Los hechos muestran que estamos ante una práctica normalizada en una sociedad patriarcal que desprecia a las mujeres y a los pueblos indígenas.
Rocío Rubio*
A mi amada Fátima, para que ella y sus pares gocen de una vida libre de esta y otras violencias.
Los hechos
Nadie podía imaginar que un acto tan cotidiano como recoger guayabas para el jugo de la cena familiar sería una actividad de alto riesgo para una niña embera chamí.
En el camino entre el cultivo y su hogar, la niña fue interceptada por siete soldados del Ejército Nacional, quienes patrullaban el área rural de Pueblo Rico, Risaralda. Ella no llegó a su casa y la angustia de sus familiares aumentó cada hora.
En vez de garantizarle su seguridad, como es su deber constitucional, los uniformados del Batallón San Mateo se abalanzaron vorazmente sobre ella. La tumbaron con fuerza y la accedieron carnalmente, de forma violenta. Una violación múltiple quedó inscrita en el cuerpo y el alma de la pequeña víctima.
Imaginar la asimetría numérica de los cuerpos permite pensar en la posibilidad de una tentativa de feminicidio, y no apenas en un acceso carnal abusivo, como lo imputó la Fiscalía.
Tras el crimen, la niña fue secuestrada por sus perpetradores durante casi diecisiete horas. Este tiempo era vital para atender el daño causado en su cuerpo. Algunos familiares que buscaban a la niña se encontraron con los soldados, pero ellos negaron que estuviera en su poder.
Por fortuna, una cuñada se percató del lugar donde la tenían secuestrada, la niña fue recuperada y su hermana mayor puso en marcha el proceso para su atención médica.
Mucho más que un caso aislado
Este no es un hecho aislado: es la vida cotidiana de miles de niñas y adolescentes, cuyos proyectos de vida son amenazados por situaciones de marginalidad, exclusión, racismo o clasismo.
En 2010, un caso parecido conmocionó al país: el entonces subteniente Raúl Muñoz había violado a una niña indígena en Tame, Arauca, y la había asesinado a ella y a sus dos hermanos para ocultar el crimen.
Foto: Facebook Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía decidió imputar acceso carnal abusivo y no violento, lo cual implica algún tipo de consentimiento por parte de la niña.
La lista de casos similares es larga. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha señalado que estos crímenes son más frecuentes de lo que se sabe, pero que, ante la ausencia de medios probatorios y de las garantías necesarias para denunciarlos, quedan en el anonimato y en el dolor interno de las comunidades indígenas.
La dramática y sistemática violación de los derechos de las mujeres ha sido documentada con amplitud. El Centro Nacional de Memoria Histórica identificó al menos 206 casos de este tipo en el marco del conflicto armado. Por su parte, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO) ha identificado 117 eventos similares en el presente año, que han afectado a más de 8.000 niños y niñas en todo el país.
Desde luego, violar niñas y mujeres no es una práctica explícitamente avalada por las instituciones. Sin embargo, en los grupos armados –incluido el Ejército– prima una concepción patriarcal, que valora lo masculino y desprecia lo femenino. En esa concepción, las mujeres quedan reducidas a un recurso más del territorio, un activo que se utiliza y se desecha al antojo de los hombres.
Además, en este caso, las reacciones de muchas personas mostraron que hay una negación implícita de la importancia, gravedad o carácter sistemático de estos atropellos.
Algunos militares afirmaron que los hombres que violaron a la niña “no estaban en sano juicio”. No obstante, es imposible pensar que lo sucedido es producto del comportamiento de hombres “enfermos” o de monstruos. Al contrario, se trata de comportamientos tristemente normalizados.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que el hecho podía ser “un falso positivo”, orientado a mancillar el nombre de la institución. Este pronunciamiento dejó un manto de duda sobre la víctima, pese a que los mismos perpetradores confesaron su crimen.
Foto: Alcaldía Municipal de Socorro
Los militares, que deberían defender a los niños y a la ciudadanía, violaron a la niña indígena y la secuestraron
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Urge un cambio profundo
Fue valiente la denuncia realizada por la hermana mayor de la niña embera, que condujo a la captura de los perpetradores.
Pero ella alertó también del miedo que sus familiares y la comunidad en general sienten por este hecho: “ellos saben quiénes somos y dónde estamos”. Esta zozobra es compartida por quienes han sufrido este tipo de violencia y optan por el silencio como estrategia de supervivencia.
Ante esta voz de denuncia, la respuesta debe ser integral. Por una parte, es necesario restablecer los derechos vulnerados, labor que deberá encabezar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en una abierta y sostenida conversación intercultural.
Por otra parte, es necesario reparar integralmente el daño que ocasionó un atropello tan brutal. Es imperiosa una verdad sin justificación, sin banalización alguna. Urge esclarecer a profundidad los hechos y reforzar el deber de garantía de los derechos de la niñez en general y en particular de las niñas con pertenencia étnica.
Además, se necesita una idónea administración de justicia, no solo para sancionar a los responsables, sino para reparar a la víctima. Así mismo, es urgente adoptar garantías suficientes para que estos hechos no se repitan, lo cual implica cambios hondos en las instituciones y además, en la cultura.
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Es hora de frenar esta tragedia contra las niñas y las adolescentes, narrada con poco asombro, bastante ruido y sin mayor acción preventiva ni correctiva.
* Antropóloga, magíster en Estudios Políticos.
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