Resumen de los hechos que llevaron a la detención del expresidente y por qué podrían conducir a su condena.
Ángela María Buitrago*
Política y derecho
Desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva del expresidente y senador Álvaro Uribe, el país se dividió entre quienes apoyan y quienes rechazan la decisión.
Pero la mayoría de las personas expresaron su opinión política sobre la detención del expresidente.
En este artículo presento una explicación jurídica acerca del proceso y de sus consecuencias.
Los pasos hacia la detención
El caso que resultó en la detención preventiva de Álvaro Uribe comenzó el 24 de julio de 2018, cuando la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso en su contra y lo citó a indagatoria como presunto determinador —o “autor intelectual”— de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
En concreto, la Corte buscaba establecer si Uribe habría presionado a un exparamilitar para que se retractara de las declaraciones que lo relacionaban con la creación de grupos paramilitares. Uribe dio sus explicaciones sobre el caso en la indagatoria que rindió en octubre de 2019, y desde entonces la Corte practicó múltiples pruebas, muchas de ellas solicitadas por la defensa de Uribe.
En esa etapa, el juez analiza las pruebas disponibles con el propósito de determinar si hay o no hay elementos suficientes para considerar que la persona procesada participó en los delitos que se investigan.
Si el juez encuentra que las pruebas son lo suficientemente claras para posiblemente inferir que la persona cometió el delito, debe examinar si se cumplen los requisitos para ordenar su detención preventiva. En Colombia, la detención preventiva procede excepcionalmente o solo para:
- Garantizar que la persona comparecerá al proceso;
- Impedir que siga cometiendo el delito;
- O evitar que oculte, destruya o deforme las pruebas del caso.
Como se ve, la detención preventiva se ordena solo cuando hay suficientes pruebas para considerar que la persona es responsable del delito y cuando hay riesgo de que el procesado entorpezca la investigación.
La evidencia
En el caso de Uribe, la Corte encontró que hay una “gran cantidad de material probatorio (…) [que] incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas” que parecen confirmar las conductas de la persona investigada que a su vez constituyen los delitos tipificados o descritos por el Código Penal.
Además, la Corte consideró que el senador puede obstruir la justicia en perjuicio de las pruebas y de la investigación. Como lo dice la Corte en su comunicado:
“La providencia fue adoptada con base (sic) en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al (sic) futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”
Dicho de otro modo, la Corte deduce de las pruebas disponibles que Uribe y Prada fueron quienes determinaron a otros para sobornar a los testigos y para tratar de inducir a error a la justicia. Es decir, que Uribe concibió el delito y que otros lo realizaron materialmente.
Por eso, una de las consecuencias de la detención preventiva de Uribe será investigar y juzgar a quienes realizaron materialmente el delito: quienes manipularon los testigos y trataron de inducir a error a la justicia.
En ese sentido, es significativa la decisión que tomó el juez 35 de control de garantías apenas dos días después de haberse ordenado la detención del expresidente: detener preventivamente al abogado de Uribe, Diego Cadena, por haber sido quien presuntamente sobornó a los testigos.
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Una prueba de fuego
En suma, la detención de Uribe y de su abogado parecen justificadas. Y aunque la defensa del expresidente tiene el derecho de recurrir la decisión, su detención ya marca un hecho histórico.
No obstante, este es solo el comienzo de un gran enfrentamiento. Además, es la prueba de fuego para establecer si realmente existe una separación de poderes en nuestro Estado de derecho.
Desde el mismo día en que se anunció la decisión de la Corte, el presidente Iván Duque se ha referido al caso: ha solicitado que el expresidente pueda defenderse en libertad, ha dicho que cree en la honorabilidad y la inocencia de Uribe y ha llegado a afirmar que este hecho justifica una reforma a la justicia.
En mi criterio, las palabras del presidente son la expresión de una actitud histórica que han tenido sus predecesores de entrometerse en los asuntos de la rama judicial. La experiencia del pasado muestra que esa indebida intromisión en la justicia puede llevar a ataques, revanchas y amenazas contra los jueces, con consecuencias funestas para el Estado y la democracia.
Ojalá algún día se consolide la independencia de los poderes públicos, que es también garantía de un Estado democrático de derecho.
