Las sanciones de la Dimayor y la libertad de expresión de Dudamel y Sambueza

Esta semana la Dimayor sancionó a Rafael Dudamel, director técnico del Atlético Bucaramanga y a Héctor Fabián Sambueza, capitán del equipo. Las sanciones se produjeron en respuesta a sus manifestaciones tras un partido en el que el árbitro, tras la revisión del VAR, anuló un gol del Bucaramanga. Las sanciones fueron de un mes y medio de suspensión y multa de 25 salarios mínimos para el técnico, y de cinco fechas de suspensión y multa de 17 salarios mínimos para el capitán.

Para resguardar la objetividad de la columna, me voy a abstener de opinar sobre la anulación del gol y otros arbitrajes polémicos. Lo que pretendo mostrar es que, independientemente del equipo de que se trate, las sanciones impuestas por la Dimayor afectan la libertad de expresión, denotan la intolerancia de la institución a la crítica y tienen un efecto silenciador sobre el debate público en torno a sus actuaciones.

La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes de la vida en sociedad, pues no sólo asegura que las personas a nivel individual puedan expresar ideas y opiniones y difundir información, sino que favorece la deliberación pública. El pluralismo y la diversidad son correlatos de la libertad de expresión: las ideas, opiniones e informaciones que deben poder circular libremente, son de la más variada índole, incluyendo las que pueden ser incómodas y chocantes.

Ahora bien, la libertad de expresión no es absoluta y puede entrar en tensión con otros derechos. Uno de ellos es el derecho a la honra y en los ordenamientos jurídicos existen distintas vías para protegerla, incluyendo las sancionatorias. La compatibilidad del uso de esas vías con la libertad de expresión – protegida fuertemente tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos – debe evaluarse caso a caso, preguntándose si las expresiones en cuestión afectaron realmente el derecho a la honra y, de ser el caso, si la sanción fue proporcionada. Veamos.

¿Las expresiones de Dudamel y Sambueza afectaron el derecho a la honra? Creo que no. En el caso de Dudamel, sus expresiones, aunque acaloradas, se resumen en que el árbitro y la persona a cargo del VAR se comportaron de forma que el técnico consideró inmoral y vergonzosa ante el país y sus propias familias. La mención a autoridades de mayor jerarquía fue para apuntar que existe un problema con el arbitraje en Colombia. En el caso de Sambueza, las expresiones se limitaron a decir que las personas a cargo del VAR son “burros” o “brutos” y que hay una “parte oscura” del fútbol.

Es claro que no son expresiones amables y que seguramente ofendieron al árbitro y a las personas del VAR. También es claro que los directivos no debieron sentirse contentos con las insinuaciones en torno a la institución. Pero no toda ofensa o incomodidad pueden entenderse automáticamente como violatorias del derecho a la honra. Esto es particularmente cierto cuando se trata de opiniones y no de informaciones. Es más claro el perjuicio en el derecho a la honra cuando se trata de la difusión de información falsa, que cuando se trata de opiniones. En este caso no se difundió información falsa. Se trató de opiniones sobre las acciones del árbitro y del VAR, a partir de hechos verificables en video por cualquier persona.

Esto no significa que sólo la información falsa puede afectar la honra de alguien. Pero el estándar debe ser distinto y así lo reconoce la Corte Constitucional. Creo que considerar que una opinión, aun si es fuerte, afecta el derecho a la honra al punto de justificar que se active el poder sancionatorio, requiere algo más que la ofensa o la incomodidad. De lo contrario, estaríamos incentivando una sociedad de personas hipersensibles, incapaces de soportar críticas y resistentes a la rendición de cuentas.

Pero aceptando (en gracia de discusión) que las expresiones de Dudamel y Sambueza fueron de tal entidad que afectaron la honra del árbitro, los miembros del VAR u otras personas, en todo caso las sanciones son desproporcionadas.

Por un lado, estamos hablando de una institución y de unos roles que deben que tener una tolerancia elevada a la crítica. El fútbol colombiano, como el de muchos países, difícilmente puede considerarse un asunto privado. Aunque a no todo el mundo le guste el fútbol, es innegable que es el deporte más popular en el país y que el funcionamiento de las instituciones que lo gobiernan es, al menos, un asunto de trascendencia colectiva.

Por otro lado, las sanciones son excesivas pues van más allá de lo necesario para hacerle un llamado de atención al técnico y al capitán: impactan a todo el equipo, sus jugadores, directivos y seguidores. Además, el mensaje que manda la Dimayor no es sólo para Dudamel, Sambueza o el Atlético Bucaramanga, sino que puede tener el efecto de silenciar a los jugadores o cuerpos técnicos de todos los equipos que quieran denunciar públicamente las actuaciones de la institución o de sus miembros.

Por último, el carácter privado de la Dimayor no cambia en nada lo dicho hasta ahora. En Colombia, los derechos fundamentales tienen eficacia horizontal, es decir, se deben respetar entre particulares. Si las sanciones no son revisadas, Dudamel y Sambueza deberían interponer una acción de tutela.