Los procesos contra dos funcionarios del gobierno Uribe por las “chuzadas” del DAS podrían no quedar en nada. Es lo mismo que ha ocurrido con otros casos de interceptación atribuidos a agentes del Estado.
Iván Mauricio Gaitán*
La alerta de la Fiscalía
El pasado 15 de febrero, la Fiscalía alertó sobre la posibilidad de que dos procesos penales relacionados con las interceptaciones ilegales del DAS precluyan en septiembre de este año, es decir, se cierren por agotarse el plazo legal establecido antes de llegar a juicio.
Esta vez se trata de Edmundo del Castillo, que fue secretario jurídico de presidencia durante el segundo periodo de Álvaro Uribe; y César Mauricio Velázquez, quien fue su secretario de prensa.
Ambos están acusados de “obtener información ilegal, conocer de seguimientos y de documentos para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la exrepresentante a la cámara Yidis Medina” en alianza con funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y grabar de manera clandestina reuniones de magistrados, presos en la Picota y diversas diligencias de la Corte Suprema.
Y no sería la primera vez dentro de este caso. Los procesos contra Sergio Augusto González Mejía (abogado defensor del paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”) y Diego Álvarez Betancourt (defensor del paramilitar Sergio Antonio López alias “Job”), que enfrentaban la misma acusación, ya prescribieron.
Después de doce años, todos podrían quedar exonerados de cualquier responsabilidad.
La famosa reunión
El abogado González Mejía ya había sido condenado en 2012 por comprobarse que pidieron a alias “Tasmania” mentir en una declaración contra el magistrado Iván Velázquez, que investigaba a Álvaro Uribe y a los denominados “parapolíticos” donde se incluían a su hermano Santiago y a su primo Mario (exsenador condenado).
Por su parte, el abogado Álvarez Betancourt fue quien ingresó al Palacio de Nariño en abril del 2008 con Severo Antonio López alias “Job” (emisario de Don Berna y miembro del Bloque Cacique Nutibara) y con Rodrigo Zapata (mano derecha de Vicente Castaño).
Allí se reunieron con:
- Edmundo del Castillo,
- Cesar Mauricio Velásquez,
- Juan José Chaux (exgobernador y exembajador ante República Dominicana, condenado por parapolítica por acusaciones de alias “H.H”),
- Una delegada de Martha Leal (ex subdirectora del DAS), y
- Óscar Iván Palacio (ex asesor de Álvaro Uribe en la Gobernación de Antioquia).
Según testimonios del mismo alias Don Berna, el propósito del encuentro era acordar una estrategia para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema en un montaje que involucraba interceptaciones ilegales realizadas por miembros del DAS.
En el caso “Andrómeda”, donde interceptaron a los jefes negociadores del gobierno en las conversaciones de La Habana, van seis condenados, todos de bajo rango.
Tres meses después de la reunión, el 28 de julio de 2008, fue asesinado alias “Job”, y de allí en adelante murieron varios testigos de su muerte. Esto indica un posible esfuerzo por borrar parte de la historia y se suma a las maniobras dilatorias usadas para no avanzar en el caso de las interceptaciones y mucho menos comenzar un juicio.
Por estas razones y por la posible preclusión de los casos, la Fiscalía solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se declare la complejidad excepcional, que consiste en que un juez se dedique exclusivamente a este proceso para que avance más rápido y evitar que precluya, como ocurrió con el caso de los abogados González y Álvarez.
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Las chuzadas del Ejército
Pero estas no serían las únicas investigaciones que pasarían al olvido.
También lo harían aquellas interceptaciones W, escuchas o perfilamientos del Ejército:
- Las realizadas al proceso de paz con el fin de hacerlo entrar en crisis, denominada “Operación Andrómeda” (2014), y
- Las carpetas con perfilamientos y seguimientos (2020) para atacar judicialmente y/o desprestigiar en redes sociales a líderes que se opongan al gobierno.
En el caso “Andrómeda”, donde interceptaron a los jefes negociadores del gobierno en las conversaciones de La Habana, van seis condenados, todos de bajo rango. Aún brilla por su ausencia una responsabilidad en la cadena de mando. La Procuraduría en su momento resaltó que algunos mandos habían sido relevados de sus cargos, pero la investigación y los juicios condenatorios recayeron exclusivamente sobre mayores y cabos sin poder dilucidar para quién iba la información.
En el caso de las carpetas del Ejército, son más 130 perfilamientos o “trabajos especiales” sobre personas civiles, políticos de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Esta información se solicitó vía tutela para saber a quiénes estaban dirigidos dichos perfilamientos, pero hasta ahora no se cuenta con la información, ni con responsables judiciales.
Esas operaciones incluyeron herramientas informáticas que permitían recolectar datos de las personas para elaborar informes de inteligencia militar. A información incluía desde redes sociales, correos electrónicos, direcciones, teléfonos, identificación de familiares, amigos y colegas hasta infracciones de tránsito y lugares de votación.
A esto se sumaron seguimientos a periodistas nacionales e internacionales, que terminaron en el envío de sufragios y amenazas. Estas operaciones se financiaron con recursos de una unidad de inteligencia extranjera, lo que llevó al Senador de Estados Unidos Patrick Leahy a exigir una explicación del desvío de recursos de cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo hacia una persecución política y militar.
Lo cierto es que cada año y desde hace dieciocho, se anuncian medidas, relevos, investigaciones exhaustivas y expulsión de las “manzanas podridas”, pero las “chuzadas” y exoneraciones continúan, manteniendo una prensa espiada y a una democracia en vilo.
Son más 130 perfilamientos o “trabajos especiales” sobre personas civiles, políticos de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas.
Todas las operaciones se llevaron a cabo en batallones de ciber inteligencia (BACIB) adscritos a brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (BACSI). Ambos dependen del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (CAIMI) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (CACIM).
Por esta razón, lo único que queda ante el caso del DAS y las operaciones “Andrómeda” y otras tantas denominadas “especiales” de las Fuerzas Militares, es un control mixto de la inteligencia en el marco de una Ley de que por ahora en este gobierno no se verá.
