Pequeños cuerpos narran lo que una sociedad calla
Inicio TemasEconomía y Sociedad Pequeños cuerpos narran lo que una sociedad calla: violencia infantil en Colombia

Pequeños cuerpos narran lo que una sociedad calla: violencia infantil en Colombia

Escrito por Rocío Rubio

Dilan Castro y Jerónimo Angulo son dos casos recientes entre una infinidad de historias que develan la violencia sistemática contra niños y niñas en Colombia. Es hora de proteger a quienes más lo necesitan.

Rocío Rubio Serrano*

El dolor de la niñez

El pasado 4 de febrero, Dilan Santiago Castro de dos años fue reportado como desaparecido por un familiar cercano en zona rural de Usme, localidad de Bogotá.  Seis días después, su cuerpo se encontró sin vida y semidesnudo en uno de los cultivos de papa de la zona. 

El dictamen de su muerte fue el de asfixia mecánica y en sus pulmoncitos se encontró rastros de tierra; probablemente fue presionado en esta hasta su aliento final. Las investigaciones preliminares señalan como perpetrador de los hechos a un adulto cercano a su entorno familiar, sin que hoy exista captura del presunto responsable.

Tan solo tres semanas después en Fusagasugá, el 4 marzo fue el último día que Jerónimo Ángulo de 3 años dejó de respirar. Su cuerpo, envuelto en una lona, también narra una muerte violenta, evidencia tratos crueles e inhumanos y acceso carnal abusivo. Estos hechos fueron perpetrados por su padrastro muy cerca al lugar donde estaban los hermanos de Jerónimo.  Él los “cuidaba” mientras la madre de los niños trabajaba. 

Duele e indigna la muerte violenta de Dilan y Jerónimo; a ellos paz en su tumba. A los demás, la exigencia de clamar por una administración de justicia oportuna, eficaz, eficiente y ejemplarizante, pero la tarea va más allá.  

Detener la violencia contra los niños y las niñas no se limita al escenario judicial o legislativo. Urge avanzar en políticas, planes y programas con expresión territorial que trabajen diversos ámbitos de la prevención y la protección para la garantía de derechos.

La corresponsabilidad en la protección integral de los derechos de niños y niñas, más aún en su primera infancia, no se limita a un momento de conmoción por ciertos “casos”, que se suman a los de Sara Sofía, Samuel David, María José, Génesis, entre una larga lista de víctimas.

De acuerdo con el boletín de estadísticas de Medicina Legal, en enero del 2024 se registraron 44 muertes violentas en menores de 18 años y 28 suicidios. Este último dato, el de la muerte por mano propia, no debe pasar por alto, pues no solo evidencia una problemática de salud mental sino en muchas ocasiones la única salida cercana para librarse de una experiencia vital impregnada de violencia física y simbólica. 

En este contexto, la Defensoría del Pueblo alertó el año pasado sobre una alta correlación entre suicidios de menores de edad y zonas con altos índices de reclutamiento ilícito. 

En el 2023, el 31,98% de las muertes violentas de los niños, niñas y adolescentes fueron homicidios y un 28,11% suicidios. A septiembre del 2023, el ICBF registró 32.301 casos de declaratorias de vulneración de derechos de niños y niñas, de los cuales 12.724 eran víctimas de violencia sexual.  

En total, 19.192 delitos contra menores de edad fueron dictaminados por Medicina Legal. Cifra que reporta un subregistro, pues no todos los casos llegan al Instituto y, menos aún, aquellos perpetrados en zonas rurales dispersas. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha señalado que la impunidad en este tipo de delitos está en el 94%. 

Foto: Facebook: ICBF - El léxico de los niños entre 2 y 3 años es muy limitado para interpretar, comprender y rechazar experiencias violentas, por lo cual, los adultos tienen la responsabilidad de leer sus expresiones y remitir a rutas de protección para la garantía de sus derechos.

¿Qué pasa con la ley?

La expresión material de los principios como la prevalencia e interdependencia de los derechos de la niñez establecida por la Constitución y el Interés Superior que recoge el Código de la Infancia y de la Adolescencia se diluye en las actuaciones judiciales y administrativas. 

Ante esta situación, es inaceptable que actualmente no esté en funcionamiento la Ley 2205 de 2022. A pesar del fallo en segunda instancia del Consejo de Estado que ordena su cumplimiento, las adecuaciones institucionales no se han realizado o priorizado para desencadenarse en aquellos distritos judiciales que reportan mayor incidencia delictiva.

La citada norma señala términos perentorios para los delitos graves contra niñez y dispone crear la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra la Infancia y la Adolescencia. 

Es claro que la investigación criminal requiere habilidades especiales cuando la víctima es menor de edad y más aún si está en la primera infancia. Sin duda, el funcionamiento de la Unidad sería una luz de esperanza para reducir el devastador porcentaje de impunidad y avanzar en las garantías de no repetición de los hechos.  

De otra parte, es tímido el impulso programático para el desarrollo de la Ley 2089 de 2021 que prohíbe el uso del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra las niñas, niños y adolescentes. Prácticas violentas que se han normalizado en nuestra sociedad como medio idóneo de crianza, con efectos devastadores en el desarrollo integral y en la integralidad física, psicológica y emocional de la niñez colombiana. 

Esta norma no se inscribe en el escenario punitivo o sancionatorio, sino preventivo en cuanto promueve una pedagogía pública para evitar la disciplina violenta y fomenta patrones socioculturales y alternativas educativas que orienten crianzas sin castigos físicos y tratos humillantes. 

La tarea pendiente

Entre los pasos a seguir para abordar esta alarmante situación, son necesarios debates de control político e incidencia presupuestal para que los delitos contra quienes son sujetos de reforzada protección constitucional paren.  

Así mismo, es menester propiciar toda una respuesta interinstitucional orientada a una idónea atención, reparación y restablecimiento de derechos para las víctimas sobrevivientes y pares generacionales (amigos, hermanos, primos, entre otros sujetos a la vez impactados por los hechos violentos y delictivos); pero también urge contar con las estrategias preventivas necesarias, diferenciadas y con despliegue territorial.  

La Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia del Senado de la República tiene un papel ético y político que desempeñar, si en efecto busca el logro de su objetivo: trabajar por la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes de Colombia.

Detener la violencia contra los niños y las niñas no se limita al escenario judicial o legislativo. Urge avanzar en políticas, planes y programas con expresión territorial que trabajen diversos ámbitos de la prevención y la protección para la garantía de derechos. 

Hay que pasar del cambio de ánimo ante noticias aberrantemente sorpresivas a toda una práctica de compasión social, en la que realmente se comprenda cómo el ser niño o niña en este país es todo un acto cotidiano de supervivencia y resiliencia sin mayores redes, apoyos o recursos.

Los programas de prevención temprana ameritan una revisión estratégica y la inclusión de los entornos significativos y vitales de crianza.  Hay un trabajo sustancial por desencadenar con las familias y adultos, de acompañarlas y dotarlas de herramientas para que sean un verdadero entorno de protección y no de agresión en aras del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.  

Adicionalmente, es necesario afinar las estrategias de prevención secundaria, identificando riesgos y amenazas para el ejercicio efectivo de los derechos de esta población.  Para ello, es fundamental fortalecer capacidades en los servicios sociales públicos y del sistema educativo. Las escuelas, las guarderías, las instituciones y las comunidades educativas deben empoderarse para detectar signos de violencias, activando rutas y protocolos a lugar.

Para detener la violencia infantil

Los pequeños cuerpos violentados de Dilan y Jerónimo salen a la luz pública para evidenciar la recurrencia y sistematicidad con la que en este país se vulneran los derechos de niños y niñas, de quienes no tienen voz literal e incluso etimológicamente, pues infancia proviene del vocablo latino infans: sin habla.  

Entre los 2 y 3 años de vida, edades de Dilan y Jerónimo, un niño tiene un léxico de alrededor de 50 a 200 palabras, muy pocas para interpretar, comprender y rechazar experiencias vitales signadas por la violencia, incluso desde el vientre materno.

Somos los adultos los responsables de leer sus expresiones, de interpretar sus señales y de remitir a rutas de protección ante asomos de evidencias para la garantía de sus derechos y su ejercicio efectivo.  Por tanto, también hay un trabajo a emprender de sensibilización, información y formación de entornos vecinales y comunitarios en aras de transformaciones socioculturales protectoras.

Hay que pasar del cambio de ánimo ante noticias aberrantemente sorpresivas a toda una práctica de compasión social, en la que realmente se comprenda cómo el ser niño o niña en este país es todo un acto cotidiano de supervivencia y resiliencia sin mayores redes, apoyos o recursos. Un entendimiento que desvirtúa la cosificación de quienes aún no alcanzan su mayoría de edad.  

Niñas y niños son sujetos de derecho y no son objetos a modo de propiedad privada de padres o adultos cercanos con los que se satisfacen deseos o necesidades, a los que se pueden transar e incluso vender al mejor postor.  

Se trata de una aproximación crítica a la normalización de las violencias (domésticas y públicas) que se ejercen sobre ellos. Una mirada que debe estar acompañada de acciones que no solo estén orientadas a aliviar o reducir, sino a eliminar por completo contextos, situaciones y perpetraciones contra sus derechos. La tarea no es de poco monta, pero debe iniciarse cuanto antes.

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies