El aislamiento no mermó la violencia en Colombia, sino que fue aprovechado por los grupos armados para ejercer más control, reclutar más jóvenes y expandir sus territorios.
César Niño*
Una oportunidad para los grupos armados
Cuando el coronavirus llegó a Colombia, los grupos armados y grupos criminales tenían más o menos establecidas sus estrategias de operación y su forma de hacer presencia en determinados territorios.
En marzo de 2020, la covid-19 empezó a preocupar a las autoridades sanitarias, y el crimen pasó a un segundo plano en la lista de prioridades nacionales.
Al mismo tiempo, como el gobierno empezó a tomar medidas para prevenir la propagación del virus, se interrumpieron muchas conexiones criminales y se hicieron imposibles algunas formas tradicionales de la delincuencia. Por eso algunos indicadores de inseguridad —como los hurtos y homicidios— se redujeron en alrededor del 40% en los primeros meses, especialmente en las ciudades principales.
Pero cada vez es más claro que los grupos armados y de crimen organizado han ganado un espacio importante en los territorios durante la pandemia.
Florece la violencia
Desde abril del año pasado, los organismos de derechos humanos empezaron a alertar sobre las acciones de los grupos armados a pesar de las medidas de aislamiento. No solo continuaron —y en algunos lugares aumentaron— los asesinatos y las amenazas, sino que aprovecharon las restricciones para expandir su control sobre territorios estratégicos para las economías ilícitas.
La semana pasada, los habitantes de Buenaventura lanzaron un llamado de auxilio bajo el hashtag #SOSBuenaventura, preocupados por el aumento de la violencia, los enfrentamientos entre grupos armados, los homicidios y el desplazamiento en la ciudad. Más de 30 familias tuvieron que desplazarse el pasado jueves de los barrios más afectados por las balaceras entre “Los Espartanos” y “Los Shotas”, grupos que pertenecen a la banda “La Local”.
Estos hechos se suman a las noticias de violencia a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellos las 12 masacres registradas en lo que va del 2021, las más recientes en Inzá y Argelia, Cauca; Florencia, Caquetá; y Betania, Antioquia.
Esta es una continuación del panorama devastador del 2020, cundo Indepaz contabilizó 91 masacres donde murieron 314 personas; se registró el asesinato de más de 300 líderes sociales y 64 firmantes de paz; y hubo 94 eventos masivos de desplazamiento, que afectaron a más de 25.300 personas, la mayoría por enfrentamientos, seguido de amenazas directas contra la población.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2020 hubo un aumento del 163% en el número de personas confinadas a causa de la violencia respecto del 2019. Los departamentos más afectados fueron Chocó, Nariño y Antioquia y un 58% del total de 74.300 víctimas pertenecían a comunidades indígenas y afrocolombianas.
Grupos criminales como autoridades
Además, a partir de mayo fue evidente que los grupos armados en distintos lugares del país estaban construyendo autoridad por medio de la regulación de la vida de las poblaciones, lo que se conoce como gobernanza criminal.
La cohesión y el orden criminal de esos grupos los ponen en ventaja frente a los operadores de seguridad del Estado, que está parcial o totalmente ausente en muchos territorios.
Cada vez es más claro que los grupos armados y de crimen organizado han ganado un espacio importante en los territorios
Se trata de una estrategia para anclarse en medio de la población: al brindar servicios o satisfacer necesidades, ganan cierta legitimidad y obtienen rentas para su supervivencia. Esto se ha ido construyendo desde hace varias décadas en Colombia, pero la pandemia aceleró el fenómeno.
Distintos actores criminales, entre ellos el ELN, disidencias de las FARC y del EPL y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se han valido de la pandemia para ejercer control social y territorial.
En varias partes del país impusieron cuarentenas paralelas a las decretadas por el gobierno nacional. Para ello, los grupos enviaron panfletos, comunicados y mensajes de WhatsApp y decretaron retenes, toques de queda y hasta paros armados, amenazando a la población con sus retaliaciones (asesinatos o desplazamientos) en caso de cumplir las restricciones de movilidad.
El objetivo es asociar la prevención del contagio en las comunidades con su control en los territorios. Es decir que, si hay pocos o ningún contagio en una comunidad, la población piense que fue gracias al grupo criminal que impuso medidas estrictas. Esto podría cambiar las relaciones entre crimen, Estado y sociedad y aumentar el poder de los grupos ilegales.
En julio, Human Rights Watch afirmó que, desde que comenzó la pandemia, los grupos armados en al menos 11 de los 32 departamentos del país habían impuesto sus propias reglas para evitar la propagación de la Covid-19, con consecuencias brutales para quienes no cumplieran.
Según el informe, en partes de Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare, ni siquiera los enfermos han podido salir de sus casas durante los toques de queda impuestos por los grupos armados, y se ha menoscabado aún más el acceso a alimentos suficientes por parte de la población.
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Más menores reclutados
Además, se registró el aumento en un 113% del reclutamiento forzado de menores por entidades como el ELN en el oriente del país.
Una de las razones es la poca conectividad a internet y deficiencia tecnológica de las escuelas en zonas rurales. La cuarentena obligatoria y el cierre de escuelas hicieron que los jóvenes se convirtieran en presa fácil de reclutamiento.
Según la Coalición contra la Participación de Niños y Jóvenes en el Conflicto Armado de Colombia (Coalico), al menos 190 menores fueron reclutados durante los primeros 6 meses del 2020, cinco veces más que el año anterior.
Los grupos armados en al menos 11 de los 32 departamentos del país habían impuesto sus propias reglas para evitar la propagación de la Covid-19
En muchos casos, el reclutamiento empieza con ofrecimientos de dinero en efectivo, ropa y celulares. Después de eso los vinculan como vigías a tiempo parcial, y después, cuando entran a trabajar tiempo completo, les dan motos, armas y estipendios mensuales. Para reclutar mujeres, en cambio, se valen de estrategias de enamoramiento.
En lugares donde la población pasa necesidades, esas ofertas son difíciles de resistir. Y esas necesidades sin duda han aumentado a raíz de las restricciones de movilidad y el acceso cada vez más limitado a oportunidades laborales legales. Con la pandemia, el desempleo en Colombia saltó de 9,8 al 14,7%, y desparecieron millones de trabajos informales.
Mejores engranajes del crimen
En algunos territorios, otros grupos han aumentado su capacidad criminal.
Actores como el Clan del Golfo, Los Caparrapos y facciones derivadas de las FARC junto con el ELN, aprovecharon la distracción de las autoridades para acabar de desplazar a las instituciones y crear engranajes criminales entre ellas, con y sin disputas.
De hecho, las cuarentenas les permitieron manejar mejor sus asociaciones criminales. Y al mismo tiempo propiciaron condiciones para los enfrentamientos entre grupos. En ese sentido, mientras se daba una disminución del 75% en las acciones armadas del ELN en abril de 2020, aumentaron los enfrentamientos entre ellos, la Fuerza Pública, el Clan del Golfo y derivados de las FARC.
Mientras la pandemia y las cuarentenas tienden a acabar, el crimen tiende a expandirse. La pandemia fue aprovechada por los grupos armados como escenario de expansión, fortalecimiento y gobernanza criminal.
El asunto está en quitarle el terreno ganado a dichos grupos: hay que detectar las causas de la autoridad que han construido sobre las poblaciones y producir legitimidades que la disputen.
