El Acuerdo General y las conversaciones de La Habana son consecuencia de una doble transformación: la guerrilla se ha adaptado y el gobierno ha admitido el empate positivo.
Carlos Medina Gallego *
La ofensiva militar desplegada por la fuerza pública proporcionó al Estado colombiano una victoria táctica sobre la insurgencia de las FARC-EP. Foto: Ejército.
Punto de inflexión
El conflicto armado en Colombia adquirió una nueva dinámica durante 2012, tanto en la dimensión militar como en la dimensión política: se produjo un punto de inflexión, que en medio de un optimismo moderado y un escepticismo extremo va adquiriendo hoy una forma concreta a medida que se desarrollan las conversaciones de La Habana.
Un balance sobre lo ocurrido durante el año ayuda a entender las razones por las cuales gobierno y guerrilla deciden contra todo pronóstico iniciar acercamientos discretos y conversaciones.
Me propongo desarrollar tres ideas centrales en este análisis:
- La ofensiva militar desplegada por la fuerza pública — inicialmente en el marco de la política de seguridad democrática y luego bajo el modelo ajustado de la seguridad para la prosperidad del presidente Santos — proporcionó al Estado colombiano una victoria táctica sobre la insurgencia de las FARC-EP. Pero a pesar de su importancia, no se logró consolidar una victoria estratégica que hiciera efectivo el anunciado fin del fin de la confrontación por la vía militar, destruyendo la capacidad operativa y organizativa de la guerrilla.
- Las FARC-EP sufrieron la transformación de la fuerza pública en el plano táctico y operativo. Sus estructuras organizativas y de mando se estremecieron: la ofensiva modificó sustancialmente la correlación de fuerzas en el campo militar y transformó en lo esencial las lógicas organizativas y de autoridad interna, así como su modelo operativo.
- El inicio de las conversaciones representa para las FARC-EP una victoria táctica en el campo político frente al gobierno. Este apuesta a consolidar la victoria militar estratégica en el escenario político. La guerra vuelve a asumir su forma política.
Victoria táctica sin consolidación estratégica
Comencemos por formular unas preguntas orientadoras:
- ¿Cuál es el estado actual de la guerra que “obliga” a las partes a entrar en un proceso de solución política al conflicto armado?
- ¿Por qué el gobierno del presidente Santos desiste de la idea de la victoria militar sobre la insurgencia y decide establecer relaciones y conversaciones con la FARC-EP colocando todo su capital político y su posible reelección, en ese proceso?
- ¿En qué estado se encuentran las FARC-EP que resuelven atender el llamado del gobierno nacional de explorar un camino de solución política para el conflicto?
Se pueden dar distintas respuestas a estas preguntas. Los argumentos expuestos en este texto son fruto del trabajo del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia.
La investigación y los análisis sugieren que el conflicto colombiano se encuentra en un punto de inflexión importante, a partir del cual los actores deben tomar decisiones transcendentes que tienen que ver con sus proyectos políticos estratégicos y los mecanismos y medios para alcanzarlos.
La guerra ha llegado a un punto donde las partes han entendido que no se van a derrotar mutuamente, que ninguno va a alcanzar la victoria definitiva sobre su adversario, y que de intentarlo, significaría arrastrar al país a un siglo más de guerra.
Durante el gobierno del presidente Santos, la idea de la victoria definitiva sobre la insurgencia ha ido cediendo terreno ante el agotamiento de los logros de la seguridad democrática y de la prosperidad.
Qué muestran las cifras
Las estadísticas han comenzado a mostrar una creciente reactivación de la capacidad operativa de la insurgencia, resultado de los aprendizajes adquiridos en la confrontación de las nuevas modalidades operativas, como la inteligencia militar y técnica y el combate aéreo.
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Las FARC-EP sufrieron la transformación de la fuerza pública en el plano táctico y operativo. Sus estructuras organizativas y de mando se estremecieron. |
Entre enero y octubre de 2012, las estadísticas de logros del Ministerio de Defensa registran un incremento de las acciones de la insurgencia en un 53 por ciento, en relación con el año inmediatamente anterior. Esto significa que se pasó de 472 acciones de guerra, para este periodo en 2011, a 716 acciones en 2012.
Las estadísticas oficiales igualmente muestran un incremento de las acciones de la insurgencia contra la infraestructura y, en particular, contra la industria petrolera, cuyos oleoductos sufrieron 142 ataques en 2012, contra solo 52 atentados durante el año anterior: un crecimiento de 173 por ciento.
Los partes de guerra de las FARC-EP informan de acciones de hostigamiento, sabotaje, ataques a patrullas del ejército y de la policía, voladura de oleoductos, detonación de campos minados, prácticas de francotiradores, maniobras antiaéreas.
Estas acciones de guerra fueron llevadas a cabo con distintos grados de intensidad e incidencia por las estructuras de los Bloques Sur, Alfonso Cano, Jorge Briceño, Magdalena Medio, Martin Caballero — y sus correspondientes columnas móviles — en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Guajira y Bolívar.
Los reportes muestran que la mayor intensidad del conflicto se localiza en el Suroccidente del país: en los departamentos de Nariño y Cauca, que se han convertido en el laboratorio de guerra de las FARC-EP.
Las estadísticas oficiales muestran una variación significativa en los resultados de las acciones de la fuerza pública en términos de indicadores de la confrontación:
- Disminuyeron las desmovilizaciones en un 28 por ciento, pasando de 1.314 entre enero-octubre de 2011 a 943 en el mismo periodo de 2012;
- Las capturas y los muertos en combate apenas crecieron ligeramente durante el presente año: un 18 por ciento y 11 por ciento, respectivamente.
- En términos de bajas, la situación de las Fuerza Pública, si bien mejoró, no deja de ser preocupante. Durante 2012, entre soldados, policías, suboficiales y oficiales hubo 336 muertes en cumplimiento del servicio.
- Se produjeron 1.983 bajas vivas (heridos), de las cuales 211 producto de minas antipersonales y explosivos abandonados que afectaron igualmente a 151 civiles. El incremento de bajas vivas fue del 9 por ciento, en comparación con el año anterior.
La fuerza pública también ha tenido que enfrentar una creciente presión jurídica como consecuencia de las formas “anómalas” de las operaciones militares que afectan profundamente la situación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lesionando gravemente los derechos de la población civil.
Los falsos positivos son apenas una de las muchas formas anómalas que han llevado a oficiales, suboficiales, soldados y policías ante los tribunales y a distintas cárceles militares y administrativas del país.
Según los organismos de derechos humanos, se adelantan más de 1.850 procesos contra miembros de la fuerza pública, que involucran a más de cuatro mil militares. Fue tal vez de esta situación crítica de donde surgió la idea de ampliar el fuero militar.
En síntesis, se observa una clara reactivación de la capacidad operativa de la insurgencia, que hace evidente los aprendizajes en la confrontación militar y la puesta en práctica de nuevos laboratorios de guerra en el Suroccidente, Centro y Oriente del país.
Sin embargo, la mayor preocupación que existe sobre el futuro de la confrontación por parte del gobierno no son tanto los resultados que comienzan a precarizarse, sino los limites de crecimiento y modernización del sector de la defensa en materia presupuestal para el manejo de la economía de la seguridad.
Existe una nueva percepción en los altos mandos de la fuerza pública: sectores importantes de la institución militar han contemplado la necesidad de encontrar una salida negociada. Hay una aceptación tácita de la imposibilidad de la victoria militar estratégica.
De mandos verticales a direcciones colectivas
Las FARC-EP han reconocido la capacidad de su adversario, han aceptado la dureza de los golpes recibidos, han ajustado sus estructuras de mando y organización a las nuevas modalidades de combate que están enfrentando y han hecho los aprendizajes de guerra a un altísimo costo en vidas.
Tras diez años de ofensiva, con grandes pérdidas en hombres en una modalidad de guerra donde la mayor parte de los muertos nunca entró en combate y donde dirigentes históricos desaparecieron bajo el accionar de la fuerza pública, la organización se vio obligada a poner en marcha una reingeniería organizativa, militar, política y social para poder sobrevivir y reoxigenarse.
Las FARC-EP hicieron ese aprendizaje en un ambiente de deslegitimación nacional e internacional, promovido por el gobierno anterior y por el actual, con ayuda de los medios de comunicación y favorecido en parte por su propio comportamiento erróneo.
Pero la ofensiva del gobierno también fue el origen de un nuevo orden de legitimidad, más horizontal en la conducción de la guerrilla, que se comenzó a notar bajo Alfonso Cano y se ha hecho evidente en la actual comandancia de Timoleón Jiménez.
El régimen de autoridad se transformó: la estructura de mando vertical que prevaleció durante la hegemonía de Manuel Marulanda y que habían podido sostener enfoques tradicionales como los de Reyes y Briceño, llegó a su fin con su desaparición.
Este nuevo orden no solo es más horizontal, sino más colectivo: las cabezas visibles se consideran iguales y no resulta sencillo dar órdenes sin correr el riesgo de fracturar la relación mando-obediencia y de inducir una federalización de la organización.
Esta situación de dirección colectiva genera una nueva dinámica en la organización, en la que comienzan a expresarse matices, diferencias de enfoque e incluso contradicciones, sin que por ello se produzcan rupturas.
La dirigencia entiende la fuerza de la organización está en su cohesión interna, pero debe ensayar nuevos modelos de relacionamiento democrático, de acuerdos y consensos. Un valor agregado de este proceso ha sido que la dinámica política se viene imponiendo sobre la militar.
Las FARC-EP se están transformando realmente: en su interior se están produciendo innovaciones organizativas, convergencias unitarias, nuevos imaginarios políticos, direccionamiento y alineamiento social y político de sus bases, en medio de una relativa ortodoxia política y de un profundo pragmatismo operativo.
En los últimos meses de 2011 y durante el primer semestre del 2012, la organización logró sentirse lo suficientemente segura, como para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de paz: el conflicto se encuentra en un empate positivo, donde las partes pueden conversar sobre un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Acuerdo General y empate positivo
La etapa de acercamiento discreto, la elaboración de una agenda y el inicio de un proceso de conversaciones resulta para ambas partes una victoria política y la expresión de ese empate positivo, que se debe interpretar como la confluencia de circunstancias, propósitos e iniciativas en el escenario político en torno a un interés común: la paz.
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¿Por qué Santos desiste de la idea de la victoria militar y decide establecer conversaciones con la FARC-EP colocando todo su capital político y su posible reelección en ese proceso? Foto: Presidencia. |
Entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012, comisiones del gobierno nacional y de las FARC-EP se reunieron en La Habana, teniendo como garantes al gobierno de la República de Cuba y el gobierno de Noruega y el apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como facilitador de logística y acompañante.
De esa fase exploratoria salió el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que dotó al proceso de un manifiesto de voluntades, una agenda de conversaciones y unas reglas de funcionamiento básicas, que el gobierno y FARC-EP dieron a conocer ampliamente al país.
El 18 de octubre de 2012 se instaló formalmente la Mesa de Conversaciones en Oslo (Noruega) con la intervención del representante de la delegación del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana y del jefe de la delegación de las FARC-EP.
Márquez se dirigió a la comunidad internacional para establecer el carácter político y revolucionario de la organización, al país para señalar las razones y los retos del conflicto y a su propia militancia para disipar inquietudes y fortalecer la cohesión organizativa interna. La intervención del gobierno no fue por diplomática menos radical, en particular su defensa irrestricta de los modelos económico y de seguridad.
Pero más allá de esos discursos de coyuntura, la agenda de conversaciones constituye un acuerdo político sin precedente, con un alto grado de racionalidad y de pragmatismo político, que refleja en profundidad el estado de la correlación de fuerzas de la confrontación militar.
El Acuerdo General recoge la experiencia y los aprendizajes de procesos anteriores, con agendas abiertas y cerradas y conversaciones en medio del conflicto. Combina un punto de agenda abierta que busca englobar la solución de los problemas estructurales del conflicto articulado al desarrollo agrario y cinco puntos de agenda cerrada que tiene que ver con la terminación del conflicto y la normalización institucional y política.
El acuerdo contiene la totalidad de la agenda social y reivindicativa de las FARC-EP, desde el programa agrario del 1964, acompañado por una propuesta de ampliación y profundización de la democracia política, unido al plan desarrollo del gobierno Santos y la responsabilidad del estado de atender los derechos de las víctimas.
Pero la mesa de conversaciones de la Habana no es una mesa de negociaciones. Se trata de alcanzar acuerdos políticos lo suficientemente claros y asumidos como compromisos para que tengan curso en la definición de una política publica reformista, adquieran la forma de leyes y decretos, planes y programas de desarrollo y, proyectos productivos y de bienestar.
La fuerza del gobierno se mide en su convicción para sacar adelante el proceso, sin renunciar a nada y sin atender la retórica opositora que acusa al gobierno de estar entregando lo logrado y de claudicar ante la subversión.
La fuerza de las FARC-EP se mide en entender el momento histórico y tomar las decisiones correctas para mantener en alto sus banderas, sin renunciar a su conquista en el camino de las revoluciones democráticas.
Pero lo peor que le podría pasar al país es que cada una de las partes esconda su Plan B, por si acaso…
* Docente – Investigador. Universidad Nacional de Colombia. Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
