Una aprobación en decadencia y un cambio insuficiente ensombrecen la gestión del presidente Petro tras dos años de gobierno. Este es el panorama actual.

Camilo Cruz Merchán*

Las expectativas

Este siete de agosto se cumplen dos años de la presidencia de Gustavo Petro y Francia Márquez, la mitad del mandato del “Pacto Histórico”, luego de asumir el poder con altas expectativas sociales. Siendo el primer gobierno de un candidato de izquierda -más allá del debate inicial de si expresidentes del Partido Liberal fueron figuras de centro izquierda o no-, sin una carrera política adscrita a alguno de los partidos tradicionales -Liberal o Conservador- y ex integrante de una organización insurgente. 

Tras estos dos años, el país ha tenido que acostumbrarse a entender la política y el poder desde un nuevo eje, más abierto a los debates ideológicos, poniendo incluso en tensión el sacro concepto de tecnocracia. 

Con una alta atención a la labor de escrutinio al ejecutivo -incluyendo gabinete y cuerpo diplomático- tanto de los partidos políticos de oposición, como de los gobiernos subnacionales y los medios de comunicación. Escrutinio que sin duda ha incidido en debates sobre la transparencia pública como sobre los requisitos y formas para ocupar cargos públicos.

De otra parte, tras cuatro años de un gobierno impopular, como lo fue el de Iván Duque (2018-2022), marcado por una constante movilización popular y un uso excesivo de la fuerza pública como medio de represión y control a las manifestaciones sociales, las expectativas sobre el nuevo gobierno eran altas pero difusas: ¿un giro a lo social?, ¿consensos por sobre imposición?, ¿búsqueda de la anhelada paz?, ¿mayor inclusión territorial?, ¿una política más cercana a la ciudadanía?, ¿mayor transparencia política?

Por esto, discutiremos sobre el desempeño del gobierno Petro y la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno del cambio, considerando que frente a las altas expectativas ante el gobierno, el mandato ha resultado inferior, con una ejecución pragmática, acompañada de una fuerte tensión política que mantiene al menos en lo discursivo la radicalidad que quizás se esperaba. 

Frente a la idea de un cambio histórico, nos encontramos en un gobierno de alternancia, con cambios en los acentos públicos, pero atascado en múltiples frentes, normal para cualquier otro mandato pero problemático para uno que propuso fuertes transformaciones.

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La aprobación presidencial

Discernir sobre la “aprobación” del presidente por parte de la opinión pública resulta complicado, pues siguiendo a Bourdieu (1992) “la opinión pública no existe”, en el sentido de que no es posible identificar consensos sobre los asuntos que son de relevancia social y, menos aún, recoger en una misma pregunta las distintas preocupaciones e interpretaciones de la realidad que cada sector social tiene. 

No obstante, en nuestras democracias, las encuestas de favorabilidad presidencial sirven como un indicador o dato para discernir sobre el ánimo de la sociedad frente a la figura del presidente. 

Si se toma esta forma, es posible caracterizar tres momentos de la apreciación de Gustavo Petro: un momento inicial durante el corto período de septiembre de 2022 hasta abril de 2023 de una alta favorabilidad que progresivamente decae hasta ser inferior porcentualmente a la desaprobación.  

Un segundo momento de estabilidad a lo largo del 2023, con una desaprobación fluctuante de entre 46% y 55% y una aprobación de entre 37% y 44%. Un último período a partir de 2024, con un aumento de la desaprobación a unos máximos de 57%.

Estas variaciones, sin afirmar que traduzcan el respaldo o no de la ciudadanía al ejecutivo, sirven para considerar el estado de la relación entre la sociedad y el gobierno. Las variaciones parecen mostrar un progresivo desencanto de un sector de la sociedad y la estabilización del respaldo en un núcleo que valora positivamente desde el 2023 el mandato de Petro.  

Un problema general del mandato de Petro es el determinar cuáles son las líneas de su mandato: ¿cuál era el cambio que la ciudadanía esperaba? Para el mandatario, el programa de gobierno, traducido en las grandes reformas que se tramitan o tramitaron con menos éxito en el legislativo (Tributaria, salud, laboral, pensional, educativa),  más la reforma agraria y el cambio en la matriz energética traducen lo votado por la ciudadanía.

Esto tiene asidero si se considera que en el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia se establece la figura del voto programático, obligación de mandatarios electos a cargos ejecutivos subnacionales de cumplir con el programa registrado ante las autoridades electorales, con la posibilidad de ser sometidos a revocatoria del mandato si se percibe el incumplimiento por parte de la ciudadanía. 

Dicha figura no aplica para la presidencia, y esto tiene sentido, no solo porque el mandatario es jefe de Estado y de Gobierno, sino porque debido al sistema de doble vuelta presidencial está sometido a construir una alianza preelectoral en el corto tiempo entre la primera vuelta y el balotaje, como también porque en la pragmática nacional no se ve posible un gobierno sin una coalición mayoritaria en el legislativo. 

Además, como jefe de Estado pueden existir prioridades que no hacen parte del debate electoral pero son necesarias para la estabilidad de la nación. En ese marco podrían considerarse, por ejemplo, la búsqueda de la negociación con diversos actores armados a través de la política de Paz Total o el restablecimiento de relaciones con el Estado Venezolano.

No obstante, más allá de lo que el presidente crea, es difícil definir cuál era la expectativa de las ciudadanías que respaldaron la candidatura, como para establecer una agenda única. 

Aquí es donde la tarea del presidente y de su gabinete sería la de clarificar cuáles de todas las propuestas, intenciones y discursos presidenciales traducen la meta oficial y es allí en donde la dispersión del ejecutivo contribuye a mantener el ojo sobre el ejecutivo sin un norte claro de en qué valorar su éxito. 

La ejecución en los datos oficiales

Una posible hoja de ruta para valorar al ejecutivo es la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, autoimpuesta ruta de obligaciones para el gobierno y, sobre todo, marco de aspiraciones del período. 

Los datos oficiales de ejecución la muestran exitosa en el eje de estabilidad macroeconómica, con una ejecución superior al 80 % y una baja ejecución de la meta transformadora de Justicia ambiental y organización de los territorios en torno al agua del 19 %.

En el resto de las transformaciones propuestas por el gobierno la ejecución fluctúa entre un 33 % al 38 %. Dato que sin contrastarse con los anteriores mandatos y con una crítica seria a las formas de definir indicadores de ejecución, tan solo permiten afirmar que el cumplimiento del PND parece haberse concentrado en especial en el aseguramiento de la estabilidad macroeconómica, condición que, si bien implica una gestión responsable en términos económicos, no se traducen en efectos directos en la condición de vida de la ciudadanía. 

Desde los entes de control, se ha mencionado la falta de ejecución presupuestal del gobierno Petro, sombra sin duda en el cumplimiento del mandato, más cuando por temas presupuestales en 2024 el gobierno tuvo que aplicar un recorte extraordinario que sin duda impactará en las acciones del año.

Para el gobierno, la falta de cumplimiento de sus metas tiene que ver en parte con el bloqueo por parte del legislativo a sus reformas. Desde la presidencia del Senado se usó el cargo con la intención de restringir las facultades del ejecutivo para fijar la agenda y los tiempos de las discusiones políticas.  

También, a las decisiones de entes judiciales y de control frente a determinaciones del ejecutivo, temas que a posterioridad necesitarán de una profunda discusión sobre la necesaria división de poderes y los mecanismos de selección de autoridades.  

Pero ante esas quejas, la respuesta debería ser una mayor claridad en la agenda de realizaciones del gobierno nacional, compromisos sociales y obras prioritarias para un gobierno que se siente limitado por los demás poderes, al punto de querer transitar hacia el efímero concepto de poder constituyente.

¿Quo vadis Petro? 

Será a partir del siete de agosto de 2024 el momento de exigir al gobierno fijar por fin una agenda clara de objetivos de cara a la evaluación histórica del mandato. Siguiendo la lógica norteamericana, es de esperar que el último año de la presidencia sea un año electoral, en donde el poder del ejecutivo queda reducido a las aspiraciones de los futuros y futuras habitantes del palacio de Nariño y del Congreso.

El tiempo del cambio comenzará a correr en contra, y aunque el mandatario es consciente de que su agenda va más allá del 2026, es necesario que en lo que resta se evidencie claramente que los cambios perdurarán en el tiempo y en nuestro sistema democrático.

Petro tiene, como todo mandatario, el deseo de pasar a la historia, pero por ahora solo corre el tiempo y no queda claro, más allá de los logros electorales de 2022, y sin duda la reforma pensional, qué realizaciones juzgarán los colombianos sobre el primer mandato de izquierda en Colombia.

Queda para otros espacios la valoración acerca de las sombras de corrupción que rodean a esta administración, los problemas judiciales de familiares y colaboradores cercanos al ejecutivo y el peso de los escándalos mediáticos en torno al mandatario, su círculo cercano o sus funcionarios. 

Tema que requerirá una administración disciplinaria y de justicia eficaz y transparente, de una sanción social a las fuerzas políticas implicadas, así como de un debate nacional sobre las formas de construir gobernabilidad en el sistema político colombiano.

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