Sara E. del Castillo, autor en Razón Pública
Foto: Alcaldía de Medellín

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El hambre y la malnutrición de la niñez se han agravado, el problema tiene causas hondas y requiere cambios en las políticas que se han venido desarrollando.

Sara Eloísa Del Castillo Matamoros*

El problema y sus causas

Los informes oficiales confirman la grave situación de muchos niños y muchas niñas menores de 5 años en Colombia.

El más reciente ‘Boletín epidemiológico semanal’ (BES) del Instituto Nacional de Salud (INS) muestra un total de 21.337 casos de desnutrición aguda en la primera infancia reportados por las instituciones de salud durante el año 2022.

El aumento del 34% en la desnutrición es consecuencia del aumento dramático de la inseguridad alimentaria en los hogares colombianos. La Alianza Universitaria por el Derecho a la Alimentación (ALUDHAA) encontró, en una investigación realizada en el año 2022 en 13 ciudades de Colombia, el doble de inseguridad alimentaria severa que la reportada en el año 2015 en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN).

La situación es consecuencia de la brecha acumulada, que puso a Colombia como único país de Suramérica que figura entre los “focos del hambre” en el mundo.

La crisis alimentaria fue además consecuencia de la pandemia ocasionada de Covid-19 y, en gran medida, lamentablemente, de la preferencia de los gobiernos anteriores por importar alimentos en lugar de aumentar la capacidad de producción nacional.

Por eso importa insistir en que no todo se debió a la pandemia, o que ésta vino apenas a agravar las consecuencias de décadas de políticas alimentarias y nutricionales deficientes y no integrales. De lo contrario insistiremos en soluciones simplistas e ineficaces.

Problemas nutricionales no visibles

Por otra parte, se está afrontando el problema de manera incompleta y segmentada, porque se ignoran fenómenos complejos como la doble carga nutricional.

La doble carga significa la coexistencia, en un mismo niño o niña, del exceso de peso y la desnutrición crónica; esta condición tiene el efecto adicional de aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles.

Las cifras que se conocen sugieren que esta doble carga está presente en todos los grupos de edad y ha venido en aumento exponencial. Es así como la malnutrición por exceso —sobrepeso y obesidad— entre los escolares de 5 a 12 años aumentó de 18,8 % en la ENSIN 2010 a 24,4 % en la ENSIN 2015.  Entre la población adolescente el exceso de peso aumentó de de 15,5 % en la ENSIN 2010 a 17,9 % en la ENSIN 2015. La malnutrición por exceso en esta fase de crecimiento constituye el mayor riesgo para presentar en la vida adulta enfermedades como diabetes, entre otras.

La deficiencia de micronutrientes sigue siendo un problema de salud pública para algunos grupos poblacionales específicos. Pero las deficiencias son más prevalentes entre menores de cinco años y en algunas regiones del país.

La Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE) 2017 procesada por el Ministerio de Salud para la población entre los 13 y 17 años muestra que el 86,9 % de los escolares no cumplen el requerimiento de frecuencia de frutas y verduras recomendado por la OMS. La mayor prevalencia en el consumo frecuente de frutas y verduras se observó entre los estudiantes del sector oficial, con un 13,3 %, en comparación con el sector no oficial, de 11,9 %.

Por otra parte, el 76,5 % de los escolares no consumen lácteos con la frecuencia recomendada para la población colombiana mayor de dos años. Se estima un mínimo de tres porciones diarias en este rango de edad.

Por el contrario, el consumo frecuente de bebidas azucaradas se extiende al 74 % de la población colombiana. El 82,4 % de los encuestados dice haber consumido productos de bolsa o paquete por lo menos una vez en los últimos 7 días. Estos tipos de consumos conllevan mayor riesgo de desarrollar malnutrición por exceso y enfermedades no transmisibles.

El cumplimiento de los requerimientos nutricionales en macro y micronutrientes es una obligación del gobierno, que debe tomarse en serio. Es evidente que los contextos alimentarios son decisivos para el futuro de estas generaciones de colombianos.

Foto: Alcaldía de Santa Marta - Aunque el PAE es el programa de asistencia alimentaria más antiguo que existe en Colombia, no ha logrado el impacto esperado.

Puede leer: Los impuestos saludables: más allá de la reforma tributaria

La población escolar y el PAE

Pero hoy no existen programas suficientes para resolver o por lo menos mitigar la grave situación descrita. Por eso de prever que las cosas no van a mejorar en el corto o en el mediano plazo.

El escenario es alarmante, porque así acrecentará la triple carga nutricional, donde la deficiencia de micronutrientes se añade al sobrepeso y la desnutrición.

La institución que debe responder de manera masiva es por supuesto el Programa de Alimentación Escolar (PAE), aún más cuando en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 adopta un compromiso explícito “con las trayectorias educativas completas y la seguridad alimentaria y nutricional, para fortalecer la lucha contra el hambre y promover el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

El PAE data de mediados del siglo pasado y es el programa de asistencia alimentaria más antiguo del país. Pero aunque la evidencia internacional confirma su eficacia, sigue muy lejos de cumplir las metas necesarias o de tener el impacto esperado.

El traslado del programa desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación bajo el primer gobierno Santos no ha implicado mejoras.

Y a su turno, la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) creada por el gobierno Duque no cambió la situación. Todavía se presentan escándalos de corrupción, recurrentes, desvió de recursos, comidas en mal estado y raciones de alimentos reducidas y de mala calidad para la población infantil.

Duele ver cómo los operadores del PAE logran ganancias millonarias a costa de la desnutrición de la infancia y de la juventud.

La vigilancia del programa no fue una prioridad en su diseño ni en su ejecución.   Muchas entidades, nacionales e internacionales, guardan silencio cómplice y no denuncian la falta de efectividad y el robo de billones de pesos.

Cambios en la oferta institucional

Disminuir la brecha de seguridad alimentaria en los hogares que albergan niñas, niños o adolescentes exigiría cambios sociales hondos contra la inequidad, además de programas de distribución gratuita o subsidiada de alimentos.

Un PAE más equitativo no da espera y pasa por cambiar su modelo operativo. Es urgente adoptar las alternativas anunciadas por el Ministerio de Educación, como el PAE-Rural y otros tipos de PAE para subpoblaciones específicas. Estas propuestas deben pasar pronto la etapa de pilotaje y, sobre la base de una observación minuciosa, revisar las conclusiones regionales a fondo.

La iniciativa de cambiar el modelo de contratación del PAE y de flexibilizar las exigencias financieras y administrativas haría posible que las organizaciones de padres de familia ofrezcan el servicio, bien sea directamente o por coadministración con las instituciones educativas.

Pero esta opción debe asegurar un ejercicio ágil, eficiente y adecuado a las complejidades de cada territorio. Una zona rural no necesita lo mismo que un pueblo, una ciudad intermedia o una ciudad capital de departamento.

El PAE debe aprovechar su experiencia institucional, como también los muchos años de participación de varias universidades regionales en el análisis de las alternativas y en las evaluaciones de sus actividades. Debe también avanzar en la estrategia anunciada de apoyo sostenible a las compras públicas, la producción local y los circuitos cortos.

En conclusión, el PAE necesita cambios de fondo para atender el problema alimentario infantil. Debemos estudiar los casos exitosos, como el Plan Indígena Propio, para que el PAE pase por un proceso similar y así mejoren la seguridad alimentaria y el respeto del derecho humano a la alimentación.

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Sara E. del Castillo

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Sara E. del Castillo

Foto: Red de Cuidado ciudadano

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Además de gravar la comida que daña la salud, se deben promover la producción y el consumo de alimentos saludables para corregir la dramática situación alimentaria de muchas familias colombianas.

Sara E. Del Castillo Matamoros*

La meta

La canasta básica de alimentos (CBA) es el conjunto de alimentos de calidad que debe consumir una familia para cubrir las necesidades de calorías y nutrientes de todos sus integrantes.

Por esta simple razón se necesita una política que garantice la canasta y asegure que quienes no la puedan adquirir total o parcialmente, reciban los apoyos estatales respectivos.

Nuestras familias mal alimentadas

Cerca de seis de cada diez hogares colombianos no tienen acceso a una canasta de alimentos óptima, así que optan por consumir calidades o cantidades que son perjudiciales para su propia salud.

Un estudio realizado por once universidades a comienzos de 2022 reporta que el 57,9 % de los hogares consumió alimentos de menor calidad o más baratos y el 43,4 % tuvo que reducir las porciones para que cada miembro del hogar pudiera recibir algunos alimentos.

Por otra parte, se registran varios problemas relacionados con la nutrición:

  • En primer lugar, un rápido aumento en la prevalencia de exceso de peso —sobrepeso y obesidad— que afecta la calidad de vida en muchos aspectos.
  • En segundo lugar, aún tenemos prevalencia moderada de retraso en el crecimiento, sobre todo en la población infantil y de escasos recursos económicos.

Estos problemas resultan de una dieta inadecuada, deficiente en nutrientes esenciales y asociada con el consumo excesivo de calorías.

Tales dietas son propias de los hogares más pobres y vulnerables que, según el estudio mencionado, son los más propensos a estas prácticas alimentarias, exacerbadas por la pandemia —cuando la inseguridad alimentaria aumentó en 22,1 puntos porcentuales—.

Y tal vez el eslabón más importante en esta cruzada tiene que ver con el estímulo a la producción de alimentos frescos, su comercialización en circuitos cortos y la protección de los productores de alimentos agroecológicos.

Por todo lo anterior, un alarmante 71,6% de los hogares vulnerables están siendo asediados por el hambre. En 2015 la Encuesta de Situación Nutricional ENSIN había encontrado que cinco de cada diez hogares vulnerables se encontraban en esa situación, o sea que el problema se ha agravado intensamente.

Por qué el impuesto saludable

Los impuestos llamados “saludables” anunciados dentro de la ambiciosa Reforma Tributaria del gobierno Petro son urgentes, porque ellos gravan los alimentos ultra procesados — comidas y bebidas “chatarra” — o los productos de paquete, jugos artificiales, gaseosas y embutidos.

En los hogares inseguros alimentariamente estos consumos son altos y son hogares donde hay niños, niñas, mujeres y adultos mayores con malnutrición y exceso de peso. De este modo, las tasas de enfermedades crónicas que producen los más altos costos de atención en el sistema de salud aumentan.

Durante los últimos 40 años, en países de América Latina y el Caribe, el precio de alimentos mínimamente procesados y de alto valor nutricional como frutas y verduras ha aumentado de manera constante, por los que son más caros en promedio que los ultra procesados y con mayor densidad energética como las bebidas gaseosas, snacks y productos de paquete.

En estas condiciones, las familias de menores ingresos tienden a adquirir productos de menor valor nutricional con altos niveles de azúcares, aceites y grasas, que por eso perjudican su salud.

Objeción inaceptable

No es ético sostener que los impuestos a los embutidos y las gaseosas con los que “desayuna” un obrero van a impedir su buena alimentación. Es imperdonable condenar a los trabajadores a una dieta compuesta por los únicos alimentos basura que puede comprar; en vez de esto hay que adoptar una política que, a partir de los impuestos a la comida chatarra, también incluya el subsidio a los alimentos saludables.

Importa subrayar esto último porque limitarse a gravar lo no saludable sin mediadas complementarias puede ser una medida regresiva. Además de gravar la comida chatarra, el Estado necesita estimular el consumo de alimentos saludables; de esta manera se logra aumentar el bienestar de los hogares vulnerables y asegurar que los pequeños distribuidores de alimentos (como los tenderos de barrio) no disminuyan sus ventas.

El impuesto sí funciona

Los impuestos a la comida chatarra han dado buenos resultados en países de América Latina.

Por ejemplo, Chile en 2014 aumentó en 5 % el impuesto a los ingredientes básicos de la comida y bebida chatarra, y con esto ha logrado cambiar los patrones de consumo.  Pero, además de este impuesto, el gobierno chileno adelanta otras acciones contra la epidemia de obesidad y el aumento de enfermedades crónicas asociadas con la dieta; las campañas de información y educación intensivas son parte importante de estas estrategias.

El informe del Instituto Nacional de Salud Pública concluye que los mexicanos más pobres disminuyeron en un 6% el consumo de bebidas azucaradas tras la adopción del impuesto.

Otras investigaciones confirman la importancia de acompañar el impuesto con campañas pedagógicas masivas y estímulos a la producción y mercadeo de alimentos frescos, incluyendo los mercados de verduras y frutas en los barrios.

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Foto: PxHere - Aumentar los precios de la comida chatarra es una parte importante para contribuir en la disminución de su consumo y ya en países de América Latina se han reportado resultados en esta dirección.

Puede leer: Inseguridad alimentaria en Colombia: estas son las evidencias

Una estrategia integral

El boom mediático sobre los impuestos saludables no debe opacar la urgencia de aplicar la recién aprobada “ley de comida chatarra” ( Ley 2120 de 2021).

Aunque esta ley podría mejorarse, ella recoge las aristas principales para una acción integral entre las instituciones que complemente y apoye la iniciativa del impuesto saludable. La ley 2120 debe además evitar que los impuestos saludables sean regresivos, es decir, debe traducirse en subsidios a los alimentos frescos, a las comidas y a las ventas de comidas saludables.

La población debe tener más herramientas para una dieta saludable.  En las instituciones educativas urgen las tiendas escolares y los comedores saludables. En las cárceles, en las empresas y en las instituciones los expendios de comidas saludables deben ser obligatorios.

Y tal vez el eslabón más importante en esta cruzada tiene que ver con el estímulo a la producción de alimentos frescos, su comercialización en circuitos cortos y la protección de los productores de alimentos agroecológicos.

Así se puede mantener el volumen de alimentos que el país necesita y evitar la importación de miles de toneladas. Los alimentos frescos y mínimamente procesados son también parte esencial del desarrollo ambientalmente sostenible.

Estas estrategias suponen el trabajo concertado entre los ministerios o sectores de salud, educación, agricultura, cultura, deporte y hacienda.

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Sara del CastilloLa alimentación de los niños y niñas ha quedado a merced de intereses privados que se benefician de la complicidad de funcionarios públicos y la negligencia de los entes de control.

Sara E. Del Castillo*

Continue reading «El Programa de Alimentación Escolar: robo de recursos a los más necesitados»

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Comedor Comunitario en el Hogar El Camino, en Bogotá.

Sara del CastilloLa extrema desigualdad en el nivel de vida de nuestros departamentos se manifiesta con creces en sus tasas de desnutrición infantil. Para evitar las crisis recurrentes se necesitan políticas diferenciadas y contextualizadas.      

Sara del Castillo Matamoros*

Continue reading «Desnutrición infantil en Colombia: ¿cuáles son las regiones más golpeadas?»

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De 350 reservorios en el municipio guajiro de Uribía solo uno tiene agua.
 

Sara Eloísa del CastilloLos escándalos siguen. En la Guajira, en el Chocó, en el Programa de Asistencia Escolar. Las autoridades se cruzan de brazos y la ciudadanía se muestra indiferente mientras la población más vulnerable muere de hambre. Literalmente.   

Sara Eloísa del Castillo*

Continue reading «Asistencia alimentaria en Colombia: entre la corrupción y la indolencia»

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Sara del CastilloLos niños muertos de hambre en la Guajira son la punta del iceberg. Un repaso autorizado de las cifras muestra dónde y por qué existen todavía la desnutrición aguda, la crónica y la oculta: miseria en medio de las “locomotoras”.

Sara Eloísa del Castillo*

Continue reading «En Colombia se padecen todas las formas del hambre»

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ISSN 2145-0439

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