La alimentación de los niños y niñas ha quedado a merced de intereses privados que se benefician de la complicidad de funcionarios públicos y la negligencia de los entes de control.
Sara E. Del Castillo*
Un programa sin resultados
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el sistema de asistencia alimentaria más antiguo de Colombia. Comenzó en 1955, bajo el gobierno de Rojas Pinilla. En 1968 quedó a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), gracias a lo cual mejoró en cobertura y calidad de los servicios: pasó de dar “leche y mogolla” a distribuir comida caliente y refrigerios de muchos tipos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, del primer gobierno de Santos, dejó el PAE en manos del Ministerio de Educación con el fin de asegurar la cobertura universal de alta calidad con el apoyo de los entes territoriales. Según los encargados del programa en ese momento, esta decisión también serviría para ponerse a tono con la mayoría de los países de América Latina y del mundo, donde el equivalente al PAE lo maneja el sector educativo.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el sistema de asistencia alimentaria más antiguo de Colombia.
Esta política dirigida a garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas por su capacidad de disminuir la deserción escolar y aumentar la matrícula en las instituciones educativas, debe proteger por encima de todo el derecho de los alumnos a una alimentación adecuada. Sin embargo, la evidencia indica que en Colombia ambos derechos se vulneran de manera sistemática.
Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) de 2015, el estado alimentario y nutricional de los niños y niñas colombianos no ha mejorado significativamente en cuanto a malnutrición por déficit –expresada en retraso en talla– (Figura 1) y ha empeorado de manera dramática en cuanto a malnutrición por exceso –sobrepeso y obesidad– (Figura 2).
Figura 1. Retraso en talla Figura 2. Exceso de Peso
Fuente: ENSIN 2015
Los programas como el PAE deberían estar contribuyendo a superar ambos extremos de la malnutrición –concentrados en los lugares más pobres del país–, que afectan la calidad de vida de la población en edad escolar, como muestra la Figura 3. Pero, por el contrario, todo lo que sucede parece planeado para no cumplirles a los niños.
Figura 3. Índice de riqueza
Fuente: ENSIN 2015
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¿Falta de recursos o corrupción?
 Comedores vacíos. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Se dice que los recursos son insuficientes –y seguramente así es en un programa supuestamente desfinanciado– porque no alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias y nutricionales de los niños cubiertos por el Programa. Esto a pesar de que para almuerzos y refrigerios hay una bolsa con seis fuentes de financiación que aportan alrededor de 1,5 billones de pesos al año.
Este presupuesto –insuficiente, pero nada despreciable– es saqueado de modo sistemático por los diferentes actores que participan directa o indirectamente en la contratación del PAE. La Contraloría General de la República denunció que, por diversas razones, en 2016 se dejaron de entregar más de 32 millones de raciones de comida. Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en noticias muy difundidas en medios de comunicación, reconoció la existencia de intrincadas mafias que se roban los recursos de la alimentación escolar.
Las modalidades de robo al PAE son cada vez más descaradas y extendidas: las practican desde los funcionarios públicos encargados del programa, pasando por contratistas, operadores y empresarios, hasta gobernadores, alcaldes y secretarios de educación, como se descubrió recientemente en Ciénaga, Magdalena. Pero el mapa de la corrupción del PAE en Colombia ya está todo en rojo; los escándalos de corrupción no cesan, pero se olvidan y nada pasa.
Las empresas implicadas en los robos al PAE tienen sus registros INVIMA al día y hojas de vida sin mancha alguna gracias a la trampa. Esos son los contratistas habilitados por las entidades territoriales y los preferidos para recibir los recursos y una tajada de la torta del Programa.
Es curioso que un programa tan falto de recursos –como, según los técnicos de las instituciones gestoras y los entes de control, es el caso del PAE– haya sido tan rentable para empresas “de medio pelo”, que a punta de contratos se han convertido en compañías grandes y prestantes. Ahora cuentan con los servicios de profesionales, muchos muy respetados, para lavar su pasado, seguir legitimándose y obtener contratos cada vez más jugosos con el PAE – y además, con otros programas sociales similares-.
La Contraloría seguirá investigando, la Fiscalía seguirá haciendo capturas y las entidades del seguirá echando culpas o con funcionarios recibiendo sobornos. El Ministerio de Educación seguirá aceptando públicamente que no puede controlar al monstruo que creó. Mientras tanto, las cifras de malnutrición empeoran y la permanencia de los niños en los colegios seguirá en riesgo por no tener cómo comer ni en casa ni en la escuela.
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¿Hay solución?
 Comedores comunitarios. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
El deterioro del Programa es progresivo y evidente. Cada vez son más frecuentes los escándalos de desvío de recursos, robos, sobrecostos y la peor de todas las prácticas: la distribución de raciones en mal estado que pueden enfermar gravemente a los niños. Como decía un funcionario que hace su trabajo honesto en el PAE: “en este programa todos ganamos bien y comemos bien, menos los niños”.
A pesar de todo, hay casos como el de Bogotá y otras regiones –muy pocas y con esfuerzo–, que han logrado desarrollar el PAE sin que sea alcanzado por la corrupción.
Los programas como el PAE deberían estar contribuyendo a superar ambos extremos de la malnutrición.
Al examinar todas las aristas de esta dolorosa situación, es claro que el problema no se resuelve:
- Decretando más controles institucionales, que no se cumplen;
- Llevando más funcionarios para vigilar el Programa en los territorios, porque son los primeros que se corrompen, ni
- Con miles de profesionales que auditen los programas, que cuestan el doble de los recursos que se invierten en la comida de los niños y pueden convertirse en una fuente más de corrupción.
La causa principal de lo que sucede en el PAE y otros programas de este tipo en Colombia es el modelo de financiamiento y, sobre todo, de contratación. La contratación tercerizada permite que operadores privados queden a cargo de la parte más importante del Programa: la prestación del servicio. Así, los recursos quedan en manos de empresas cuyo objetivo es el lucro, incluso a costa del bienestar de los niños. Y todo sucede gracias a un modelo de negocio muy rentable en virtud de la falta de control, y no pocas veces a la complicidad, de las entidades estatales.
Los recursos del PAE, que son dinero público para garantizar los derechos de niños y niñas, deberían ser respetados. Dichos recursos, que son de todos los colombianos, podrían ser bien usados sin tantos intermediarios, que solo producen sobrecostos y corrupción. Si se eliminara este problema el Programa podría cumplir su objetivo original: aportar a la nutrición de calidad y, por medio de ella, a la educación de los niños en edad escolar.
Para lograr esto también harán falta veeduría social y comunitaria, apoyo técnico de calidad y, sobre todo, una sociedad a la que le importen sus niños y niñas y que reclame transparencia y compromiso de las instituciones responsables de la operación del PAE. Todo esto permitiría dar el primer paso para dejar de satisfacer el voraz apetito de los corruptos y dedicarse a acabar con el hambre de los niños del país.
El buen funcionamiento del PAE debe garantizarse porque es obligación de la nación que los niños y niñas en las aulas de clase puedan aprender gracias a que sus necesidades alimentarias básicas están satisfechas. Esta es la única manera de cumplirles a los niños, que son el presente de Colombia.
* Nutricionista, Master en Desarrollo Social y Ph.D. en Ciencias Sociales, profesora del Departamento de Nutrición Humana y Coordinadora del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional –OBSSAN- de la Universidad Nacional de Colombia.
