Justicia selectiva

La institución de la Fiscalía ha perdido su credibilidad porque se ha desdibujado con el paso del tiempo, porque su gestión se ha debilitado y porque ha dado prioridad a los casos llamativos sobre los que no lo son.

Es claro que el papel de la entidad es universalizar, uniformar u homogeneizar el acceso a la justicia, para que todos los ciudadanos o residentes en Colombia tengan un tratamiento igualitario.

Por eso la Fiscalía debe ser ecuánime e imparcial, en lugar de seguir politizándose y convirtiéndose en un instrumento de persecución de la oposición o de cualquier ciudadano, por razones no jurídicas.

Además, la Fiscalía tiene el desafío de llegar a los 1102 municipios de Colombia para garantizar un acceso justo para todos, ya que actualmente cubre apenas una tercera parte del territorio. 

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Tres desafíos

Para cambiar el panorama anterior, la Fiscalía debe:

1. Adelantar campañas de acercamiento a la comunidad, 
2. Reactivar los miles de denuncias que han sido archivadas sin ninguna investigación, y 
3. Resolver con prontitud un cúmulo de denuncias sin ninguna decisión de fondo desde hace varios años. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, para octubre de 2023, un 81,7 % de los casos se encontraban en esta situación.  El 55,6 % de estos se archivaron por imposibilidad de encontrar al responsable del hecho delictivo.

Impunidad, corrupción y violencia

El 94 % de los delitos de corrupción en Colombia se quedan en la impunidad, y en por lo menos diez departamentos no ha sido sancionado ningún delito de este tipo.  ¿Qué está haciendo la Fiscalía? 

La impunidad es un reproductor automático de corrupción y violencia; la ineficiencia de la Fiscalía promueve un sentimiento de seguridad entre los delincuentes, porque saben que el riesgo del castigo es muy bajo.  

Por eso la Fiscalía tiene que investigar todos los hechos delictivos y enviar el mensaje de que la investigación será a fondo, para obtener sentencias condenatorias, llegar a preacuerdos, otorgar principios de oportunidad y utilizar los demás mecanismos de solución de conflictos que descongestionan la justicia, pero de manera equitativa.

Como muestran diversos estudios, muchos casos se absuelven por falta de pruebas o porque no se logró demostrar la culpabilidad de las personas. Incluso, cuando hay preacuerdos la Fiscalía pierde el 24 % de los casos y la tasa de absolución es del 30 % al 40 % cuando los casos logran llegar a juicio.

Por otra parte, la criminalidad se ha complicado: el crimen organizado es la regla y el delito aislado es la excepción. Por lo tanto, la forma de investigación debe cambiar radicalmente para perseguir de manera adecuada los delitos, que además pueden ser transnacionales o ser ejecutados por organizaciones multi crimen.

Por lo anterior es necesario resolver los casos de manera contundente, con suficientes pruebas, utilizar herramientas de inteligencia artificial y tener fiscales capaces de sustentar el caso ante el juez o el tribunal. 

Esto último implica poner fin a la práctica de dividir el caso entre dos fiscales: uno que instruye el proceso y otro que acusa al sindicado.  La Fiscalía debe recuperar su práctica anterior y escoger fiscales que conozcan el caso desde el comienzo para que cumplan su tarea de manera adecuada y sin intereses políticos. 

En otras palabras, el reto mayúsculo es tener fiscales independientes, autónomos, de alta fiabilidad y alta eficiencia. 

Personal calificado

El Consejo de Estado  ha reiterado la exigencia de empleos de carrera, porque solo así se garantiza que las personas sean aptas y se evitan las interferencias de recomendaciones y padrinazgos que llevan a nombrar personas a veces ignorantes del derecho penal. 

Esto ha sucedido con puestos de alto nivel que llevan asuntos de personas aforadas, y en cargos medios o bajos, lo cual conlleva fallas insalvables en los trámites, recolección, análisis o valoración de prueba. 

Además, se deben verificar los casos de nepotismo y tráfico de influencias,  ejercer  las acciones correspondientes, sancionar a los nominadores, e imponer reglas y prohibiciones claras en los nombramientos.

Por último, está el reto de revisar con cuidado las condiciones de trabajo de todos los funcionarios y servidores de la entidad. Las malas condiciones laborales han agravado los problemas de salud física y mental. 

El factor humano es determinante. Ninguna institución puede funcionar bien cuando hay acoso laboral, acoso sexual, sobrecarga en el reparto, horarios o condiciones no adecuadas para realizar su labor. Por eso importa en especial asegurarse de que los supervisores o coordinadores reciban la capacitación necesaria para consolidar equipos sólidos profesional y personalmente. Sólo cuando los funcionarios se sientan respetados en su labor, podrán actuar a plenitud en beneficio de la entidad y de la sociedad.

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