El aumento de huérfanos producto de la COVID-19 es una tragedia e intensifica la crisis que vive Colombia. Pero el Estado prefiere ignorarlo.
Rocío Rubio Serrano*
Pandemia, infancia y ausencia del Estado
Hace un par de semanas una investigación anunció que Colombia es el quinto país con mayor número de huérfanos a causa del fallecimiento de padres, cuidadores y adultos significativos por COVID-19.
Este estudio, publicado en la revista The Lancet, sostiene que después de 13 meses de declararse la pandemia —y tras el pico de agosto— cerca de 55.000 menores de edad quedaron en orfandad. Otros estudios arrojan resultados más conservadores que rondan los diez mil huérfanos producto de la pandemia.
Aunque estas cifras son estimativas —pues no existen estadísticas oficiales al respecto—, ellas resaltan la necesidad de formular programas para abordar el problema de manera integral y que sean consistentes desde la etapa de diseño hasta la ejecución. Igualmente, preocupan el silencio social y político sobre los efectos de la pandemia en la infancia colombiana.
Mas allá de los estimativos aparece una tragedia que se narra sin asombro, como otras tantas cuyos protagonistas son infantes y adolescentes. Tragedia que era previsible en un contexto de pandemia, y más en países con alta marginalidad, pobreza y violencia, donde las medidas de protección son precarias o simplemente inexistentes.
Pero que una tragedia sea previsible, significa que es posible anticipar estrategias que atiendan la emergencia, contengan y acompañen a quienes pertenezcan al grupo vulnerable.
Es indudable que la pandemia tomó a todos por sorpresa a comienzos del 2020, pero esto no es pretexto para la inacción del Estado. La humanidad ya había registrado situaciones similares y sus consecuencias en el aumento de la orfandad.
Aunque era inevitable tomar medidas de confinamiento y aislamiento, también debió pensarse en los efectos de estas medidas sobre la infancia, particularmente en vista de la dependencia casi exclusiva de los niños de sus entornos familiares.
Deterioro de la salud mental
La anterior ecuación nos invita a pensar cómo se vive la pérdida de un ser querido, adulto significativo o cuidador cuando se está aislado de otros entornos. Incluso, cuando hay cuadros ansiosos o depresivos a raíz del confinamiento y hacinamiento. También, cuando se agudizan los síndromes de estrés postraumático por una perdida abrupta, o cuando los duelos son parciales o deben ser posterga debido a la pandemia.
La deuda de bienestar y salud mental para esta población está aumentando. Las soluciones son casi inexistentes y no se encuentra nada cuando se aspira a alternativas diferenciadas por género o rango de edad.
Pero no es lo mismo perder un padre o una madre a los 17 años, que perderlo en la primera infancia. En la primera infancia se hace conciencia del otro, se produce la socialización temprana y se desarrollan las conexiones cerebrales que permiten ubicar a la persona en el mundo y ser empáticos con otros. Todo esto, a través de la interacción con los cuidadores cercanos.
No en vano la recomendación consiste en que la respuesta oficial no sea ubicar a los huérfanos por COVID-19 en establecimientos de protección, sino, por el contrario, desarrollar y apoyar modelos de familia extendida como familias de acogida y tutores. Lo anterior, siempre y cuando sea realmente un entorno de protección y cuente con las cualificaciones para acompañar asertivamente a esta población.
De acuerdo con los informes de UNICEF y de Niñez YA hay un retroceso mundial en los indicadores de bienestar de menores de edad, pero la situación es aún más crítica para quienes están en orfandad.
De igual forma, la nueva normalidad para los huérfanos es aún más devastadora que para sus contemporáneos. El uso del tapabocas, el lavado de manos y los metros de distancia, más que medidas de bioseguridad, se transforman simbólicamente en barreras para ser consolados, contenidos y acompañados. Por eso se necesitan estrategias de apoyo y reparación para estos niños o niñas, pero no como medida de emergencia, sino como proyecto a mediano y largo plazo.
Aumento del trabajo y la explotación infantil
Según la OIT y UNICEF las tasas de trabajo infantil en condiciones no reguladas y peligrosas están y seguirán aumentando a pesar del subregistro.
Si el contexto anterior a la pandemia ya era desfavorable, la vulneración de los derechos de los menores de edad se agravó con la pandemia. Los huérfanos dejan de ser dependientes y sujetos de protección, un hecho que se agudiza si la familia era monoparental y si a causa de la COVID-19 se pierde al único adulto responsable de orientar sus vidas.
Así mismo es previsible el aumento de la participación de menores de edad en la comisión de delitos. También aumentarán las peores formas del trabajo infantil como decir actividades relacionadas con la cadena del narcotráfico; el reclutamiento ilícito por parte de grupos rearmados y disidencias presentes en muchas regiones del país; la trata de personas y otro tipo de explotaciones económicas, como lo alertó Human Rights Watch el presente año.
Muchas niñas y adolescentes huérfanas asumirán la función de cuidadoras de manera permanente, pero esta no necesariamente será una actividad que permita nuevos aprendizajes significativos, o que propicie más responsabilidades y autonomías en entornos familiares. Por el contrario, será un modo de vida. Será un destino trazado que agravará las desigualdades de género.
El acceso y permanencia en circuitos educativos y laborales no cualificados, será mucho menor. Sin mencionar los riesgos para los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes.
¿Qué se está haciendo?
El panorama es devastador. La tasa de mortalidad por COVID-19 en un año y medio supera a las tasas asociadas con el conflicto armado durante varias décadas. Hasta el momento se han registrado 125.097 fallecimientos por contagio del virus, a comparar con las 262.197 muertes con ocasión del conflicto entre 1958 y 2018, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El debate sobre la infancia y la adolescencia en la pandemia no puede reducirse a la alternancia o retorno a la presencialidad en los planteles educativos. Esta idea ignora que una gran cantidad de niños y niñas ahora desertan de la escuela porque deben proveer los recursos que antes brindaba el cuidador que murió por COVID-19. Y esto, además, no puede ser de otro modo debido a la ausencia de una estrategia oficial que los identifique, atienda, acompañe, permita su desarrollo integral y mejore sus entornos cercanos y significativos.
Si bien los niños y niñas en orfandad no han sido registrados oficialmente, hoy aparecen en un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes, “por medio de la cual se crea una ayuda monetaria a favor de los niños, niñas y adolescentes cuyo padre, madre o ambos hayan fallecido por causa de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19”. Este proyecto de ley propone:
- crear un sistema de registro e información de los huérfanos a causa de la COVID-19, que permita su identificación y atención;
- agilizar y adecuar el proceso de restablecimiento de derechos a esta población;
- darle prioridad en los programas de apoyo económicos a través de una transferencia monetaria transitoria;
- asegurar su acceso a los servicios básicos de salud y educación, y
- apoyar la inserción económica de cuidadores y tutores.
¿Qué se necesita hacer?
La prevalencia y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes es aún la preocupación de pequeños grupos de expertos y organizaciones, cuando debería ser una prioridad del Estado.
En efecto, esta población no es un rostro reconocible de la actual pandemia, pues no ocupa mayoritariamente las “camas-UCI”. No obstante, sí le afecta de forma significativa lo que ocurre en el área de cuidados intensivos.
Hasta la fecha no hay acciones decididas para mitigar las desigualdades que agrava la pandemia en las dimensiones socioafectivas, culturales, educativas y económicas. No existen lineamientos en el ICBF que diferencien a esta esta población, aunque el Instituto cuenta con valiosos aprendizajes en materia de orfandad con ocasión del conflicto armado colombiano.
Si bien la definición de huérfanos debidos a la COVID-19 puede ser mejorada, es imperativo apoyar esta iniciativa. Urge garantizar un plan de atención que, además del ICBF, comprometa al conjunto de las instituciones estatales en un propósito común.
La iniciativa deberá tener un enfoque diferencial y territorial que atienda la dispersión geográfica de las víctimas. De igual manera, deberá asegurar el monitoreo, acompañamiento y seguimiento, que incluya las voces de quienes están en orfandad.
La sociedad debería mejorar esta iniciativa, dada su corresponsabilidad en proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Diversos sectores deberán ser veedores y acompañantes de la iniciativa, sin que medien pretensiones partidistas para sacarla avante en una legislatura mediada ya por la campaña presidencial.
