A veces cómplices y casi siempre víctimas de una guerra sucia o de sordos conflictos de poder que se libran a través de los medios, los periodistas se hallan en estado de sitio. Este es el hilo que une el atentado contra Fernando Londoño, el caso del periodista francés en manos de las Farc, el de Ernesto Yamhure, los asesinatos en México u Honduras, o el acoso judicial en Colombia o Ecuador
Germán Yances *
Periodistas y nuevas guerras
La guerra en América Latina tiene nuevos rostros: a la lucha ideológica y política de siempre se le han sumado en los últimos tiempos las guerras del narcotráfico, de la corrupción y del terrorismo. Estas guerras se libran preferentemente en zonas urbanas y muchas de sus acciones suceden en el ámbito de la información masiva, donde a la postre parecen definirse.
 En estas nuevas guerras se involucran actores que no están entrenados para hacer frente a nuevos riesgos y amenazas que constriñen la libre expresión. Foto: nanduti.com.py |
Por eso en estas nuevas guerras se involucran actores que no están entrenados para hacer frente a nuevos riesgos y amenazas que constriñen la libre expresión. Son editores, periodistas y fotógrafos, ajenos por lo general a intereses distintos de los del propio oficio. En su trabajo de campo o en las salas de redacción toman decisiones arriesgadas, en aguas infestadas por intereses cruzados sobre qué se publica, cómo se publica y cuándo se publica.
Los reporteros o corresponsales de guerra son personas que básicamente buscan buenas historias para narrar el mundo y que suelen ser ajenas a las tramas de poder de esa realidad que pretenden contar. Esto hace que esos periodistas se vuelvan blanco fácil cuando comienzan a jalar la cuerda en asuntos oscuros que comprometen a organizaciones criminales, a autoridades legítimas o a grupos de poder reconocidos que se alían con organizaciones criminales.
De Yamhure a Londoño
Tal es el caso del paramilitarismo en países como Colombia, donde ha sido utilizado intensamente por terratenientes, por industriales y por el propio Estado para combatir a grupos armados ilegales de izquierda. Varias docenas de congresistas, funcionarios y políticos cercanos al gobierno del ex presidente Uribe han sido judicializados y condenados por vínculos con grupos paramilitares. En ese tablero de ajedrez, algunos comunicadores y sobre todo columnistas de opinión han jugado del lado de las causas non sanctas de los violentos.
Ernesto Yamhure, un influyente columnista de prensa y comentarista de radio resultó tener vínculos con el jefe paramilitar Carlos Castaño, a quien enviaba para su aprobación y eventuales comentarios las columnas que luego publicaría en los medios. Yamhure intentó negarlo, pero ante el peso de las evidencias, desapareció sin dejar rastro y sin que los medios que lo albergaron por tantos años ofrecieran una explicación convincente a la opinión pública. El rápido y fácil ascenso de Yamhure en los medios masivos se produjo en desarrollo de una estrategia del gobierno de Álvaro Uribe para tratar de neutralizar las críticas y garantizar una cierta mirada gobiernista en la prensa, según reveló el portal web La Silla Vacía.
Más que periodista de veras, Yamhure era un burócrata en tránsito hacia la política: había ocupado dos veces consecutivas cargos diplomáticos, en los Países Bajos y en Suecia, donde fue acusado por el activista sueco Dick Emanuelsson de llevar un registro clandestino de miembros de la oposición en el exterior y de fotografiar de manera subrepticia a exiliados colombianos.
Otro cruento episodio de esta guerra: el pasado martes 15 de mayo, Fernando Londoño, ex ministro de Uribe, polémico empresario, conductor del programa de radio La hora de la verdad y columnista de El Tiempo, fue víctima de un atentado con una bomba magnética, puesta en la puerta de su carro blindado en un cruce de semáforos al norte de Bogotá. Aún se desconocen los autores intelectuales.
En México, en Honduras
Hoy por hoy, el país más caliente en la guerra del narcotráfico es México, donde las estadísticas señalan que cada cinco días es asesinado un periodista por cuenta de los carteles de las drogas y del crimen organizado.
 Algunos comunicadores y sobre todo columnistas de opinión han jugado del lado de las causas non sanctas de los violentos. Un ejemplo, Ernesto Yamhure. Foto: Testigo Directo. |
Nada más el pasado 18 de mayo, los carteles del narcotráfico devolvieron con un mensaje el cadáver del periodista Marco Antonio Ávila, quien cubría información de policía y había sido secuestrado horas atrás. Ávila es el periodista número 81 asesinado en México desde el año 2000, seis de ellos en el último mes, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y además hay otros 14 periodistas desaparecidos. Justo el Día de la Libertad de Prensa fueron asesinados cuatro reporteros en Veracruz. Sus cuerpos se encontraron mutilados en bolsas de plástico, en un canal de aguas negras.
En Honduras, hace pocos días, fue secuestrado en plena madrugada el influyente periodista radial de la cadena HNR, Alfredo Villatoro, reconocido por sus denuncias contra la corrupción. Al cabo de los días, un expolicía y dos civiles fueron detenidos como responsables.
De igual manera, también en mayo pasado fue asesinado en Honduras el periodista Erick Martínez Ávila, activista del Frente Nacional de Resistencia Popular y defensor de los derechos de la comunidad homosexual. En total, en los últimos tres años han sido asesinados 21 periodistas en Honduras, por cuenta de su oficio.
Prácticamente todas las organizaciones de periodistas del continente, que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos han repudiado esos crímenes y exigido a los gobiernos garantías para el ejercicio del periodismo. Pero en todas las guerras, el crimen organizado identifica a los periodistas como objetivo militar y les han dado un valor de moneda de cambio.
El caso Langlois
En la selva colombiana, el pasado sábado 28 de abril, el periodista francés Roméo Langlois, corresponsal de guerra de Le Figaro y France 24, fue retenido por las FARC tras un fuerte combate con las Fuerzas Armadas, cuando realizaba un documental periodístico en medio de un operativo para destruir laboratorios de coca en el norte del departamento del Caquetá.
Al decir de las FARC, fue tomado como prisionero de guerra. Una parte de la opinión pública tiene claro que era simplemente un periodista curtido y consciente de que cumplía una misión peligrosa.
Surgen mil interrogantes sobre las circunstancias en las cuales Langlois fue capturado por las FARC o si se les entregó voluntariamente, teniendo en cuenta que acompañaba al Ejército de Colombia y se protegía con chaleco y casco de uso militar, en medio de un combate cuya suerte se definió a favor de la guerrilla. ¿Qué tanto cumplen los propios corresponsales de guerra con las normas del Derecho Internacional Humanitario?
El caso de Langlois ha dado lugar a una doble polémica:
- por un lado, en torno a los riesgos y a la falta de garantías para el cubrimiento periodístico de la guerra;
- por el otro lado, respecto de la ausencia de un protocolo para reporteros de guerra que cubra temas como el entrenamiento militar, el seguro médico y de vida, los primeros auxilios, el uso de casco y de chalecos distintivos, como lo solicitó el senador Armando Benedetti.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó una “estrategia de unidad de los periodistas, de los medios de comunicación y de las organizaciones de prensa para hacer frente común a la violencia”.
Como parte de la negociación para la entrega de Langlois, las FARC plantearon un debate sobre la forma como se ejerce el periodismo en el país, que fue rechazado al unísono. Más allá de que éste sea un tema pendiente en la práctica de los medios en Colombia, abrir el debate como respuesta a la demanda de la guerrilla es acceder a un chantaje.
Así lo expuso con toda claridad en el programa La Noche del Canal RCN, el periodista Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Pero por iniciativa de la academia y de la propia FLIP, el 7 de mayo pasado se llevó a cabo un evento en la Universidad de los Andes que buscaba profundizar sobre el marco ético y las condiciones de seguridad observadas por la prensa nacional y los corresponsales extranjeros para cubrir el conflicto armado colombiano.
Acoso judicial
Otra de las formas de intimidación y censura a la prensa consiste en hacer comparecer a los periodistas ante los estrados judiciales. Este es un recurso legal y legítimo al que pueden apelar los ciudadanos para defender su nombre y su honra, cuando consideran que han sido mancillados por la publicación de informaciones inexactas, injuriosas o calumniosas, y cuando el medio se haya negado a rectificar o no lo hubiere hecho de manera satisfactoria.
Pero la persecución judicial abusiva es una forma de censura “legal” que hace carrera prácticamente en todos los países. “Te callas o te callan metiéndote a la cárcel, usando la ley como arma contra la libertad de expresión”, escribió en días pasados en El Nuevo Herald de Miami Raúl Benoit, periodista colombiano en el exilio.
 Hoy por hoy, el país más caliente en la guerra del narcotráfico es México, donde las estadísticas señalan que cada cinco días es asesinado un periodista. El más reciente, Marco Antonio Ávila. Foto: chacatorex.blogspot.com |
Hace poco más de dos años, el Parlamento Europeo manifestó su preocupación por la persecución judicial en Colombia en contra de periodistas que expresan opiniones críticas, a raíz de la judicialización de Alfredo Molano por una columna de opinión en relación con el poder político de la familia Araújo de Valledupar y sus vínculos con los caciques de la Costa Atlántica y los jefes paramilitares.
La propia vida del periodista Hollman Morris fue puesta en peligro por el ex presidente Álvaro Uribe, quien lo acusó temerariamente a través de los medios masivos de ser vocero y propagandista aliado de las FARC. A renglón seguido, Morris tuvo que exiliarse.
En Ecuador, el periódico El Universo de Guayaquil sufrió hace poco en carne propia la amenaza que implica una demanda por injuria y calumnia por parte del propio presidente de la República. Rafael Correa presentó una denuncia penal contra el periodista Emilio Palacio y los directores Carlos, César y Nicolás Pérez, y contra la sociedad anónima El Universo, que edita el diario del mismo nombre, acusándolos de injuria por una columna de opinión firmada por Palacio.
En su querella, Correa exigía castigar a los periodistas con tres años de prisión y una indemnización de 50 millones de dólares, y a la sociedad anónima El Universo, una indemnización de 30 millones de dólares. El artículo de Palacio opinaba sobre hechos ocurridos en Ecuador, en septiembre de 2010, cuando un grupo de policías se sublevó y el hospital donde Correa se había resguardado durante la crisis fue atacado por la fuerza pública.
Finalmente, bajo la presión internacional, Correa se vio forzado a un falso gesto de magnanimidad, que de paso demostró la total sumisión de la justicia ecuatoriana ante el poder ejecutivo.
Violencia y bozal
Esta es la atmósfera de censura y de autocensura que respiran los periodistas encargados de cubrir el orden público, que investigan las prácticas del poder y los reporteros de guerra en muchos países de América Latina.
 En Honduras, hace pocos días, fue secuestrado en plena madrugada el influyente periodista radial de la cadena HNR, Alfredo Villatoro. Foto: lavozdelsandinismo.com |
Bajo esta violencia subyacen factores de fondo como la desigualdad, la pobreza, la discriminación y el desempleo. Basta un dato ilustrativo: según un estudio reciente de Latinobarómetro 2012, la nuestra es la región más violenta del mundo, pues con tan solo el 9 por ciento de la población mundial, registra el 27 por ciento de los homicidios.
En fin, el deterioro de las instituciones políticas y del orden público causan otros daños colaterales: la primera víctima en caer es la verdad, es cierto, pero la censura y la autocensura crían otro linaje maldito: los periodistas con bozal.
* Comunicador Social y Periodista de la Universidad Javeriana. Fue director de la Especialización en Televisión de la Universidad Javeriana. Trabajó 15 años en El Espectador. Analista de medios. Ha sido crítico de televisión de El Espectador y El Tiempo. Defensor del televidente de Canal Capital. Asesor de la Comisión Nacional de Televisión.
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