Los niños: el futuro de la guerra… y de la paz

Indiferencia insoportable

Cada doce de febrero se celebra el Día Mundial contra el Reclutamiento y la Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados ilegales. En contraste con otras fechas conmemorativas, esta no suele tener una convocatoria nacional de cierta magnitud.

La indiferencia de la ciudadanía, en general, refleja la baja observancia del mandato constitucional en torno a la protección integral de los derechos de la infancia y de la adolescencia, con el correspondiente impacto en términos de desarrollo humano y construcción de país.

La sola imagen de un niño vestido de camuflado y portando fusil debería prender todas las alarmas y provocar el mayor rechazo. Pero la realidad es otra. La indiferencia no existe apenas ante un caso aislado, que bien podría pasar desapercibido,  sino ante una práctica  generalizada y masiva, reflejo de la degradación  del conflicto que destroza el país, conjuntamente con su precario desarrollo humano.

Muchas víctimas

Ya van unos 5.000 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales y atendidos por el programa especializado que lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  Pero cuando se pregunta a estos niños si en el grupo al cual pertenecían se encontraban más niños, la respuesta siempre es afirmativa, de donde vale inferir que el número de menores reclutados es mucho mayor.

Baste un ejemplo para ilustrar el sub-registro: sólo 3 de los 309 menores de edad reclutados por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, pasaron por el programa mencionado, según pudo establecerse  durante el juicio contra este comandante paramilitar en el marco de la Ley de Justicia y Paz, al igual que en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Cabe señalar, además, que inicialmente la Fiscalía General de la Nación (FGN) había indicado una cifra mayor de  niños reclutados — 428 casos —, pero sólo logró construir acervo probatorio para los 309 casos señalados.

Así pues, en la práctica, no todos los niños, niñas y adolescentes reclutados   ingresan al programa especializado del ICBF. En consecuencia, no se da un proceso efectivo de restablecimiento de sus derechos y, en particular, queda frustrado su derecho a la reparación integral como víctimas del conflicto.  Y además, son bien precarias las garantías de no repetición de los hechos.

Desde edad muy temprana

La edad de los menores que son víctimas del reclutamiento y la tendencia a que ésta se reduzca cada vez más deberían causarnos indignación.

En el proceso de Justicia y Paz se comprobó el reclutamiento de niños menores de 15 años por parte de alias El Alemán. Esto viola el derecho internacional de los Derechos Humanos y en particular su perspectiva diferenciada, como también el Derecho Internacional Humanitario  (las normas que regulan la guerra).  En este proceso, incluso se reportó el caso de un joven reclutado cuando tenía 10 años.

De acuerdo con el ICBF, se han registrado niños desvinculados de las FARC desde los 9 años, lo cual implica que la edad de reclutamiento ya no es la adolescencia, sino la infancia . Vaya degradación.

De otro lado, cerca de un 12 por ciento de los niños y niñas desvinculados pertenecen a grupos étnicos (CONPES 3726 de 2012) y al parecer la tendencia va en aumento, particularmente en el oriente colombiano.

Más allá de los debates estadísticos, lo expuesto es evidencia de que tanto la infancia como la diversidad del país están en riesgo. Pese a esta alarma, la protesta ciudadana es prácticamente nula y la reacción estatal es cuando mucho, muy tímida.

El derecho a ser niño

Si bien el derecho a ser niño no está consagrado en forma taxativa, el reclutamiento es una grave violación de la totalidad de los  derechos de niños, niñas y adolescentes – derechos estos que son interdependientes– y no sólo del derecho a ser protegidos contra  las guerras, los conflictos, las peores formas de trabajo infantil, el reclutamiento y la utilización  (véase: Ley 1098 de 2006, Artículo 20).

El derecho a la identidad, al nombre de pila, se viola tras el mote de un alias. El derecho a tener una familia y a no ser separado de ella se trastoca por la bizarra imagen del grupo armado como familia. Para no mencionar el derecho a la integridad y a la vida, siempre en riesgo durante el entrenamiento militar, sin contar con que en los combates los niños son utilizados como carne de cañón y como escudos humanos.

Ni qué hablar, entonces, del derecho a la educación, a la salud, a la cultura o a la recreación. El pelotón armado pasa a ser el aula, la salud es negada por los traumas físicos y psicológicos propios de la guerra, el derecho a la cultura queda reducido a absurdos adoctrinamientos, y la recreación es dislocada y distorsionada bajo la idea grotesca de que   la guerra es un juego de niños.

Delito atroz y crimen de guerra

Ante este panorama de indiferencia generalizada hay que insistir en que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes es un delito tipificado en la legislación  colombiana y un crimen de guerra establecido como tal en el Estatuto de Roma. Es un delito que viola los derechos del menor de edad, de manera continua, durante su vinculación al grupo armado, y cuyos efectos duran más allá de su retiro de ese grupo. Sin contar los perjuicios y sufrimientos infligidos a sus familias y comunidades, ni los impactos sobre la sociedad y el  desarrollo del país.

A propósito, resulta pertinente preguntarse ¿cuántos reclutadores han sido sancionados por este delito? La cifra es irrisoria. Las condenas difícilmente superan los dos dígitos. Sin contar con que excombatientes a quienes se les ha imputado el delito de reclutamiento no han sido sancionados y hoy gozan de privilegios como gestores de paz. El aporte a la paz no puede ir en detrimento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Y menos cuando estas son sujetos de una especial y reforzada protección constitucional.

De ahí la relevancia de cada 12 de febrero. Este día nos recuerda a niños en trincheras, a niñas cuyos cuerpos son utilizados como armas de guerra, a adolescentes sometidos a la intensidad y la barbarie de los combates.

Efectos nefastos

Aún no hemos valorado la pérdida de capital humano y social implícita en el hecho de que la guerra en Colombia se libre principalmente por menores de edad. Tampoco hemos precisado las consecuencias de romper con la transmisión de saberes étnico–culturales entre generaciones, ocasionado por el reclutamiento de niños indígenas y afrocolombianos.

El primer capital — el capital humano —  es un activo clave para la sociedad del conocimiento y el crecimiento de la economía.  De no parar este delito, el país se enfrentará a una población en edad productiva, cada vez más improductiva. Sin mencionar los legados emocionales que deja la guerra en esta población.

Por otra parte, el capital social es clave tanto en términos económicos como políticos.  Es conocido por todos que la guerra genera pérdida de confianza y destruye el tejido social.  Ello aumenta los costos de transacción e impide consolidar una sociedad civil fuerte y capaz de construir lo público.

Escasas reacciones

Pero a pesar de todo, una fecha como el 12 de febrero tan sólo es significativa para un grupo reducido de académicos, algunos funcionarios públicos y  ciertas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de la infancia y la adolescencia.

Pequeños grupos de activistas, que lanzan y relanzan campañas comunicativas o realizan actos simbólicos de rechazo — la Mano Roja de COALICO  o  Yo Protejo apoyada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) son dos de estas iniciativas —que contando con suerte logran robar algún titular de prensa, colarse en un clip noticioso o tener un eco en determinada columna de opinión.

Esta indiferencia contrasta con la solidaridad que despiertan otras víctimas. Basta recordar las marchas ciudadanas en contra del secuestro; las menos nutridas, pero realizadas, contra las masacres y las víctimas del paramilitarismo e, incluso, el reciente tributo a víctimas y sobrevivientes de actos terroristas, como el acontecido hace 10 años en el Club El Nogal.

Evitar que la guerra sea un juego de niños es una tarea de todos:

• Del Estado, que debe asumir en serio la investigación y judicialización de los perpetradores de este delito, al igual que su prevención y la atención a los menores  desvinculados del conflicto. 

• De los medios masivos de comunicación, que deben darle una mayor visibilidad e informar sobre este crimen. 

• De los grupos armados, y en especial de quienes hoy adelantan diálogos de paz, que deberán proscribir esa práctica.

Para llegar a estos compromisos se necesita una sociedad más activa. Ojalá que el 12 de febrero del año entrante ya no sea necesario que manifestemos nuestro rechazo al reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes…  porque se haya alcanzado un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Por ahora, prevenir este delito es tarea de todos.

*  Antropóloga, magister en estudios políticos y candidata al doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales. Consultora en Políticas Públicas, Construcción de Paz y Enfoque Diferencial.  Investigadora en  temas de conflicto armado, violencia, subjetividades. rubiorocio55@hotmail.com

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