La comparecencia del general Zapateiro ante la JEP para declarar sobre la masacre del Aracatazo es fundamental para desenmascarar los vínculos entre las instituciones y los grupos paramilitares en Colombia.
Ángela María Buitrago*
Derecho y obligación
El compromiso de sacar adelante la verdad en una justicia transicional no es apenas de los funcionarios de la JEP, sino de todas las instituciones y personas que hacen parte del Estado colombiano.
Por lo tanto, la comparecencia de todas las personas que puedan colaborar en el esclarecimiento de lo que sucedió entre 1985 y 2016 es un compromiso ineludible de quienes estuvieron presentes.
El Estado colombiano fue señalado en 2015 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable de la masacre del Aracatazo ocurrida en el municipio de Chigorodó, Antioquia, por la omisión de tomar medidas contra el ataque.
Por eso es razonable y necesaria la petición del procurador Alfonso Pío Fernández Angarita para citar al exgeneral Zapateiro a declarar sobre la masacre del Aracatazo. Nadie más que las personas que se estaban en el lugar, y en particular los que debían proteger a la población, saben lo que ocurrió.
Una masacre evitable
“Tenemos la consigna de velar por la vida” dijo hace poco el General Zapateiro. Pues bien, esa consigna es importante recordarla porque también tienen que “velar” por la verdad de la muerte.
El Estado colombiano fue señalado en 2015 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable de la masacre del Aracatazo ocurrida en el municipio de Chigorodó, Antioquia, por la omisión de tomar medidas contra el ataque.
Así mismo, tenemos una sentencia proferida por el alto Tribunal que confirma la condena de Dalson López Simanca, alias Mono Pecoso, y José Luis Conrado Pérez, por el homicidio de 18 personas con la imposición de una pena de 40 años, admitiendo la presencia y participación de un grupo de paramilitares que conformaban el frente denominado “Alex Hurtado”.
Es inconcebible pensar que se asesinan a 18 personas y que el Estado no hace presencia para evitar ese resultado y para proteger a la población, estando a tan sólo unos metros del lugar. ¿Cuál será realmente la explicación para esta ausencia u omisión respecto de un sin número de personas que creen en que las instituciones las van a proteger “en su vida honra y bienes”, y acaban bajo las balas asesinas de grupos paramilitares?
Es perentorio que se cuente la verdad sin más rodeos y sin más engaños en la JEP. Colombia tiene su suelo teñido de sangre en actos cometidos por la permisión o coparticipación de algunas autoridades y la saña y violencia de grupos criminales.
El paramilitarismo y las instituciones
Para nadie es desconocido que los grupos paramilitares se aliaron con varios miembros e instituciones del país que debían prestar seguridad a la población.
Los procesos penales que se han adelantado permiten advertir condenas contra funcionarios del Departamento de Seguridad (DAS) y contra miembros de la Policía Nacional y del Ejército que participaron en actividades conjuntas como retiros de retenes cuando precisamente sabían que venían grupos paramilitares a realizar graves crímenes.
Si no admitimos esto, tendremos graves problemas para comprender que las violencias surgen desde adentro y quienes las conocen son los que hacen parte de las instituciones.
Por esa razón citar a dichas personas puede brindar elementos de contraste importantes para reconstruir la realidad de los hechos, para reparar a las víctimas, pero sobre todo para conocer la verdad de la guerra que han llevado a Colombia a un desangre permanentemente que todavía no acaba.
El Comando de la XVII Brigada
El Batallón 46 Voltígeros hace parte de la XVII Brigada, la que, según el paramilitar Ever Veloza alías HH, tenía una gran relación con ellos. Recordemos la condena del capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez por su participación en la masacre de San José de Apartadó.
El Batallón Córdoba, que para la época comandaba el general Zapateiro, también hacía parte de la XVII Brigada. Según la cita del mismo procurador y que aparece referenciada:
“Ese día dos pelotones, uno adscrito a esa compañía, hicieron presencia en el lugar y, según las versiones de los militares comparecientes en este subcaso, habrían permitido la actuación del grupo paramilitar que perpetró la masacre…”.
Por esa razón, el testimonio de Zapateiro, entonces capitán, así como el de las demás personas que puedan aportar a la investigación, se hace indispensable para seguir construyendo una esperanza hacia la paz y la justicia. De lo contrario, nuestra justicia dialógica no alcanzará su meta ni tendrá sentido.
La justicia transicional que fue pionera en Colombia, y que originariamente se denominó Justicia y Paz, tiene tantas verdades vertidas en cada una de las declaraciones de los desmovilizados que existen muchas afirmaciones que se deben aclarar.
Por eso hay que volver la mirada a todas las declaraciones que rindieron en su época los desmovilizados de los grupos paramilitares, y escuchar también a sus jefes que hoy se acercan a la JEP.
El que no quiere ver
¿Cuántos de los postulados desde 2005 contaron con lujo de detalles y de cinismo las campañas conjuntas, los planes y la división del trabajo que se realizaban en múltiples municipios y departamentos de Colombia para eliminar a los que consideraban “enemigos”? En algunos casos, fue un fenómeno causado por una prolongación absurda de la guerra fría y en otras por conveniencias e intereses del grupo.
Por eso es razonable y necesaria la petición del procurador Alfonso Pío Fernández Angarita para citar al exgeneral Zapateiro a declarar sobre la masacre del Aracatazo. Nadie más que las personas que se estaban en el lugar, y en particular los que debían proteger a la población, saben lo que ocurrió.
Si la JEP no vuelve la mirada a toda esta historia y no toma en cuenta la comparecencia de todas estas personas que hicieron parte de estos grupos, y conocen detalladamente cómo fue que operaron, las víctimas de cientos de masacres se quedarán sin conocer los motivos y las causas de la guerra y de la muerte o desaparición de sus seres queridos.
La mejor forma de ver la realidad de estas situaciones es conociendo de boca de todos los integrantes, lo que pudieron presenciar, conocer y advertir cuando prestaban el servicio dentro de batallones o Brigadas que poco a poco se fueron descubriendo como partícipes de algunas de las acciones de los grupos paramilitares.
Así mismo escuchar a los paramilitares también permite conocer la dimensión de ese fenómeno criminal que actuó en algunos casos con plena participación de las instituciones y a los terceros que patrocinaron, apoyaron y acompañaron todas estas acciones.
La participación de los militares debe ser entendida como un compromiso ab initio de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, todas las citaciones que se propongan son útiles y fundamentales para cumplir con el cometido que añoran los colombianos. Conocer la verdad, hacer justicia y restaurar las heridas.
