Al comenzar la campaña electoral ha revivido la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal a 12 años. Pero esta idea taquillera y simplista ignora los problemas verdaderos y haría más mal que bien a la seguridad ciudadana.
Rocío Rubio Serrano*
Otra propuesta simplista
El 2 de enero de este año, el candidato presidencial Vargas Lleras afirmó en Twitter que la edad de responsabilidad penal debería reducirse de 14 a 12 años.
Como es común que los medios informen sobre delitos cometidos por menores de edad, es natural que la ciudadanía responda con indignación y que los candidatos en busca de banderas respondan con propuestas ligeras pero populares que parezcan “de mano dura”. Esta no es la excepción.
La propuesta de Vargas no pretende defender los derechos de las víctimas, ni los del ofensor: privar de la libertad no resuelve el conflicto generado por el delito, sino que lo pospone.
Confinar a niños sin una adecuada atención, restauración e inclusión social como sujetos plenos de derechos no garantiza la no-repetición.
Confinar a niños sin una oferta idónea para su atención, restauración e inclusión social como sujetos plenos de derechos no garantiza la no-repetición. Más aún cuando se carece de redes de apoyo y contención, al igual que de sistemas de monitoreo, acompañamiento y remisión a una plataforma de ofertas que permitan su efectiva inclusión.
Vargas sostiene que otros países ya han reducido la edad de responsabilidad penal. Pero esta reducción no fue un hecho aislado. La reducción en sí misma, sin otro tipo de medida, no atiende el incentivo perverso que invita al uso de los niños por parte de las redes criminales.
- Inglaterra, por ejemplo creó la figura de los youth offending team como red de apoyo a los jóvenes delincuentes.
- Y por su parte El Salvador redujo la edad de responsabilidad penal a 12 años sin efecto alguno sobre los índices de criminalidad. La “mano dura” fracasó y los centros de privación de la libertad se convirtieron en masivas escuelas del crimen.
¿Más “mano dura”?
 Campañas contra la delincuencia juvenil. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Este tipo de propuestas populistas es bien conocido.
Suele decirse por ejemplo que la duración de las penas debería ser mayor; pero entonces muchos jueces formados en una cultura de justicia retributiva optarían por condenar al mayor número de años posibles.
Bajo el actual Sistema de Responsabilidad para Adolescentes (SRPA), la tendencia en Colombia ha consistido en imponer la máxima sanción privativa de la libertad para delitos graves: ocho años que deben ser cumplidos en su totalidad a partir de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011). Esta Ley no permite salidas anticipadas ni “rebajas de penas” como en el sistema de adultos. Tan solo se permite una eventual sustitución de medidas que poco se aplica.
Este estado de cosas pone en riesgo el principio de proporcionalidad de la sanción. Niños que son utilizados por verdaderos criminales acaban siendo privados de su libertad por un tiempo similar o mayor que el de sus reclutadores, como lo constatan sentencias de comandantes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz.
Cabe recordar que la privación de la libertad debería ser el último recurso y que cuando se trata de adolescentes debería imponerse por el menor tiempo posible, como bien lo señalan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores. La norma no es arbitraria: está basada en consideraciones sobre lo que implica estar privado de la libertad durante esta etapa clave de la vida.
El exfiscal Guillermo Mendoza Diago formuló otra propuesta populista: que los jóvenes ingresen a cárceles de adultos desde los 16 años. La propuesta no solo es simplista, también muestra falta de conocimiento sobre el marco de derechos y garantías, fundamentado en el paradigma de la Protección Integral e Interés Superior del Niño. Sorprende que este tipo de medidas sean defendidas por operadores de justicia y altas autoridades del sistema judicial.
hay un boom político y mediático que busca poner toda la responsabilidad de la criminalidad urbana en los hombros de los más vulnerables.
La propuesta no advierte el daño de incluir en un espacio carcelario a adolescentes y adultos sin la infraestructura adecuada y sin regímenes de transición. Sería necesario que los espacios fueran adecuados para separar a las poblaciones y que existieran modelos de atención y rehabilitación comprehensivos, facilitadores de mayor y mejor inclusión social mediante prácticas pedagógicas, protectoras y restaurativas.
Incluir sin más a adolescentes en el sistema de adultos no garantiza la reducción de delitos ni mejores condiciones de seguridad y convivencia. Por el contrario, puede reproducir cadenas delictivas de mando, sumisión y utilización, que promuevan el inicio de carreras criminales. Así se dejaría la infancia más vulnerable del país servida en bandeja de plata a los criminales ávidos de hallar know hows ilícitos.
Mediatización y desinformación
El caso del joven de 15 años que presuntamente abusó de su hermana y la asesinó no es un fenómeno común. Y tampoco es común que los jóvenes participen del sicariato o de las “casas de pique”.
El grueso de los adolescentes que han ingresado al SRPA —cerca del 70 por ciento, según la Subdirección Penal para Adolescentes del ICBF— lo han hecho por hurto o por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Solo el 2 por ciento ingresa por homicidio y un 4 por ciento por delitos contra la integridad sexual.
Y aun los jóvenes que son imputados de delitos graves a menudo han sido reclutados por redes criminales de gran envergadura. El aumento de casos en Cali, por ejemplo, está asociado con las sagas criminales que allí operan, las “oficinas de cobro” que reclutan niños para el ajuste de cuentas y la resonancia de bandas criminales que disputan activos estratégicos de la región.
Los jóvenes implicados provienen de contextos vulnerables: con cierta ironía se dice que son niños del ICBF. Esto pone en entredicho los programas de protección estatal y exige revisar las políticas sociales y aquellas relativas a la infancia y la adolescencia en el país. Urge una política robusta de prevención de la violencia y la delincuencia juvenil. Esta política no existe pese a ser un mandato legal desde 2011 y un compromiso presente en los dos planes de desarrollo del gobierno Santos.
Es preciso superar los retos de cobertura, calidad y pertinencia para lograr una verdadera inclusión de los jóvenes que cometen delitos
Pero hay un boom político y mediático que busca hacer pasar lo excepcional como si fuese la regla general y poner toda la responsabilidad de la violencia y la criminalidad urbana sobre los hombros de los más vulnerables.
Se citan estadísticas sobre aprehensiones de la Policía Nacional que registran “capturas”, pero que no discriminan por individuos. Cada institución tiene una medida diferente y, al final, es imposible seguir los pasos de un adolescente concreto. La casuística muestra que la reincidencia es alta y que va acompañada de una alta tasa de evasión de los Centros de Atención Especializada, que no tienen infraestructuras dignas ni modelos de atención adecuados.
Las propuestas son populares, pero no tienen fundamento real. Ya el CONPES 3629 de 2009 señalaba como uno de los problemas la falta de un sistema de información integral del SRPA, que permitiese tomar decisiones y formular políticas basadas en evidencia real.
¿Qué hacer?: los verdaderos problemas
 Delincuencia juvenil. Foto: Alcaldía de Bucaramanga |
Para lograr la verdadera inclusión de los jóvenes que cometen delitos habría que corregir las graves deficiencias del sistema en términos de cobertura, pertinencia y calidad. Y enfocarse en su entorno familiar, escolar y comunitario es de especial importancia.
Los centros para cumplir las sanciones deben ser dignos y no cárceles de adultos “desechadas” como el Buen Pastor en Cali o coliseos deportivos a punto de colapsar como sucede en el Archipiélago.
Los equipos de atención deben ser especializados y contar con el respaldo requerido. La ejecución de las sanciones debe ser monitoreada y contar con indicadores de éxito que permita sustituirlas o dar punto final al proceso judicial y, después, contar con un verdadero acompañamiento que promueva su inclusión y reduzca el riesgo de reincidencia.
Finalmente, es necesario revisar el proceso de restablecimiento de derechos de aquellos niños y niñas que incurren en delitos y no son aún sujetos responsables penalmente. Este proceso debería ir más allá de la verificación que realiza el ICBF. Se necesitan defensores de familia y equipos especializados para valorar cada caso y una oferta programática para su adecuada remisión. Es un reto que va más allá de la simple reforma de lineamientos técnicos e involucra el concurso integral del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
No debe olvidarse que ya existen experiencias piloto promisorias como:
- el programa distrital de justicia juvenil en Bogotá;
- la iniciativa de justicia restaurativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
La protección integral de niños y niñas es responsabilidad de todos. Pensar que la sociedad debe protegerse de jóvenes riesgosos es una mirada reduccionista, pues son los jóvenes —el presente continuo de Colombia— los que deben ser protegidos en primer lugar. No podemos seguir narrando este fenómeno como una tragedia banalizada en la que no tenemos ni arte ni parte. Las salidas simplistas pueden hacer que “la cura resulte más grave que la enfermedad”.
*Antropóloga, magister en Estudios Políticos, rubiorocio55@hotmail.com
@Antropologa1
