Reforma de la justicia o el rábano por las hojas - Razón Pública
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Reforma de la justicia o el rábano por las hojas

Escrito por Carlos Alfonso Matiz
Carlos Alfonso Matiz Bulla

Carlos Alfonso Matiz BullaLa congestión de los juzgados y la impunidad generalizada que esto implica son los problemas centrales de la justicia en Colombia. La propuesta de reforma del gobierno y el debate en torno a ella se ocupan sin embargo de otros temas, que en poco o nada cambiarán la realidad cotidiana. Y mientras tanto otras leyes crean nuevos delitos y agravan la sobrecarga del sistema.

Carlos Alfonso Matiz*

Los juzgados desbordados

No es necesario ser abogado, sociólogo ni experto en estadística para identificar el gran problema de la administración de justicia en Colombia. Más allá de las deficiencias en calidad (atribuible a malos funcionarios y a muchos de los abogados litigantes), de las fallas de gestión y planeación, de la insuficiencia de los recursos o de la ausencia de una política criminal, hay un asunto más crudo y más elemental: la cantidad de trabajo que recae sobre los jueces.

En materia penal, la administración de justicia se enfrenta a un flujo enorme, constante y creciente de denuncias por delitos de todo orden que no es posible atender y que da pie, por supuesto, a un represamiento de proporciones inmanejables: un fiscal local en Bogotá puede tener a su cargo entre 500 y 1.000 expedientes, las decisiones de segunda instancia en Fiscalía o en Tribunales tardan varios meses, y en los procesos por extinción de dominio los plazos no se cuentan en meses, sino en años.

Los daños colaterales

El resultado de la enorme cantidad de procesos no es solo la tardanza en las sentencias sino la mala calidad de las investigaciones y de las decisiones, el abandono de aquellos asuntos que no son de trascendencia (o que poco interesan a la prensa) y el de aquellos que se quedan olvidados porque las partes o sus abogados no están haciendo presión de manera permanente.

Ante el exceso de presión, la Fiscalía ha ideado toda una serie de mecanismos “creativos”, de dudosa legalidad, para archivar cuantos expedientes sea posible y reducir la masa de investigaciones pendientes. Pero además son frecuentes los casos de fiscales incapacitados por estrés, y los de jueces, magistrados, peritos o investigadores cuya salud y calidad de vida se ven deterioradas por exceso de trabajo.

Impunidad rampante

Las consecuencias sociales de la crisis son por supuesto bastante más severas. La principal de ellas bien puede ser la extendida impunidad, que afecta la base misma de la vida en sociedad, produce desencanto del Estado y refuerza la tendencia de muchas personas o sectores a aplicar la justicia privada.

Ya a nadie le sorprende que las denuncias no sean atendidas, o que el primer contacto con las autoridades se dé un par de años después de la queja, cuando los hechos han sido olvidados, cuando las pruebas han desaparecido o cuando las consecuencias del delito ya son irremediables.

La impunidad es en sí misma una injusticia, que además estimula el aumento del delito porque quien no sea sorprendido in fraganti, sabe que sus posibilidades de librarse de una condena son muy altas, y las víctimas prefieren seguir con sus vidas sin esperar que las autoridades restablezcan sus derechos.

Al final, la prescripción es el destino inevitable y vergonzoso de cientos y cientos de acciones que culminan a veces sin haber comenzado, luego de años de inactividad.

Una reforma insuficiente y sin fondo

Ante un problema de tal complejidad y trascendencia, surge de nuevo la propuesta de reformar la justicia, pero los cambios –aunque fueran positivos– resultarían del todo insuficientes:

  • otra vez se intenta acabar con el Consejo Superior de la Judicatura,
  • ponerle algún límite a las tutelas contra decisiones judiciales,
  • crear una segunda instancia para los juicios contra los congresistas,
  • otorgar más fuerza a la jurisprudencia,
  • impedir que los altos cargos judiciales se utilicen como trampolín político.

Todos estos objetivos, bien intencionados y posiblemente positivos, no parecen conectados con la realidad inmediata y apremiante que nos afecta.

Hacen nacer alguna esperanza las medidas que buscan –en un futuro y previa reglamentación legal– atribuir funciones judiciales a los abogados y centros de conciliación, así como darle un manejo más ágil (mediante un procedimiento especial, breve y a cargo de la víctima) a aquellos delitos que se consideren “pequeñas causas”.

De esas medidas sí se podrán derivar –tal vez– consecuencias de fondo para la atención de muchos asuntos que hoy no se resuelven y para un cambio en el panorama general de la justicia.

Pero el balance final de la reforma, desde la óptica que interesa al usuario, al ciudadano afectado por la inoperancia del aparato judicial, e incluso de los funcionarios rasos y los abogados, en el mejor de los casos seguiría siendo de escasa relevancia.

Fuera de contexto

Y es porque las reformas propuestas siguen ignorando las verdades cotidianas y tangibles de la justicia en Colombia y aunque se ocupen de asuntos importantes, ellos están muy lejos de incidir sobre las prácticas concretas de los fiscales, los jueces, los investigados y las víctimas.

Ni las filas, ni las largas demoras, ni la ineficacia, ni la impunidad van a disminuir en virtud de los cambios que contiene la reforma.

Y mientras tanto la legislación penal sigue desbocada, se crean nuevos delitos y se aumentan las penas, en leyes como el reciente Estatuto de Seguridad Ciudadana o como el Estatuto contra la Corrupción que acaba de aprobarse.

Es como si a la chalupa que hace agua por todos los costados se le aumentar el lastre en vez de proveerla con remos más potentes.

*Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Propiedad Intelectual. Especialista en Creación Narrativa. Ha trabajado en la Rama Judicial como Juez de Instrucción Criminal y Fiscal Regional. Condecorado con la Medalla al Mérito por Servicios a la Justicia. Actualmente es abogado independiente.

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