Olga Lucía Camacho, autor en Razón Pública
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La asamblea general de la ONU discutió sobre el uso de inteligencia artificial y sugirió varias regulaciones. Pero la reunión dejó más preguntas que respuestas.

Lucía Camacho G.*

Primeros pasos

Este 21 de marzo, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la resolución no vinculante sobre ‘sistemas de inteligencia artificial seguros, protegidos y fiables’. 

Esta resolución se publica en un momento crítico en las discusiones sobre regulación y gobernanza de la IA, donde los esfuerzos regulatorios nacionales (como el de la Unión Europea o Estados Unidos) y de gobernanza multilateral de la IA (G20, CEPAL, BRICS, entre otros) compiten entre sí y avanzan a ritmos desiguales pero con un propósito  en apariencia común: abordar los impactos de la IA en distintas esferas.

la resolución de la Asamblea General es el primer acuerdo político de alcance global que interpela a los Estados ‘y a otros interesados’–que, desde luego, son las empresas de IA—a que se “abstengan” o “dejen de usar” sistemas de IA cuyo funcionamiento es imposible ajustar al derecho internacional

La resolución de la Asamblea contribuye particularmente a los procesos de gobernanza de la IA que están teniendo lugar en la ONU. Allí, hay dos iniciativas paralelas sobre el  futuro de las tecnologías digitales en general, incluida la IA: el Pacto Global Digital y la Cumbre del Futuro

Ambos procesos están en curso de definir los consensos sobre cómo abordar los riesgos de la IA para la humanidad, y sus resultados serán conocidos a mediados de este año. Sin embargo, conviene adelantar que, en las discusiones en el Pacto Global, hay voces que encuentran dificultades para ser oídas. Habrá que ver qué sucede en la Cumbre.

En todo caso, la diferencia entre las estrategias nacionales, los distintos procesos multilaterales y lo que está sucediendo en la ONU está en el enfoque para enfrentar los impactos, o sea, en las estrategias, mecanismos y acciones a cargo de los distintos actores para sortear los problemas asociados con la adopción de sistemas de IA. 

Pero una cosa parece evidente, y es que no hacer nada no parece una opción inteligente al tratarse de la IA.

Foto: X: United Nations Geneve - La resolución aprobada por la ONU aborda los impactos de la inteligencia artificial; es decir, las estrategias, mecanismos y acciones a cargo de diferentes actores para manejar los riesgos de las IA para la humanidad.

Le recomendamos: Inteligencia artificial y periodistas: ¿cuáles derechos tienen en común?

Ambigüedad en protección de derechos

En todo el entramado de esfuerzos regulatorios y de gobernanza de la IA, la resolución de la Asamblea General es el primer acuerdo político de alcance global que interpela a los Estados ‘y a otros interesados’–que, desde luego, son las empresas de IA—a que se “abstengan” o “dejen de usar” sistemas de IA cuyo funcionamiento es imposible ajustar al derecho internacional, o que conllevan “riesgos indebidos” para los derechos humanos.

Pero la buena intención se diluye cuando se examina la resolución. ¿Cuáles son los sistemas de IA que deben dejar de ser utilizados?, ¿cuál es el nivel de riesgo para los derechos humanos que justificaría dicha medida?, ¿qué es un ‘riesgo indebido’?, o ¿la abstención y cese debería estar acompañada por la eliminación de esos sistemas de IA? La resolución no da muchas luces sobre estas cuestiones.

Eso sí, su contenido parece sugerir que el despliegue de sistemas de IA que afectará negativamente el trabajo, la protección de la propiedad intelectual de creadores, artistas y medios, la privacidad y protección de datos de las personas, o la calidad de la información, deben ser mitigados y sorteados mediante soluciones poco creativas. 

Algunas de esas soluciones posibles incluyen los análisis de impacto, la alfabetización mediática, la investigación sobre impactos en derechos, el uso de marcas de agua para identificar el contenido sintético. 

la buena intención se diluye cuando se examina la resolución. ¿Cuáles son los sistemas de IA que deben dejar de ser utilizados?, ¿cuál es el nivel de riesgo para los derechos humanos que justificaría dicha medida?, ¿qué es un ‘riesgo indebido’?, o ¿la abstención y cese debería estar acompañada por la eliminación de esos sistemas de IA? La resolución no da muchas luces sobre estas cuestiones.

En otras palabras, los usos que significarían riesgos reales para estos derechos no quedarían, en principio, amparados bajo la fórmula de la ‘abstención o el cese’. A este meollo se sumaría el de la indefinición de múltiples conceptos claves en la resolución como el de ‘uso indebido de la IA’, y ‘sistemas seguros, protegidos y fiables’. 

Habrá que ver qué logran aportar futuras resoluciones de la Asamblea General que busca alcanzar mejores acuerdos, aún en la superficialidad de su estrategia para abordar esta situación.

¿Qué esperar?

Más allá de esta resolución, hay varias preguntas que todavía no encuentran respuesta clara en su contenido. Por ejemplo ¿de qué manera se articularán los procesos de regulación nacional y los otros procesos de gobernanza multilateral con el enfoque propuesto por la ONU?, o ¿cómo ampliar la participación de los países de América Latina en las discusiones sobre la gobernanza de la IA que tienen lugar en la ONU? 

Mientras tanto, conviene examinar de cerca el desarrollo de otras discusiones en torno a esta tecnología que están recibiendo menos atención, como la de regulación y gobernanza de la IA en el dominio militar

El otro tema es el interés inusitado de las grandes empresas de IA para impulsar la revitalización de la energía nuclear como fuente de suministro de energía eléctrica para la IA. Estos son asuntos que deberían estar también en el centro de la discusión sobre el impacto tanto social como ambiental de una tecnología de interés social.

Lea en Razón Pública: La inteligencia artificial y los economistas del mañana

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Olga Lucía Camacho

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Olga Lucía Camacho

*Abogada con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la American University en Washington.

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El ChatGPT contribuyó a resolver dos casos judiciales, pero su uso en la Rama Judicial podría deteriorar la calidad de los fallos.

Olga Lucía Camacho*

Dos casos judiciales

¿Las nuevas tecnologías transformarán la Rama Judicial? Dos decisiones judiciales dieron la vuelta al mundo recientemente:

Conversación automática

ChatGPT es un generador de texto que simula una conversación, con preguntas y respuestas, entre el usuario y la inteligencia artificial. No es comparable con Google, por ejemplo, al que acudimos con búsquedas como “tutelas de menores de edad y copagos de salud en Colombia” o “qué es el metaverso”, y obtenemos los links a los contenidos en línea más relevantes.

Muchos temen que el uso de la inteligencia artificial en la justicia podría sustituir a los jueces, esto por ahora es improbable —según el estado del arte tecnológico—. Sin embargo, un riesgo real tiene que ver con el posible relajamiento de las tareas básicas pero esenciales para resolver casos.

ChatGPT es otra cosa. No es un motor de búsqueda, sino una herramienta conversacional. Esta inteligencia artificial puede dar información falsa o imprecisa, así que la persona debe juzgar su valor, utilidad y veracidad —algo que, por cierto, convendría aplicar a toda información que se obtiene en línea—. Basa sus resultados en la predicción de texto fruto de las bases de datos con las que el chat ha sido entrenado: bases de datos con sesgos, estereotipos, desinformación o vacíos.

Lea en Razón Pública: El mito de la máquina creativa

Foto: Pexels - Aunque ante una pregunta legal el ChatGTP responderá con un texto en jerga jurídica, este no contará con precisión normativa.

Cuestionemos el entusiasmo por la IA

Hay que ir más allá del entusiasmo de muchos que ven cómo la justicia parece dar verdaderos saltos en la transformación digital con la inteligencia artificial y en el metaverso. Estos entusiastas—por cierto— no han tenido que vérselas con el sistema de información de procesos de la Rama Judicial, pues opinarían otra cosa.

Más allá de las promesas grandilocuentes, hay que revisar críticamente ambos casos.

Sobre el uso judicial de ChatGPT otros abogados ya han advertido que:

  • sería superfluo si el juez o jueza no tiene claro qué problema quiere resolver con su uso;
  • existen sesgos en la herramienta, pero también en los jueces que confiaron excesivamente en esta;
  • la falta de alfabetización digital de los jueces: se inclinaron hacia una tecnología disruptiva, pero demostraron en cada caso que no saben muy bien cómo (no) funciona.

Sobre el metaverso quizá convenga reflexionar después, a partir de los aprendizajes y frustraciones que ha dejado la justicia vía Zoom durante la pandemia (y mucho antes, la justicia sin rostro), pues ambas herramientas dejan preguntas parecidas.

El uso de ChatGPT en la Rama Judicial

ChatGPT es una tecnología disruptiva para la justicia, al menos por dos motivos en apariencia simples, pero con profundas implicaciones futuras:

  1. Relajar las tareas esenciales en la impartición de justicia

Muchos temen que el uso de la inteligencia artificial en la justicia podría sustituir a los jueces, esto por ahora es improbable —según el estado del arte tecnológico—. Sin embargo, un riesgo real tiene que ver con el posible relajamiento de las tareas básicas pero esenciales para resolver casos, como:

  • la investigación;
  • contrastar fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinarias
  • y la escritura del fallo con precisión lógica, jurídica y fáctica.

Si un juez eleva una pregunta legal a ChatGPT, este arrojará un texto en perfecta jerga jurídica; pero se tratará de un texto carente de la precisión normativa esperada.

Por ejemplo, en el caso fallado en Cartagena:

Juez: “¿La jurisprudencia de la corte constitucional [sic] ha tomado decisiones favorables en casos similares?”

ChatGPT: “Sí, es cierto. La Corte Constitucional de Colombia ha tomado decisiones favorables en casos similares relacionados con la exoneración de cuotas moderadoras para personas con diagnóstico de autismo.”

Pero y ¿a cuál jurisprudencia alude el ChatGPT? El deber de responder a esta pregunta no es de la herramienta, sino del juez que —como en efecto sucedió— relajó la diligencia debida en la búsqueda y análisis sobre la jurisprudencia que favorecería al menor de edad involucrado.

En ese caso, el juzgador debe saber cómo usar y cómo no usar una herramienta. Una herramienta inofensiva se vuelve peligrosa cuando se usa sin tener idea para qué sirve o cómo funciona.

Visto así, ¿qué escrutinio resisten las decisiones judiciales que niegan o garantizan derechos bajo el argumento “la Corte lo dice” sin que medie ni la cita ni el análisis de esas decisiones? Exacto: ninguno.

  1. Puede deteriorarse la calidad de los fallos

Fruto del relajamiento de tareas como la investigación y el análisis jurisprudencial o normativa, habría que inferir que dichos fallos no serían acordes al derecho pues no se apoyarían en piezas de legislación o jurisprudencia que las partes puedan comprobar, verificar o cuestionar, por lo que incumplirían los principios de legalidad, contradicción y debido proceso, y un largo etc. Además, se fundamentarían en un argumento de autoridad mediocre: “lo que dice ChatGPT que dice la Corte”.

¿Es esa la justicia que soñamos?

La tecnología cambia la forma en la que actuamos, pero también está destinada a cambiarnos a nosotros y a nuestras ideas. A veces se trata de un cambio profundo e irreversible ¿Qué cambiará esta tecnología en una tarea tan compleja como la de decidir sobre lo que es lo justo para otros?

El dilema del futuro

Con seguridad, otros jueces acudirán al ChatGPT para administrar justicia. Ojalá lo adviertan de manera transparente en sus fallos.

Pero ¿cómo enfrentar los problemas que rodean su uso?

Creo que debería suspenderse el uso del ChatGPT. No porque sea “experimental” —algún día dejará de serlo—, sino porque no hemos discutido cuál justicia queremos cuando intervienen tecnologías como la IA en el medio. Especialmente, no hemos discutido nuestras ideas sobre la justicia y cómo debe (o no) impartirse en estos tiempos en que se apunta a su plena digitalización.

Pero suelen desoírse los llamados a la prudencia, en especial cuando se trata de una tecnología de fácil uso y acceso. Por tanto, conviene suspender su uso; al menos, debe evitarse hasta que el Consejo Superior de la Judicatura decida cómo usarla, mediante una consulta pública —que debe involucrar a usuarios del sistema judicial, jueces, academia y sociedad civil—.

Lo que temo es que este tipo de conversaciones nos distraiga de otras tanto o más urgentes acerca de la transformación digital de la justicia.

Aún no hemos reconocido la importancia de la soberanía tecnológica de la Rama Judicial (imaginen que mañana apaguen YouTube y desaparezcan todas las audiencias que están allí grabadas) o de las capacidades de seguridad de la información (imaginen que alguien secuestre los expedientes digitales de todos los despachos judiciales en el país).

Creo que debería suspenderse el uso del ChatGPT. No porque sea “experimental” —algún día dejará de serlo—, sino porque no hemos discutido cuál justicia queremos cuando intervienen tecnologías como la IA en el medio. Especialmente, no hemos discutido nuestras ideas sobre la justicia y cómo debe (o no) impartirse en estos tiempos en que se apunta a su plena digitalización.

¿Qué riesgos para la seguridad, privacidad, disponibilidad o confidencialidad de la información enfrenta nuestra justicia virtual? ¿Qué planes se han diseñado o deben diseñarse para afrontar las amenazas a su funcionamiento?

Mucho menos hemos abordado la brecha digital en la justicia. No tenemos información histórica o desagregada sobre cuál es el nivel de acceso de los jueces y usuarios de la justicia a tecnologías digitales, tipos de uso y habilidades digitales. Recordemos que en 2020 había jueces que no sabían usar Zoom, usuarios que no tenían un dispositivo para conectarse a una audiencia virtual o litigantes que no sabían cómo consultar el expediente en línea.

Entonces, ¿conviene depositar todas las expectativas de cambio en el poder de un chat inteligente? Hay que avanzar en la conversación más allá de los titulares de prensa. Primero, empecemos por formular todas las preguntas y luego dediquémonos entre todos a responderlas.

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Olga Lucía Camacho

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Olga Lucía Camacho

*Abogada con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la American University en Washington.

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La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk ha traído más dudas que certezas sobre el futuro de la plataforma en términos financieros, organizativos o de libertad de expresión.

Lucía Camacho Gutiérrez*

Escoba nueva barre bien

Elon Musk tomó el control total sobre la red social Twitter hace ya casi una semana, y en este plazo ha barrido la casa con el despido de casi la mitad de sus empleados, además de prometer  reformas serias para que la compañía pueda producir más de lo que está perdiendo ahora —alrededor de 4 millones de dólares por día—.

Entre los cambios anunciados por el “Tuitero en jefe” figura la creación de un consejo de asesores encargado de las decisiones más importantes de moderación de contenidos. ¿Por qué este anuncio es importante? ¿qué se espera con su creación y qué limitaciones podría enfrentar en el futuro?

Regular lo que circula en Twitter

Según información obtenida por Reuters, en Twitter circula cada vez más contenido considerado para adultos o Not Safe For Work (NSFW), es decir, un contenido que no se considera apto para ser consumido en compañía o en público.

Desnudos, fotos explícitas y hasta pornografía pueden circular libremente en Twitter, porque sus políticas son laxas al respecto, a diferencia de las de otras redes sociales. Este tipo de contenido acapara el 13 % de la red social, lo cual ha motivado el retiro de algunos anunciantes y ha reducido el interés de los usuarios más activos.

Sobre esto último tuiteó Musk meses antes de la compra de Twitter, cuando se preguntó si acaso la red social está muriendo ante la inactividad del top 10 de los usuarios con más seguidores.

Días antes a la compra de la red, también aumentaron la creación de cuentas y la circulación de mensajes de desinformación, racismo, odio y violencia promovida por grupos de la ultraderecha de Estados Unidos, cuentas y contenidos que es más fácil  difundir y adquieran eco en esa plataforma. Aunque no es claro que sea una consecuencia directa de la llegada de Musk, que se autodenomina como un absolutista de la libertad de expresión, seguro que tiene mucho que ver con su promesa de crear un entorno más libre para todos.

La idea de crear un consejo asesor que se encargue de tomar las decisiones más importantes sobre qué contenido y usuarios deben o no ser retirados de la red social no es nueva. La compañía Meta, propietaria de Facebook e Instagram, creó el primero de ese tipo en 2018. Su propósito es asegurar la existencia de un organismo independiente y externo a la compañía, para que las decisiones más importantes sobre el ejercicio de la libertad de expresión fuesen más justas.

Un consejo como el de Meta, seudo-tribunal compuesto por expertos en derechos humanos, parece mostrar autonomía frente a la compañía matriz que la financia. Pero se trata de un mecanismo de autorregulación que, de ser llevado adelante por Twitter, se quedaría corto pues su papel es el de reaccionar a la aplicación de reglas cuyo diseño quizá deba ser revisado no tanto por el afán de lograr su compatibilidad con los derechos humanos, como por retener a los anunciantes que no están dispuestos a publicitar sus marcas en un ambiente tóxico.

El dinero antes que los derechos

Twitter enfrenta un panorama económicamente difícil, al igual que otras redes sociales que se han visto afectadas por la difícil situación que atraviesa la economía global.

La huida en masa de anunciantes agrava esta situación si se tiene en cuenta que, para poder comprar a la compañía, Musk tuvo que pedir mucha plata prestada. En intereses se tendrán que pagar mil millones de dólares al año, más del doble que los ingresos que tuvo la empresa en 2021.

Decidir cobrar por el sello de verificación o autenticidad de las cuentas, así como ofrecer a los usuarios la posibilidad de poner muros de pago a los videos que publican, son medidas desesperadas para hacer frente a los balances en rojo. Sin embargo, pueden ser insuficientes de cara a la huida de usuarios que no están dispuestos a pagar por un servicio que en otro lado pueden usar de manera gratuita.

Días antes a la compra de la red, también aumentaron la creación de cuentas y la circulación de mensajes de desinformación, racismo, odio y violencia promovida por grupos de la ultraderecha de Estados Unidos, cuentas y contenidos que es más fácil difundir y adquieran eco en esa plataforma.

De hecho, estas dos medidas podrían afectar el futuro mismo de la plataforma, y no apenas en temas de derechos humanos. El pago mensual para mantener el sello de verificación puede dar lugar a suplantaciones de identidad de los usuarios. Algunos de ellos, como el novelista Stephen King, no están dispuestos a pagar y esperan, al contrario, que la red les pague por crear contenido de interés para otros, tal como lo hacen Tik Tok o Youtube con sus creadores de contenido.

Además, que los videos puedan ser visibles bajo pago es un riesgo de que el contenido para adultos aumente de manera vertiginosa, lo que transformaría a Twitter en una especie de Only Fans, pero en formato chico. Aún en ese caso, la red social tendría que esforzarse demasiado en moderar el contenido pornográfico violento o no consentido sobre todo el que involucra abuso sexual infantil.

Frente a la crisis financiera, es incierto cómo se garantizará la independencia del consejo asesor de Twitter, consejo que además tendría que ser financiado para llevar adelante sus labores.

No se puede ignorar que hay una gran presión externa sobre las futuras decisiones de Musk, dueño de una compañía de cohetes espaciales y de carros que se manejan solos. De hecho, uno de los socios comerciales más importantes de Musk es el Estado chino. Al respecto, organizaciones como Human Rights Watch advierten que ese es el escenario perfecto para que China pueda al fin moderar el discurso en una red social que muchos consideran una plaza pública digital, central para el debate y la discusión democrática en occidente.

Foto: Twitter - Muchos afirman que la red social es vital para promover el debate público democrático lo que ha servido como presión a la adopción de estándares y principios en derechos humanos.

Le recomendamos: Twitter no es democrático

El futuro de Twitter

Por último, la moderación de contenidos a cargo de un consejo asesor no resuelve otras dudas que no son nuevas, pero que son importantes.

Muchos afirman que la red social es vital para promover el debate democrático, y esto ha servido como presión para adoptar estándares y principios en derechos humanos. Pero ¿qué pasaría si ante la crisis económica, Musk decide simplemente cerrarla? ¿hay alguien que quiera apostar por su rescate? ¿los Estados están dispuestos a salvar a la red social como lo han hecho anteriormente con los bancos en quiebra? Parece improbable.

En un futuro próximo, lo único cierto es que Twitter tendrá que hacer frente al anuncio de las demandas laborales que están preparando los cientos de empleados despedidos en contravía de las leyes sobre preaviso cuando se trata de la terminación unilateral de un contrato. Demandas que significan un gran riesgo legal y económico para la empresa.

No luce para nada bien que, ante la caída de los ingresos experimentada por la compañía en el día viernes 4 de noviembre —cuando se produjo el despido masivo de empleados—, Musk señalara en un tuit que los “activistas” eran los responsables de esa situación ya que “destruyen la libertad de expresión”. Es una visión infantil pero desesperada y que da cuenta de la intensificación de la crisis con el paso de las horas.

Hasta el momento, la llegada de Musk a Twitter nos ha traído promesas de mayor libertad, miles de personas despedidas, y mucha incertidumbre. No sabemos cómo sobrevivirá la red a todos sus problemas económicos, ni sabemos si Musk cumplirá sus promesas de crear una red con total libertad de expresión —quizá esta promesa requiera también de un tribunal para que lo haga—.

Lo visto hasta el momento no parece gustar y nos queda estar atentos y atentas al futuro de una empresa que afectará, de un modo u otro, al futuro de nuestros ecosistemas digitales.

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Olga Lucía Camacho

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Olga Lucía Camacho

*Abogada con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la American University en Washington.

Commons Wikimedia La nueva política de privacidad de Whatsapp ha hecho que muchos usuarios hayan decidido migrar a otras aplicaciones.

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Olga Camacho

WhatsApp no producía ganancias, pero WhatsApp Business sí lo hace. La nueva política no protege la privacidad como su empresa propietaria (Facebook) lo había prometido.

Olga Lucía Camacho*

La actual privacidad de WhatsApp

“Debido a la divulgación de tanta información falsa que genera (sic) preocupación, queremos ayudar a las personas a conocer los hechos y a comprender nuestros principios”: así comienza el aviso mediante el cual WhatsApp pospuso hasta el 15 de mayo la entrada en vigencia de su nueva política de privacidad, de la que nos notificó a modo de “aceptas o te vas”.

La confusión y escasez en la entrega de información —valga decirlo— es una vieja práctica. La Electronic Frontier Foundation (EFF) la ha examinado: en su informe Who has your back, la EFF mide el compromiso de grandes plataformas con la privacidad de sus usuarios; esto incluye redes sociales y servicios de mensajería.

WhatsApp, según el informe de la EFF, todavía se raja en la materia.

Hasta ahora hemos leído sobre cómo este cambio no afectará las comunicaciones con nuestros familiares y amigos. WhatsApp aclaró que el cifrado de los mensajes se mantiene: ni la compañía ni Facebook —su propietaria— pueden conocer ninguna información que se intercambie entre personas (textos, imágenes, videos o audios); no la verán terceros distintos de quien envíe o reciba un mensaje.

Pero sí hay cambios: la nueva política da nuevos usos a los datos de nuestras comunicaciones, como lo explicó detalladamente la Fundación Karisma. En todo caso, lo que estaba mal desde 2016 —año en el que se modificó sustancialmente la política de privacidad de WhatsApp— seguirá estando mal.

Uno de los cambios es la privacidad de las conversaciones entre personas y empresas a través de WhatsApp Business: se abre al intercambio de datos sobre las interacciones del usuario con empresas y comercios.

WhatsApp Business: un primer negocio para Facebook

¿Por qué este cambio y por qué ahora?, se preguntarán algunas personas.

Hasta ahora, WhatsApp ha sido un modelo de negocio que, por su diseño, no podía dar ingresos a sus propietarios: WhatsApp no nos cobra por usar su servicio —las cadenas que andan rodando por ahí advirtiendo que pronto nos cobrarán son puro cuento—; el servicio de mensajería tampoco envía publicidad… hasta ahora.

Algo debe sustentar su funcionamiento; no es la caridad, sino la plata que invierte Facebook desde 2014, cuando formalizó su compra. Es decir: WhatsApp es una aplicación que se mantiene a través de la inyección de capital, no de sus ganancias.

Obvio: Facebook es extraordinariamente buena para producir dinero; busca que el servicio de mensajería sea rentable. ¿Cómo obtener ingresos de una aplicación que usan más de 2.000 millones de personas en el mundo sin mostrar publicidad? A partir de enero de 2018, la respuesta fue poner a andar WhatsApp Business.

Según la propia compañía, WhatsApp Business atendió la necesidad de las empresas que querían “agilizar la manera en la que se comunicaban con sus clientes”. Es tanto una aplicación como una API.

Una API (application programming interface) es el conjunto de reglas o algoritmos que permiten la comunicación entre dos o más aplicaciones o programas para ejecutar tareas automatizadas. Se trata de “los circuitos internos que solo los desarrolladores ven y que conectan para hacer funcionar una herramienta”.

La API y la aplicación WhatsApp Business cumplen el mismo fin: ser un canal de comunicación entre empresas y clientes.

Los datos como negocio

WhatsApp Business acepta apenas a una persona por cuenta. No tiene límites para el envío de mensajes, pero su capacidad para automatizarlos es reducida: es más conveniente para empresas pequeñas y medianas, donde la atención es individualizada.

Por ejemplo, la veterinaria de mi perro la usa; puedo ver el horario de atención, la dirección de su local, su correo electrónico y su catálogo de servicios. Cuando le escribo y no atiende, recibo un mensaje corto: “no estamos disponibles; escríbanos después”, por ejemplo.

Se abre al intercambio de datos sobre las interacciones del usuario con empresas y comercios.

La API, en cambio, permite automatizar el envío de mensajes; la pueden usar muchas personas al mismo tiempo, a modo de un call center; facilita fijar y enviar respuestas masivas prediseñadas.

Por ejemplo, Rappi la usa para notificarme cuando algo anda mal con mi pedido y no he visto la aplicación, o cuando el rappitendero necesita que le responda algún mensaje relacionado con mi compra.

En mayo de 2018, al menos 3 millones de empresas usaban WhatsApp Business; para julio de 2020, ya había 50 millones de compañías usuarias —la pandemia quizá contribuyó a esa aumento—.

Los ingresos empezaron a llegar para Facebook a través de la API, que cobra un cargo por atención demorada a las empresas que se tomen más de 24 horas en responder un mensaje. Se trata de un incentivo: una respuesta demorada obliga al cliente a acudir a otros canales; pero el objetivo —claro— es que la persona que usa la aplicación no salga de esta durante todo el proceso de compra.

Foto: PxHere Los cambios en Whatsapp buscan que la aplicación pueda obtener ingresos por medio de su servicio de negocios.

Puede leer: ¿Regular o no regular las redes sociales?

La privacidad a partir del 15 de mayo

Esta fue la primera vez en la historia que WhatsApp produjo ingresos para sus propietarios, pero no será la última funcionalidad con la que lo haga: ya en países como India y Brasil se está desplegando WhatsApp Payments, que permite enviar y recibir dinero sin salir de la aplicación de mensajería. Pero la aplicación puede aumentar aún más sus utilidades.

Hasta el 15 de mayo, WhatsApp puede intercambiar información con Facebook sobre nuestra interacción con empresas:

  • Sectores a los que pertenecen las compañías con las que más chateamos;
  • Bienes o productos que más nos ofrecen y que adquirimos;
  • Cuánto tiempo interactuamos con una empresa;
  • IP de nuestro dispositivo;
  • Tipo de dispositivo que usamos;
  • La publicidad que ve un usuario de Facebook antes de contactar por WhatsApp a la empresa publicitada.

Aquí, nada cambia.

A partir del 15 de mayo, las empresas que usen WhatsApp Business también podrán acudir a Facebook para “administrar mejor la comunicación con sus clientes”. La red social propone lo siguiente:

  • Las empresas tienen la posibilidad de contactar desde su plataforma a los clientes que usen WhatsApp;
  • Facebook podrá almacenar los chats entre empresas y clientes;
  • Facebook ofrece procesar los mensajes para la empresa, por ejemplo, para mostrarle cómo puede optimizar su publicidad en Facebook a partir de la interacción sostiene con sus clientes en WhatsApp.

Con respecto a las empresas, la diferencia es que Facebook será más visible en el medio y que accederá a muchos más datos.

Dudas de la Superintendencia sobre protección de datos

Aclaro: Facebook no podrá acceder al contenido de los mensajes que intercambiamos con empresas, ni antes ni después del 15 de mayo.

Con honestidad, tampoco es que le haga falta. Basta con que tenga acceso a la cada vez más extensa cantidad de metadatos relacionados con ese intercambio de mensajes que tenemos con empresas para aumentar su capacidad de “ofrecernos una mejor experiencia de servicio” o perfilarnos mejor.

La Superintendencia de Industria y Comercio —autoridad para la protección de datos personales en Colombia— remitió a WhatsApp un cuestionario con 15 preguntas, para saber cómo cumpliría la política de protección de datos colombiana.

El cuestionario formula preguntas importantes, como “¿qué pasa si un usuario actual no acepta las nuevas políticas de privacidad o las condiciones de servicio de la aplicación WhatsApp?”. Pero faltan otras preguntas:

  • ¿Cómo amplía WhatsApp Business la cantidad de información a la que accederán Facebook y otros terceros?;
  • ¿Qué pasará con las personas sin cuenta de Facebook, pero cuyos datos conocerá la red social como intermediario entre clientes y empresas?
  • ¿Cómo se informará a la persona cuando una empresa decida acudir a Facebook como intermediario?

A partir del 15 de mayo, las empresas que usen WhatsApp Business también podrán acudir a Facebook para “administrar mejor la comunicación con sus clientes”.

Tendremos que revisar las decisiones de la Superintendencia. Sería extremo “apagar” WhatsApp hasta que no se ajuste a la ley colombiana. En ese caso, hay que considerar que WhatsApp puede ser el único medio de comunicación de muchas personas, debido a que los planes no cobran por el consumo de datos de esta aplicación. En algunos lugares, incluso es el único medio que funciona.

No es un cambio radical ante lo que ya ocurre desde 2016; pero las políticas de privacidad de WhatsApp se alejan de los principios de cuidado de la privacidad que Facebook se comprometió a respetar en 2014, cuando compró esa compañía.

*Cuña

En la Fundación Karisma hacemos nuestra versión de ese informe: ¿Dónde están mis datos? Publicaremos este marzo la versión de 2020. Pueden leer los resultados de años anteriores aquí.

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Olga Lucía Camacho

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Olga Lucía Camacho

*Abogada con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la American University en Washington.

Foto:1 Store Noski Lexicon - Se cumplió una semana del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg (RBG), jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

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Lucia Camacho

El legado de la jueza estadounidense invita a las abogadas colombianas a
proseguir la lucha por la igualdad ante la ley y por obtener el reconocimiento que hoy se reserva a los colegas del sexo masculino.

Lucía Camacho*

Una lucha necesaria

Se cumplió una semana del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg (RBG), jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y parece que ya todo ha sido dicho sobre su vida y contribución a la lucha por la igualdad de género, a la que sirvió por más de seis décadas.

Una ausencia que quizá solo pueda ser superada con la llegada de “dos, tres, incluso más mujeres”, tal y como ella lo soñó un día, deseando que ojalá fuesen mujeres hechas a partir de un molde diferente, sugiriendo que la diversidad de opiniones y de contextos es la clave que enriquece la actividad de los administradores de justicia.

Si hubiera que mapear los consensos entre las columnas de opinión que en el país han dado cuenta de los logros y triunfos de “Kiki”, como fue conocida por familiares y amigos, podríamos advertir fácilmente cómo, de manera común, se menciona su incansable trabajo por exponer lo dañinos que son los estereotipos de género, tanto para los hombres como para las mujeres.

Es cierto que las inequidades producto de la discriminación basada en el género habían hecho parte de su experiencia como mujer en una profesión que hoy todavía invisibiliza en buena medida la presencia y aporte de las abogadas en su propio medio. Basta nada más con ver la frecuencia con que se denuncia en redes la realización de eventos jurídicos solo con expositores hombres, los llamados “máneles”, para dar cuenta de la actualidad de ese hecho o de la manera en que sigue sin ser reconocida la labor de nuestras juezas.

Su trabajo no era tanto un producto de un interés exclusivamente académico, como un reflejo de las luchas que ella misma había tenido que dar en carne propia durante su trayectoria académica en Cornell, Harvard y Columbia, universidad en la que obtuvo su título de abogada.

Anécdotas personales, como aquella en las que Ruth tuvo que pedir a un colega que fuera en su lugar a una biblioteca a la que solo podían acceder hombres o la simple ausencia de baños para mujeres en su facultad, dan cuenta de la hostilidad hacia la mujer en una profesión y una época que contribuyeron a sembrar para siempre en ella la pregunta última de la igualdad: ¿por qué hombres y mujeres reciben un trato distinto?

La importancia de las palabras

Su trayectoria como profesional, académica y jueza del Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia, tal y como dijo Bill Clinton al proponer su nombre para el cargo de jueza de la Suprema Corte, era un reflejo de aquello que habitaba en su corazón: su extraordinaria y natural generosidad y su empatía. Esta última, según se dice —y así lo creo—, atribuible en parte a su inclinación hacia la literatura, la ópera, la pintura y otras artes.

La primera fue un hábito que cultivó siendo pequeña con ayuda de su madre Celia y que tuvo la oportunidad de enriquecer después en las clases de literatura europea que dictaba Nabokov en Cornell. Aquel insistía en que, para ganar un caso, debía crearse en la imaginación del juez una pintura hecha de palabras y mantenerla simple. Las palabras, decía, habían sido hechas para ser degustadas, lección que Ruth supo usar al punto en que su escritura diáfana e incisiva se hizo una característica notable en la elaboración de sus demandas, amicus curiae, fallos y disensos.

De hecho, su inclinación literaria la hace liderar junto con quienes fueron sus colegas en vida, Antonin Scalia, Anthony Kennedy y Clarence Thomas, la lista de jueces de la Suprema Corte que más citas o referencias literarias han empleado en la elaboración de sus opiniones judiciales. En su libro “Justicia Poética”, Martha Nussbaum da cuenta de la manera en que la literatura realista pone al juez-lector en la piel de aquellas realidades que no son la suya, despierta la sensación de corregir la desventura ajena y desmantela los prejuicios. Cualidades que acaban profundizando la capacidad empática y neutral que distinguen a un buen decisor.

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Disentir con sensatez

Se menciona de manera común su rol de gran disiente. Su breve, contundente pero respetuoso I cannot agree (no puedo estar de acuerdo) fue sostenido por última vez en el mes de julio de este año cuando la Suprema Corte, de manera mayoritaria, decidió respaldar la cada vez más extensa lista de excepciones que amparadas en la libertad religiosa permiten a empleadores de ese país a negar en apoyo a sus creencias, la provisión gratuita de métodos anticonceptivos para sus empleadas. Ruth se apartó de sus colegas llamando la atención sobre cómo la Corte, en ocasiones anteriores, había acogido una aproximación balanceada del derecho a la libertad religiosa que no aceptaba que su ejercicio debiera interrumpir los derechos de terceras personas que no comparten ciertas creencias.

Así, Ruth Bader Ginsburg dedicó su profesión a profundizar e impulsar la causa a favor de la igualdad, como también el propio quehacer judicial y el rol que juegan las opiniones de aquellos jueces que se apartan de la opinión mayoritaria. Al respecto sostuvo que los disensos, además de fortalecer el fallo al mostrar las posibles diferencias y debates con la opinión mayoritaria de la Suprema Corte, debían poder apelar a la inteligencia de un día futuro, con contextos sociales distintos, en el que el voto minoritario trazara el camino sobre el cual se pudieran construir las mayorías.

Claro, reconocía que existían formas de disentir que debilitaban el prestigio de una Corte y la presentaban ante la sociedad como un cuerpo dividido y que, por eso, quien asumiera un rol minoritario debía saber escoger muy bien sus batallas. Entre los disensos valiosos, decía, además de aquellos que apelan a un día futuro, estaban los que debían llamar a la acción inmediata de las otras ramas del poder, como el ejecutivo o el congreso. Su referencia al caso Ledbetter v. Goodyear era común al hacer este tipo de precisiones.

En ese caso, Lily Ledbetter, empleada de Goodyear, denunció que recibía un salario inferior al de sus colegas hombres que hacían en esencia lo mismo que ella. Había perdido en instancias inferiores y cuando su caso llegó a la Suprema Corte, la postura mayoritaria optó por rechazar su pedido aduciendo que Lily había tardado mucho en demandar lo que era un evidente caso de brecha salarial.

RBG disintió para mostrar que en el mundo laboral existe una desigualdad estructural que, en muchos casos, impone un pesado manto sobre el hecho de que otras personas, normalmente hombres, ganan más haciendo lo mismo. Esta situación no podía obrar en contra de la víctima de discriminación de género. Su postura no fue adoptada entonces, pero llamó la atención de manera suficiente para motivar al Congreso de su país para la aprobación en 2009 de la Lily Ledbetter Fair Pay Act, ley que fortalece la protección a favor de todas las personas empleadas que enfrentan discriminación salarial.

Foto: Ted Eytan, MD - Ruth Bader Ginsburg dedicó su profesión a profundizar e impulsar la causa a favor de la igualdad.

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¿Y las abogadas colombianas?

Pero, ¿por qué sabemos tantos detalles de la vida de una mujer que marcó de manera profunda el derecho norteamericano?, ¿cuál es la razón de su difusión más allá de las fronteras de su propio país?

Son preguntas que no me aventuro a contestar pero que ponen en evidencia lo poco que sabemos sobre las mujeres que administran justicia en Colombia y que, sin ser visibilizadas lo suficiente, no han podido inspirar a otras mujeres abogadas que, como yo, tenemos a Ruth Bader Ginsburg como (¿único?) modelo a seguir.

Con algo de pena y vergüenza debo reconocer que desconozco en buena medida los detalles en torno a la trayectoria personal, académica y laboral de mujeres como Diana Fajardo, Cristina Pardo o Gloria Ortiz, magistradas de nuestra Corte Constitucional; o mujeres como Clara Dueñas, Patricia Salazar, Cristina Lombana, Dolly Caguasango, Jimena Godoy, Cecilia Durán, Ana María Muñoz, magistradas todas de la Corte Suprema de Justicia; o mujeres como Nubia Peña, Sandra Ibarra, Martha Velásquez, María Marín, Rocío Araújo y Lucy Bermúdez, magistradas del Consejo de Estado.

Esta invisibilización se profundiza mucho más cuando, en la carrera de derecho, se revisan los syllabus de los cursos en los que la lectura de artículos o libros escritos por abogadas colombianas, que han avanzado en el campo intelectual tantos temas, aparecen de modo excepcional —con algo de suerte—. Enfrentamos en el ejercicio de la abogacía un ambiente que exalta al abogado-hombre, que destaca sus logros, que hace de su trayectoria y aportes el centro de eventos académicos y agrupaciones profesionales, aun cuando en las facultades de derecho del país cursen en la actualidad más estudiantes mujeres que hombres.

En definitiva, el legado de Ruth Bader Ginsburg será necesario mientras no haya una verdadera convivencia entre la diversidad y la igualdad. Mientras se mantengan los discursos que justifican la discriminación por motivos de género, la pertenencia étnico-racial, las ideas o creencias, entre otros. Y debe este legado ser protegido con urgencia en contextos en los que se amenaza con debilitar la independencia de las ramas del poder público que tanto caracteriza a los sistemas democráticos.

Su legado inspirará a muchas generaciones que creemos en el valor de la igualdad y el respeto por la diversidad. Seguro. Pero su partida debe servir, en países como el nuestro, para reflexionar sobre la forma en que se reconoce el trabajo, trayectoria y aportes de nuestras mujeres abogadas y juezas para recordarnos que aquí también contamos con mujeres como Ruth, brillantes, humanistas y comprometidas con los derechos humanos y que, sin lugar a duda, son también nuestro modelo más cercano a seguir.

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Olga Lucía Camacho

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Olga Lucía Camacho

*Abogada con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la American University en Washington.

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Lucía Camacho* Continue reading «Trabajo y COVID-19: ¿dónde quedó la privacidad de las personas?»

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*Abogada con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la American University en Washington.

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*Abogada con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la American University en Washington.

ISSN 2145-0439

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