Un comienzo tardío

Durante el mes de junio y en el contexto del Paro Nacional, la Alianza Verde había presentado un proyecto para reformar la Policía, pero la bancada del gobierno decidió hundirlo con el argumento de que esta iniciativa “atacaba” a la institución y no había sido concertada con los afectados.

Un mes después, el 20 de julio, el gobierno radicó su propio proyecto de reforma y ahora avanzan las concertaciones y diálogos ciudadanos sobre este otro documento. Aunque el proyecto fue acompañado por un mensaje de urgencia, deberá pasar por cuatro debates en la Cámara y cuatro en el Senado, y someterse a la respectiva conciliación entre ambas cámaras. Este es el último año del gobierno Duque, de manera que el proyecto puede enfrentarse con otras prioridades legislativas y acabar en el olvido.

El proyecto del gobierno hace énfasis en la protección de los derechos humanos, e implicaría cambios administrativos y disciplinarios dentro de la institución. Entre las propuestas específicas figuran la creación de un viceministro de seguridad ciudadana, un nuevo modelo de vigilancia, y regulaciones adicionales para limitar la comercialización, porte y uso de armas traumáticas.

Pero la reforma verdadera de la institución supone cambiar la doctrina policial que se imparte desde hace treinta años y que hoy forma parte de su ADN. De lo contrario, las reformas corren el riesgo de quedarse en maquillajes.

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Nueve cambios importantes

El proyecto tiene nueve puntos que conviene destacar:

-Primero, se crea una nueva Dirección de Derechos Humanos para orientar la prevención, protección y respeto por los Derechos Humanos. Sin embargo, esta Dirección ya existía y aún se desconocen los cambios que se harán.

-Segundo, se reemplaza el Estatuto Disciplinario que data del 2006, por un nuevo estatuto que reorganiza la Inspección General y el sistema de supervisión y control del servicio policial, adoptando un nuevo sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias.

Pero aún no se sabe cómo este Estatuto se integraría con el Manual de Operaciones Especiales para la Policía Nacional (Resolución no. 03517), con la Resolución No. 02903 sobre el “uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional” y con la Resolución No. 03002 “por la cual se expide el Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”.

-Tercero, se mejoraría la formación de personal mediante un centro policial con altos estándares y una nueva universidad policial. Pero no queda claro si esta formación cambiaría el carácter militar, recuperaría la naturaleza preventiva de la policía y ratificaría el carácter civil de la institución, consignado en la jurisprudencia constitucional y en los Lineamientos de la Policía.

-Cuarto, se incorporarían buenas prácticas y estándares internacionales en el uso legal y legítimo de la fuerza.

La Policía defendió en los estrados judiciales el uso del arma Venom durante el Paro Nacional, pero en realidad el arma se usó de manera incorrecta: los disparos fueron directos y no en forma parabólica, se disparó contra unidades residenciales y contra la población civil.

Igualmente, los policías abusaron del uso de las pistolas eléctricas, hiriendo e incluso asesinando a algunos ciudadanos, como pudo verificarlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita.

-Quinto, se aseguraría una mayor participación ciudadana para la transformación integral, a partir de un diálogo constante sobre el servicio y la creación de una comisión para la transformación.

Pero en la actualidad existen más de diez mecanismos de participación ciudadana, diseñados para vincular desde niños hasta adultos mayores, además de un mecanismo de quejas y reclamos. Por eso debe definirse cuál será la transformación integral que estimularía las denuncias, para lograr las sanciones y reparaciones a las que haya lugar.

-Sexto, se mejorará la tecnología para la efectividad y transparencia policial, mejorando la capacidad de respuesta frente al delito, que va desde la analítica de datos para la planeación y prestación del servicio, hasta el uso de nuevos instrumentos de vigilancia aérea no tripulada.

Aunque esta es una de las principales apuestas de modernización y podría mejorar ostensiblemente las acciones de contención, prevención y disuasión de los delitos, hay que definir las regulaciones frente a la protección de datos, el derecho a la intimidad, las intervenciones y rastreos a dispositivos móviles y los sobrevuelos con drones para cumplir con los estándares democráticos y de derechos humanos.

-El séptimo punto es la renovación de los uniformas y las patrullas. Para esto se ratificaron cámaras corporales que documentarán los procedimientos y se presentaron códigos QR en el brazo del uniforme que servirán como código de identificación.

Conviene destacar la dificultad de escanear estos códigos, los cuales conducirán a una página web donde deben digitarse nuevamente el número del policía y otros datos. Dicho mecanismo dificulta el proceso de identificación y expone al denunciante, ya que realiza la queja desde su propio dispositivo móvil. Por si fuera poco, los chalecos antibalas ocultan el número de identificación y dificultan el uso de las cámaras corporales.

Por esto el cambio de los uniformes es apenas una transformación estética al estilo de la gendarmería francesa o de la policía de Nueva York, que pretende evitar el verde (castrense) y enviar un mensaje semiótico de tranquilidad con el color azul, según el Centro de Innovación de la Policía.

Octavo, se adopta un nuevo enfoque de desarrollo profesional que reconoce la trayectoria y el buen desempeño para avanzar en la carrera o recibir otros incentivos.

Pero el comportamiento de los policías está atado a la doctrina que imparte la institución. Desde hace por lo menos treinta años, los policías colombianos son formados con la doctrina del “enemigo interno”. Pero en la vida diaria el ciudadano no puede ser visto como el enemigo de la policía.

-Finalmente, el proyecto plantea un nuevo modelo de vigilancia policial con cuadrantes de vecindario que mejoren la relación con las personas, en especial los jóvenes, mediante la iniciativa “soy joven y estoy contigo”.

En este caso, los desafíos son asegurar el funcionamiento de los cuadrantes y recuperar la confianza de la ciudadanía, que según Invamer hoy registra su más bajo nivel de la historia: un 56 % de desaprobación.

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El gobierno y la CIDH

Como una respuesta al informe de la CIDH, el presidente Duque dijo que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”. Parece que este proyecto de reforma a la Policía complementa su respuesta, pues no acata las recomendaciones de la CIDH.

Algunas de las recomendaciones de la Comisión fueron:

1. Ejecutar, en el marco de las protestas y manifestaciones, los operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales.
2. Asegurar que las fuerzas de seguridad intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y las protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes.
3. Poner en marcha, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
4. Reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género.
5. Usar protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, en ámbitos de formación, que promuevan que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta.
6. Separar a la Policía Nacional y al Esmad del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad y evite toda posibilidad de perspectivas militares.
7. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos. Lo mismo que juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Por ahora, es importante esperar la evolución del proceso de diálogo y concertación con la ciudadana y con expertos sobre la reforma, así como los debates que se darán en el Congreso.

En Colombia es un proyecto de ley el que entra y otro el que sale, pero es claro que un “Frankenstein” no es deseable. La reforma debe cambiar la doctrina y el actuar de los policías en tiempos adversos.