Las interceptaciones ilegales han sido casi una costumbre de los últimos años en Colombia, pero esta vez las noticias son más desconcertantes. Qué está pasando y cuál es el remedio.
Iván Mauricio Gaitán*
Una práctica habitual
Desde hace muchos años en Colombia se realizan interceptaciones por solicitud de los jueces, pero también interceptaciones ilegales por parte de las autoridades de inteligencia y contrainteligencia.
Estos grupos ‘chuzan’ teléfonos fijos; ubican micrófonos en oficinas, casas y automóviles; clonan correos electrónicos y telefonía celular; instalan espías de teclado o audio para reproducir conversaciones, documentos o contactos de cualquier dispositivo móvil; e inclusive realizan espionaje humano y digital mediante seguimientos físico, de redes sociales o de páginas web.
Estas prácticas comenzaron bajo el pretexto de la seguridad interna contra la “amenaza comunista”, seguida por la necesidad de combatir el narcotráfico en los años noventa, y a partir del 2001 se atribuyeron a la cruzada mundial contra el terrorismo.
Desde 2003 los casos se volvieron más recurrentes y sofisticados, invadiendo la privacidad de dignatarios nacionales, líderes sociales, periodistas colombianos y extranjeros, y activistas sociales o políticos contrarios al statu quo.
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consideran que la documentación del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es fuente básica de información al respecto, porque da cuenta de violaciones de derechos humanos contra supuestos “enemigos internos” por ser opositores del gobierno.
Algunos casos sonados
En 2006 se descubrieron interceptaciones contra magistrados de las Altas Cortes, confirmando la infiltración paramilitar en el DAS. En 2008 fueron capturados cuatro subdirectores de esta entidad, mientras que una de sus directoras se fugó del país.
Por ese entonces un exfiscal general de la nación fue vinculado a las investigaciones sobre infiltraciones y mal manejo de la información de inteligencia, al tiempo que dos consejeros presidenciales fueron acusados de recibir información clasificada sobre adversarios políticos del gobierno.
En octubre del 2013 se descubrieron actividades informáticas ilícitas calificadas como “ciberparamilitarismo”, mucho antes de que saliera a la luz pública la famosa operación Andrómeda del Ejército -o las interceptaciones a los negociadores de las Farc y el Gobierno en La Habana-.
Por el hecho anterior resultaron condenados Andrés Sepúlveda y Daniel Agustín Bajaña a diez y a un año de prisión respectivamente, acusados de acceder al correo del exvicepresidente Francisco Santos. Al parecer, Bajaña intercambiaba correos con miembros del Ejército, con decir:
“Bendiciones seguir avanzando mañana para mi mayor J, y ver como llego a Cali, y ya está listo el módulo de infección, web y apenas se carga la ppt solo activa la macro apenas ejecute la diapositiva el virus se ejecuta” Ver correo
“Mi mayor manténgame al tanto cuando me llame hábleme de capacitación etc. no hable de interceptación antidelincuencia, me gustaría si puedo ir a Palmira a hablar con el Capitán, ya que no tengo nada que ocultar…”. Ver correo
Foto: Policía Nacional
La letalidad más alta hasta ahora se encuentra en Santa Marta, seguido por Cartagena.
Puede leer: Interceptaciones ilegales: un problema de siempre
¿Qué ocurre en estos momentos?
Entre octubre del 2004 y enero del 2006, el general Nicacio Martínez estuvo al mando de una brigada acusada de llevar a cabo al menos 283 ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de La Guajira y el Cesar.
Posteriormente el general ejerció la dirección de Inteligencia y Contrainteligencia y fue ratificado en febrero del 2019 por el presidente Duque como comandante del Ejército nacional.
Entre 2019 y enero del 2020, se presentaron un sin número de interceptaciones con recursos nacionales y de cooperación internacional de Estados Unidos por valor de 448 millones de dólares. Por este motivo, el senador Patrick Leahy considera que debe revisarse el apoyo de Washington Unidos al Ejército colombiano.
El 28 de diciembre de 2019 el general Martínez solicita su baja aduciendo motivos personales y es postulado como representante de Colombia ante la OTAN. Pero el e escándalo de enero de 2020 impidió su nombramiento, y actualmente está siendo investigado por la justicia colombiana.
En abril se profundiza la investigación y se descubren más de 130 interceptaciones, entre las cuales figuran las que se hicieron al periodista Nicholas Casey, del The New York Times, quién había divulgado la noticia de que el jefe del Ejército colombiano había ordenado a las tropas duplicar el número de “criminales” que matan o capturan-una práctica que evoca los “falsos positivos”-.
También figuran en la lista el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el corresponsal de la National Public Radio, John Otis; el del Wall Street Journal, Juan Forero; el fotógrafo Stephen Ferry; y la periodista de Time, Lynsey Addario.
Por esta razón en abril de este año fueron destituidos once coroneles y se repitió la historia del 2009, cuando el Relator Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales Philip Alston visitaba Colombia para conocer la situación y publicar un informe sumamente preocupante.
El abogado que defiende a Nicacio Martínez es Jaime Granados, el mismo del general Mario Montoya -quien se acogió a la JEP- y abogado del senador Álvaro Uribe.
En estos momentos, los entes judiciales investigan quién recibía la información de las interceptaciones ilegales: al respecto se mencionan nombres como el del exministro de Defensa Guillermo Botero, el del senador Uribe, el de Rafael Nieto Loaiza, entre otros posibles ‘beneficiarios de esa información’. Esto seguramente tardará varios años en conocerse.
Por ahora, hay grabaciones que no aparecen o fueron borradas dentro de la Fiscalía, como las cintas contra el magistrado Cesar Reyes -quien lleva varios casos contra el senador Uribe y a quien se le instaló un micrófono en su oficina-.
Vea en Razón Pública: Las chuzadas de los militares: algunos no confían ni en el presidente.
Medidas urgentes
Ante este panorama se plantean cinco medidas urgentes para resolver el mal manejo de las interceptaciones:
En primer lugar, hay que someter los procesos de manejo de la información de inteligencia y contrainteligencia a una auditoría severa, independiente y sin que se conozca quién la lleva a cabo.
Además, todo proceso de inteligencia debe precisar los métodos de vigilancia, valoración y procesamiento de la información. Toda información que se filtre de las unidades militares, policiales o de las instituciones de investigación judicial será objeto de penas superiores basadas en el interés nacional.
En segundo lugar, en las divisiones y brigadas debe ser claro quién está autorizado para encabezar, ordenar, recolectar o acceder a la información. Para esto hay que analizar y practicar pruebas de polígrafo al personal de ciberinteligencia, pertenecientes a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), adscritos al Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y al Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).
En tercer lugar, usar las interceptaciones solamente contra personas inmersas en investigaciones judiciales preliminares o en curso. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir interceptar civiles de manera aleatoria.
En cuarto lugar, conviene definir los códigos éticos de manejo de la información que concierne a las investigaciones judiciales y penales, para no usar información de orden personal que vulnere el derecho a la intimidad o sirva para extorsionar a cualquier ciudadano en el ámbito personal o político.
Finalmente, las acciones de inteligencia y contrainteligencia deben estar circunscritas a los fenómenos delincuenciales, dando prioridad a las interceptaciones policiales y militares contra redes criminales que se lucren con el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal.
Esta es una oportunidad para que la operación Bastón, que compila documentos secretos de contrainteligencia desde 2017, sea una muestra de talante institucional.
Como dijo el general Zapateiro: “si Jesucristo tuvo 12 apóstoles y dos de ellos le fallaron, yo tengo 230.000 hombres y mujeres en el Ejército, ¿cuántos me pueden fallar?”. Ninguno general…Ajúa!
*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
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