El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: un fracaso resonante y cómo remediarlo - Razón Pública
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El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: un fracaso resonante y cómo remediarlo

Escrito por Rocío Rubio
Rocio Rubio penas adolescentes armados

En 2006 entró en vigencia un nuevo Código de Infancia y Adolescencia, pero su operación práctica ha hecho crisis, uno de cuyas manifestaciones más dramáticas es el fracaso de la justicia juvenil, hoy centrada en atender problemas de cupos y de fugas. 

La causa y el efecto

 

 
Rocio Rubio penas adolescentes armadosFoto: www.caracol.com.co

La muerte de un adolescente privado de su libertad y la cifra de 82 jóvenes fugados del Buen Pastor en Cali fueron el saldo del motín en un Centro de Atención Especializada (CAE) del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), bajo control de la Subdirección de Responsabilidad Penal adscrita a la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La televisión mostró jóvenes que saltaban por los tejados de las casas circundantes al CAE y vecinos atemorizados por el desorden. También se registraron voces vehementes a favor de aumentar los castigos: ¡más penas y cárcel para adultos! El noticiero cerró con el reporte de la recaptura de 54 de los evadidos — parte de victoria del general Castañeda — y con el anunció del ICBF de ampliar la capacidad del centro en 40 cupos.

Los medios más cautelosos estigmatizaron a los protagonistas del disturbio como infractores y analizaron los hechos como un asunto de orden público. El lenguaje mediático revivía conceptos trasnochados, propios del antiguo Código del Menor, y desviaba la mirada a un asunto de seguridad ciudadana, bajo una perspectiva netamente policial.

Los jóvenes fugados adquirieron de repente una visibilidad peligrosa. Fueron presentados como delincuentes y perpetradores de violencia urbana. Este tratamiento semántico opaca realidades más complejas: señala como causa lo que sólo es un efecto.

¿Amenazas o víctimas?

Aún hoy no se sabe quién disparó la bala que dio muerte a ese joven: le tocaba quizás picar de malo, como respondió un adolescente vinculado al SRPA por porte de sustancias psicoactivas, cuando se le preguntó por qué quería tener un arma. Y sin embargo este muerto anónimo era un sujeto de especial protección constitucional, cuyos derechos fundamentales deben ser asegurados por el Estado y por la sociedad.

En Colombia está haciendo carrera un imaginario perverso: la sociedad debe ser protegida de una horda de jóvenes sin control. Parecería que sólo ellos fueran los responsables de la inseguridad, que no existieran redes criminales al acecho. Nadie se preguntó quién era el adolescente muerto ni sobre la historia de dolor de su familia o si tenía siquiera quién lo llorara. Tampoco se han averiguado los motivos que llevaron a estos jóvenes a planear su escapada del CAE en Cali, donde en teoría estarían disfrutando de una atención especializada, protectora, pedagógica y, sobre todo, restaurativa.

Algo malo está pasando en el Buen Pastor de Cali, algo que no se reduce a problemas de infraestructura, de cupos y de seguridad. Sin duda, una lectura crítica del hecho noticioso deja más preguntas que respuestas  e invita a ampliar la mirada sobre el SRPA.

Rejas en vez de ayudas

En 2008, en respuesta a una orden de tutela, la clausurada cárcel para mujeres del Buen Pastor de Cali fue acondicionada para alojar un centro del SRPA con 220 cupos para  adolescentes privados de la libertad. El nuevo CAE se presentó como la solución frente al sobrecupo y a las frecuentes evasiones en el centro Valle del Lili.

Desde ese entonces, en ambos centros, las adecuaciones se han concentrado en asuntos relativos a la seguridad: altura de muros externos, perímetro interno para patrullaje, concertinas, cámaras, garitas, instalaciones anti-vandálicas…Nada más y nada menos que  destinar los recursos limitados a construir garitas sin guardias.

Las adecuaciones también buscan ampliar la capacidad instalada vía “cupos– camas” en celdas comunes o “tumbas”,  como dicen los muchachos. Este concepto coloquial, pero elocuente,  responde a la demanda social de encerrar a “peligrosos jóvenes”, pero no a un equipamiento integral para garantizar una atención especializada, restaurativa y protectora de sus derechos: talleres, aulas, recurso humano especializado….

La financiación de semejantes obras ha corrido casi exclusivamente por cuenta del costo–cupo asignado por el ICBF, pues difícilmente se logra la supuesta corresponsabilidad territorial[1].  Muchas veces se han desviado recursos destinados a trabajar con el adolescente, con su familia y con sus víctimas: estas sombras financieras ponen en evidencia la falta de rendición de cuentas por parte del SRPA.

Cali no es la excepción

 

 
Rocio Rubio penas adolescentes grafitti
Foto(CC) GUACHE http://www.flickr.com/photos/proun/

La estrategia de más “cupos–camas” es una solución subóptima e incompleta para garantizar la protección de los adolescentes. Y no se circunscribe a Cali[2].  En Bogotá, la situación es similar y cursa una tutela que demanda soluciones al ICBF y a la Alcaldía Mayor. La capital concentra el mayor número de ingresos y presta servicios a Cundinamarca.  La regional del ICBF también ha reencauchado cárceles para adultos como la de Zaragoza.  La Alcaldía aún no da respuesta a esta situación, ni  en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ni en el plan de regularización de masas para ampliar El Redentor.

Medellín no escapa a este panorama: en el CAE “La Pola” la presión por cupos es constante y su rotación es lenta, ya que los adolescentes que alcanzan sus 18 años deben cumplir la totalidad de la sanción, debido a la reforma en el SRPA  derivada de la Ley de Seguridad Ciudadana[3].

Cuando una juez preguntó a un adolescente, líder de un disturbio, sobre sus razones para hacerlo, él respondió: “Doctora, el domingo vino mi mamá y me dijo que estaban pasando hambre con mi hermanita. Y yo acá encerrado, sin hacer nada, sin trabajar.  Pa’ mí, mejor que me maten”.  Algo debería decirnos este testimonio sobre los tiempos de privación de la libertad, la factibilidad de la rehabilitación, la restauración de derechos, la intervención frente a la familia y la atención brindada.

En otro motín, los jóvenes escribieron sobre las paredes del centro consignas como “queremos más talleres” y las firmaron identificándose con sus lugares de procedencia: “aquí Manrique”, “aquí la Trece” ¿Estas firmas son señal de cómo se trasladan las disputas territoriales de la ciudad y cómo dentro de La Pola se reconstituyen las temidas fronteras invisibles?  Pueden describirse situaciones similares para otros distritos judiciales.

En San Andrés — un distrito judicial que carece de CAE — la construcción del centro de atención está paralizada por el proceso de consulta previa, derecho de las comunidades raizales que debió ejercerse antes de iniciar la obra.

En fin: lo sucedido con el SRPA en Cali no es un caso aislado: el SRPA está en crisis y va en camino de configurar un estado de cosas inconstitucionales.

Más que el número de cupos

 

 
Rocio Rubio penas adolescentes infancia

Foto(CC)- Wolfgang Sterneck http://www.flickr.com/photos/sterneck/

La crisis del SRPA no es nueva: desde su creación mediante el Código de la Infancia y la Adolescencia  — Ley 1098 de 2006 — se hicieron evidentes sus fallas de concepción  y la falta de planeación para llevarlo a cabo. A los antiguos centros de reeducación tan sólo se les cambió de nombre. No se hizo un esfuerzo por armonizar las jurisdicciones de los distintos actores del Sistema, y éstos no se concibieron en clave sistémica y a favor de un sujeto de especial protección.

Para muchos expertos, la crisis del SRPA se reduce al problema del número de cupos que debe ofrecer el ICBF, sin corresponsabilidad de otros actores. Pero hay un catálogo de temas por revisar en el Instituto: lineamientos técnicos, operadores, recurso humano, sistemas de información, de seguimiento y control, de arquitectura institucional…

A todas luces, el ICBF no es la entidad competente para manejar temas de seguridad, de infraestructura carcelaria y de asuntos judiciales de menores de edad. Para los operadores de la justicia — al  tener como referencia obvia los procedimientos para adultos — resulta inevitable que la administración de la justicia juvenil se surta en un escenario más punitivo que restaurativo.  Hay asimetrías en el proceso que van en detrimento de la defensa del adolescente. El carácter específico, protector y diferenciado del SRPA se diluye.

La lógica de sancionar a un delincuente prima sobre la de un proceso judicial que debería ayudar a formar un sujeto de derechos, quien asume responsablemente su ejercicio y a quien se le propicia un ambiente adecuado para reparar el daño causado a su proyecto de vida, el de sus víctimas y la comunidad afectada.

Para las entidades territoriales y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) los adolescentes rara vez son asunto de su competencia. En la mayoría de municipalidades, el SRPA no hace parte ni de las políticas de infancia y adolescencia, ni de las de seguridad y convivencia ciudadana.

La política social escasamente penetra los muros del SRPA: son contados los cursos que ofrece el SENA, por ejemplo. Casi nulos son los tratamientos para la atención de las adicciones o de problemas psiquiátricos causados por las mismas. Son inexistentes los modelos flexibles que garanticen el derecho a una educación con calidad y pertinencia.

La seguridad del SRPA carece de dolientes: el CONPES 3629 de 2009 recomendó a la Policía Nacional realizar estudios de seguridad. La Ley 1453 de 2011 estableció su competencia en materia de seguridad perimetral de los centros.  Los resultados saltan a la vista.

La falta de apropiación y de compromiso con el SRPA es notoria. La peligrosa visibilidad que adquieren los jóvenes proyecta sombras en el debate e induce a falsas soluciones.

Pero los llamados delincuentes juveniles que incurren en delitos graves con privación de la libertad no superan el 5 por ciento.  El grueso de los delitos perpetrados por adolescentes se concentra en hurto, porte de armas y estupefacientes y lesiones personales.

¿Quién le está suministrando la droga y quién los arma? ¿Cuál es la relación entre consumo, salud pública y aumento de la llamada delincuencia juvenil? ¿Quiénes realmente están atrapados en el mal llamado micro–tráfico como víctimas e instrumentos de redes del lucrativo narcotráfico? ¿Dónde está la política criminal?

Picar de malo no puede seguir siendo un recurso a la mano para muchos adolescentes vulnerables en el país. El debate sobre el SRPA debe trascender la mirada frívola y sectorial, atendiendo a tres dimensiones:
i.  Prevención de conflictos, para evitar que adolescentes incurran o sean utilizados para cometer delitos;

ii.  Atención restaurativa, reparadora y transformadora, para que tomen conciencia de las consecuencias de su conducta, reparen daños, y construyan nuevos sentidos de vida;

iii.  Inclusión social para su reintegración efectiva, con la participación de las redes familiares, sociales e institucionales, y la generación de entornos restaurativos, protectores de derechos y promotores de oportunidades[4].

Colombia debe encontrar una salida digna más allá de las rejas: una salida promisoria, justa e incluyente, que prepare la etapa siguiente a la sanción, que no produzca más jóvenes sin futuro, los que no nacieron pa´ semilla o que dejan tocayos tras una muerte temprana.

 *     Antropóloga, magister en Estudios Políticos, Candidata al doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. rubiorocio55@hotmail.com 
twitter1-1@antropologa1

 

 

Rocio Rubio RazonPublica

Rocío Rubio Serrano*

 

Colombia debe encontrar una salida digna más allá de las rejas: una salida promisoria, justa e incluyente. 

 

 

 La estrategia de más “cupos–camas” es una solución subóptima e incompleta para garantizar la protección de los adolescentes. Y no se circunscribe a Cali.

 

A los antiguos centros de reeducación tan sólo se les cambió de nombre. No se hizo un esfuerzo por armonizar las jurisdicciones de los distintos actores del Sistema, y éstos no se concibieron en clave sistémica y a favor de un sujeto de especial protección. 

 

 

 

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