Las noticias recientes sobre crímenes atroces contra niños, niñas y adolescentes son apenas expresiones de un problema más profundo y cuyo remedio implicaría cambios de igual profundidad. Donde están las raíces de este drama y cómo erradicarlas.
Rocío Rubio*
Ejemplos del horror
Cerca del 32 por ciento de los colombianos aún no alcanzan su mayoría de edad. Es decir, se trata de niños y niñas a quienes el Estado, la sociedad y sus familias deben garantizar una protección integral.
Y sin embargo por acción u omisión el cumplimiento de este deber sigue siendo precario. El goce efectivo de los derechos de los niños no se cumple, está en riesgo o es vulnerado de maneras crudas, como relatan las noticias de estos días.
- En Florencia, Caquetá, cuatro niños fueron brutalmente asesinados (Samuel, de 17 años; Juliana, de 14; Laura Jimena, de 10; y Déinner Alfredo, 4), mientras que su hermano logró huir malherido y narrar la masacre. El crimen fue perpetrado en su hogar, ante la ausencia de los padres o de un adulto que cuidara de ellos. Todo indica que este fue el desenlace de un conflicto de linderos y se investiga la presunta negligencia de las autoridades para evitarlo.
- En Tenjo, municipio de la Sabana de Bogotá, una mujer le propinó una paliza a su hija de cinco años de edad, lo que produjo su muerte.
- En Barranquilla, otra madre inyectó raticida en el brazo de su hijo de cuatro años, sin consecuencias fatales, aunque su destino está en suspenso.
En el mejor de los casos, se observa a niños y niñas como objetos de caridad, compasión o misericordia.
- En Bogotá, una niña de tres años fue brutalmente golpeada y quemada en sus manos por su padre.
- En Yopal, Casanare, otra niña, de nueve años, fue golpeada por su abuela, quien ante sus gritos de auxilio intentó ahorcarla. Los vecinos alertaron a las autoridades y la niña está bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
- En la Vega, Cundinamarca, el cuerpo de Robinson, de siete años, se encontró descuartizado y con rastros de haber sido vulnerado en su integridad sexual. Su madre lo envío a hacer un mandado a la tienda y nunca regresó. El presunto perpetrador es un adolescente de 15 años, procedente del Meta y que vivía sin su familia.
- En Tuluá, Valle del Cauca, un adolescente de trece años fue asesinado, luego de haber traspasado una de las fronteras invisibles de la banda “Siete Canchas”. Leonardo fue desmembrado con una pica y enterrado en un cañaduzal. Dos adultos que lo acompañaban lograron huir. Tres adolescentes se encuentran en detención preventiva por ser los presuntos autores del crimen.
Estos son algunos de los casos reseñados en las últimas semanas por los medios de comunicación. No se trata de eventos aislados: son la punta de iceberg del aumento vertiginoso de los crímenes contra los derechos de niños y niñas en diversos escenarios y con cierto carácter sistemático.
 Niño en la inspección San José de la Calle en Chocó. Foto: Adriana Gómez |
Las causas
Los espacios vitales de los niños se convirtieron en verdaderos campos de batalla, teatros de operaciones y escenarios para el despliegue de violencias simbólicas, estructurales y físicas. Sus casas, escuelas, parques, tiendas, calles o vecindarios, han dejado de ser entornos protectores.
Su realidad está muy lejos de la de un cuento de hadas con final feliz y no hay ángeles guardianes que garanticen su custodia y desarrollo integral. Por el contrario, los niños son acechados por “lobos” vestidos con el ropaje de familiares y adultos cercanos o desconocidos, quienes los usan para obtener beneficios (como se relata en la devastadora historia de una madre que utilizaba a sus dos hijos en pornografía) o bien les ofrecen dinero, armas o poder a cambio de saciar perversos intereses, que van desde los íntimos (como los del violador en serie recientemente capturado al sur de Bogotá) hasta los de organizaciones criminales y sus negocios ilícitos.
Figuras que deberían ser protectoras han pasado a ser vulneradoras de los derechos: padres, abuelos y otros familiares violentan física y sicológicamente a los niños y niñas, bajo el entendido de que son de su propiedad.
A estas personas no se las considera como sujetos de derechos, de especial y reforzada protección (según ordenan la Constitución y la Ley 1098 de 2006) sino como objetos para reprimir y moldear o, quizás, para ser receptores inermes de deseos inconfesables. A sus cuerpos se les demanda ser adultos sin tránsito alguno y de manera abrupta.
Como si se tratara de objetos, a los niños se los deja a la deriva. No hay responsabilidad alguna en su cuidado, no se les pregunta adónde van, con quién y para qué. Peor aún, se les estimula para “hacerse libres” a muy temprana edad, como se dijo en el caso del presunto agresor del niño en La Vega – o se ve en el caso de miles de jóvenes víctimas del reclutamiento ilícito-.
Tampoco existe un compromiso decidido del Estado y la sociedad en la formación de niños y niñas como sujetos de derechos. El garante de derechos está ausente en muchos sectores públicos o condiciona su respuesta a la disponibilidad de cupos de protección, siempre en déficit.
Lo consagrado en las normas es poco difundido y escasamente apropiado en los entornos comunitarios e institucionales. En el mejor de los casos, se observa a niños y niñas como objetos de caridad, compasión o misericordia. En el peor de los casos, se les ve como sujetos de riesgo y en riesgo, que deben ser neutralizados y excluidos. Y no hay reflexión alguna sobre cómo y por qué llegaron a convertirse en las amenazas señaladas.
La ausencia de una plataforma de oportunidades hace que ingresar a una banda se lea como la realización del sueño de ser alguien, de tener valía y no ser un menor. Tal ilusión efímera ha sido comprada por muchos niños y adolescentes que hoy engrosan las estadísticas de las medidas de protección y del Sistema de Responsabilidad Penal.
Los jóvenes compran esta esperanza, pues es la única opción que se les presenta, a sabiendas de que no llegarán a tener cédula, pues su muerte violenta será ante de los 18 años, aunque sí tienen la esperanza de “dejar tocayo” es decir, de aumentar los índices de embarazo a temprana edad.
 Niño del hogar comunitario “Super Amigos” en Puerto Berrío, Antioquia. Foto: Zimonrock Padilla |
Las medidas necesarias
Sobre niños y niñas se presenta un complejo palimpsesto de violencias, con resonancias y retroalimentaciones múltiples. Hace un año, ya lo habíamos alertado en el informe Ocultos a plena luz: la violencia contra niños y niñas. Hoy vuelvo a hacerlo con la esperanza de detectar, prevenir y contrarrestar esta dramática situación.
El Tiempo, en su editorial del 11 de febrero, señaló que es urgente revisar “las raíces del mal”, refriéndose a este tipo de violencia, que se han ido normalizando a pesar de las disposiciones legislativas. Pero las reacciones ante actos tan degradados no van más allá de un cierto boom mediático que acude a caducas fórmulas: una comisión para estudiar los hechos y tomar medidas, o unas figuras que se desvanecen poco después de anunciadas.
Las respuestas judiciales deben ser oportunas, y deben transmitir mensajes de cero impunidad. Los sistemas de protección deberán ser asertivos, preventivos y estratégicos, y asegurar la garantía de derechos y su protección integral.
Para tal efecto, no solo el ICBF, sino el Estado, en su conjunto, debe actuar. No en vano el Comité de Derechos del Niño de la ONU alertó recientemente sobre la inoperancia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las deficiencias del proceso de restablecimiento de derechos de niños y los vacíos en la implementación del Código de la Infancia y la Adolescencia.
Como lo canta una niña del pueblo Nasa: si no aprendes a quererme, cómo puedo yo quererte.
Los entornos familiares deben ser transformados en escenarios de protección, custodia y cuidado para un desarrollo integral de niños y niñas. Hay que apoyarlos y dotarlos de herramientas para tal fin, pero también sancionarlos en caso de incumplimiento de sus obligaciones.
Las comunidades no pueden ser testigos mudos; tienen un mandato en la protección integral de los derechos de esta población.
Los gobiernos, nacional y territoriales, deberán construir una plataforma de oportunidades sólida para que niños, niñas y adolescentes puedan soñar con futuros promisorios, que se labren en su presente.
Las políticas de infancia y adolescencia no deben presentarse como un requisito que ha de incluirse en los planes de desarrollo sin las debidas programación y asignación presupuestal.
Solo así el disfrute de los derechos y libertades ciudadanas de las personas menores de 18 años podrá ser una realidad y no un vago texto normativo, que permita no solo su desarrollo integral sino el del país es su conjunto.
Darles la espalda a niños y niñas o permitir la continuidad de la violación a sus derechos es seguir conduciendo a Colombia hacia una encrucijada de la cual no habrá salida, porque sin niñas y niños ya no habrá mañana y el presente seguirá siendo desolador.
Como lo canta una niña del pueblo Nasa: si no aprendes a quererme, cómo puedo yo quererte.
* Antropóloga, magister en Estudios Políticos y candidata al doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. rubiorocio55hotmail.com
@Antropologa1
