Las investigaciones de la JEP confirman que las instituciones colombianas cobijaron al menos 6.402 ejecuciones extraoficiales ordenadas por las fuerzas armadas.
Ángela Buitrago*
El fracaso de la justicia ordinaria
El pasado 18 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que, entre 2002 y 2008, hubo al menos 6.402 falsos positivos, tres veces más que las cifras registradas por la Fiscalía.
“Falsos positivos” es el nombre que da al asesinato de miles de civiles por parte de las fuerzas armadas colombianas con el fin de presentarlos como bajas de combate. Estos 6.402 casos son la radiografía incompleta de un país donde las instituciones cobijaron los crímenes ordenados por comandantes de las fuerzas estatales. La JEP les dará prioridad a seis departamentos en la primera fase, pero lo más probable es que el fenómeno se haya extendido por todo el país.
El caso de Villamizar Durán que llegó a la Corte Interamericana en 2018 demuestra que las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por agentes de seguridad del Estado son una constante desde 1980. Es inaudito que, hasta el día de hoy, ningún gobierno haya reconocido la existencia de esta práctica.
Lo más preocupante de las revelaciones de la JEP es que corroboran que la justicia ordinaria fracasó, pues fue incapaz de procesar a los responsables y de determinar el verdadero número de ejecuciones.
El interrogante obvio es: ¿Por qué razón, a pesar de las denuncias, de las condenas internacionales y de las numerosas pruebas, jamás se impulsó una política que evitara estos asesinatos?
La JEP también anunció que la estrategia de investigación adoptada por la magistratura consiste en ir de abajo hacia arriba. Así pues, primero identificará a los partícipes y a los responsables inmediatos, y posteriormente se determinará si existen y quiénes son los responsables intelectuales. La responsabilidad por cadena de mando permitiría imputar de forma conjunta a todos los responsables.
Ya se ha demostrado que agentes del Estado de distintos rangos asesinaron personas con una u otra finalidad y que las ejecuciones extrajudiciales no son responsabilidad de una sola persona o institución.
¡Algunos no aceptan lo sucedido!
Si realmente los asesinatos son parte una política establecida, a la JEP le espera un sinnúmero de obstáculos.
Hay muchas personas que deberían dar explicaciones, pero aún niegan lo sucedido. Álvaro Uribe y su partido son el ejemplo más claro. Hasta el día de hoy se rehúsan a aceptar lo sucedido y el expresidente se atrevió a afirmar que José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, “es militante de las FARC, y no debería dar apariencia de defensor de Derechos Humanos”, después de que Vivanco afirmara –con razón– que Uribe distorsiona la historia de los falsos positivos.
Las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por agentes de seguridad del Estado son una constante desde 1980
La JEP debe ser consciente de que su labor no será sencilla. Habrá muchas dificultades para que logre inculpar a todos los responsables.
Otra de ellas es el modus operandi de las ejecuciones. Sabemos que los perpetradores maquillaron los escenarios para no asumir ninguna responsabilidad. Y se salieron con la suya, pues lograron que sus crímenes fueran considerados actos legítimos. Además, mantuvieron intacta la doctrina del ‘enemigo interno’.
El panorama es realmente desolador: muy pocos responsables han comparecido ante la JEP, y la justicia ordinaria ni siquiera tiene en el radar todos los casos. ¿Cómo vamos a adelantar el trabajo de investigación y de justicia?
La JEP no debería juzgar este caso
Otro punto importante del debate es que los falsos positivos no deben ser considerados producto del conflicto armado porque, en realidad, fueron ejecuciones cometidas contra civiles ajenos al conflicto y, por ende, no deberían ser amparados por la justicia especial.
Los falsos positivos fueron producto de un plan premeditado por miembros de instituciones estatales que buscaban una remuneración extra o un mes de vacaciones. Los falsos positivos constituyen un crimen de lesa humanidad y deben ser tratados como tales. Me sorprendió que el Comunicado 003 no incluyera esta aclaración.
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Finalmente, es fundamental proteger a las víctimas que, con toda razón, reclaman su derecho a conocer la verdad. Debemos evitar que sean agredidas por la justicia o por los asesinos de sus familiares. No debemos descalificar ni subestimar sus reclamos. Les debemos respeto y, sobre todo, justicia. Así mismo, debemos proteger a los magistrados que han empezado a investigar estos delitos, pues se trata de una labor arriesgada y necesaria.
Los falsos positivos no deben ser considerados producto del conflicto armado porque, en realidad, fueron ejecuciones cometidas contra civiles ajenos al conflicto
Solo nos resta esperar que vengan nuevos vientos y que los asesinatos extrajudiciales dejen de ser la norma en nuestro país. Es hora de investigar y castigar a los responsables sin importar que tan poderosos sean.
