Los hechos

El pasado 2 de marzo, la vereda Buenos Aires, municipio de Calamar, Guaviare, fue escenario de un bombardeo por parte de la Fuerza Pública. El objetivo era atacar el presunto campamento de alias Gentil Duarte, disidente de las FARC.

Según fuentes militares, murieron diez personas, que Medicina Legal está por identificar. También fueron capturadas cinco personas, de las cuales dos son menores de edad y se encuentran heridas.

Las labores forenses confirmaron que entre los cuerpos se encontraba el de una adolescente de 16 años: Danna Lizeth Molina; y este sábado falleció Yeimi Sofía Vergara, de 15 años, por los mismos hechos.

La muerte de Danna y Yeimi, que nos debería doler a todos, no puede ser leída como indicador de una victoria militar. Es una tragedia que muestra lo vulnerables que son los niños y en particular las niñas en nuestro país.

Un saldo militar que presente a menores de edad fallecidos es una victoria espuria de una guerra cada vez más degradada, que aleja a Colombia de la senda de un país viable.

Detrás de una niñez que desde temprana edad debe jugarse la vida en contextos bélicos está la pobreza, inequidad, exclusión y marginalidad, el abandono estatal y la indiferencia de la sociedad. Estas realidades se han agudizado en tiempos de pandemia y en zonas rurales dispersas en donde las economías ilícitas y los grupos armados marcan la cotidianidad de infantes y adolescentes.

La controversia y su perversidad

Lo sucedido tomó un giro aún más controversial por las nefastas declaraciones del ministro de defensa, Diego Molano, quien el 10 de marzo pasado se refirió a los niños reclutados como máquinas de guerra.

La expresión máquinas de guerra es más que una salida en falso o una ligereza lingüística.

En declaraciones hechas en el programa Pregunta Yamid, el ministro afirmó que el entrenamiento militar y su presencia en el campamento transforma a los niños y niñas reclutados en jóvenes combatientes y peligrosos.

Para completar, Molano resalta en un trino que los líderes y disidentes del ELN fueron reclutados siendo menores de edad, y hoy “son criminales, reclutadores, asesinos, secuestradores y extorsionistas”.

Así, sutilmente desdibuja la condición de víctimas de niños y niñas reclutados. Entre líneas, da a entender que su muerte se justifica porque previene la formación de futuros criminales.

Finalmente, al instarlos a que se desmovilicen y se sometan a la justicia, pone la responsabilidad en las personas que debieron ser protegidas desde el comienzo.

Todo esto hace parte de una estrategia para justificar a toda costa la acción militar, desconociendo los preceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los Derechos Humanos y la Ley de Víctimas.

El relato es tan perverso como lo son las acciones de los grupos armados, que los utilizan como escudos de guerra.

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Estas declaraciones sorprenden sobre todo de parte de quien es exdirector del ICBF, entidad que desde 1999 ha desarrollado el programa para atender como víctimas del conflicto a menores de edad desvinculados de los grupos armados, bajo el principio de la protección integral e interés superior.

Además, bajo su dirección en el ICBF se impulsó la apropiación de la Ley de Víctimas, que reconoce a las personas menores de edad reclutadas como víctimas de graves violaciones a sus derechos e infracciones al DIH y demanda la restitución de sus derechos y su reintegración social y exige su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

¿Acciones legítimas?

Lo que se soslaya de este tipo de narrativas ministeriales es la deshumanización y cosificación de personas que, según nuestro ordenamiento jurídico:

• Son objeto de especial y reforzada protección constitucional; reconocidas como sujetos cuyos derechos son prevalentes e interdependientes.
• Deben ser protegidas de los conflictos armados, de ser reclutadas o utilizadas y de ser víctimas de crímenes de guerra o de terribles formas de trabajo infantil, entre otras graves violaciones.

Esto está consignado en los tratados de derechos humanos incorporados a la legislación interna, nuestra Carta Magna, el Código de la Infancia y la Adolescencia y la jurisprudencia constitucional.

Lo expresado está lejos de ser una minucia jurídica. Más que la legalidad de las acciones, aquí se juega la legitimidad de la acción militar y el deber estatal de acatar el DIH.

Sobre las personas menores de 15 años reclutadas por grupos armados, el DIH indica que no son combatientes, sino víctimas de un crimen de guerra. En el Protocolo II, afirma que los menores de 15 años deberán ser protegidos de modo especial, independiente de si han participado en hostilidades o han sido capturados.

En cuanto a las personas que aún no cumplen sus 18 años, el Estado tiene el deber de respetar, acatar y garantizar sus derechos humanos. Independientemente de si la situación entra en el marco del conflicto armado o no, la Corte Constitucional ha señalado que “debe darse prevalencia a la interpretación en favor de la víctima” y no de jóvenes combatientes, como lo da a entender el ministro Molano.

Alertas sin respuestas

El resultado del bombardeo también da cuenta del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como un fenómeno actual, sistemático y en aumento en las zonas rurales del país.

Las alertas se han emitido desde organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), que denunció 79 eventos relacionados con este fenómeno, y la Defensoría del Pueblo, entidad que durante el año pasado emitió 120 alertas tempranas por reclutamiento.

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Por supuesto, esta situación convoca a condenar a los grupos armados que continúan perpetrando esta grave violación.

Pero también es necesaria una revisión a fondo de la política de prevención del reclutamiento y utilización por parte del Estado colombiano (Conpes 3673 de 2010). Además, es necesario evaluar:

• Cómo están operando las rutas de prevención y sus equipos de acción inmediata; y
• La real puesta en marcha de la política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados (Decreto 1434 de 2018).

Reacciones sin garantizar la no repetición de los hechos

Expresiones como “máquinas de guerra” que cosifican, minimizan y banalizan los hechos alimentan debates maniqueos, que poco contribuyen a garantizar que no se repitan.

En este escenario, la aparente solución política es presionar por una renuncia ministerial, como ya sucedió en 2019 cuando, fruto también de un bombardeo militar contra una disidencia de las Farc, murieron ocho personas que no alcanzaban aún su mayoría de edad, situación que precipitó la salida del entonces ministro Botero.

Por su parte, la respuesta social no pasa de expresarse a través de “memes” y caricaturas en las redes sociales que flaco favor hacen a la defensa de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En ambos casos se trata de reacciones sin reflexiones, que pasan por alto que este tipo de argumentos no son nuevos y hacen parte de toda una trama que valida la muerte violenta en Colombia en pro de un bien superior.

Una guerra en la que se alardea de la muerte de los más indefensos no tiene vencedores, sino una gran masa de dolor, pérdidas y terror.