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Interceptaciones ilegales: un problema de siempre

Escrito por Iván Mauricio Gaitán
Casos de “Chuzadas”.

Casos de “Chuzadas”.

Ivan Mauricio GaitanEl caso Guatibonza es apenas el eslabón más reciente de una secuencia ya larga de usos desviados de la inteligencia del Estado para servir intereses de los particulares. Aquí hallará la historia resumida.

Iván Mauricio Gaitán*

Lo público al servicio de privados

La inteligencia por parte de organismos civiles, policiales y militares en Colombia ha sido objeto de cuatro debates interrelacionados:

  • Su papel dentro del sistema político;
  • Su marco normativo;
  • Su desempeño en el marco del conflicto armado, y
  • Su utilización como herramienta para fines políticos, tanto internos como externos.

Aunque puede pensarse que el Estado tiene la facultad legítima de buscar los medios para luchar contra el crimen y garantizar la seguridad del país, la historia reciente de Colombia demuestra que la inteligencia ha sido utilizada para fines distintos de los anteriores: también se ha usado para beneficio de los particulares, en especial políticos, pero también empresarios.

Le recomendamos: Orejas perniciosas y derechas: las chuzadas a los diálogos de paz.

El comienzo: la lucha contra el comunismo

General en retiro, Humberto Guatibonza.
General en retiro, Humberto Guatibonza.  
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Bajo el gobierno de Carlos E. Restrepo, el Decreto 311 de 1914 creó la primera escuela de detectives en Colombia. Años después, al concluir la Segunda Guerra Mundial, Colombia habría de reafirmar su apoyo tradicional a la política exterior de Estados Unidos, en desarrollo de lo cual se estableció una colaboración estrecha entre los organismos de inteligencia de ambos países.

En junio de 1953 llegó al poder el general Rojas Pinilla, cuyo Decreto 2872 de 1953 creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) con el propósito de velar por la seguridad externa e interna del Estado y de las instituciones nacionales.

En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 1959 fueron enviados agentes norteamericanos a Colombia para determinar hasta dónde y de qué modos había avanzado el comunismo en el país. Esta misión examinó el desarrollo de las guerrillas liberales en los años cincuenta y el surgimiento de las guerrillas socialistas y comunistas a comienzos de los años sesenta -comprobando además los muy graves vacíos en materia de inteligencia y contrainteligencia-.

Grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) infiltraron el DAS hasta sus más altas esferas.

Bajo el gobierno subsiguiente de Lleras Camargo (1958-1962) y mediante el Decreto 1717 de 1960 se creó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que habría de ser objeto de muchas controversias.

Mientras tanto se había seguido consolidando una estrecha relación operativa entre Estados Unidos y Colombia, que tuvo su principal expresión en el marco del Plan Lasso (Latin American Security Operation): una relación de entrenamiento táctico y operativo que comenzó el 18 de mayo de 1964 con una operación en Marquetalia, la región donde nacieron las FARC.

La infiltración de la ilegalidad

Ya a partir del gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) comenzaría a gravitar sobre la agenda de seguridad colombiana el tema de “la guerra contra las drogas”, que el presidente Nixon declararía formalmente en junio de 1971. De entonces en adelante nuestras agencias de seguridad tendrían dos enemigos: los comunistas y los narcotraficantes.

Años más tarde, mediante la Resolución 612 de 1985 se creó el Batallón Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano.

Sin embargo, tras la Constitución de 1991 y las leyes sobre disminución de los trámites y aumento en eficiencia del Estado, el Decreto 2110 de 1992 restructuró el DAS y replanteó sus  funciones.

Por su parte, el Ejército colombiano expidió la directiva N0005510 de mayo de 1991, donde define la inteligencia como un arma de combate en el marco de la lucha contra los grupos armados ilegales, ya denominados “enemigos internos”.

Pero la lucha contra el terrorismo, el comunismo y las drogas empieza a ceder el paso a los intereses privados que buscan un provecho propio en el espionaje estatal, entre los años noventa y la primera década del nuevo siglo.

Las agencias del Estado se verían involucradas en sobornos y “trabajos” tanto para los carteles de la droga de Cali, Medellín y del Norte del Valle, como para grupos armados ilegales. Tanto así que grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) infiltraron el DAS hasta sus más altas esferas: muestra de ello son las condenas a Jorge Noguera (ex director del DAS) y a José Miguel Narváez (ex subdirector del DAS).

Casos como estos y otros cientos están hoy en los estrados judiciales. Por esa razón se decidió acabar con el DAS, aunque se perdiera también la formación de siete mil hombres especializados en diferentes áreas de la inteligencia.

Mientras tanto, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso (hoy preso en los Estados Unidos) afirma haber sido adoctrinado por el Estado colombiano: “fui adoctrinado por el Ejército y la Policía, tuve carnet del B2, entraba a la brigada sin que me requisaran”. Por otra parte, detectives de apellidos Vargas y Hoyos afirmaban en su momento que tenían “un proyecto con (…) de montar una sala técnica privada al servicio de los paramilitares, patrocinada por ‘Macaco’”.

En el siglo XXI los servicios de inteligencia del Estado siguieron siendo usados para los mismos fines: una guerra sucia contra los adversarios políticos o electorales. Bajo el gobierno Uribe se interceptaron las comunicaciones de los magistrados de altas Cortes y funcionarios de la administración pública que no estuviesen de acuerdo con las decisiones de gobierno. Esta vez, las interceptaciones no se dieron solo por la vía institucional, sino por la vía ilegal: el escándalo de las llamadas “chuzadas”.

Puede leer: Las investigaciones contra Álvaro Uribe.

La historia continúa

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.  
Foto: Wikimedia Commons

Para no ir más lejos, el pasado 12 de septiembre el general en retiro Humberto Guatibonza, uno de los hombres más antiguos y poderosos de la Policía Nacional, fue capturado por su presunta participación en una red de interceptaciones ilegales. Además de Guatibonza, ya habían sido capturados el coronel en retiro Jorge Alberto Salinas Muñoz y el mayor Luis Mesías Quiroga, entre otros.

Esto reafirma que la práctica de interceptación ilegal nunca ha cesado y no cesará. Desde los años ochenta, tanto la Policía como el Ejército cuentan con el apoyo de agencias internacionales de inteligencia y con equipos que pueden adquirirse y usarse de manera legal, aunque en ocasiones se violen los límites y se evada la autorización judicial.

El jefe paramilitar Salvatore Mancuso (hoy preso en los Estados Unidos) afirma haber sido adoctrinado por el Estado.

Cualquier equipo de interceptación puede adquirirse fácilmente de manera ilegal en países como México o Paraguay, en la triple frontera de Centroamérica o Suramérica. Por eso aún faltan controles eficaces aunque exista una Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013), que reglamenta la cooperación entre organismos colombianos e internacionales por medio de protocolos.

Por vía institucional, las altas Cortes pueden solicitar cooperación judicial a agencias internacionales de inteligencia, entre ellas interceptaciones a criminales, no por acuerdos intergubernamentales, sino por investigaciones que puedan implicar delitos nacionales o transnacionales.

Pero otra cosa es usar ilegalmente la inteligencia y los mecanismos de seguridad del Estado (que deberían servir solo al interés público) en provecho de unos pocos privados.

* Politólogo, Magíster en Estudios Latinoamericanos, Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

 

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