Colombia padece una crisis de embarazos en niñas —la cual se exacerbó con la pandemia—, pero no parece un problema de prioridad para el Estado. Esto es lo que está pasando y esto es lo que debemos hacer.
Rocío Rubio Serrano*
Violencia sexual en la pandemia
Madres entre los 10 y 14 años dieron a luz 886 bebés en los diez primeros meses de 2021, es decir, hubo un aumento mayor que el 30% de los casos reportados en el 2020.
Esto, refleja un retroceso en la prevención del embarazo a temprana edad —si lo comparamos con los datos del 2018 y 2019—, y es una alerta roja en cuanto a la protección integral de los derechos de las niñas.
Adicionalmente, indica que fueron bebes concebidos en el periodo de aislamiento preventivo decretado el 24 de marzo de 2020 y prorrogado hasta el 1 de septiembre del 2021. Sin embargo, el confinamiento de la niñez en sus casas –experimentado la totalidad de su cotidianidad– fue mayor y tan solo hasta hace dos meses muchos niños ingresaron presencialmente a sus escuelas, tras fallidos modelos de alternancia y virtualidad.
Los estragos de la pandemia fueron desproporcionados para quienes aún no alcanzan la mayoría de edad y, en especial, para las niñas. En el aislamiento, muchos niños, niñas y adolescentes vivieron:
- sin acceso a referentes significativos de protección;
- sin modelos pertinentes de presencia institucional;
- sin la posibilidad física de resguardarse en entornos protectores, y
- con el aumento de horas de contacto con agresores dentro de los hogares.
De modo que, el aislamiento prolongado configuró un escenario favorable para la expresión e intensificación de diversos tipos de violencias. En consecuencia, al finalizar el 2021, el DANE registró 1.156 bebés de madres menores de 14 años.
Este es un indicador desgarrador, pues son miles de niñas-madres que dejaron las muñecas para sostener en sus brazos a bebés con demandas y necesidades reales. Su embarazo puso en riesgo su derecho a una vida digna, y a su adecuado, armonioso e integral desarrollo. Su maternidad tiene como correlato la vulneración de su integridad física, emocional y sexual. Así mismo, denota la violación ejercida contra sus derechos sexuales y reproductivos.
Es un delito
Ser madres por debajo de los 14 años, bajo ningún criterio, puede ser considerada una decisión informada y consentida. Menos aún si el padre de sus hijos es mayor de edad.
Esto no desconoce los esfuerzos que las niñas hacen por asumir una maternidad forzada. No obstante, es necesario elevar la voz sobre el hecho victimizante, en tanto es una violencia ejercida bajo diversas modalidades, incluso la persuasión y la seducción.
La Constitución de Colombia consagra la integridad como un derecho fundamental de toda persona menor de 18 años, y la Ley 1098 de 2006 señala la responsabilidad de protegerla de cualquier acto que la vulnere. Por su parte, la legislación penal sanciona los “delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales”, y tipifica “el acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.
En consecuencia, aproximarse a 1.156 niñas-madres no puede ni debe hacerse bajo un prisma moral o un asunto que inspire compasión y caridad. Este es un delito que debe investigarse, judicializarse y sancionarse en aras de la no repetición de los hechos.
La vulnerabilidad es doble
La gravedad de esta cifra relata la urgencia de identificar afectaciones e impactos de una maternidad temprana para la vida de las niñas y adolescentes, los sentidos que las tejen y estructuran, amén de su desarrollo. En efecto, los pequeños cuerpos de niñas aún en formación se ven abocados a proteger frágiles seres. Hay una doble vulnerabilidad: madre e hijo.
Las niñas-madres deben lidiar con retos biológicos, emocionales, mentales y socioculturales. Ser madre por debajo de los 14 años reporta un riesgo cinco veces mayor de morir durante el embarazo o el parto, que una mujer de 20 años. Así mismo, hay una mayor propensión a las hemorragias pospartos; hipertensión relacionada con el embarazo; afectaciones en la función renal, cardíaca y del tamaño del útero, y demás afecciones debilitantes para toda la vida.
Al mismo tiempo, un hijo concebido a esta edad tiene mayor probabilidad de ser prematuro y de bajo peso al nacer. La mortalidad en estos casos es cercana al 50%, de acuerdo con el estudio de la Fundación Plan. Además, el útero de las niñas-madres aún está en formación, y su potencial para albergar al feto y nutrirlo de manera adecuada es limitado.
En términos emocionales y psicológicos, las niñas no están preparadas para ser madres. Ellas enfrentan depresiones posparto y síndromes ansiosos con mayor probabilidad que las madres mayores de 20 años. Son frecuentes los sentimientos de rechazo hacia su hijo, el miedo a ser señaladas o estigmatizadas socialmente. Incluso, temen enfrentarse a sus familias y ser rechazadas o, peor aún, de permanecer en estas, silenciadas ante hechos que atentan contra su dignidad e integridad.
Por regla general, el embarazo infantil implica la deserción del sistema escolar. En el corto plazo, esta situación suele estar acompañada de trabajo infantil, o peores formas de este (trata, esclavitud, servidumbre, entre otras). En el mediano plazo, implica la inserción laboral como mano de obra no calificada. En estas circunstancias, el riesgo de nuevos embarazos es mayor y la pobreza queda latente.
El abandono a la niñez
La niñez colombiana tiene el derecho a ser protegida de los riesgos y los efectos producidos por desastres naturales o situaciones de emergencia. De modo que, blindar la niñez de los efectos de la emergencia sanitaria por la COVID-19, era un imperativo normativo y ético.
No obstante, lo que primó en esos años fue la urgencia de aislarla ya que fue considerada vector de contagio. Reinó una mirada adulto-céntrica, que cosificaba a la niñez y negaba de hecho cómo en emergencias se exacerban asimetrías de poder y violencias ancladas en la definición de sus víctimas como objeto y no sujetos de derechos
Era evidente que el confinamiento aumentaría el tiempo de contacto de niños y niñas con posibles abusadores, y que el aislamiento auspiciaría un entorno proclive a todo tipo de vulneraciones. Los efectos negativos de la pandemia eran previsibles y prevenibles.
Sin embargo, ni el debate ni las medidas adoptadas en la pandemia atendieron las consideraciones de género y curso de vida de las personas. Mucho menos, consideraron sus entornos vitales, y si tenían o no acceso a medidas de protección. Las alertas de organizaciones sociales para garantizar a niñas una vida libre de violencias fueron, y siguen siendo, poco atendidas.
La necesidad del debate
Las 1.156 niñas-madres no configuran una situación inimaginable: esta es apenas la punta del iceberg.
Antes que constatar una situación de llegada, es necesario propiciar un debate orientado a la toma de decisiones públicas en favor de la garantía de los derechos de las niñas-madres y de sus hijos. Entre los puntos del debate, estas preguntas no pueden faltar:
- ¿Estamos ante apenas 1.156 casos o el dato, en la realidad, es aún más amplio?
- ¿Este dato tiene énfasis regional?
- ¿Quiénes son los padres?
- En caso de ser menores de edad, ¿qué tipo de acompañamientos y atenciones especializadas les han provisto para asumir estas paternidades?
- ¿Qué pasa si el padre es un adolescente responsable penalmente de haber incurrido en el delito de acceso carnal abusivo?, ¿debe primar aquí alguna consideración, o es homologable a cuando el perpetrador es mayor de edad?
- ¿Las 1.156 madres son apenas una estadística más reportada con cierto asombro e insinuación de la existencia de un delito?, ¿hay para cada una de ellas un proceso de verificación y restablecimiento de derechos, así como de garantía de acceso a la justicia?, ¿cuáles han sido los resultados del sector jurídico?
- ¿Hay actualmente procesos de atención y reparación de las afectaciones e impactos derivados de embarazos a temprana edad?
1.156 casos es un número aparentemente “pequeño”, pero devastador por la edad de las madres. Este dato nos señala con vehemencia nuestra incapacidad de proteger a quienes hemos definido como sujetos de especial y reforzada consideración. Así mismo, nos recuerda nuestra miopía como sociedad e inviabilidad como país.
Estas niñas y sus hijos no son el futuro, son un presente continuo con un relato de vida poco promisorio. Esto debería indignarnos, y, aún más, animarnos a convocar todos nuestros esfuerzos para su idónea atención.
También es nuestra responsabilidad prevenir que estos hechos se repitan. Es necesario recordar que el factor multiplicador para cada caso es abrumador, y puede pasar silenciosamente. De esta forma, perpetramos la cadena de vulneraciones de derechos de las infancias colombianas.
Ser madre a temprana edad no es un juego de niñas, sino una problemática de salud pública, y un relato de violencia. Además, es en todo caso deliberado, y, por tanto, prevenible.
