Una imputación histórica

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad a diez militares y un civil por “falsos positivos” en Catatumbo, Norte de Santander, entre 2007 y 2008.

Según la JEP, estos hechos no hubieran ocurrido si no hubiera existido una política institucional de incentivos para obtener “muertos en combate”. Por eso, para describir estos hechos se usa un término técnico: “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Estas muertas fueron ilegítimas porque ocurrieron por fuera del marco de la ley, con premeditación y alevosía, de forma sistemática y como política recurrente. Son, sin lugar a duda, actos arbitrarios e ilícitos.

Desde que la JEP asumió el conocimiento de este caso en 2018, era evidente que existía un patrón de asesinato y muerte donde el Estado colombiano era el principal responsable. Se trata de una realidad inocultable, que a menudo ha sido disimulada en términos de espacio, cantidad y modalidad.

Desde la misma Dirección Ejecutiva del Ministerio de Defensa se entregaron algo más de 1.750 nombres de miembros de la fuerza pública que habían aceptado presentarse para reconocer su responsabilidad en “falsos positivos”. Pero, entre todos, reconocieron apenas 2.586 casos, ocurridos entre 1985 y 2016. Lo que se empieza a ver es que esa cifra era menos de la tercera parte de la macabra realidad de una política arraigada y generalizada.

La punta del iceberg

Según la JEP, al menos 6.402 personas fueron ejecutadas por la fuerza pública entre 2002 y 2008. Esta realidad la sostenían las víctimas desde hace muchos años y, como siempre, nadie las escuchó.

En todo caso, es importante tener en cuenta que ese cálculo es apenas una parte, que se ha podido establecer por la decisión de la JEP de dar un orden a su investigación: primero, el tribunal identificará a los máximos responsables a nivel regional y local, y después, buscará a los responsables en una escala territorial y nacional.

Hasta ahora se han analizado apenas diez departamentos y seis zonas del país en un período muy reducido –la mayoría de las pesquisas se centraron en el período comprendido entre 2002 y 2008–. Por eso, a medida que avance la investigación esta cifra puede aumentar.

Pero esta es además la punta del iceberg en lo tocante a los métodos que usaron los agentes estatales. Al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales, la JEP empieza un recorrido para levantar el velo de las formas de operar de algunos miembros del Estado, con la protección y el cobijo de muchos superiores y funcionarios. Esto permitirá advertir la dimensión que tuvieron los hechos y cómo se organizaron las instituciones para llegar a este macabro resultado.

Como he afirmado en esta misma revista, en principio, la JEP no debería juzgar los casos de “falsos positivos”, pues las ejecuciones se cometieron contra civiles ajenos al conflicto armado. Sin embargo, esta decisión abre una puerta de esperanza para acercarnos a la realidad de ese fenómeno de violación de derechos humanos que ha sido ocultado por tanto tiempo.

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¿La política de extermino continúa?

La falta de certeza sobre quiénes fueron todos los partícipes y determinadores de los “falsos positivos” también tiene un riesgo: que la política de exterminio continúe.

Hoy más que nunca, la violencia y las acciones del Estado deben tener un seguimiento para garantizar la protección de los derechos humanos. Recordemos que, en su examen preliminar, la Corte Penal Internacional ya se pronunció sobre por lo menos diez brigadas implicadas en “falsos positivos”.

Todo lo descrito en la investigación de la JEP como “política institucional” nos obliga a preguntarnos si hemos superado el pasado: ¿esas prácticas no siguieron después de los períodos de competencia de la JEP? En la actualidad, ¿no siguen ocurriendo hechos similares?

Los hechos que está examinando la JEP son relativamente recientes y muchos de los autores y partícipes que los cometieron todavía están por fuera del radar. Varios de los responsables ni siquiera han reconocido los hechos descubiertos ante la JEP.

¿Podemos esperar que, en un acto de real reconocimiento y arrepentimiento, las personas que fueron llamadas por la JEP contribuyan a identificar a todas las personas que estuvieron en la cadena de mando? ¿Se cerrará por fin este capítulo de sangre y muerte en Colombia?

Lo que sigue

Los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos descritos por la JEP. Si reconocen su responsabilidad y hacen un ejercicio de verdad plena, se les impondrían las sanciones propias de la justicia transicional. Si rechazan su responsabilidad, la JEP seguirá investigando y, en caso de encontrarlos culpables, podría condenarlos hasta con 20 años de cárcel.

Este es el primer paso para empezar a analizar si los más de 1.700 miembros de la fuerza pública que se sometieron a la JEP serán coherentes con su sometimiento o si negarán su responsabilidad. Esto también será útil para examinar si se han desmontado esas prácticas e incentivos que les llevaron a realizar “las ejecuciones” a cambio de “felicitaciones y permisos”.

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Pero aún hay mucho que está por verse: ¿será capaz la justicia de investigar y sancionar a todos los responsables? ¿Los responsables de menor rango irán a la JEP y se someterán sinceramente? ¿Será necesario que la Corte Penal Internacional intervenga en algún punto? ¿La jurisdicción ordinaria seguirá investigando las políticas institucionales para evitar que la historia se repita?

La decisión de la JEP es un avance histórico, que despierta indignación y dolor por confirmar que las políticas institucionales causaron el asesinato y el exterminio de tantos colombianos.