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La reforma policial no da espera

Escrito por Iván Mauricio Gaitán
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El aumento de los abusos, los escándalos de corrupción y la impopularidad de la Policía hacen de la reforma un asunto prioritario.

Iván Mauricio Gaitán Gómez*

25 años de militarización

La Policía Nacional fue reformada en 1994, cuando los organismos de seguridad y defensa perdían legitimidad y control territorial frente a los grupos armados ilegales. Esta reforma militarizó gradualmente a la Policía y cambió su doctrina de manera radical.

Gracias a la reforma, la Policía empezó a involucrarse en combates militares con armamento propios del ejército y en operaciones antinarcóticos en asocio con grupos antisecuestro del Gaula.

Importa recordar que desde comienzos del siglo XX, la Policía desempeñaba funciones de control militar sin ningún tipo de regulación en municipios alejados. Ese fue el caso de la Masacre de las Bananeras y de los ataques contra las guerrillas liberales que tuvieron lugar durante la década de los cuarentas y los cincuentas.

Sin embargo, después de la reforma del 94 la Policía empezó a recibir ayuda de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, lo cual le permitió engrosar sus filas y recibir entrenamiento militar por parte de unidades especiales de seguridad y justicia de ese país. En ese entonces, la Policía empezó a tener mayor protagonismo dentro del Comando General de las Fuerzas Militares para operaciones especiales y conjuntas con el ejército, la armada y la fuerza aérea.

Las nuevas fuerzas especiales de la Policía empezaron a asumir funciones típicas de otras fuerzas armadas, como pilotear helicópteros, avionetas y lanchas de tipo militar, lo cual causó tensiones con esas fuerzas, pero también dio pie a que tuvieran más contacto con ellas.

La Policía de hoy

Actualmente, la Policía cuenta con ocho regionales, 7 metropolitanas y 34 departamentos, incluyendo la zona del Urabá y del Magdalena Medio. Según el Centro de Observación Prospectivo del Direccionamiento del Talento Humano de la Policía, tiene 172.467 miembros, 145.386 hombres y 27.081 mujeres. En total, hay 186.293 uniformados, 7.571 oficiales, 136.406 son suboficiales y 74 son personal ejecutivo. Estas cifras son comparables a las de los ejércitos de cualquier país latinoamericano.

Hay que agregar que la Policía colombiana no depende del Ministerio de Gobierno o de Justicia como en otros países, sino del Ministerio de Defensa, lo cual ha permitido que conductas delictuosas sean juzgadas por la justicia penal militar, pese a que en la Constitución y en el Código Penal, la Policía es concebida como un ente civil.

Es inverosímil que la misma institución que ejerce la fuerza en el conflicto interno y en la lucha contra grupos armados ilegales sea quien controle las manifestaciones sociales y la seguridad ciudadana.

Una crisis institucional

Según la encuesta de Invamer, en abril de 2020 la Policía tenía una favoralidad del 75%. La misma encuesta reporta que, tras las manifestaciones sociales, la desfavorabilidad de esta institución llegó al 56%, una de las peores cifras reportadas en los últimos años.

Por su parte, el Centro de Estudios Monitor de Fuerza Letal, dedicado a estudiar los abusos de las fuerzas del orden en América Latina, señala que las policías brasileña, venezolana y salvadoreña presentan los peores índices de brutalidad del continente. Sin embargo, reconocen que las cifras de Colombia son alarmantes, especialmente si se comparan con las de Chile o México, países donde la policía ha reprimido a los ciudadanos usando técnicas militares.

Es inverosímil que la misma institución que ejerce la fuerza en el conflicto interno y en la lucha contra grupos armados ilegales sea quien controle las manifestaciones sociales y la seguridad ciudadana

A través de su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía colombiana no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”. Así mismo afirmó que “se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”. Es evidente que la Policía colombiana cada vez es más represiva y está menos dispuesta al diálogo. Se trata de una institución que se salió de control.

Justamente por eso, es sorprendente que el pasado 4 de julio el Tribunal de Bogotá le diera vía libre al ESMAD para usar el dispositivo Venon, una de las armas que más muertos y heridos ha dejado en los últimos meses. Sin embargo, el Tribunal insiste en que este dispositivo es uno de los menos letales, y está regulado para que sea manipulado únicamente por el ESMAD.

Heidy Sánchez, la concejal que interpuso la acción de tutela para prohibir el uso de este artefacto, apelará porque cree que la decisión del Tribunal viola la protección del derecho a la manifestación pacífica.

Foto: Facebook Policía Nacional Los ciudadanos no confían en la policía y las prácticas corruptas dentro de la institución no son poco frecuentes.

Delincuencia y corrupción

Además del aumento exponencial de los abusos, la Policía colombiana está envuelta en varios escándalos de corrupción, que incluyen mal manejo de recursos en contrataciones, alianzas con grupos narcotraficantes y bandas delincuenciales.

Entre 2012 y 2014, viviendas inconclusas destinadas a familiares de los Comandos Jungla de la Policía pasaron a ser clasificadas como detrimento patrimonial por la Contraloría por un valor de 5.132 millones de pesos.

Según la Inspección de la Policía Nacional, en 2016 fueron capturados 650 uniformados por diferentes delitos, en 2017 hubo 583 capturas y en 2019 más de 500. Los delitos más comunes fueron concierto para delinquir, concusión, cohecho, hurto, homicidio y violencia intrafamiliar.

Es evidente que la Policía colombiana cada vez es más represiva y está menos dispuesta al diálogo. Se trata de una institución que se salió de control.

A lo anterior hay que sumarle que entre 2016 y 2018, se registraron 10.600 medidas disciplinares contra uniformados por actos de corrupción que culminaron en 2.350 destituciones y 3.900 suspensiones.

Según algunos reportes, el Clan del Golfo realiza pagos regulares a algunos uniformados para que permitan el paso de tractocamiones con mercancía hurtada. Así mismo, algunas fuentes denuncian la presencia de uniformados en bandas dedicadas al hurto en Transmilenio.

El abuso policial, la militarización y los casos de corrupción ponen en evidencia que el país necesita con urgencia una reforma policial. Como expresaron los congresistas que radicaron un proyecto de ley en este sentido: “Después de varios intentos de quitarle el carácter militar a la Policía, buscamos un cambio en la institución que responda a las condiciones de la sociedad y de la democracia”

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