El reciente informe de Naciones Unidas sobre el caso de Colombia da cuenta de una de las facetas más crueles de la guerra interna: crímenes de todo tipo y cientos de víctimas inocentes.
Rocío Rubio Serrano*
Niños desplazados en Cartagena.
Foto: UNHCR/Acnur Américas
Los informes
En 2008 Colombia aceptó acogerse voluntariamente al proceso de supervisión y presentación de informes contemplados en la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas referente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto armado. Se trata de un procedimiento de monitoreo, supervisión y presentación de reportes.
Este mecanismo tiene dos propósitos: recopilar información sobre las violaciones de los derechos de los niños y las niñas en países con conflictos armados y presionar para que los Estados adopten medidas de protección integral de los menores de edad.
La Resolución incluye seis formas de violación de los derechos que deben ser examinados por los informes:
• Asesinato y mutilación de niños.
• Reclutamiento y utilización de niños como soldados.
• Violación o sujeción a otros actos graves de violencia sexual.
• Ataques contra escuelas y hospitales.
• Secuestros.
• Denegación de acceso a la asistencia humanitaria.
La situación de Colombia
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El informe “Los niños y los conflictos armados” presenta resultados desalentadores para Colombia. |
El más reciente informe sobre el estado de los niños y niñas en el conflicto armado colombiano fue presentado en mayo de este año y da cuenta de la situación en el 2012. El balance es muy negativo en las seis dimensiones incluidas.
1. Muertos y mutilados. Se registra la muerte de ocho niños en un fuego cruzado entre el Ejército y las FARC en el departamento del Meta; otros 13 menores fueron muertos y 52 fueron heridos por la explosión de minas anti-persona.
Ante estos hechos hay que exigir garantía de no repetición a los actores armados, para que ningún niño vuelva a pronunciar las palabras de Mayra: “Mi cuerpo es como una cobija de pobres: lleno de remiendos”[1]
2. Reclutamiento. Es una práctica generalizada y sistemática en Colombia: 188 niños fueron desvinculados de las FARC, 37 del ELN, 34 de los grupos armados que surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares (ahora conocidos con el nombre genérico de bandas criminales) y 4 del EPL (Ejército Popular de Liberación).
3. Violación o sujeción otros actos graves de violencia sexual. Esta es la situación menos visible debido a que la mayoría de los casos quizá no se denuncian, debido al temor y a que es común que la culpa sea imputada a la víctima –quien es así estigmatizada y re-victimizada-.
El Informe indica que todos los grupos han incurrido en esta práctica, pero la ruta de atención a sus víctimas resulta diferencial y asimétrica. Las garantías consagradas en la Ley 1448 de 2011 son de difícil acceso cuando el victimario pertenece a una banda criminal o, incluso, cuando se trata de un agente del Estado. Según el reporte en octubre de 2012 en el departamento de Nariño presuntamente soldados del Ejército cometieron abusos sexuales por lo menos contra 11 niñas, la mayoría de ellas de ascendencia afrocolombiana, incluida una de 8 años de edad
4. Ataques contra escuelas y hospitales. Las escuelas han sido usadas como cuarteles y sometidas a vigilancia militar. Los espacios de recreo se utilizan para “juegos” de carácter macabro mediante los cuales se adoctrina e imparte entrenamiento militar. Los maestros han sido amenazados y extorsionados y en el departamento de Arauca se confirmó el desplazamiento forzado de tres maestros y el director de una escuela.
5. Secuestro. Llama la atención que el Informe no se pronuncie sobre esta violación, pese a que aún se presentan casos de secuestro de menores de edad, particularmente con fines extorsivos.
6. Denegación de acceso a la asistencia humanitaria. El Informe denuncia que la contaminación con minas terrestres, artefactos explosivos sin detonar y artefactos explosivos improvisados son uno de los principales obstáculos para brindar asistencia humanitaria, particularmente en Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Asimismo, se informa que las denominadas bandas criminales han impuesto restricciones a la movilidad en zonas urbanas de Córdoba, Antioquia y Valle del Cauca.
Las cifras anteriores dan pie para muchas preguntas sobre la efectividad de la política protección integral a la infancia y de prevención del reclutamiento en Colombia, según está descrita en el Documento CONPES 3673 de 2010.
Reclutamiento de niños y niñas
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Niño emberachami desplazado. |
Todas las violaciones que incluye el informe constituyen crímenes terribles en contra de niños y niñas, pero en el caso del reclutamiento de menores hay un debate adicional.
Durante el 2012, 34 niños fueron reclutados por bandas criminales. Este tipo de hechos da pie a un debate que aún no se ha zanjado en el país: ¿Estos niños deben ser considerados víctimas y, por ende, se les debe garantizar su reintegración a la sociedad y la reparación integral de sus derechos? O, por el contrario ¿deben ser considerados sujetos responsables penalmente y, como tal, deberían tener el mismo tratamiento de los adolescentes que infringen la ley penal?
Los grupos armados ilegales reclutan menores, pero también el ejército y la Policía Nacional utilizan niños en tareas de inteligencia militar y en jornadas cívico-militares. Estas prácticas no son sistemáticas, pero si hay casos bien documentados: la fuerza pública en efecto ha puesto en riesgo la vida de menores que de ninguna manera pueden ser utilizados.
Con estos actos el ejército y la Policía violan la ley, pasan por alto las directivas del Ministerio y tienden a borrar la distinción entre combatientes y civiles, principio rector del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En este tema es conveniente que el Estado refuerce sus procesos de formación en materia de Derechos Humanos y acoja los lineamientos de la Política de Diligencia Debida de Naciones Unidas.
Recomendaciones
El informe incluye dos recomendaciones centrales:
1. Aumentar los esfuerzos del Estado para proteger los derechos de los niños y las niñas. Sugiere que la protección debe trascender la mirada sectorial, ser integral y considerar la atención diferencial y étnica. La garantía de los derechos de niños no es sólo un asunto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sino del Estado en su conjunto.
2. Adoptar una política de “cero tolerancia” respecto de las violaciones de los derechos de niños y niñas. En Colombia hay un alto grado de impunidad en estos casos y, según el Informe, a lo largo de la historia se han impuesto apenas 25 sanciones por reclutamiento de menores, tres de ellas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Por eso el Informe insta al país a contar con una verdadera estrategia de investigación criminal y de judicialización.
Esta misma recomendación fue incluida en el documento CONPES 3673 de 2010 para que fuera liderada por la Fiscalía General de la Nación.
Además de las sugerencias, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado la decisión de presionar a los países para que tomen las medidas necesarias para la protección integral de los derechos de los niños. Una de las medidas que reclama es la aplicación rigurosa de los principios del DIH. Asimismo, considera necesario reforzar el régimen de sanciones contra quienes violen los derechos de los menores y fortalecer su cooperación con la Corte Penal Internacional.
El Consejo de Seguridad proyecta adoptar algunos mecanismos adicionales para reforzar la protección y promoción de los derechos de los niños: apoyar los mecanismos nacionales de rendición de cuentas e incluir el tema en las negociaciones de los procesos de paz.
La niñez y el proceso de paz
Cuando la Coalición contra la Vinculación de niños, niñas y jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO) inquirió al gobierno por el tema del reclutamiento de menores en las negociaciones de la Habana, éste respondió que sería incluido en el cuarto punto de la agenda.
En este caso el orden de los factores si altera el producto. Como señala el Secretario General de Naciones Unidas: la protección de los derechos de la niñez es un buen punto de partida en las negociaciones, ayuda a construir confianza y es una vía certera para alcanzar la paz. No debió dejarse para el final del proceso.
Los colombianos que soñamos con un país en paz debemos exigir que cesen el reclutamiento y las otras violaciones que contempla la Resolución 1612 de Naciones Unidas. Por su parte, los grupos armados -con mayor razón las FARC que están en la mesa de negociaciones- deben avanzar, conjuntamente con el Gobierno, en planes para separar a los menores de edad de sus filas. Así mismo se deben atender, promover su efectiva reintegración y reparar el daño que se les ha causado como víctimas del conflicto.
* Antropóloga, magister en Estudios Políticos, Candidata al doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. rubiorocio55@hotmail.com.
@antropologa1
