defienden sus opiniones.

Por eso, haber expresado opiniones sobre un tema, no puede automáticamente inhabilitar a un juez a pronunciarse sobre ese tema en el futuro. Por el contrario, equiparar nociones como la de “interés personal”, incluyendo el moral, con tener y haber expresado opiniones, debería ser la excepción y no la regla.

Además, es necesario distinguir claramente qué significa “interés” en el contexto de acciones abstractas de inconstitucionalidad que lidian con problemas jurídicos de alcance general. Una interpretación amplia y no restrictiva de dicha figura en un caso como este, puede tener consecuencias indeseables en la función judicial, especialmente, la de la Corte Constitucional.

Por ejemplo, en el conocimiento de casos futuros, podría usarse este argumento para justificar una feria sucesiva e inacabable de recusaciones por cualquier opinión emitida en el pasado. Esto puede causar tanto dilaciones excesivas en los procesos como un uso muy frecuente de la figura de conjuez en reemplazo de magistrados y magistradas titulares.

Con esto no quiero cuestionar la figura del conjuez, pero su uso constante tampoco es ideal y menos para la decisión de acciones abstractas de inconstitucionalidad. Es justamente en ese marco en el cual es más probable que las magistradas titulares hubieran expresado opiniones en el pasado y, al mismo tiempo, en el cual hay más proclividad al uso de la recusación.

Este uso no controlado puede incentivar una cultura de invocación estratégica y selectiva de la figura con el fin de incidir en el resultado de las decisiones. Incluso, puede tener un efecto intimidante en magistrados titulares que, para evitar ser percibidos como parciales, se declaren impedidos para proteger su imagen, aun sin razones que lo justifiquen.

Pero no queda ahí. Una interpretación equivocada de la imparcialidad en este caso también puede incidir en los procesos futuros de selección de magistrados, pues descalificaría a candidatos y candidatas con destacada trayectoria profesional por haber opinado en el pasado como juristas.

Finalmente, por el tipo de control que realiza la Corte Constitucional sobre los poderes del Estado y el rol que ha tenido y sigue teniendo en el resguardo del estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales —incluyendo los de las minorías no representadas adecuadamente en otros poderes—, las decisiones pendientes tienen relevancia para toda la sociedad. Y eso va mucho más allá de los casos de aborto.

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