Pablo Sanabria, autor en Razón Pública
Foto: Presidencia de la República

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El gobierno de Petro ha dejado más polémicas y desilusiones que acuerdos y realizaciones. Estos han sido sus errores de gestión.

Pablo Sanabria Pulido*

Esperanza y desencanto

Petro acaba de cumplir dieciocho meses en la presidencia. Han sido meses de sobresaltos y obstáculos para partidarios y defensores. Meses de reformas destructoras y de inacción para los opositores. Para todos, ha sido una montaña rusa.

Después de un comienzo de altas expectativas y emotividad esperanzada, lo que ha seguido han sido frustraciones, tanto para el gobierno como para seguidores y opositores. El gobierno parece incapaz de administrar y de movilizar su agenda. Múltiples voces que antes lo apoyaban parecen desencantadas por lo visto hasta ahora.

Pero esto no es noticia. Los indicadores de favorabilidad permanecen por debajo del 30 %, reflejando el deterioro de su imagen y el desgaste de su capital político desde etapas muy tempranas de su gobierno.

Pero, ¿por qué se ha desgastado tan rápido el capital político de Petro? Estas parecen ser las principales razones.

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Un liderazgo errático y desenfocado

El presidente lograba inspirar, mover masas con discursos elocuentes y posicionar temas en la agenda como congresista o como candidato. Ahora no parece tener las habilidades gerenciales ni el liderazgo para empujar sus propuestas y coordinar su gobierno.

Aunque sus reformas puedan ser interesantes o respondan fielmente a sus bases electorales, se estrellan contra el suelo y afectan su gobernabilidad, porque no cuenta con un equipo técnico-gerencial experto, ni menos con alfiles políticos sólidos que las defiendan técnica y políticamente más allá de su base de leales activistas.

Foto: Presidencia de la República - Uno de los problemas del presidente es su estilo de liderazgo errático, que se expresa en la dificultad para coordinar su equipo y hacer seguimiento a su gabinete.
Lejos de definir estrategias, señalar el camino, Petro parece desconectado del país y de sus necesidades urgentes, pero especialmente de su propio gobierno. No forma la agenda, sino que la desorganiza. No hace seguimiento de su gabinete ni de sus labores, sino que los confunde.

Sus intervenciones hacen pensar que le interesa más mirar hacia afuera que hacia adentro del país. Su discurso, antes que unir, sumar fuerzas y construir liderazgo colectivo, divide, levanta ampollas y arma peleas innecesarias. Al defenderse, cae en estrategias populistas que, si bien son consistentes con la forma como fue elegido, reducen su capacidad de liderazgo y lo alejan más del resto del país.

Una agenda volátil e indefinida

Su agenda de políticas es incierta, ambigua, ciertamente ambiciosa y en muchos casos marcada por el síndrome de Adán, con un afán casi excéntrico por pasar a la historia como el refundador del país. En esa confusión, el presidente da líneas inconexas e inconsistentes a un equipo desorientado y desarticulado.

Desde el comienzo del gobierno ha centrado su energía en defender sus soluciones más que en entender los problemas de fondo. El desdén por la técnica, por ejemplo, en su desatención al Plan de Desarrollo o al presupuesto nacional, son un reflejo de la confusión de lo que significa gobernar bien. El presidente, al contrario de lo que se recomienda en políticas públicas, se enamora perdidamente de las soluciones de su libreto antes que definir los problemas.

No es que otros gobernantes no lo hayan hecho, sino que ese romance no va acompañado de una base técnica que sustente sus ideas y de un equipo que, basado en evidencia, formule, ejecute y les haga seguimiento. Aunque sus reformas puedan ser interesantes o respondan fielmente a sus bases electorales, se estrellan contra el suelo y afectan su gobernabilidad, porque no cuenta con un equipo técnico-gerencial experto, ni menos con alfiles políticos sólidos que las defiendan técnica y políticamente más allá de su base de leales activistas.

Peleas innecesarias

El debate de las reformas parece haber agotado rápidamente la gasolina gubernamental. El capital político del presidente se desgastó muy rápido por varias peleas innecesarias.

Por un lado, los nombramientos dudosos del gabinete, las equivocaciones y peleas de sus ministros y coequiperos, los choques y desplantes con gobernantes locales y sus proyectos prioritarios, las renuncias de voces técnicas o disonantes en el gobierno y un estilo de administración basado en debates tuiteros golpearon la imagen del presidente.

Gobernar es más que reformar

El gobierno ha transmitido una imagen de desorden e incapacidad en su gestión y en la competencia entre los miembros de su equipo, especialmente en el más cercano. En esto se nos han ido dieciocho meses donde no hemos visto avances, mientras que   los problemas persisten o se agravan.

No solo hay terquedad en defender argumentos muy poco convincentes, sino que el presidente y su equipo parecen desconectados de los problemas de la administración pública que deben resolver.

Gobernar es el arte de gestionar a los distintos sectores y las restricciones económicas, políticas e institucionales.

La obsesión reformista y el enamoramiento de Petro con su “refundación de la nación”, hacen que presente cualquier viento en contra como prueba de que el mundo está contra él y su gobierno. Su visión victimizada de “no me dejan gobernar”, indica que el presidente prefiere hacer pataleta y crear tensiones en las redes sociales, antes que asumir que gobernar es precisamente ponerse al frente, coordinar, gestionar y capotear las fuerzas contrarias, todo sin salirse de los marcos institucionales.

Petro es un político sagaz, pero parece ajeno a su propia función administrativa y de líder. El periodo presidencial pasa muy rápido, de modo que tal vez ha llegado el momento de revisar el rumbo y establecer las victorias factibles y necesarias.

Su desesperación ha sido tan evidente que por momentos parece ignorar las reglas de juego. En un marco de gobernanza democrática los gobiernos están lejos de ser omnipotentes para ordenar para que los cambios sucedan. Para eso existe la gestión pública, para hacer que los cambios pasen en un marco democrático.

Cualquier gerente público debe tener claro que los gobiernos operan en una densa red de reglas, intereses y poderes formales e informales que limitan la discrecionalidad gubernamental y evitan abusos de poder como parte del ejercicio democrático. Además, establecen derechos y procesos.

El problema es que mientras el presidente parece desconocer la frase china de “siembra vientos y cosecharás tempestades” el equipo que debe gestionar parece fragmentado, desenfocado paralizado y, en muchos casos, sin el equipaje correcto para responder con gerencia y técnica a tanta turbulencia.

Les repito siempre a mis alumnos que es más fácil hacerse elegir que gobernar y ser elegido ya es tremendamente difícil. Pero eso no es suficiente para ser un buen gobernante. Entre otras cosas, se necesitan inspiración, visión, estrategia, gestión, capacidad, coordinación y liderazgo colectivo, atributos que la sociedad percibe ausentes en este gobierno.

Algunos podrían argumentar que el presidente sabe lo que hace y todo es parte del juego que plantea, pero los resultados no parecen confirmar esta hipótesis.

Petro es un político sagaz, pero parece ajeno a su propia función administrativa y de líder. El periodo presidencial pasa muy rápido, de modo que tal vez ha llegado el momento de revisar el rumbo y establecer las victorias factibles y necesarias.

En políticas públicas, como advertían tanto Charles Lindblom como Herbert Simon, los cambios graduales y escalonados son más factibles que las transformaciones heroicas. Los primeros son menos espectaculares, pero ciertamente son más certeros y factibles y pueden hacer historia

El tiempo y la inercia son implacables en la administración pública. Si Petro y su gobierno no corrigen  el rumbo, su legado pasará a la historia con más penas que glorias reformadoras, con todo lo que ello puede implicar para el futuro de Colombia.

Lea en Razón Pública: Clientelismo en Colombia: un problema que se mantiene y empeora

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Pablo Sanabria

Escrito por:

Pablo Sanabria

*Profesor de Administración Pública de la Florida Atlantic University.

Foto: Prosperidad Social

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A pesar de los usuales discursos de campaña que pontifican sobre mérito y transparencia en la asignación de cargos públicos, una vez electos diferentes gobiernos han mantenido las prácticas clientelistas en el empleo público. ¿Por qué esta práctica vieja ―o renovada― sigue siendo dañina para las instituciones colombianas?

Pablo Sanabria*

El gobierno como botín

Andrew Jackson fue el séptimo presidente de Estados Unidos y fue reconocido por convertir el empleo público en un botín, es decir, por repartir a dedo los cargos oficiales entre copartidarios, amigos y personas que le hubiesen ayudado a conseguir votos.

Al ganar las elecciones, Jackson y sus copartidarios declararon una victoria del hombre de a pie sobre el hombre de élite. El triunfo del granjero y el mecánico sobre los ricos nacidos en el privilegio.

La administración pública estadounidense apenas se encontraba en construcción y no fue mal visto que los políticos repartieran cargos públicos a personas sin preparación o experiencia. En el momento del triunfo electoral, un senador cercano a Jackson declaró: “To the victor the spoils”. Es decir, el ganador se lleva todo ―y por todo se referían a la nómina de cargos públicos―. La bancada ganadora debía tener la potestad de asignar todos los cargos a sus leales. Desde la perspectiva de Jackson los cargos públicos eran para el hombre común, el hombre de la calle, que debería estar representado en la política.

se necesita un mecanismo que es urgente para Colombia y que he recomendado insistentemente: el diseño y puesta en marcha de un sistema de alta dirección pública o un programa de gerentes públicos.

Pero los resultados del llamado spoils system de Jackson fueron desastrosos por la mala calidad de la administración pública y la gran insatisfacción ciudadana. Fue un gobierno caótico y politizado, incapaz de ejecutar y responder a las necesidades de la población.

Por eso a finales del siglo XIX, muchos analistas insistieron en la importancia de cambiar esa administración de funcionarios nombrados por razón política, sin entrenamiento ni conocimiento para desempeñar bien sus cargos. Así, apareció la famosa dicotomía política-administración, la idea de que la política no debe tener injerencia en lo administrativo.

La solución al problema creado por el spoils system fue crear una burocracia profesional y especializada que escogiera los mejores para el servicio público. Se crearon escuelas de administración pública para formar futuros funcionarios y se adoptaron el mérito y la estabilidad en el cargo como formas de evitar la intromisión de politiqueros en el empleo público. Con ello se dio uno de los procesos más exitosos de reforma del servicio civil que hasta hoy se mantiene sólido, pese a los múltiples intentos por debilitarlo.

Foto: Facebook: Ministerio de Salud - Algunos articulados de las reformas y las declaraciones del ministro de Salud parecen confirmar que se está avanzando en dar más cargos y contratos a políticos.

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Representación y técnica en la alta dirección pública

Es interesante comparar el caso de Jackson con el del gobierno Petro. La llegada de un gobierno de izquierda ha significado un cambio evidente en la asignación de cargos públicos a copartidarios, activistas y personas de confianza. Es clave resaltar que muchos de ellos son personas que no hubieran llegado a los altos cargos del Estado de otra manera y que no tuvieron representación previa en otros gobiernos.

Por otro lado, es normal que el presidente haga altos nombramientos por confianza o política, pues esa es una de sus potestades, como argumentamos en este documento de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Pero no han sido pocos los casos de nombramientos para cargos importantes de personas sin preparación, experiencia o idoneidad. El presidente ha dado prioridad a la cercanía, la confianza o los arreglos con grupos políticos de base, activistas y partidistas.

La pregunta clave es por qué ha pasado esto y si no se prepararon las bancadas y movimientos de izquierda para crear cuadros técnicos o acercar técnicos y gerentes con capacidad y/o experiencia. Aunque este no es un problema exclusivo de la izquierda (porque las bancadas en Colombia no suelen ocuparse de este asunto), se necesita un mecanismo que es urgente para Colombia y que he recomendado insistentemente: el diseño y puesta en marcha de un sistema de alta dirección pública o un programa de gerentes públicos.

Los contratos por prestación de servicios y el clientelismo

La situación tampoco ha mejorado en los demás niveles del empleo público como viene acrecentándose desde gobiernos previos.

Pese a lo establecido en la Constitución de 1991 sobre el mérito como base de acceso al empleo público, durante los últimos años han florecido el patronazgo político y el clientelismo, especialmente a través de los contratos de prestación de servicios.

Además de la violencia y la extracción de rentas que crea, el clientelismo es uno de los precursores de la corrupción y uno de los principales factores que van en detrimento de la gestión pública efectiva y de la confianza ciudadana en el Estado

Estos contratos ofrecen una alternativa a las rigideces de las organizaciones burocráticas porque dan flexibilidad para armar equipos y facilitan la evaluación del desempeño. Sin embargo, se convirtieron en moneda de cambio para pagar lealtades, influir en negociaciones y facilitar arreglos con determinados actores políticos o económicos. Su uso indiscriminado debilita las instituciones, la continuidad de las políticas y deteriora el servicio público.

El plan vs. la acción

El gobierno Petro ha hablado en varios momentos de la necesidad de mejorar la representación y la participación en el empleo público. Pero su apuesta para enfrentar el clientelismo y el patronazgo político no es clara ni sólida. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo apenas hay dos párrafos sobre empleo público que hablan de derechos de los servidores públicos, de armonización normativa y de incentivar el mérito.

Pero las prácticas se centran más en el enfoque de gobierno que en la estrategia del plan. Las declaraciones recientes del ministro de Salud, del ministro del Interior, y algunos de los articulados de las reformas en debate, parecen confirmar que se avanza en la dirección de poner más cargos y contratos en manos de los políticos. No es deseable mantener y menos normalizar un fenómeno tan dañino como la asignación política de cargos públicos.

Una tradición dolorosa con el empleo público

Cada vez que tuiteo sobre el tema vienen a “explicarme” que lo de Colombia es normal porque existe en otros países y que este, el que sea, no es el primer gobierno que lo hace. Pero esto no es normal ni deseable. Además, hay países donde las decisiones públicas no se hacen sobre la base de “de quién eres familiar o amigo o en qué colegio o universidad estudiaste”.

En ese sentido, Colombia tiene una tradición dolorosa. Se intentó erradicar el clientelismo en 1957 y en 1991 precisamente porque la repartición de cargos ha significado sangre, violencia y desplazamiento. Las películas “Cóndores no entierran todos los días” y “La sargento matacho”, documentan muy bien el alto costo social para nuestro país de este problema.

Además de la violencia y la extracción de rentas que crea, el clientelismo es uno de los precursores de la corrupción y uno de los principales factores que van en detrimento de la gestión pública efectiva y de la confianza ciudadana en el Estado. No se puede normalizar ni legitimar.

El legado del modelo de Jackson fue puesto en duda, pero sus efectos duraron décadas. Tanto que apenas en 1883, después del asesinato del presidente James Garfield por parte de alguien que no fue nombrado en un cargo público prometido, fue expedido el Penddleton Act que sentó las bases del servicio civil en Estados Unidos y se convirtió en modelo para otras naciones que lo siguieron.

Colombia aún tiene esa tarea pendiente y hemos dado diferentes ideas para adoptar un modelo que reconozca la necesidad de flexibilizar el empleo público, mejore su calidad y facilite la representación de diferentes esferas de la sociedad, pero que garantice también la idoneidad de quienes llegan al empleo público. No se está haciendo bien hasta ahora, ¿cuál va a ser el legado de este gobierno?

Puede leer: Petro como gerente público: por qué no avanzan los cambios

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Pablo Sanabria

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Pablo Sanabria

*Profesor de Administración Pública de la Florida Atlantic University.

ISSN 2145-0439

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