Aunque el acuerdo con las FARC disminuyó las cifras del reclutamiento forzado de menores de edad, aún es un fenómeno alarmante en Colombia.
Rocío Rubio*
El reclutamiento es un crimen de guerra
Este 12 de febrero fue el día de la Mano Roja, una iniciativa mundial contra la vinculación o participación de menores de edad en los conflictos armados.
Este día, en el 2002, entró en vigor el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a su participación en los conflictos armados. El protocolo insta a los Estados a prevenir esta participación de menores, a atender a sus víctimas de manera integral y a garantizar su no repetición.
El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados es un fenómeno de vieja data en Colombia. Así lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Una Guerra sin Edad.
Se trata de una práctica histórica y sistemática. Sin embargo, sus motivos están cada vez más desdibujados y sus lucros ilícitos son más protagónicos. De hecho, en el macro caso 07, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha identificado que el 68% de las víctimas reclutadas eran menores de 15 años.
Portar un fusil y vestirse de camuflado no es un juego de niños y no convierte a los reclutados en adversarios del Estado, como suponen algunos ministros de Defensa en Colombia.
De acuerdo con el Convenio 182 de la OIT, la participación de niños en conflictos armados es una de las peores formas de trabajo infantil, un delito tipificado desde 1997 en la legislación colombiana y una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En ese sentido, es un crimen de guerra.
Adicionalmente, puede configurarse como un delito de lesa humanidad al examinar las consecuencias devastadoras, desproporcionadas y diferenciadas para las víctimas, sus sentidos, relaciones y proyectos de vida.
Portar un fusil y vestirse de camuflado no es un juego de niños y no convierte a los reclutados en adversarios del Estado, como suponen algunos ministros de Defensa en Colombia. Por el contrario, son sujetos de especial y reforzada protección constitucional.
Los niños y niñas han experimentado dentro de las filas diversos tipos de violencia —en particular de género—, tratos crueles e inhumanos y vulneraciones a todo el catálogo de derechos —comenzando con la anulación de su nombre de pila para adoptar un alias—.
El efecto de los acuerdos de paz
Los acuerdos de paz han conllevado tímidos avances en la protección integral de niños, niñas y adolescentes y la erradicación de su reclutamiento y utilización.
Si bien en las desmovilizaciones paramilitares no se propuso explícitamente la desvinculación de los menores de edad, en el marco de la ley de Justicia y Paz se presentó un reconocimiento del reclutamiento perpetrado y se dispuso un escenario de reparación judicial en favor de las víctimas y de garantías de no repetición.
Se perpetraron reclutamientos y utilizaciones de cerca de 599 adolescentes, entre los 13 y 17 años en el Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Arauca, Putumayo, Vichada, Caquetá, el Meta y los departamentos del Andén Pacífico entre 2016 y 2019.
Sin embargo, la falta de una desvinculación formal y la presencia de otros actores armados en disputa territorial facilitaron nuevos reclutamientos y utilizaciones.
Según el Observatorio de la Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dos años antes de suscribirse el Acuerdo Final con las FARC, esta guerrilla era de lejos la principal reclutadora en el país con un 52 % del total de casos; le seguía el ELN con el 10 % y las bandas criminales con un 3 %.
Por su parte, la JEP presentó la cifra provisional de 18.677 víctimas de reclutamiento por parte del FARC y ha señalado a esta guerrilla como el “actor armado que utilizó de manera persistente en el tiempo y en mayor medida el reclutamiento de niñas y niños en el marco del conflicto”.
Sin duda, el Acuerdo redujo la incidencia del fenómeno. Entre 2015 y 2019 se reportó una reducción del 62 % en el número de casos en comparación con el período entre 2011 y 2014. Pese a este dato alentador, diversas voces han documentado y denunciado la continuidad de esta grave violación.
Las cifras
De acuerdo con el cuarto informe del Secretario General de Naciones Unidas relativo a los niños y los conflictos, se perpetraron reclutamientos y utilizaciones de cerca de 599 adolescentes, entre los 13 y 17 años en el Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Arauca, Putumayo, Vichada, Caquetá, el Meta y los departamentos del Andén Pacífico entre 2016 y 2019.
En 2019, el Observatorio de la Niñez y el Conflicto Armado de la COALICO alertó sobre 200 casos.
En 2021, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría identificó los citados departamentos en riesgo y en estos, sus territorios más periféricos, de frontera y rurales dispersos, en riesgo extremo.
El 80 % de las alertas defensoriales para 2020, por ejemplo, se concentraron en las zonas rurales de 188 municipios. Las víctimas estaban en el rango comprendido entre los 8 a 18 años y el 33 % eran menores de 14 años, lo cual muestra la tendencia de los armados a reclutar niños cada vez menores.
El 44 % afirmó pertenecer a pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas, lo que señala también la tendencia a un mayor reclutamiento de la niñez étnica.
Los factores de riesgo
En los nuevos procesos de reclutamiento persisten factores de riesgo ya señalados en el 2013 por el Conpes 3673 tales como: la presencia de actores armados en los territorios, las economías ilícitas y los corredores estratégicos para los más variados tráficos ilegales. Así mismo, existe una situación endémica de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al igual que frágiles entornos de protección que facilitan la vinculación de esta población con los armados.
Sin embargo, hay dos situaciones que han aumentado el riesgo en los últimos años:
La primera está relacionada con la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 y las medidas adoptadas para frenar su contagio. Sin tener un estimativo claro, la pandemia ha dejado a niños y niñas sin cuidadores primarios y sin protección por parte del Estado. El cierre prolongado de las escuelas, la imposibilidad de educación virtual o de desarrollo de modelos de alternancia en la práctica facilitó la deserción escolar. Por esta razón, allanó el camino para la vinculación con los armados, que siguen en los territorios y que operan con mayor libertad gracias al confinamiento.
La segunda situación se relaciona con los niños “no acompañados” o separados que traspasan la frontera colombo-venezolana.
Adicionalmente, se registra una diferencia en cuanto al agente perpetrador de estas graves violaciones. Ahora, este delito es perpetrado por disidentes del Acuerdo con las FARC, el ELN, el EPL y una variedad de grupos cada vez más vinculados con el narcotráfico, es decir, asociados a la delincuencia trasnacional y no tanto a los funcionamientos internos de un conflicto armado.
Esto afecta las rutas a seguir por la población desvinculada después de su proceso de atención y restablecimiento de derechos, liderado por el ICBF. El marco normativo vigente reconoce como víctimas a quienes han sido reclutados en ocasión del conflicto armado, excluyendo los usos y utilizaciones de formas delincuenciales.
Fundamentos para la prevención
Urge una revisión desde el paradigma de la protección integral para que los niños, las niñas y adolescentes recuperados y atendidos por el Estado puedan saldar sus moratorias sociales, reparar sus infancias resquebrajadas por las experiencias violentas y proyectar un sentido de vida alternativo, esperanzador y viable.
En materia de prevención, la prevalencia del reclutamiento infantil es un serio llamado de atención a replantear nuevos funcionamientos y su adecuada caracterización para tomar decisiones basadas en evidencia.
Para ello, es preciso territorializar las apuestas de política y examinar el arreglo institucional más idóneo para operar en zonas dispersas de manera continua, desarrollando procesos y no solo eventos por significativos que estos sean.
Pese a las instancias de coordinación existentes, es necesario avanzar hacia un mayor diálogo y una mayor actuación interagencial que comprometan a diferentes niveles de gobierno y se sumen con los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil.
La experiencia de una vida en armas a temprana edad no es únicamente una vivencia desgarradora y cruel para las víctimas de este delito, sino para sus familias, comunidades y sociedad que se ven abocadas a lidiar con crecientes moratorias sociales y no capitalizar un bono poblacional cada vez más capturado por los armados.
Todos debemos repudiar el reclutamiento y no en forma de eslogan electoral, enunciado de modo maniqueo. Por encima de espurias polarizaciones, lo que nos debe unir como país es la protección integral de niños, niñas y adolescentes a quienes no les corresponde sufrir las violencias de la guerra y el conflicto.
